El juez progresista Pedro Cruz Villalón elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucionalista

DIEZ MESES después del plazo marcado por la ley y tras más de un año de negociaciones (o lo que fueran) entre los principales partidos de España, populares y socialistas alcanzaron ayer un acuerdo para completar la lista de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que debe elegir el Senado.Pocas cosas resultan más desmoralizadoras para los ciudadanos que quienes hacen las leyes sean incapaces de cumplir un mandato constitucional. El espectáculo es aún más lamentable cuando se proyecta sobre el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución una imagen no ya demasiado politizada, sino de sectarismo partidista. Todo ello pone en evidencia que los dos primeros partidos de este país no han sido capaces de encontrar un mecanismo negociador que garantice una renovación equilibrada y en plazo del Tribunal Constitucional.

En este organismo no se producen los alineamientos políticos que han venido dándose en el Consejo del Poder Judicial. Ello hace especialmente absurdo el empecinamiento en colocar magistrados por el criterio único de afinidad ideológica. Que la negociación la hayan llevado durante un año los jefes de gabinete de los jefes de los partidos tiene poco sentido. Si se trataba de la cuota del Senado, era en esa Cámara, con el impulso de su presidente (que ha estado lamentablemente pasivo), donde debió buscarse el acuerdo. Sobre la base de nombres aceptables para los dos partidos, más que entre los más afines a cada uno.

Ya se ha resuelto la crisis de renovación del Tribunal Constitucional; ya tenemos los cuatro nombres de personas que sustituyen a las cuatro a las que correspondía cesar en febrero de 1998; diez meses de retraso, que no es poco.La designación, en el presente caso, corresponde al Senado; éste, por tanto, se ha retrasado diez meses en el cumplimiento de una importante función que tiene plazo para su ejercicio. ¡Ah!, pero es el Senado. Cualquier ciudadano sabe por experiencia lo que le sucede si no cumple ciertos plazos perentorios; por ejemplo, para el pago de impuestos, pueden llegar a embargarle. Aquí, el incumplimiento del plazo no conlleva sanción: de modo que el Senado, tan contento, como si hubiera hecho el trabajo a su debido tiempo.

O quizá los senadores, encabezados por su presidente y mesa, están avergonzados por el retraso; no hay modo de saberlo, porque no aparecen signos externos de compunción. También podría suceder que estén ocultando su abatimiento, para no aparecer como gentes de poco ánimo, lo que entristecería a los electores. Hasta podría pensarse que han sido diez meses de dolor, intentando, los pobres senadores, hacerlo lo mejor posible, desasosegados por la responsabilidad que cae sobre sus cabezas, ahí es nada, cuatro miembros del Tribunal Constitucional. Ya podrían informarnos sobre el particular, porque los espectadores no tenemos noticia; más bien tenemos motivos para pensar que en tan largo plazo, y ante la dificultad de la tarea, los senadores no han hecho nada, sólo sufrir y esperar a que de algún lugar apropiado llegara la solución.

Durante tan largo periodo de incubación llegaban noticias de que quizá el secretario general de un partido le había planteado el asunto al presidente del Gobierno, o que se hablaba del asunto entre peces gordos de ambos importantes partidos que, por supuesto, nada tenían que ver con el Senado; y éste, paciente, a la espera de la iluminación exógena. Sólo al final, en el último tramo, han aparecido dos senadores en la «negociación»; a alguien le ha debido dar lástima la situación, y designaron a esos dos senadores no, por supuesto, como delegados de los inquietos senadores, sino como representantes controlados de los mandamases de los partidos en cuestión. Y que nadie piense que aquí hay ojeriza antisenatorial; lo cierto es que ha podido ser el Congreso, que también tiene su cuota de designaciones del Tribunal; cuando se trata de Senado o Congreso, el retraso es un uso, el abuso hecho uso.

Ya es sabido que, frente a las apariencias que se explican en las aulas, los senadores (y diputados, y diputados autonómicos) están sujetos por mandato imperativo, no a los electores, sino a los dirigentes de sus respectivos partidos. En consecuencia, los senadores, en este caso, han hecho lo que parece más lógico y propio de gentes bien mandadas: esperar órdenes; y lo cierto es que nadie duda de que cumplirán las órdenes con disciplina, plácido semblante y buena conciencia. De manera que si, en este caso, no se han ganado el salario por su laboriosidad, sí al menos por su disciplina.

Pero hay algún detalle que quizá pudiera considerarse: la Constitución dice que corresponde al Senado la designación de cuatro miembros del Tribunal, otros tantos corresponden al Congreso. Después, hay cuota del Gobierno, y del Consejo General del Poder Judicial; nada que decir de estos dos últimos: cumplen los plazos y deliberan de acuerdo con su modo propio de funcionamiento; el Gobierno, en secreto; el Consejo, de modo no público. Pero cuando la Constitución establece competencias de Senado y Congreso exige algo más que una votación secreta, como suelen serlo todas las que establecen designaciones (presidente del Gobierno, defensor del Pueblo, etcétera); es decir, una deliberación pública para esa selección entre candidatos; si no fuera así, bastaría que la Constitución hubiera deferido el asunto a los dirigentes de los partidos con representación parlamentaria; pero lo que está haciendo es ordenar a Senado y Congreso que hagan una elección.

A título personal, tengo la más alta estima de los designados; a algunos de los cuales me une un antiguo aprecio profesional y aun personal; y lo mismo puedo decir de algunos de los barajados y no designados. Pero tendríamos que conocer todos, políticamente, las razones de los senadores para designar o rechazar.

Porque por ahora no hay ni que presentar públicamente el currículo de los aspirantes, que, además, tienen derecho a saber, cuando alguien les rechaza, por qué lo hace; es lo menos que se debe a personas de benemérito recorrido profesional.

De modo que, llegado el caso, sería de desear que senadores y diputados resuelvan en plazo y en público y que no den muestras tan obvias de la inanidad de su función.

La elección de Pedro Cruz Villalón como presidente del Tribunal Constitucional -el quinto desde 1980- pone fin a una situación anómala y nada grata para sus miembros, además de profundamente perjudicial para la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El Senado ha tardado 10 meses en resolver la elección de los cuatro magistrados que le corresponden, con lo que ha prolongado durante este tiempo el mandato improrrogable (nueve años) de los cesantes. Entre ellos, el presidente y el vicepresidente del Tribunal.Ya se ha dicho casi todo acerca de la desidia e irresponsabilidad de los partidos en el cumplimiento de los plazos previstos para la renovación de los altos órganos del Estado (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas) que exigen mayorías parlamentarias cualificadas. En primer lugar hay que señalar al partido del Gobierno por su condición de garante del funcionamiento de las instituciones. El PSOE tuvo que cargar merecidamente con esta crítica en su etapa de Gobierno. Ahora es el PP quien sigue sus pasos. Está visto que es más fuerte la querencia de los dos partidos mayoritarios a satisfacer sus particulares intereses que a cumplir la ley.

No es extraño, pues, que los plazos legales salten y se alarguen a conveniencia. Incluso cuando se eligen candidatos de un perfil profesional y humano intachable, como es el caso de los recién designados, el ciudadano tiene la sensación de que las fuerzas políticas no han actuado correctamente. Lo que debió hacerse en su momento, dentro del holgado plazo de cuatro meses señalado por la ley, y con el sosiego y el estudio requeridos, se ha hecho a toda prisa con 10 meses de retraso, transmitiendo una imagen inquietante de improvisación. Estos comportamientos siguen facilitando munición -que no dejan de aprovechar- a cuantos insisten en implantar un injerto de democracia corporativa en el actual sistema parlamentario, con su pretensión de romper toda vinculación de las instituciones del Estado con la soberanía popular expresada en el Parlamento.

Pero esta cuestión es de entera responsabilidad de los partidos políticos, aunque sus más directas víctimas sean las instituciones, como ha ocurrido en este caso con el Tribunal Constitucional. A sus magistrados les toca hacer lo posible para que su normal funcionamiento no se resienta incluso en esas circunstancias adversas. El TC así lo ha hecho, de modo que su ritmo de trabajo ha sido el de siempre. Su anterior presidente, Álvaro Rodríguez Bereijo, ha conseguido, pese a todo, desvincular el trabajo del tribunal de esos comportamientos criticables de los partidos, de forma que no pudiera hablarse en ningún caso de interinidad. Cabe afirmar que en los cuatro años que lo ha presidido Bereijo -incluidos los meses en que lo ha hecho en funciones-, el Constitucional ha trabajado a pleno rendimiento, dictando importantes sentencias, como la que fijó los límites constitucionales de la prisión preventiva frente a los abusos a que se había llegado por parte de algún juez de instrucción. A ello hay que añadir un orientador protagonismo público que Bereijo no ha dudado en ejercer durante su mandato en todo lo relacionado con la protección de los derechos fundamentales.

Su sucesor, Pedro Cruz Villalón, magistrado del TC desde junio de 1992, elegido por el Congreso con el respaldo del PSOE, IU y CiU, va a presidir un tribunal cuyo principal problema es el de todos los tribunales de este país: el riesgo de colapso por la acumulación de asuntos sin resolver. Su conocimiento y su experiencia, con la ayuda de una reforma legal ya en curso que evite que el TC siga siendo el rompeolas jurisdiccional de los asuntos de la justicia ordinaria y regule más estrictamente la admisión de los recursos de amparo, pueden facilitar mucho que este problema se resuelva o al menos mejore sustancialmente durante su etapa de presidente. Su elección ha sido acogida muy favorablemente por agrupaciones judiciales tan dispares como Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura. Y su trayectoria profesional hace suponer razonablemente que la presidencia del TC se beneficiará de un aporte técnico-constitucional muy cualificado, lo que contribuirá, sin duda, a garantizar el funcionamiento de una institución clave en nuestro sistema democrático.

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, de 52 años, fue nombrado en 1992 magistrado de este tribunal por el Congreso de los Diputados, donde contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el del PP y el PNV, después de una propuesta conjunta del PSOE Y CiU.

Está considerado de tendencia progresista, aunque se le tilda de moderado en sus planteamientos y resoluciones, además de estar valorado entre la profesión como un buen jurista y un gran experto en Derecho Constitucional.

Ha intervenido, entre otros asuntos, en el rechazo del recurso de Rafael Vera contra el juez Baltasar Garzón por la instrucción del caso GAL, o contra la excarcelación cautelar de los miembros de la Mesa de Herri Batasuna condenados por el Tribunal Supremo.

Además, se opuso y presentó voto particular a la decisión de la mayoría en la sentencia que mantuvo la condena de seis años de inhabilitación de Juan Guerra, el hermano del ex vicepresidente del Ejecutivo y diputado del PSOE, Alfonso Guerra.

Pedro Cruz Villalón ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, vicedecano de la Facultad de Sevilla y letrado del Tribunal Constitucional hasta 1986.

Este catedrático de Derecho Constitucional obtuvo en 1969 la licenciatura en Derecho por la Universidad de su ciudad natal, y seis años más tarde se doctoró en la misma especialidad del mismo centro académico.

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional ha escrito entre otras obras, El Estado de sitio y la Constitución y La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad, publicación por la que consiguió en 1985 el premio Congreso de los Diputados.

Pedro Cruz Villalón ha impartido clases en la Universidad de Sevilla de Derecho constitucional, y está considerado como un gran especialista en esta área del Derecho.