22 agosto 1995
Rodríguez Ibarra le comparó públicamente con ETA, y el diario EL PAÍS publicó reportajes en su contra
El juez de Filesa, Marino Barbero, se retira de la judicatura después de que el CGPJ le negara el amparo ante los ataques del PSOE

Hechos
- En agosto de 1995 el juez D. Marino Barbero Santos anunció su dimisión como juez del Tribunal Supremo, en lo que suponía también dejar la instrucción del caso Filesa, de la que pasaría hacerse cargo de la instrucción el juez Bacigalupo.
Lecturas
El 1 de agosto de 1995 se hace pública la renuncia del magistrado del Tribunal Supremo D. Marino Barbero Santos, instructor del caso Filesa (presunta financiación ilegal del PSOE) y su retirada de la carrera judicial. La instrucción del Sr. Barbero ha sido muy criticada por su lentitud (comenzó en 1992). Desde el PSOE fue especialmente criticado por sus registros sorpresa a la sede del PSOE en la calle Derraz y el dirigente del PSOE D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra (presidente de Extremaudra) le comparó con el terrorismo de ETA por “querer influir en la política sin presentarse a las elecciones”.
El Sr. Barbero Santos pidió el amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún presidido por D. Pascual Sala Sánchez, pero este organismo se desentendió de la polémica, lo que ha llevado al Sr. Barbero Santos a optar por renunciar a continuar la instrucción y a continuar en la judicatura. El nuevo instructor del caso Filesa será el juez progresista D. Enrique Bacigalupo, a quien la oposición considera afín al PSOE.


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CRONOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN DE BARBERO:
29 DE MAYO DE 1991 — ESTALLA EL CASO FILESA.
Las revelaciones del antiguo contable Carlos van Schouwen ponen al descubierto la existencia de Filesa y de una trama de sociedades —Filesa, Malesa y Time Export— que presuntamente habría recibido importantes cantidades de bancos y grandes empresas mediante facturas correspondientes a informes inexistentes o de valor dudoso. La sospecha es que aquel dinero terminó financiando irregularmente campañas electorales del PSOE. La aparición de indicios que afectan al senador socialista Josep Maria Sala i Griso, aforado ante el Tribunal Supremo, conduce finalmente la investigación al Alto Tribunal.
1992 — MARINO BARBERO SE HACE CARGO DE LA INVESTIGACIÓN.
El magistrado Marino Barbero Santos, catedrático de Derecho Penal incorporado años antes a la judicatura por el llamado cuarto turno, se convierte en instructor. Filesa será, además, su primera gran experiencia como juez instructor. La causa representa un terreno prácticamente desconocido para el Tribunal Supremo: investigar una posible financiación ilegal de un partido gobernante, con parlamentarios aforados y operaciones que alcanzan a bancos y algunas de las principales empresas españolas.
NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1992 — LOS REGISTROS DE FERRAZ.
Barbero exige al PSOE abundante documentación sobre sus campañas electorales y ordena registrar su sede nacional de la calle Ferraz. Un primer registro tiene lugar en noviembre. El 18 de diciembre, sospechando que el partido podía estar seleccionando la documentación que entregaba y ocultando datos relevantes, ordena un segundo registro. La Sala Segunda del Supremo respalda jurídicamente las exigencias documentales del instructor. La imagen de funcionarios judiciales entrando en la sede del partido que gobierna España convierte definitivamente Filesa en uno de los grandes escándalos políticos del momento.
1992-1994 — BARBERO CONTRA LA FISCALÍA.
La instrucción genera una sucesión extraordinaria de enfrentamientos procesales. Las defensas recurren continuamente sus decisiones y la Fiscalía discrepa repetidamente del alcance que Barbero pretende dar a la investigación. Durante la causa llegarán a plantearse más de un centenar de recursos e incidentes procesales. El magistrado ordena decenas de entradas y registros, reclama facturas y contabilidades electorales y hace declarar a empresarios, banqueros y responsables socialistas, algunos inicialmente como testigos y posteriormente como inculpados. Barbero denuncia falta de medios; dentro del Supremo comienza a reprochársele la extraordinaria duración de un procedimiento iniciado como abreviado.
1994-1995 — EL CASO LLEGA HASTA ALFONSO GUERRA.
Barbero considera que existen indicios para investigar al diputado y exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra González por posibles delitos electorales y propone solicitar al Congreso el correspondiente suplicatorio. La Fiscalía no respalda la iniciativa y la Sala Segunda rechaza finalmente que los indicios permitan proceder contra Guerra. El enfrentamiento se convierte ya en abierto cuando Barbero califica públicamente de «impresentables» desde el punto de vista técnico los argumentos empleados por sus propios compañeros del Supremo. Las relaciones del instructor con buena parte de la Sala quedan profundamente deterioradas.
4 DE MAYO DE 1995 — 39 INCULPADOS.
Después de casi cuatro años de investigaciones, Barbero dicta su gran resolución final: considera que existen indicios contra 39 personas, entre ellas responsables socialistas, empresarios y destacados banqueros. Divide a los implicados según el papel que atribuye a cada grupo dentro de la presunta financiación irregular. La decisión recibe fuertes críticas técnicas: se le reprocha haber construido una inculpación excesivamente amplia y no individualizar suficientemente qué delitos atribuye a cada acusado. Cuando Barbero abandone el caso dejará aproximadamente 19.000 folios de diligencias, centenares de miles de documentos, 47 entradas y registros, 136 declaraciones y más de un centenar de recursos planteados durante la instrucción.
PRIMAVERA DE 1995 — RODRÍGUEZ IBARRA CONTRA BARBERO.
El presidente socialista de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acusa al magistrado de pretender intervenir en política sin presentarse a las elecciones y establece una polémica comparación con ETA, que también pretendía influir políticamente mediante sus atentados. Barbero considera aquellas palabras una agresión intolerable a su independencia y a su honor y solicita formalmente el amparo del Consejo General del Poder Judicial.
12 DE JULIO DE 1995 — EL CGPJ LE NIEGA EL AMPARO.
Por 18 votos contra 11, el Consejo rechaza la petición al entender que las palabras de Rodríguez Ibarra no constituyen objetivamente una perturbación de su independencia jurisdiccional. Para Barbero, la resolución significa exactamente lo contrario: si debe continuar decidiendo sobre Filesa después de semejante ataque sin recibir amparo institucional, considera comprometida su libertad como juez.
31 DE JULIO / 1 DE AGOSTO DE 1995 — BARBERO SE MARCHA.
Marino Barbero anuncia su renuncia a la carrera judicial y, con ella, abandona definitivamente Filesa. Lo hace, según escribe, con «profunda amargura», afirmando que se considera privado de libertad para continuar adoptando resoluciones en la causa después de que el CGPJ no lo protegiera frente a Rodríguez Ibarra. Dentro del Supremo circula una interpretación mucho menos favorable: algunos magistrados consideran que el instructor está agotado, aislado dentro de la Sala y desbordado por un procedimiento que se ha prolongado excesivamente. El País publica informaciones y un editorial muy críticos con su marcha —titulado significativamente «Espantada de Barbero»— y cuestiona tanto su técnica instructora como las razones que ofrece para dimitir.
SEPTIEMBRE DE 1995 — ENRIQUE BACIGALUPO TOMA EL RELEVO.
El magistrado Enrique Bacigalupo Zapater asume la instrucción heredada de Barbero. La Fiscalía considera finalmente acusables a 23 personas, pero Bacigalupo efectúa una reducción todavía mayor.
22 DE DICIEMBRE DE 1995 — DE 39 A SIETE.
Bacigalupo abre juicio oral contra solamente siete de los 39 inculpados por Barbero: Josep Maria Sala, Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Ramón Moreda, Carlos Ponsa e Íñigo Larrazábal. El enorme recorte parece dar argumentos retrospectivos a quienes habían acusado a Barbero de extender excesivamente la causa. Pero tampoco convierte Filesa en una investigación ficticia: el procedimiento llegará finalmente a juicio y terminará en 1997 con varias condenas, entre ellas las de responsables vinculados al PSOE.
Barbero había dejado la carrera sin poder contemplar el desenlace de la investigación que había ocupado los últimos cuatro años de su vida judicial.
Filesa sobrevivió a su instructor.


01 Agosto 1995
Espantada de Barbero
El juez Marino Barbero tiene todo el derecho a renunciar a la carrera judicial, a la que se incorporó libremente como jurista de reconocido prestigio por el llamado cuarto turno (tradicional vía de acceso directo al Tribunal Supremo para cubrir la cuarta parte de sus plazas vacantes). Pero no con vence que alegue como causa de su súbita decisión la falta de amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante ciertas críticas del presidente de la comunidad autónoma de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Más que un argumento parece un pretexto.El juez Barbero ha estado bajo la mirada de la opinión pública durante su larga y, sin duda, compleja instrucción del caso Filesa.Muchas de sus decisiones han sido criticadas legítimamente. Él mismo, sin duda animado por la notoriedad que le dio instruir un asunto de tanta trascendencia política y social como el caso Filesa, no escatimó las críticas públicas al Gobierno. En ese contexto hay que enmarcar las que, a su vez, le tocó padecer a él por una labor instructora que parecía inacabable. Muy especialmente sufrió la rudeza verbal de Rodríguez Ibarra. Sus críticas fueron duras, y puede que en parte injustas, pero en ningún momento cuestionaron su legitimidad jurisdiccional y su independencia.
Ése es el fondo de la cuestión. El juez Barbero puede o no aguantar las crítica, pero no puede escudarse tras el Consejo del Poder Judicial. Esta institución no está para defender a los jueces de la crítica social, e incluso política, sino para velar por su independencia y para que nadie -poder público o privado- se entrometa en sus decisiones. El Consejo ha aplicado los amplios baremos de libertad de crítica que los tribunales admiten en el campo de las relaciones políticas y sociales.
La agria y violenta polémica que hoy sacude a este país, en la que los jueces desempeñan un papel sin duda excesivo, somete a los protagonistas a fuerte presión. Pero no es el juez Barbero quien puede tirar la primera piedra en este campo. No ha dudado en criticar a quienes eran objeto de su instrucción e incluso a los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, que en ocasiones le han llamado la atención o han *rechazado sus propuestas. Barbero no necesitaba, por lo demás, acusar al Poder Judicial. para justificar una espantada, que muchos españoles aceptarán con comprensión. La interminable instrucción del caso Filesa tendrá que esperar ahora hasta septiembre a que se nombre un nuevo juez instructor que se haga cargo del asunto. Antes de comenzar la tarea tendrá que ponerse al día de los miles de folios que Barbero ha acumulado durante tres años de investigación. Malos augurios para la rapidez exigible siempre a la justicia.


01 Agosto 1995
Arrecia la campaña socialista contra Garzón mientras el juez Barbero tira la toalla y deja la carrera judicial
También Marino Barbero, el juez instructor del «caso Filesa», sufrió en su momento durísimas presiones y un prolongado acoso. Y ha decidido tirar la toalla, alegando que el Consejo General del Poder Judicial no le amparó cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra llegó a compararle con ETA. Resulta discutible una decisión así. Habrá quien piense, no sin razón, que dejar no sólo la instrucción del caso, sino también la carrera judicial porque el CGPJ no le amparó suena a excusa. Sobre todo si se considera la larga, defectuosa y escasamente eficaz instrucción de Filesa. Pero, al mismo tiempo, resulta llamativa la gravedad objetiva de las imputaciones de Rodríguez Ibarra. Analicemos los hechos: La comparación con ETA parte de un presidente de Comunidad Autónoma -Poder Ejecutivo-. De esa comunidad es el juez criticado. Y el magistrado investiga la supuesta financiación delictiva de un partido a cuya Ejecutiva pertenece el autor de la comparación. Todo muy significativo y revelador. Parece como si todo aquel juez que tiene la osadía de investigar al PSOE hubiera de arrostrar durísimas pruebas y peligros, como si de un héroe se tratara.
El Análisis
Hay dos maneras de interpretar la marcha de Marino Barbero Santos. La primera es despiadada pero contiene argumentos: Filesa le quedó grande. Era catedrático de Derecho Penal pero prácticamente debutante como instructor; convirtió un procedimiento abreviado en una investigación de casi cuatro años, acumuló decenas de registros, centenares de declaraciones y una montaña documental, mantuvo continuos enfrentamientos con la Fiscalía y terminó inculpando a 39 personas mediante un auto cuya técnica sería severamente cuestionada. Que Enrique Bacigalupo Zapater reduzca finalmente de 39 a siete los acusados que deben sentarse en el banquillo proporciona a sus críticos una cifra demoledora. Pero existe otra interpretación igualmente difícil de descartar: Barbero fue colocado prácticamente solo ante un caso para el que apenas existían precedentes. El Tribunal Supremo no estaba acostumbrado a instruir una trama de financiación irregular del partido gobernante que implicaba aforados, dirigentes políticos, grandes bancos y algunas de las mayores empresas del país. Mientras intentaba averiguar hasta dónde llegaba aquella red tuvo enfrente recursos de las defensas, discrepancias de la Fiscalía, críticas periodísticas, reproches de sus propios compañeros y ataques políticos que llegaron al extremo de que un presidente autonómico socialista comparase su intervención en política con la de ETA. Cuando pidió que su órgano de gobierno protegiera su independencia, el CGPJ decidió que no había motivo para ampararlo.
Probablemente las dos explicaciones contienen una parte de verdad. Barbero pudo cometer errores y al mismo tiempo sufrir presiones; una cosa no excluye la otra. Bacigalupo demostraría que buena parte de aquella instrucción podía y debía ser jurídicamente recortada, pero el posterior juicio demostraría también que debajo de los excesos del instructor existía un caso real. Por eso resulta especialmente inquietante el recuerdo que años después atribuiría Javier Gómez de Liaño Botella a una conversación privada con Barbero durante aquellos años: «Este caso me está matando». No constituye una prueba de conspiración alguna; sí describe perfectamente el coste personal que Filesa llegó a representar para quien la investigaba. Al final puede que Barbero no fuera ni el héroe incorruptible perseguido por todo el sistema ni el instructor incompetente que algunos retrataron. Puede que fuera algo bastante más humano: un juez enfrentado a un caso mucho mayor que cualquier precedente disponible, que cometió errores mientras lo investigaba y terminó marchándose convencido de que las instituciones que debían permitirle hacerlo con independencia habían dejado de protegerle.
JF
