El juez Bermúdez deja en libertad a los nuevos acusados del caso Publio Cordón desatando la indignación de las víctimas

EL JUEZ de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez decidió ayer poner en libertad bajo una fianza de 10.000 euros a dos de los secuestradores del empresario Publio Cordón. Su decisión provoca perplejidad y asombro, ya que habían transcurrido tan sólo 48 horas desde que Interior se apuntara el gran éxito policial de localizar el lugar donde Cordón fue encerrado en julio de 1995 y de detener a tres de sus captores, según el testimonio de un testigo protegido.

Gómez Bermúdez interrogó ayer a los tres detenidos por la Policía y dictó auto de prisión incondicional contra el grapo Ramón Teijelo, que custodió a Cordón en el chalé de Lyon donde estuvo 15 días y que, luego, enterró su cadáver en el monte, según la versión del testigo protegido.

Lo que resulta muy difícil de entender es por qué Gómez Bermúdez decretó poner en libertad bajo una reducida fianza a Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa, dos veteranos grapos con un importante historial delictivo que ayudaron a Teijelo a mantener al empresario en el interior del zulo del que se escapó antes de morir al caer de una ventana. Ontanilla y Sarasa se negaron a declarar, por lo que la resolución del juez Bermúdez resulta todavía más difícil de justificar.

Si, como sostiene la Policía, ambos colaboraron con los carceleros de Cordón y luego encubrieron su fallecimiento, Gómez Bermúdez no debería haberles dejado en libertad por la evidente gravedad del delito y sus consecuencias. Pero el juez no cuestiona en su auto que participaran en el secuestro. Es más, parece dar crédito a la versión policial hasta el extremo de que ayer decidió abrir diligencias para investigar quién filtró los informes de las Fuerzas de Seguridad sobre la localización del chalé de Lyon y la identidad de los secuestradores, lo que también resulta difícil de entender si se considera que muchos detalles fueron revelados por el ministro del Interior y varios agentes en rueda de prensa.

Sorprende que el mismo juez que se negó a investigar la vulneración de la cadena de custodia de pruebas esenciales sobre los atentados del 11-M como la mochila de Vallecas, actúe ahora con tanto celo para esclarecer la filtración de un éxito policial.

Para explicar la puesta en libertad de los dos grapos, Bermúdez sostiene que no hay razones para dictar prisión preventiva contra Manuela Ontanilla, por su edad y por estar vinculada sentimentalmente a Teijelo, ni contra Vicente Sarasa, porque ha comparecido ante la Justicia en otros procedimientos. Ninguno de estos motivos atenúa la importancia del delito ni elimina el alto riesgo de fuga que existe en un caso tan grave. Por ello, resulta comprensible la indignación de la familia de Publio Cordón por el auto del juez Bermúdez, un personaje de ambición desmedida y una trayectoria controvertida. Da la impresión de que ha antepuesto sus prejuicios, fantasmas y vendettas al interés de la Justicia.

LA DECISIÓN del juez Bermúdez de dejar en libertad bajo fianza a los grapo Ontanilla y Sarasa, implicados en el secuestro de Publio Cordón, ha suscitado numerosas críticas y una justificada reacción de indignación social. La Asociación Pro Guardia Civil subrayó que su liberación puede «tirar por tierra» el esfuerzo de investigación de muchos años. Las asociaciones judiciales APM y Francisco de Vitoria también expresaron su preocupación, subrayando que, si ambos participaron en el secuestro, «lo normal» sería la prisión preventiva. No hay duda de que el juez ha asumido una grave responsabilidad con su soprendente resolución. Máxime cuando hay un hecho indiscutible: que todavía no ha aparecido el cadáver. Al dejar en libertad a dos grapo que se negaron a declarar y que, según la versión policial, fueron los carceleros de Cordón en una casa de Lyon, Gómez Bermúdez pierde una importante baza para obligarles a confesar dónde está enterrado si es que lo saben. Pero, en cualquier caso, parece muy desproporcionada la reducida fianza de 10.000 euros en relación a la gravedad del delito del que se les acusa.