EL MUNDO demuestra que hay miembros del PSOE implicandos en la difusión del video sexual de Pedro J. Ramírez y Exuperancia

AL cabo de un cuarto de siglo viviendo como periodista he andado unos cuantos caminos, he abierto alguna vereda tan decisiva como lo fue el nacimiento de este periódico, he navegado en la media docena de mares de nuestra transición política y atracado en todas sus riberas. Aunque ni en uno solo de esos más de 9.000 días -incluidos los últimos 50- la ecuación de esa opción vital ha dejado de salirme positiva, no han faltado tampoco las caravanas de tristeza, ni he dejado de toparme, en las más insospechadas alturas, con los pedantones al paño y los borrachos de sombra negra. Pero jamás pensé que, ya consolidada la democracia, centros neurálgicos de la gobernación de mi país pudieran ser ocupados durante un prolongado periodo de tiempo por mala gente que camina y va apestando la Tierra.

Todas las teorías relativistas sobre los límites éticos del equipo de personas que Felipe González situó en el Ministerio del Interior y otros lugares de al menos idéntica importancia están siendo pulverizadas por la realidad. Durante mucho tiempo se alegó que el felipismo había gobernado decentemente durante sus primeros años y que había sido la excesiva permanencia en el poder lo que le había hecho perder la cabeza y declinar por el precipicio de la corrupción y el abuso. La aparición de pruebas documentales e inequívocos testimonios coincidentes sobre la implicación de Barrionuevo, Vera y sus más directos subordinados en la puesta en marcha de los GAL desmanteló esa ficción: fue en los primeros meses de su gestión cuando demostraron que carecían de escrúpulos, despreciaban la legalidad y estaban dispuestos a alentar, o al menos amparar, desde los secuestros de inocentes hasta los enterramientos en cal viva.

Una vez pillados in fraganti -no lo digo yo, lo dicen el instructor y el fiscal de la Sala Segunda del Supremo- las negativas de oficio han convivido elocuentemente con autojustificaciones basadas en la excepcionalidad de esos primeros años en los que el terrorismo arreciaba y la sociedad demandaba soluciones. Incluso se repite a menudo que fue el Gobierno felipista -no mancharé ni una sóla vez en este artículo el apellido ideológico de Pablo Iglesias, Besteiro, Nicolás Redondo y millones de españoles- el que «acabó con los GAL», dando a entender que su pecado de bisoñez fue permitir durante un tiempo que continuara una actividad organizada por la UCD, el franquismo o quizá la dictadura de Primo de Rivera.

Pero este nuevo mito consistente en aferrarse a la cantinela de que aquello sucedió hace trece años y no es cuestión de seguir hurgando en el pasado, también se desvanece ante la evidencia de los hechos. Es cierto que los GAL dejaron de matar en el 86, llevándose por los aires la vida de Juan Carlos García Goena y las ilusiones de Laura y de sus hijas, pero los GAL no dejaron de actuar entonces. Simplemente ocurrió que la trama cambió de actividad delictiva. La banda continuó asociada con el doble propósito de borrar las huellas de sus crímenes y saquear las arcas del Erario. Es una larga etapa que dura casi una década en la que se entorpece sistemáticamente la acción de la Justicia, se compran silencios en España, Francia, Portugal y Suiza y se va amasando, con el engrudo de la sangre ajena, el relumbrar de fortunas fruto del pillaje, desde Albacete hasta Miami.

Todo esto es ya suficientemente conocido, aunque está por ver si la opacidad de los paraísos fiscales podrá ser traspasada o no por la indagación judicial o periodística. Lo que debo confesar que incluso para mí ha sido una sorpresa es comprobar que los GAL tampoco desaparecieron ni en el 94 cuando llega el honrado Antonio Asunción a Interior, ni en el 96 cuando sale González de Moncloa. De hecho, cuando hace unas semanas, Antonio Herrero dijo por la radio que la banda seguía en plena actividad, me pareció una frase brillante pero un poco exagerada. Ahora tengo la suficiente información como para decir que estaba dando en la diana.

Hemos entrado en una tercera fase encaminada a impedir que Barrionuevo, Vera y los demás sean juzgados exclusivamente a la luz del contenido del sumario. Los que primero secuestraron, torturaron y asesinaron; los que luego mintieron, escondieron y robaron, lo único que buscan ahora es pactar. Obligar al Gobierno a pactar bajo la coacción de que si no -como certeramente advirtió Anasagasti- morirán matando. Para ello ya han conseguido que se visualicen apoyos tan tangibles como el de un Pujol capaz de interrumpir una reunión de su Consell para agasajar a Barrionuevo, y es de suponer que seguirán moviendo todos sus resortes ocultos al más alto nivel institucional. Buscan el pasteleo en el Constitucional a través del recurso contra Garzón, admitido a trámite a Corcuera, o en su defecto un incidente de nulidad «made in Don Cobrolone» que haga colapsar el juicio en el mismo día de su inicio.

Su problema es que necesitan tener enganchado al Gobierno y no saben ni siquiera cómo entrarle a Aznar. Ya saben que su exceso de sentido del Estado llega hasta no desclasificar motu proprio unos documentos secretos -aciaga decisión del 2 de agosto de 1996-, pero no alcanza a desoír una coherente decisión jurisdiccional al respecto. No se fían de él, no entienden al personaje. Por eso han terminado creyéndose la más idiota de sus propias mentiras, pensando en que si me destruían a mí neutralizarían la voz indomable de EL MUNDO y dejarían al presidente y a todos cuantos creen por encima de todo en la democracia y el derecho sin el impulso de nuestro aliento.

De momento dejo la glosa del método empleado en este último atentado terrorista del que me ha tocado ser víctima para el infame Joaquín Leguina y el medio que ha servido de plataforma a su repugnante retahíla de falsedades y morbosos delirios nazis. Pero cualquiera que conozca el tantas veces aludido principio de Thomas de Quincey puede comprender muy bien que haya quien empiece asesinando a 28 personas y termine encerrándose en un armario agujereado para filmar y trucar un baile de disfraces cuyo guión ha sido previamente escrito por él. Los peones de brega cambian, pero a lo largo de estas tres fases la cabeza mafiosa continúa siendo la misma. De ahí que una vez más lo único que exceda a su tenebrosa maldad vuelva a ser su inaudita estupidez.

Que todo el rocambolesco episodio del vídeo sexual con que se relaciona al director de EL MUNDO era un montaje de intencionalidad puramente política es algo que cualquiera que no estuviera obnubilado por la pasión partidista o por el odio personal podía deducir sin demasiado esfuerzo a partir del propio uso que se estaba haciendo de él. Pero deducir no equivale a saber. Las conjeturas, por razonables que resulten, carecen de fuerza ante los tribunales. La declaración efectuada el sábado ante la juez Ana Revuelta por Exuperancia Rapú Muebake, la mujer que fue utilizada para el montaje del vídeo en cuestión, viene a aclarar, y a poner nombres y apellidos, a la repugnante maniobra que se ha tratado de hacer contra Pedro J. Ramírez y contra EL MUNDO.

La veracidad de la declaración de Rapú Muebake viene apoyada por tres hechos de indiscutible solidez. En primer lugar, fue hecha después de que la juez decretara su libertad sin fianza. Rapú Muebake se podía haber ido a su casa sin declarar, si hubiera querido. Fue la suya, en consecuencia, una denuncia presentada por propia voluntad. En segundo lugar, su relato encaja perfectamente con la secuencia de los hechos, tal como han ido conociéndose, y aporta una explicación lógica y verosímil a los enigmas que hasta ahora presentaban. En fin, existen pruebas materiales, que hoy comenzamos a aportar, que revelan que su declaración no es ninguna fabulación, y que las personas a las que ha implicado están realmente detrás de lo sucedido.

Ahora sabemos que el tal vídeo fue el resultado de una representación teatral. Que fueron los mentores de los GAL los que decidieron sacar partido de esta mujer cuando se enteraron de que conocía a Ramírez. Que obtuvieron su colaboración combinando jugosas ofertas de dinero e insistentes apelaciones al «interés del Estado» y organizaron mediante su concurso una perfecta encerrona, basada en la inesperada exhibición de elementos chocantes, cuando no escabrosos, con el evidente propósito de distorsionar la imagen real del director de EL MUNDO. Que fueron también ellos los que escribieron el guión de lo que Rapú Muebake debía copiar de su puño y letra para ser presentado como aval de la filmación. Y, en fin, que han sido igualmente ellos los que, con apoyo de otros elementos no menos carentes de escrúpulos, han escenificado la operación publicitaria final, organizando la distribución a voleo del vídeo prefabricado y manipulado.

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#La banda de los GAL

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Se oye a menudo afirmar que los GAL fueron el resultado de las condiciones excepcionales de presión terrorista con las que los felipistas se toparon al llegar al Poder: un episodio desdichado, sin duda, pero ya afortunadamente pasado, superado y enterrado.

No es cierto.

Los GAL son sólo una de las expresiones prácticas de la conjunción de un grupo de políticos amalgamados por la ambición sin límites y la carencia de escrúpulos, dispuestos a cualquier cosa, por abyecta que sea, con tal de que convenga a sus fines. Secuestraron y mataron cuando creyeron que eso les beneficiaba, y dejaron de hacerlo no porque se dieran cuenta de que era una aberración, sino tan sólo porque llegaron a la conclusión de que les dañaba. Antes y después, se llevaron el dinero de las arcas públicas a espuertas, y manejaron la Administración del Estado como si se tratara de su propiedad particular. Jamás se sintieron concernidos por la Ley.

Y en esas mismas continúan. No siguen saqueando las arcas del Estado porque ya no están en el poder, pero envían matones para que amedrenten a los testigos de cargo en los juicios que tienen pendientes. Y montan campañas, financiadas con el remanente de lo mucho que robaron, para desacreditar a cuantos sacan a la luz del día su oprobio, sean jueces o periodistas, recurriendo a lo que sea para ello.

Desde que, bien poco después de nacer, este diario les demostró que no iba a transigir con sus andanzas, enfilaron sus baterías contra nosotros. Recurrieron al fiscal general de su elección para que la Justicia nos domeñara, pero sólo consiguieron que fuera el fiscal quien se desacreditara. Nos escatimaron la publicidad oficial, pese a estar obligados por la Ley a repartirla con equidad entre todos los medios de comunicación. Presionaron a nuestros accionistas para estrangularnos económicamente. Se sirvieron de la radio y la televisión públicas para atacarnos arbitrariamente, negándonos el derecho de réplica. Pusieron a sus espías detrás de nosotros, pinchando nuestros teléfonos y siguiendo a nuestros periodistas. ¿Resultado? El que está a la vista. Son ellos los que hacen turno ante los tribunales a la espera de ser juzgados. Porque se ha acreditado que nuestras denuncias -y de modo muy particular las relativas a los GAL, a Filesa, a los fondos reservados y al espionaje del Cesid- eran ciertas.

Están furiosos. Y están desesperados. Unos porque saben que la Justicia puede hacer que caiga sobre ellos un baldón que arruine su carrera política para siempre. Otros de modo aún más apremiante, porque ven ante sí un desolador horizonte carcelario. No sabiendo cómo zafarse, recurrieron a la vieja táctica del calamar. No otra era la función del vídeo amañado: crear confusión, dirigir la atención pública hacia otra parte y desacreditar al medio de prensa que más ha contribuido a ponerlos en la picota. Y, de paso, vengarse. ¿Que el método escogido era una canallada? No serían los autores de asesinatos, secuestros y pillajes los que se frenaran ante otra tropelía más.

Pero les ha salido mal. Dejaron demasiados rastros de su sucio manejo. Es definitiva la presencia central en toda la operación de Angel Patón, el cercanísimo colaborador de Julio Feo que durante siete años estuvo en el palacio de La Moncloa «no a cinco metros, sino a veinticinco» del despacho de Felipe González, según cuenta el propio Feo en su libro Aquellos años. Como revela hoy EL MUNDO con pruebas documentales, Angel Patón fue quien alquiló personalmente el piso al que llevaron a Rapú Muebake «para protegerla», según ellos. Las gestiones directas del ex gobernador civil de Guipúzcoa Goñi Tirapu y las órdenes y el dinero aportados por Rafael Vera -que ayer, muy nervioso, se dejó traicionar por el subconsciente a la hora de negar su implicación, llegando a decir: «No me hubiese importado participar en una operación de ese tipo»- acaban por retratar la turbia realidad de esta conjura, tan abyecta como chapucera. Que hayan recurrido para perpetrarla a la activa colaboración de un personaje tan desprestigiado y vecino del hampa pura y dura como el abogado Rodríguez Menéndez es otra muestra más del punto de desesperación al que han llegado en sus maniobras. Descubiertos y aún más en evidencia, nada permite descartar que vayan a emprender una nueva fuga hacia adelante, basada en… lo que se les ocurra. Allá quien quiera hacerles coro: les acompañará en su desprestigio.

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#Cómplices vergonzantes

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En el desprestigio les acompañan ya quienes, dando crédito a las acusaciones de esta banda de perfectos desaprensivos, han salido en las últimas semanas a la palestra protestando porque, según ellos, el director de EL MUNDO estaba siendo tratado con singular benevolencia por la juez Ana Revuelta, a la que de paso atribuían una inexistente relación de amistad con Ramírez. Los ataques contra la juez, basados en puras invenciones, han indignado al conjunto de los jueces de Instrucción de Madrid, que se han planteado realizar una protesta colectiva.

Despellejadores de ocasión, víctimas de sus propios odios y fantasmas, algunos políticos felipistas -de modo muy particular el ex ministro Barrionuevo y Joaquín Leguina, ex presidente madrileño y ahora calumniador profesional- han intervenido públicamente dando por hecho que lo que contaban los intrigantes de los GAL era cierto. En su afán por enlodar al director de EL MUNDO, incluso han afirmado sin la menor prueba que Rapú Muebake ejerce la prostitución. Y ha habido medios de prensa, que se dicen serios y preocupados por la deontología profesional, que han dado cobertura a tales ataques difamatorios, en algún caso con plena conciencia de que se basaban en falsedades.

Tanto Barrionuevo como Leguina son diputados del PSOE. La nueva dirección socialista debe decidir si en su organización hay sitio para individuos que utilizan con tanta bajeza las manipulaciones de la intimidad ajena con tal de llevar agua a su molino político. Algo así está a años luz de las tradiciones de la izquierda.

Durante mes y medio, hemos guardado silencio sobre todo este montaje infame. Ni siquiera nos hemos hecho eco de las muchísimas muestras de solidaridad que nos han enviado nuestros lectores, ni de las adhesiones que nos han hecho llegar un gran número de profesionales de la información. Preferimos callar hasta poder hablar con la verdad de lo sucedido en la mano.

Ahora nuestros lectores ya saben qué es «eso del vídeo de Pedro J.»: otro atentado más de los GAL.

IU ha reclamado que comparezcan urgentemente en el Parlamento los ministros de Interior y Defensa y el director del Cesid. Es una iniciativa correcta. Alguien está pretendiendo impedir con métodos nazis que la Justicia funcione, y al Gobierno incumbe impedir que algo así pueda suceder en la España de hoy.