EL MUNDO acusa a Miguel Herrero Rodríguez de Miñón de un ‘pelotazo millonario’ después de conocerse que asesoró al PNV con su ‘plan Ibarretxe’

UN GRAN ‘PELOTAZO’. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, ex dirigente popular y uno de los padres de la Constitución, se sirvió de sus amistades dentro de la Comunidad de Madrid para conseguir la recalificación de la finca Valdefuentes, propiedad de los herederos del dictador Francisco Franco. Gabriel Camuñas, ex vicepresidente de Alianza Popular y fundador de la Plataforma de Independientes de España (PIE), fue el que hizo de puente entre los Franco y Herrero de Miñón. En medio de ese intento de recalificación, los dos ex dirigentes políticos compraron unos terrenos a la familia por un precio muy ventajoso. Después, en julio de este año, se han desprendido de ellos y han sacado unos beneficios de 6,6 millones de euros (más de 1.000 millones de las antiguas pesetas).

Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, influyó ante la Comunidad de Madrid para conseguir la recalificación de la finca Valdefuentes, propiedad de la familia Franco, y de un paraje anejo que él y el ex vicepresidente de Alianza Popular (AP) Gabriel Camuñas habían comprado a la hija del dictador en febrero de 1998 a un precio muy ventajoso.

Los beneficios conseguidos por Camuñas y Herrero de Miñón por sus gestiones ante la Comunidad de Madrid y la posterior venta de sus terrenos asciende a 6,61 millones de euros.

El intento de recalificación de esa finca, que está situada entre los pueblos madrileños de Arroyomolinos y Móstoles y tiene una extensión de 7,9 millones de metros cuadrados, se remonta a 1996.Pero dicho intento no se materializó, parcialmente, hasta julio de 2000, cuando el Ayuntamiento de Arroyomolinos, cuyo alcalde era el popular Juan Velarde, dio su visto bueno. La recalificación final llegó en octubre de 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid.

Antes, la familia Franco, con los hermanos Francisco Franco Martínez-Bordiú y Jaime Felipe Martínez-Bordiú Franco a la cabeza, había intentado en varias ocasiones conseguir el beneplácito del Gobierno de la Comunidad de Madrid para su recalificación, pero nunca lo habían logrado.

Todas sus gestiones, incluso las visitas al consejero de Obras Públicas y Urbanismo, Luis Eduardo Cortés, resultaron infructuosas.Por eso echaron mano de Juan Rivera, hermano de Jaime Rivera, quien durante muchos años fue novio de Carmen Martínez Bordiú.

Después, Juan Rivera y los Franco se acercaron hasta Gabriel Camuñas, ex vicepresidente de Alianza Popular y fundador de la Plataforma de los Independientes de España (PIE), a Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución y ex miembro del Partido Popular, con el propósito de que los dos ex políticos utilizaran sus contactos para conseguir la recalificación definitiva de la finca Valdefuentes.

EL MUNDO tiene en su poder un documento que demuestra estas relaciones empresariales y los pasos políticos realizados para que Herrero de Miñón consiguiera el visto bueno de la Comunidad a la recalificación de la finca de los Franco.

El documento está fechado en septiembre de 1996, procede del despacho de abogados de Jesús A. Madalena y está dirigido a Gabriel Camuñas. En dicho informe se explican, pormenorizadamente, los pasos que cada miembro del equipo conseguidor debe seguir y la labor concreta que tiene que desempeñar Herrero de Miñón ante los consejeros de la Comunidad para lograr la recalificación.

En ese mismo documento se informa a Gabriel Camuñas de que se adjunta «la nota que ayer tarde envió Don Jesús Madalena por fax a Don Miguel Herrero». Y en dicha nota, en su punto segundo, se indica: «En la última revisión del Plan General de Arroyomolinos, el Gobierno municipal socialista impuso -obviamente, por razones políticas- una serie de limitaciones urbanísticas como la de protección paisajística, cuando no hay ningún paisaje en particular que preservar, y protección de la cuenca del Guadarrama, distante varios kilómetros, no imponiendo en cambio tal protección a fincas más próximas a dicha cuenca».

Más adelante, y dentro del apartado cuarto de esa misiva, el abogado Jesús Madalena centra la cuestión principal del operativo ideado para conseguir la recalificación: «El plan propuesto pasa obviamente por la necesidad de un consenso entre los tres grandes propietarios, Comunidad y Ayuntamiento; y si ese consenso no se diere, entraríamos en una dinámica de impugnaciones y recursos que dilatarían sine die la aplicación de cualquier plan que eventualmente pudiera atentar contra los principios de equidad antes apuntados».

Por último, el letrado Madalena da instrucciones a Gabirel Camuñas y a Miguel Herrero de Miñón de los términos que se tienen que utilizar para convencer al conseguidor definitivo: «Creo, Miguel, que el tono de la nota debe ser más político que técnico; más de concepto que de cifras o datos. Deben bastar los esenciales.Y creo también que éste es el planteamiento al que será sensible tu amigo. Luego ya vendrán otras reuniones, a ése u otro nivel inferior, donde tendremos oportunidad de mayores concreciones».

El informe cursado entre Jesús Madalena, Gabirel Camuñas y Miguel Herrero de Miñón se cierra con un apartado donde se indica: «Objetivo final: que tu amigo se interese en el desarrollo y progresión del asunto y te tenga informado para posibilitar nuestra presencia, defensa y negociación de los planteamientos antes expuestos».

De ese informe y de esas misivas se deduce que hay alguien, amigo de Miguel Herrero de Miñón, que tiene la capacidad suficiente dentro de la Comunidad de Madrid como para conseguir la recalificación de la finca Valdefuentes.

EL MUNDO ha podido confirmar en fuentes muy cercanas al ex consejero de Obras Públicas y Urbanismo de la Comunidad de Madrid que Juan Rivera, Gabriel Camuñas y Miguel Herrero de Miñón estuvieron en 1998 en el despacho de Luis Eduardo Cortés intentando conseguir el beneplácito de esta Consejería a sus intereses.

En esa misma fecha, en febrero de 1998, Juan Rivera, Gabriel Camuñas y Miguel Herrero de Miñón adquirieron a Carmen Franco una parcela de 30 hectáreas que pertenecía a la finca Valdefuentes.El pago inicial fue de un millón de pesetas y el resto, hasta 75 millones, pagaderos tres años más tarde, en febrero de 2001.

Se da la circunstancia de que en esa fecha, febrero de 2001, el nuevo Ayuntamiento de Arroyomolinos era del Partido Popular y ya se había aprobado la recalificación parcial de 3,3 millones de metros cuadrados de la finca Valdefuentes. En esa nueva recalificación ya estaban incluidos los terrenos de Camuñas y Herrero de Miñón.

Este periódico ha podido confirmar que Camuñas y Herrero de Miñón vendieron sus propiedades en julio de este año, y que han sido tasadas por La Caixa en más de 1.000 millones de las antiguas pesetas para conseguir dos hipotecas.

Es decir, los dos ex dirigentes populares compraron el 42,20% de esas 30 hectáreas del Paraje Zarzalejo, como se denomina esa parte del terreno de la finca Valdefuentes, por un desembolso inicial de 422.000 pesetas (en febrero de 1998) y un segundo de 31.650.000 pesetas (febrero de 2001, cuando ya estaba recalificada la finca).

Después, Herrero de Miñón vendió el 50% de su parte, un 21,10% del terreno, a Gabriel Camuñas. El ex vicepresidente de Alianza Popular pagó a su amigo y socio 211.000 pesetas en febrero de 1998 y el resto, 15.825.000 pesetas, en febrero de 2001.

Dos años más tarde, en julio de 2003, los dos ex altos cargos del grupo popular han obtenido unos cuantiosos beneficios por sus gestiones, conocimientos y venta de los terrenos adquiridos a la familia Franco en 1998.

Es decir, las gestiones iniciadas por Gabriel Camuñas y Miguel Herrero Herrero de Miñón en 1996 han reportado unos beneficios a los ex dirigentes políticos de 6,61 millones de euros. Gabriel Camuñas ha conseguido 3,48 millones de euros (580.200.000 pesetas) y Herrero de Miñón una cifra muy similar, 3,13 millones de euros (522.097.139 pesetas).

Un pleito por separación matrimonial ha propiciado nueva y valiosa información sobre la forma en que se consiguió la recalificación de Valdefuentes.

Según la documentación que obra en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid y que ha sido aportada por Angeles Caruana, ex mujer de Gabriel Camuñas, son varias las personas que influyeron y utilizaron sus relaciones para conseguir la recalificación política de esos terrenos: «Gabriel Camuñas habría llevado a cabo, junto con el querellado Miguel Herrero de Miñón, diversas operaciones encaminadas a conseguir la urbanización y posterior venta de los terrenos urbanizados, operaciones con las que, entre ambos querellados, podrían haber llegado a obtener unos beneficios de varios millones de euros».

Angeles Caruana también indica en su querella que las gestiones de Camuñas y Herrero de Miñón para conseguir la recalificación de todos esos terrenos son anteriores a cuando su marido adquiere una parte de ellos.

Se da la circunstancia de que Gabriel Camuñas compró su parte a través de la sociedad Astranova, que era propiedad, al 50%, del matrimonio Camuñas-Caruana. Pero en el momento de la separación, en mayo de 1999, el ex vicepresidente de Alianza Popular vendió su parte a Herrero de Miñón para evitar que su esposa, Angeles Caruana, se beneficiara de la parte que le correspondía y de las plusvalías que iba a generar la recalificación de esos terrenos. Tras la separación matrimonial, Camuñas recompró su parte a Herrero de Miñón.

La querella presentada en abril de 2002 por Angeles Caruana contra Gabriel Camuñas y Herrero de Miñón por estafa, falsedad y administración fraudulenta fue, en un principio, admitida a trámite. Tres meses más tarde, en julio del mismo año, el Juzgado decidió el archivo de la causa.

El abogado Miguel Bajo, en representación de Angeles Caruana, recurrió el archivo del Juzgado de Instrucción número 39, que fue desestimado, y finalmente elevó el tema a la Audiencia Provincial.En este organismo superior, el catedrático de Derecho Penal consiguió, en febrero de este año, que se revocara el auto de archivo anterior y que se reabriera el caso.

En la querella presentada por Angeles Caruana se recoge que el contrato privado entre la familia Franco y Camuñas y Herrero de Miñón se realizó en febrero de 1998: «Dicho acuerdo se habría firmado a su vez como consecuencia del Protocolo urbanístico-administrativo que, parece ser, se suscribió entre el Ayuntamiento de Arroyomolinos y la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la Comunidad, en fecha 15 de enero de 1998… Lo cual vendría a confirmar que cuando se firmó el contrato privado de compraventa en fecha 4 de febrero de 1998, el señor Camuñas ya conocía que los terrenos que se adquirirían se revalorizarían en un breve periodo de tiempo».

Acostumbraba a decir Fray Antonio de Guevara que la cosa más cara es la que se consigue con ruegos. Miguel Herrero de Miñón y Gabriel Camuñas no tuvieron en cuenta la recomendación de este sabio fraile y se embolsaron un importante beneficio al hacer gestiones para la recalificación de una finca de la familia Franco.

Según EL MUNDO reveló ayer, Herrero de Miñón y Camuñas ganaron cada uno aproximadamente tres millones de euros tras contribuir a convencer a los responsables de Urbanismo de la Comunidad de Madrid de que recalificasen esa finca en la que ellos habían adquirido varias parcelas que fueron vendidas en el pasado mes de julio.

Intermediar en una compraventa inmobiliaria no supone nada irregular, pero es que todo indica que Miguel Herrero fue mucho más allá, ya que, como refleja un documento publicado por nuestro periódico, el ex dirigente del PP y padre de la Constitución utilizó sus contactos personales y su influencia política para doblegar la resistencia de la Comunidad de Madrid, que ya había denegado anteriormente la recalificación de la finca de los Franco, situada en Arroyomolinos (Madrid).

Para evitar que su mujer obtuviera parte de las plusvalías de esta operación, Gabriel Camuñas -que estaba en trámites de separación- vendió su participación en el negocio a Herrero de Miñon y luego se la recompró tras romper los vínculos con su esposa. Esta ha presentado una demanda en la que denuncia estos hechos y corrobora que su ex marido y Miguel Herrero hicieron activas gestiones en la Comunidad de Madrid para vencer las resistencias políticas que existían.

El artículo 429 del Código Penal define el delito de tráfico de influencias como una acción de un particular «que influyere en un funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda beneficiar prevaliéndose de su relación personal».La descripción se ajusta, a juzgar por las apariencias, a la conducta de Herrero de Miñón, al que uno de los abogados que participan en el asunto le encomienda que contacte con su «amigo» para que éste «se interese en la progresión» de la recalificación.

Sea cual sea la calificación jurídica de esta fea conducta, resulta inadmisible desde el punto de vista ético en dos dirigentes políticos que ocuparon altas responsabilidades en AP y que, por tanto, estaban obligados a proceder de forma intachable y ejemplar.Especialmente en el caso de Herrero, que lleva sobre sí el lustre moral de haber sido uno de los padres de la Constitución.

Pero él, incapaz de defenderse con argumentos, achacó las revelaciones de este periódico a «los enemigos torpes» del plan Ibarretxe.Lo verdaderamente «torpe» es esa cortina de humo que no puede engañar a nadie. El hecho es que, como subrayaba ayer Rafael Simancas, estamos ante «un nuevo pelotazo» inmobiliario en Madrid, donde unos pocos han acumulado considerables fortunas gracias a la especulación y el tráfico de influencias mientras el precio del suelo se duplicaba en apenas cuatro años.

Las actuaciones de Miguel Herrero, cuya relación personal con altos cargos del PP en Madrid es conocida, y de su socio Camuñas requieren la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para aclarar quien era «el amigo», qué papel jugó en la recalificación y si esta decisión estaba o no justificada.Esperanza Aguirre tiene ante sí la primera prueba para demostrar su firme compromiso electoral de luchar contra la corrupción.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón fue uno de los padres de la Constitución y ahora es uno de los inspiradores del plan Ibarretxe.

Presidió provisionalmente AP, fue líder de la oposición accidental, estuvo a punto de ser en dos ocasiones el sucesor de Fraga y ahora es uno de las personas más alejadas y menos queridas en el PP. Hace varias semanas, en el acto que se celebró en Gredos para conmemorar el aniversario de la Constitución, su relación con los populares presentes fue manifiestamente mejorable.

Empezó en política en UCD, primero como secretario general técnico del Ministerio de Justicia y luego como diputado en 1977 con 37 años. Además de concejal en el Ayuntamiento de Madrid fue portavoz en el Congreso de la coalición que lideraba Adolfo Suárez.

En esa época fue ponente de la Constitución y hay toda una leyenda sobre su contribución a la autodestrucción de UCD.

Siguió en Alianza Popular con una brillante carrera a la sombra de Fraga en la que, por ejemplo, hizo las ponencias políticas de dos congresos del partido y fue portavoz en el Congreso.

En 1986, como vicepresidente de AP llegó al punto más alto de su carrera política al lograr la condición de líder de la oposición cuando Fraga renunció a la presidencia del partido. En el congreso de AP de 1987 quiso ser sucesor de Fraga con una candidatura en la que estaban también Aznar, Trillo, Tocino, Ramallo y Villalobos.Le ganó Antonio Hernández Mancha. En febrero de 1989 volvió al primer plano en una de las seis vicepresidencias de AP y, dado el vacío que vivía el partido, participó como portavoz de la oposición en el Debate sobre el estado de la Nación contra Felipe González.

Ese año, Fraga buscaba de nuevo sucesor y aseguró que Herrero era una de las «ocho o 10 personas» que podrían ser candidatos a la presidencia. El elegido fue Aznar y su carrera política inició el declive. Aznar cesó a todos los vicepresidentes y Herrero empezó el distanciamiento de la nueva cúpula de su partido. En 1993 ya no se presentó a las elecciones y tampoco renovó sus cargos en el partido. Herrero es letrado del Consejo de Estado y en su actividad profesional colaboró en 1968 en la elaboración de la Constitución de Guinea y ha sido letrado de la Agrupación de Bancos Andorranos.

Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

En los últimos años ha mantenido estrechas relaciones con el PNV y ha defendido públicamente el encaje constitucional del derecho de autodeterminación del País Vasco. De hecho, fue galardonado con el premio Sabino Arana y se le considera, como mínimo, inspirador del plan Ibarretxe.

Expuso una propuesta de desarrollo de la disposición constitucional referida a los derechos históricos del pueblo vasco, que sirve de base de la propuesta del PNV. El pasado mes de febrero declaró en San Sebastián que el plan Ibarretxe, que sólo era un esbozo entonces, «encaja al 99% en la Constitución».

Cuando en septiembre de 2002 el lehendakari Ibarretxe hizo público su plan de reforma radical del Estatuto de Autonomía, afirmé, y he insistido en ello a lo largo de estos meses, que dicho plan, con independencia del juicio político que mereciera, no podía ser tachado de inconstitucional por tres razones fundamentales. Una, porque se trataba de una propuesta de reforma estatutaria de acuerdo con las cláusulas de revisión previstas en el propio Estatuto (artículo 46). Dos, porque la casi totalidad de las propuestas cabían perfectamente en el marco constitucional y afectaban más bien a leyes de desarrollo constitucional. Tres, porque, incluso si la propuesta suponía reforma de la Constitución, el Parlamento vasco, al que el lehendakari presentaba su propuesta, está formalmente legitimado por la Constitución para instar su reforma, según prevén expresamente los artículos 166 y 87.2 de la Constitución. A estos razonamientos jurídicos en pro de la constitucionalidad del plan añadía yo una motivación política para su toma en consideración: se trata de un proyecto de propuesta de un Gobierno sin mayoría absoluta en la Cámara vasca. Debátase como tal propuesta y procuremos consensuar un resultado final, satisfactorio para todos. ¿No elogiamos tanto el consenso constituyente al celebrar su 25º aniversario?

Han trascurrido 14 meses desde entonces. Catorce meses invertidos en rechazar cualquier discusión sobre la propuesta con argumentos que solamente el humorista Máximo -a mi entender, el más agudo de los analistas políticos- ha podido sintetizar: la propuesta de Ibarretxe no es políticamente discutible por razones jurídicas, ni jurídicamente discutible por razones políticas. Así, no hay que detenerse en explicar ni unas ni otras. El resultado ha sido que el lehendakari tan sólo ha discutido su plan con fuerzas nacionalistas más radicales que las que su propio partido representa. No es, pues, de extrañar que la versión articulada del plan Ibarretxe sea mucho más difícil de encajar en el marco constitucional que las líneas generales hechas públicas hace algo más de un año, tanto en el fondo como en la forma de lo que se propone. El aislamiento ha generado radicalización, como la negociación genera moderación. Pero contribuir a radicalizar a unas fuerzas políticas con las que, gusten o no, hay que contar indiscutiblemente en el País Vasco, dado su arraigo social y apoyo electoral, es, a todas luces, una insensatez.

Es claro que, si el objetivo de quienes dicen -y es de suponer que quieran- defender el orden constitucional y la integridad española es provocar una crisis (de la que dudo cuál de los dos objetivos a defender resultaría más dañado), la estrategia seguida es la más adecuada. Lo que es una propuesta se trata como un hecho consumado. Cualquier aclaración de intenciones se rechaza como infiable. El diálogo se sustituye por la descalificación unilateral. Y la negociación sobre el plan se condiciona a la retirada del plan. ¿Alguien recuerda una negociación exitosa que se haya sometido a la previa condición de la plena abdicación de uno de los negociadores? Ahora bien, la consecuencia es que el Parlamento vasco o, dentro de unos meses, el electorado vasco se encuentren con la sola opción del plan Ibarretxe, ni negociado ni enmendado, y nadie que haya atendido al resultado de las últimas elecciones autonómicas, locales y forales debiera dudar de cuál va a ser el veredicto democrático del enfrentamiento en tales condiciones. ¿Puede alguien creer que eso es lo que conviene a la mejor integración española? ¿Cabe considerar que las siempre recordadas desde Madrid medidas de fuerza (artículo 155 CE) son las más adecuadas para compensar el veredicto de las urnas sin afectar seriamente el orden constitucional? La experiencia muestra hasta la saciedad que una de las vías más eficaces para herir de muerte una Constitución es tratar de «salvarla» quebrantándola, esto es, suspendiendo aquellas de sus prescripciones cuyo funcionamiento no se sabe controlar de otra manera. Los entusiastas de la crisis, sépanlo o no -y yo apostaría que muchos no, pero algunos sí- repiten las argumentaciones y las categorías de aquel genial y nefasto enterrador de la democracia de Weimar que fue Carl Schmitt.

No es menos claro que todavía es posible otra opción. La que probablemente contaría con el apoyo mayoritario de los vascos con independencia de sus simpatías partidistas: la vía de la negociación para adecuar el plan a lo que la Constitución hace posible, partiendo de la integridad del Estado que el plan reiteradamente proclama: una identificación de Euskadi más satisfactoria mediante el hábil manejo de los símbolos; un desarrollo más generoso de la propia Constitución; unas transferencias más amplias (sobre la base del artículo 150.2); unas garantías recíprocas más estables. La opción que debería haberse tomado nada más lanzarse el plan Ibarretxe, pero que aún es tiempo de emprender, utilizando para ello unos trámites parlamentarios cuanto más dilatados y flexibles, mejor, como los que el propio lehendakari ha propuesto. Si, en una negociación leal y constructiva, fuera el nacionalismo vasco el que se mostrase cerrado a cualquier entendimiento que no pasase por sus inamovibles posiciones, sería el plan Ibarretxe el que quedaría descalificado ante la opinión pública vasca. Por el contrario, su rechazo frontal no legitima a sus adversarios.

Se ha dicho que ello equivaldría a cocer a fuego lento los proyectos nacionalistas; pero, si así fuera, nadie dudará que la diferencia entre lo crudo y lo cocido es la que media entre la mera confrontación de fuerzas que a nadie, ni a españolistas ni a nacionalistas ni a Euskadi ni a España, conviene, y eso que llamamos cultura, a la que pertenece la obra de arte consistente en la negociación política y la instrumentación jurídica. ¿Quienes invocan todos los días el Estado de derecho no deberían preferir, a las crudezas del radicalismo, esta civilizada cocción?

Pero, en vez de marchar por ese camino, apoyar, a través de una larga, apretada y constructiva negociación parlamentaria, los aspectos más moderados del plan y corregir sus aristas, se trata de yugular su propio debate residenciando la iniciativa ante el Tribunal Constitucional. No me toca prever la decisión de tan alto órgano del Estado. Si decidiese, como parece lógico, que una iniciativa no es un acto controlable como, en su caso, podría serlo la decisión del Parlamento, se habría quemado inútilmente una baza sin otra consecuencia que erosionar al Tribunal y agriar aún más las relaciones institucionales con el Gobierno legítimo de Euskadi. Si, por el contrario, la decisión del Tribunal atendiese las pretensiones del Gobierno recurrente, me temo que la erosión y la acritud resultarían aún mayores, pero las consecuencias más graves serían las siguientes:

– Por una parte, el plan Ibarretxe, sin duda radicalizado, constituiría la piedra angular del programa nacionalista en las próximas elecciones autonómicas. ¿Qué hacer si obtiene un apoyo mayoritario de los electores? ¿Se puede negar el veredicto democrático en Euskadi y mantener la normalidad democrática en el resto de España?

– Por otro lado, se estarían poniendo las bases jurídicas para yugular cualquier iniciativa de la oposición (de cualquier oposición) que se prefiriera no debatir, recurriéndola, apenas formulada, ante un Tribunal hipotéticamente afecto a la mayoría gobernante (de cualquier mayoría).

Una siniestra receta para cocernos a todos o, mejor, para comernos a todos crudos.

Miguel Herrero de Miñón