El juez Elpidio José Silva vuelve a encarcelar a Miguel Blesa y le deja incomunicado durante quince días

El rastro del dinero y de los correos electrónicos llevaron ayer al juez Elpidio José Silva a decretar la prisión sin fianza de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid.

Silva citó con urgencia al exbanquero para que diese explicaciones del paradero de 100 millones de dólares, que en la adquisición del City Bank of Florida quedaron en la recámara «por si se ponía a tiro alguna otra operación» en EEUU, dijo Miguel Blesa al juez, aunque no informó a dónde fueron a parar.

La prisión provisional de una persona no está concebida como una condena anticipada, sino como medida excepcional y proporcionada a la gravedad de las conductas que se investigan o los riesgos provocados por la conducta del justiciable. Sin embargo, no se observa nada excepcional en las argumentaciones con las que el juez Elpidio-José Silva ha enviado a la cárcel a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. El magistrado le imputa genéricamente varios delitos: administración desleal, que no concreta ni perfila, y apropiación indebida, que tampoco relata a lo largo del auto. A ello le añade riesgos de fuga y de destrucción de pruebas, argumentos que en el segundo auto de prisión de Blesa son más difíciles de mantener que en el primero.

La conducta del expresidente de Caja Madrid desde que salió de la cárcel desactiva el “innegable riesgo de fuga” visto por el juez: el miércoles pasado acudió con normalidad a la convocatoria del magistrado, tres semanas después de abandonar la prisión a la que le condujo anteriormente. Sostiene el juez —previamente recusado por Blesa— que la libertad del imputado “pudiera incurrir en ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento”, sin decir palabra sobre las averiguaciones que justifican tales aseveraciones. Y no hay hechos nuevos que autoricen cambiar las medidas cautelares (prisión con fianza, tomada por el mismo juez hace menos de un mes) por la prisión incondicional.

Hay que distinguir claramente dos planos. Una cosa es el rigor y diligencia con que debe investigarse la pésima gestión de una gran entidad financiera, que ha provocado un perjuicio masivo a sus clientes y a los contribuyentes. Debe aclararse quién fue el responsable de la entrega indebida de créditos a Gerardo Díaz Ferrán o a su entorno familiar o societario, así como las causas y responsables de que la caja perdiera unos 150 millones por la compra del CNB de Florida, y si hubo dolo o no en el fraccionamiento de los pagos de esa operación para eludir los límites de riesgo establecidos por la Comunidad de Madrid.

Cuestión distinta es que la prisión provisional no se puede usar como un instrumento de la investigación, ya se trate de un financiero o de un delincuente callejero. El abuso de esa medida provocó una reforma legal de su regulación, por la cual el juez perdió el poder omnímodo de que gozaba para encarcelar sin juicio. Desde entonces se exige la petición de alguna de las partes acusatorias, requisito que el pseudosindicato Manos Limpias ha cubierto en este caso y que el juez Silva ha aceptado en contra de la fiscalía, que lo ha recurrido.

Lo peor es que las medidas desproporcionadas o el empecinamiento faciliten la nulidad de las actuaciones. La sociedad exige el castigo del fraude delictivo, y no la pérdida de esfuerzos en los vericuetos de las instrucciones judiciales dudosas: eso sí que es un riesgo, quizá más fundado que el de que Blesa pueda huir.

No sabemos si el CGPJ suspenderá o expulsará de la carrera al juezElpidio José Silva, contra quien mantiene abierto desde hace mucho tiempo un expediente por tres faltas, dos de ellas con consideración de muy graves: retraso injustificado en la tramitación de procedimientos, carencia de motivación de sus resoluciones y desconsideración hacia los funcionarios de su Juzgado. Lo que sabemos es que, con posterioridad a la apertura de estos expedientes y de que Miguel Blesa le recusara por «enemistad manifiesta», Silva no se apartó de la causa que tenía abierta contra el expresidente de Bankia, tal y como debía haber hecho hasta que la Audiencia de Madrid resolviera, sino que optó por abrir una pieza separada sobre la adquisición del City Nacional Bank de Florida mientras se apartaba de la causa de los créditos concedidos a Díaz Ferrán. Era evidente que el juez Silva debería haber esperado al desenlace de su recusación para tomar cualquier decisión relativa a Miguel Blesa, por cuanto las dos piezas trataban de un mismo asunto, que luego se desdobla y por el hecho de que la investigación en ambas afecta a la misma persona que le había recusado.

El juez Silva, sin embargo, decidió el pasado día 5 llamar a declarar a Blesa por el asunto de la adquisición del banco de Florida, tras lo cual decretó su prisión incondicional, sin importarle tampoco la inexistencia de riesgo de fuga que justificase una medida tan grave como es el encarcelamiento preventivo.

Este martes, la Audiencia Provincial de Madrid ha cuestionado de raíz el proceder de Silva al estimar la petición de nulidad planteada por la Fiscalía contra la pieza principal del caso Blesa, la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE, también imputado, cuando era consejero de la entidad.

De esta forma, los tres magistrados declaran nula no sólo la reapertura, decretada por Silva en junio y noviembre del pasado año, sino todas las actuaciones que se han derivado de la misma, incluyendo la ya mencionada causa de la compra del City National Bank, por la que envió a prisión incondicional a Blesa.

Tal y como argumentan los magistrados, la reapertura de una causa debe estar justificada por la aparición de nuevos datos que apunten a la existencia de un hecho delictivo, pero ni «la crisis en los Estados Unidos» ni la que desde 2010 padecen «los Estados de la Eurozona», ni tampoco «una gestión bancaria nefasta», argumentos que esgrimió Silva para reabrir la investigación, «pueden servir de base» para ello.

Ciertamente, «la desproporción y desconexión entre lo que es objeto del proceso y lo argumentado» por el juez, que es en «gran medida copia de la página web Wikipedia», es de tal naturaleza y magnitud, y constituye un proceder tan desacertado, que ha dado lugar a una causa en la que lo menos relevante es el hecho denunciado.

La falta de probidad de Silva ha sido, ciertamente, de tal envergadura que lo pertinente ahora no es tanto prever una inmediata puesta en libertad de Blesa, sino preguntarse si este juez estrella ingresará en el futuro en prisión por un delito de prevaricación.

Parece evidente que Silva no está para dar lecciones respecto de lo que es un buen o mal proceder bancario. Ni para impartir Justicia.

Hasta que conocimos de cerca al juez Silva, los dos Elpidios que habían alcanzado mayor celebridad fueron Elpidio Ramírez y Elpidio Valdés. Se los presento. El primero es de carne y hueso, y el segundo un dibujo animado, pero a ambos les unen el carácter guerrillero y las ganas de pelea: Ramírez se batió el cobre junto junto a Emiliano Zapata en la Revolución mexicana y Valdés figuraba a un mambí que batallaba contra los españoles en la Guerra de la independencia librada en Cuba. Gente guerrera, pues, estos Elpidios. Y ese mismo uniforme de pelea traía puesto el juez Elpidio Silva, cuya obsesiva campaña, su máximo anhelo, era ver a Miguel Blesa entre rejas. Y tanto retorció la ley y sus ganas que al final ha terminado por hacerle un grandísimo favor al ex banquero. Además de estar en libertad, peligran todos los cargos de la causa. Más aún, el auto más demoledor que conoce este caso se lo lleva prendido de la toga el propio juez, vapuleado sin anestesia y hasta el bochornoso por la Audiencia Provincial: que si cebó las pruebas en la Wikipedia, que si parece que tiene facultades adivinatorias que si había abierto una causa general contra la crisis y sus causantes… El sonrojo público ha sido el remate a una instrucción caótica y llena de abitrariedades, según la Fiscalía, una cataplasma procesal que nutrirá los expedientes sancionadores que el CGPJ maneja, desde hace veinte años contra Silva.

Enlaza esta inquietante chapuza judicial con las andanzas de Pepe Gotera y Otilio en la Agencia Tributaria a cuenta de las falsas casas de Doña Cristina; manchurrones, en fin, en la confianza ciudadana, en dos carreras llenas de profesionales competentes, que no merecen ni tanto castigo ni tanto guerrillerito a tiempo parcial.

EN ESPERA de un estudio en profundidad de los fundamentos jurídicos del auto dictado ayer por el juez Elpidio José Silva, su decisión de enviar a prisión de forma incondicional a Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, suscita una serie de importantes incógnitas.

El primer interrogante es formal, ya que existen serias dudas de que el juez pudiera adoptar conforme a Derecho un pronunciamiento tan grave como mandar a la cárcel sin fianza a una persona que le había recusado hace unas semanas por enemistad manifiesta. Y ello a pesar de que lo justifique en su auto por «un significativo agravamiento de la pena pronosticable» y por la existencia de «indicios de criminalidad concurrentes», que le hacen temer que el desarrollo de la causa «pudiera resultar muy seriamente afectada si Blesa permaneciese en libertad».

A pesar de que el magistrado considera que hay «un innegable riesgo de fuga», lo lógico y lo coherente es que hubiera aguardado a la resolución de la Audiencia de Madrid, pero optó por abrir una pieza separada sobre la adquisición del City National Bank de Florida para continuar la instrucción, mientras se apartaba de la causa de los créditos concedidos a Díaz Ferrán.

Dado que se trata de un mismo asunto que luego se desdobla y que la investigación afecta a la misma persona, el juez Silva debería haber esperado al desenlace de la recusación para preservar su apariencia de imparcialidad, como establece la doctrina del Tribunal de Estrasburgo. Pero ayer citó a Blesa a declarar de forma inesperada y adoptó la decisión de volverle a enviar a la cárcel tras haber decretado hace 20 días una prisión eludible bajo fianza. Aquel primer auto ya suscitó perplejidad por los juicios de valor que formulaba el juez.

Pero además de este aspecto formal, se plantea otro serio interrogante de fondo, que reside en si existen sólidos indicios que acrediten que Blesa se apropió de 100 millones de euros en la adquisición del banco con sede en Miami. El ex presidente de Caja Madrid explicó que esa suma se había destinado a un fondo para cubrir los posibles riesgos de la operación, pero el juez le respondió que no le creía: «no me convencen sus explicaciones».

La cuestión no es si Blesa estuvo o no convincente. Para dictar prisión preventiva contra una persona, tiene que haber fundados y contrastados indicios no sólo de que ha cometido un grave delito sino además de que existe riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Y es el juez el que debe recabar esos indicios porque el imputado tiene derecho a la presunción de inocencia e incluso a mentir en su defensa. Resultaría un error de enorme magnitud que este magistrado, que tiene abierto un expediente disciplinario por falta de diligencia, hubiera encarcelado a Blesa sin «una pistola humeante», como se dice en el derecho anglosajón.

Como 100 millones de euros no se pueden volatilizar el juez debería haber pedido a Bankia toda la información sobre la compra del City National y, en concreto, sobre esa provisión de 100 millones. Ya es extraño que si desaparecieron, el nuevo presidente de Bankia no lo haya denunciado a la Justicia. Todo lo dicho no prejuzga la inocencia de Blesa ni constituye un alegato a su favor porque, como ya hemos insistido, su gestión parece lo suficientemente turbia como para ser investigada a fondo por la Justicia. Pero ello debe hacerse desde un escrupuloso respeto a las leyes procesales para evitar precisamente que este juez se convierta en el salvador del ex banquero.