EL MUNDO inicia una campaña cuestionando a las testigos que identificaron a Jamal Zougam como uno de los terroristas del 11-M

Si el miércoles decíamos que los únicos «globos» que está «pinchando» la realidad son los inflados por el propio Zapatero sobre una tregua de ETA y un proceso de reforma estatutaria acorde con el interés general, hoy apuntamos en cambio que los formados por los agujeros negros del 11-M, a los que tan despectivamente se refirió el presidente en Antena 3, -si es que son globos- continúan intactos. La realidad es que a medida que el juez Juan del Olmo avanza en la instrucción parecen menguar las posibilidades de que el cierre del sumario vaya a esclarecer lo ocurrido.

Para empezar, a estas alturas todavía no está claro cuántas personas participaron en el atentado ni tampoco, por supuesto, quiénes eran. Se sabe que siete presuntos terroristas volaron por los aires en Leganés, pero aunque hay indicios de que alguno pudo colaborar en la colocación de las bombas, ninguno ha sido reconocido por testigos ni hay pruebas concluyentes sobre su implicación.Tras año y medio de pesquisas, y más de un centenar de detenidos, en el sumario sólo aparecían dos personas identificadas como autores materiales de la masacre: Jamal Zougam y Basel Ghalyoun.Y decíamos «aparecían» porque uno de ellos ha obtenido recientemente una rebaja de su calificación judicial. Según ha podido averiguar este periódico, Ghalyoun logró superar la segunda rueda de reconocimiento ante personas que habían asegurado haberle visto colocando las mochilas y cenando en un restaurante de Alcalá la noche previa a la masacre. El magistrado le ha negado la libertad condicional, pero ya no será juzgado como autor material sino por colaboración con banda armada. De manera que en el banquillo, sólo se sentará un acusado como autor material de la mayor masacre terrorista de España. Es cierto que existen indicios que incriminan a Zougam.Ahí están los testigos que dicen haberle visto en los trenes y el hecho de que las tarjetas halladas en el móvil de la mochila de Vallecas y en los teléfonos utilizados por varios de los presuntos terroristas formaban parte de una partida adquirida por Zougam.Sin embargo, ambos elementos incriminatorios pueden ser rebatidos con planteamientos lógicos. Los reconocimientos son de una fiabilidad relativa, como demuestra el propio caso de Ghalyoun, y además, si el criterio de imputación fuera ése, también debería estarlo Haddad, quien se encuentra libre en Tetuán.

Lo que sí agrava el caso de Zougam son las tarjetas. Pero aquí también existen dudas razonables: ¿Por qué, si sabía que serían utilizadas para provocar una masacre, permaneció impasible hasta su detención el 13 de marzo, es decir hasta dos días después de que hubiera saltado a la luz pública la existencia de la mochila de Vallecas? Por otra parte, si era uno de los autores materiales, ¿qué necesidad tenían sus presuntos cómplices de recurrir a Kalaji para liberar los móviles, cuando ése era un servicio que ofrecía Zougam constantemente en su propio locutorio? En este sentido, no deja de resultar relevante que fue precisamente la detención de Zougam la que inclinó definitivamente a la opinión pública del lado de la tesis islamista, con el consiguiente impacto sobre el resultado electoral.

En definitiva, vamos encaminados hacia un juicio con un solo autor material y plagado de dudas respecto a la coherencia de esa única imputación. Los agujeros negros del 11-M no sólo no se han pinchado, sino que, por desgracia, cada día que pasa cogen más aire.

El 13 de marzo de 2004, dos días después de los atentados y un día antes de las elecciones generales, la Policía detuvo a cinco personas como presuntos responsables de la matanza. Aquellas detenciones, que la opinión pública consideró sorprendentemente rápidas, pero suficientes para demostrar la implicación de Al Qaeda en la masacre de Madrid, hicieron que terminara calando entre la ciudadanía la sensación de que el Gobierno del PP estaba mintiendo.

Y, sin embargo, casi dos años después, y con los datos del sumario judicial en la mano, estamos en condiciones de afirmar que el 13 de marzo se detuvo, en plena jornada de reflexión, a cinco personas inocentes, que nada tenían que ver con los atentados.

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Las detenciones del 13 de marzo

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El día 13 de marzo, la Policía detuvo a dos indios por vender los teléfonos móviles utilizados en las bombas y a tres marroquíes por vender las tarjetas telefónicas usadas en esos mismos artefactos. Vistas las cosas a fecha de hoy, esas detenciones resultan sorprendentes: si los terroristas hubieran adquirido los teléfonos y las tarjetas en un gran hipermercado, ¿habríamos detenido al dependiente, a la encargada del local o a los dueños de ese hipermercado? Dicho de otro modo: el 13 de marzo se detuvo a cinco personas por realizar una actividad (vender tarjetas y teléfonos) que no constituye un delito. Es precisamente ése el motivo por el que el juez puso en libertad a cuatro de esas cinco personas a las pocas semanas de su detención.Pero el mal ya estaba hecho.

Lo curioso es, además, que cada vez resulta menos sostenible que aquellas cinco personas vendieran efectivamente los teléfonos y tarjetas usados en los atentados. Es más: después de dos años de investigaciones, cada vez está menos claro que se usaran teléfonos y tarjetas telefónicas en las bombas que acabaron con las vidas de 191 españoles.

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¿Qué fue lo que estalló en los trenes?

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Todavía no sabemos, a estas alturas, cuál es el tipo de explosivo que se usó en la matanza. Ni siquiera estamos ya seguros de que en los trenes se usara Goma 2, porque las declaraciones del jefe provincial de los Tedax ante el juez apuntan a que pudo haberse usado explosivo militar C3 o C4. Tampoco estamos seguros de que ese explosivo estuviera introducido en mochilas o bolsas de viaje, como se nos había dicho al principio.

El análisis del vídeo de la explosión de Atocha y el examen de los destrozos causados en los trenes apunta a que los artefactos estaban confeccionados de modo que las explosiones se dirigieran lateralmente, hacia los andenes. Ese efecto direccional es imposible de conseguir si nos limitamos a meter explosivo a bulto en una mochila.

Independientemente de dónde estuviera alojado el explosivo, tampoco sabemos qué mecanismo se empleó para hacerlo estallar. ¿Teléfonos móviles en modo alarma, como se nos dijo en un principio? ¿Teléfonos móviles en modo llamada, como parece desprenderse de recientes informes policiales? ¿Temporizadores? ¿Radiotransmisores? No lo sabemos. Con lo cual, el 13 de marzo se detuvo a cinco personas por vender unas tarjetas y unos teléfonos, y dos años después ni siquiera sabemos si las bombas del 11-M usaban tarjetas y teléfonos.

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La puesta en libertad

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Aun suponiendo que en las bombas del 11-M se usaran las tarjetas y teléfonos que en un principio se nos dijo, resulta cada vez más dudoso que esas personas detenidas el 13 de marzo vendieran esas tarjetas y teléfonos. El sumario del 11-M contiene los datos contables de las empresas que intervinieron en la comercialización de las tarjetas y teléfonos móviles supuestamente utilizados en las bombas. Y el análisis de esos datos contables demuestra que es prácticamente imposible que las tarjetas telefónicas fueran vendidas por los tres marroquíes detenidos el 13-M. En cuanto a los dos indios que vendieron los teléfonos móviles, es posible que esos aparatos salieran de su tienda, pero desde luego no en las fechas inmediatamente anteriores a los atentados, como en un principio se nos dijo.

Cuando el juez puso en libertad a cuatro de los cinco detenidos del 13-M, no lo hizo por las dudas sobre si se usaron bombas con móviles (porque esas dudas surgieron después). Tampoco lo hizo porque dudara de que esos cinco individuos habían vendido los teléfonos y tarjetas (porque las dudas a este respecto también surgieron más adelante). Si el juez Del Olmo puso en libertad a esas cuatro personas es, pura y simplemente, porque la venta de tarjetas y teléfonos no constituye delito ni sirve de prueba de su implicación en la matanza, de modo que no había nada que justificara su permanencia en prisión.

¿Y qué pasa con el quinto detenido, Jamal Zougam?

Pues que en su caso, aunque había sido detenido tan absurdamente como sus cuatro compañeros, el juez Del Olmo no pudo ponerle en libertad, porque aparecieron otras pruebas que parecían incriminarle en la ejecución de los atentados. En concreto, tres testigos de los trenes de la muerte afirmaron haber visto a Zougam acarreando mochilas o bolsas de viaje en tres trenes distintos.

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¿Qué tenemos contra Zougam?

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Lo primero que extraña en el caso de Zougam es su comportamiento. Después de los atentados, Jamal Zougam siguió yendo a trabajar como siempre a su locutorio telefónico, y así continuó hasta el 13 de marzo, fecha en que la Policía se presenta a detenerle. Sus empleados declaran que su comportamiento antes y después de los atentados era normal. Si hubiera participado en la masacre y hubiera colocado tres bombas, como afirman los testigos, ¿tiene sentido que continuara haciendo su vida normal, en lugar de huir o de esconderse? Luego analizaremos esas declaraciones de los testigos de los trenes, pero primero hagamos otra pregunta: ¿existe algún otro dato, además de esos tres testigos, que permita deducir que Zougam participó en los atentados?

La respuesta es negativa. En los informes policiales entregados al juez Del Olmo nos encontramos con el hecho de que las huellas de Zougam no aparecen en ninguno de los escenarios relacionados con el 11-M: no aparecen en la mochila de Vallecas, ni en la furgoneta de Alcalá, ni en el artefacto de las vías del AVE, ni en la casa de Morata, ni en el piso de Leganés, ni en ninguno de los vehículos o domicilios utilizados por los restantes miembros de la trama.

Tampoco aparecen rastros del ADN de Zougam en ninguno de esos escenarios. Como tampoco se ha detectado ninguna llamada telefónica cruzada con ninguno de los otros implicados en el 11-M.Si Zougam hubiera participado en los atentados, ¿no habría debido dejar algún rastro, aunque fuera mínimo? Y, sin embargo, no hay nada. En consecuencia, si Zougam está en la cárcel es, pura y simplemente, por unos testimonios que le sitúan en tres trenes distintos aquella mañana del 11 de Marzo.

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Los testigos de los trenes

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Sin embargo, el análisis de esos testimonios, publicado en Libertad Digital, resulta contundente.En primer lugar, la declaración de uno de los testigos (vamos a llamarle testigo A) es incompatible con la de los otros dos.Si los tres testigos dijeran la verdad, Jamal Zougam habría tenido que estar en dos trenes distintos al mismo tiempo, cosa evidentemente imposible. Además, ese testigo A sólo pudo reconocer a Jamal Zougam con dudas, por lo que tanto el juez como la Policía descartaron su testimonio.

¿Y qué sucede con los testigos de los otros dos trenes, los testigos B y C? Pues que sus declaraciones no son incompatibles entre sí desde el punto de vista temporal. Sería perfectamente posible, según sus declaraciones, que Zougam hubiera colocado una bomba en un tren, se hubiera bajado y hubiera tomado el siguiente tren para colocar una segunda bomba. Sin embargo, aunque no existan contradicciones temporales, sí que existen otras contradicciones enormemente graves.

En primer lugar, uno de los testigos dice que Zougam tenía el pelo rizado, mientras que el otro le describe como de pelo ondulado, liso y largo hasta los hombros. En segundo lugar, uno de los testigos vio a Zougam con una chaqueta marrón, mientras que el otro le vio con un tres cuartos de color negro. Pero lo más extraño es que uno de los testigos vio a Zougam con la nariz escayolada, mientras que el otro no. Evidentemente, esos dos testigos vieron a dos personas distintas.

Pero, además, es que las declaraciones de esos testigos contienen otros muchos datos contradictorios. Uno de ellos (que viajaba en el tren que estalló en El Pozo) reconoce directamente que no pudo ver la cara a esa persona a la que identifica como Zougam, porque sólo la vio de perfil. El otro testigo (que viajaba en el tren que estalló en Santa Eugenia) tampoco vio bien la cara del individuo sospechoso, y además dice que esa persona que él identifica como Zougam depositó una mochila en el suelo, junto a una puerta. Sin embargo, en el tren de Santa Eugenia sólo estalló una bomba, y esa bomba estaba situada en un altillo portaequipajes, no junto a una puerta.

Como vemos, esos testimonios son insostenibles, de modo que la situación en que nos encontramos es que sólo tenemos un presunto autor material de los atentados, Jamal Zougam, y los datos que hay contra él son tan absurdos que será absuelto, sin ningún género de dudas, el día que se celebre el juicio.

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¿Por qué le reconocieron los testigos?

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Para entender por qué le reconocieron los testigos de los trenes hay que tener en cuenta cuándo fueron hechos esos reconocimientos. En los tres casos, el reconocimiento fotográfico se realizó después de la detención de Zougam, cuando la fotografía de éste ya había sido aireada en todos los medios de comunicación y cuando ya se le había acusado ante la opinión pública de ser el autor de los atentados.

Además, esos reconocimientos no fueron precisamente modélicos y serán probablemente anulados cuando se celebre el juicio. Los reconocimientos fotográficos ante la Policía fueron hechos enseñando a los testigos fotografías de tan sólo nueve individuos, cinco de los cuales eran los cinco detenidos del 13-M. En cuanto a las ruedas de reconocimiento que se hicieron, el juez había pedido expresamente que se llevaran a cabo juntando a Zougam con otros seis individuos parecidos, porque ésa es la única manera de que el testigo realice la identificación en condiciones objetivas.Sin embargo, esas ruedas de reconocimiento se hicieron en circunstancias bien distintas.

Como relata amargamente el propio Jamal Zougam en una carta enviada a su anterior abogada, aquella rueda de reconocimiento se compuso con personas que en nada se parecían a él: uno de ellos rubio, otros varios con el pelo liso, otro de ojos verdes, ninguno de ellos moro. Tenemos los nombres y apellidos de las siete personas con las que se compuso aquella rueda de reconocimiento: André, Martín, Mini, Rubén, José Luis, José y… Jamal. Teniendo en cuenta la composición de esa rueda, era prácticamente imposible que los testigos no «reconocieran» a Zougam, el único moro del grupo. Y aun así, uno de los dos testigos (el que viajaba en el tren de Santa Eugenia) manifestó que la persona que él vio tenía el pelo más liso que Zougam.

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Entonces, ¿qué nos queda?

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Pues la verdad es que nada. No existe ningún dato que avale que Jamal Zougam estuviera en los trenes.No existe ningún dato que sitúe a Zougam en ninguno de los escenarios de la trama del 11-M. No existe ningún hecho que le vincule con ninguno de los restantes acusados.

¿Es culpable Jamal Zougam? Después de leer los 52.000 folios del sumario desclasificados hasta julio de 2005, no aparece ni un solo dato, ni un solo hecho, ni una sola prueba, que apunten a la culpabilidad de ese hombre. Y sí se encuentran, por el contrario, numerosos datos, numerosos indicios y numerosos hechos que apuntan a todo lo contrario, a que Jamal Zougam podría haber sido utilizado como simple cabeza de turco. Con los datos que tenemos, ese hombre no tuvo la más mínima participación en los atentados.

¿Y si existieran pruebas que desconocemos y que demuestren la culpabilidad de Zougam?, se preguntará algún lector. ¿Acaso no es posible que existan pruebas contra Zougam en la parte del sumario no desclasificada, que recoge las investigaciones realizadas desde julio de 2005 hasta la fecha? Posible es, en efecto, pero ¿qué validez tendrían unas pruebas que aparecen 16 meses después de los atentados, tras derrumbarse todas las pruebas anteriores? Dicho de otro modo: si la razón incuestionable para mantener a Zougam en la cárcel aparece 16 meses después de ingresar éste en prisión, ¿por qué hemos mantenido a Zougam en la cárcel esos 16 meses basándonos en razones cuestionables?

En otra de esas cartas que escribe desde la cárcel, Zougam describe con sincera candidez su situación actual: «Estamos en un país democrático donde hay justicia… Y yo todavía no sé por qué estoy en la cárcel».

EL MUNDO adelanta hoy algunos aspectos del escrito de la defensa de Jamal Zougam que arrojan serias dudas sobre la participación del marroquí en los atentados del 11-M. Lo primero que conviene tener presente es que el escrito de un abogado es siempre una posición de parte y que por tanto no transmite una visión aséptica de la realidad sino aquélla que más beneficia a su cliente. Ahora bien, en el documento se incluyen detalles muy relevantes para la decisión que tendrán que tomar los magistrados sobre Zougam tras la vista oral.

El aspecto más llamativo del escrito es quizá el relativo a los testigos que reconocen al marroquí como uno de los autores de la masacre. De los cuatro que dicen haberle visto aquella mañana, tres hicieron su declaración después de que su foto fuera difundida en los medios, lo que sin duda merma el crédito de sus testimonios.

En cuanto al cuarto, sus palabras no concuerdan con los hechos. Asegura que Zougam se sentó junto a él en el lado derecho del piso inferior de uno de los dos vagones que explotaron en la estación de El Pozo. Sin embargo, en ambos casos las bombas estallaron en el piso de arriba y en el lado izquierdo. No es ésta la única contradicción en estos testimonios -dos testigos vieron a Zougam en el tren de El Pozo y los otros dos en el de Santa Eugenia-, pero sí es la más importante y arroja nuevas dudas sobre si estaba realmente allí.

No es la primera vez que surgen perplejidades sobre el papel de Jamal Zougam. Resulta increíble que quien habría proporcionado las tarjetas para las bombas del 11-M e incluso colocado una de ellas se quedara en casa esperando a que la policía fuera a detenerle cuando ya se sabía que había aparecido en Vallecas la mochila que podía incriminarle. Aún más extraño es que uno de los dependientes de su locutorio le vendiera a la banda de El Chino las tarjetas del atentado. ¿Alguien se cree que se las cobrara a sus propios compinches?

Conviene recordar que tanto Trashorras como el imam Cartagena han revelado que la policía tenía gran interés en involucrar a Zougam en la trama y que su detención el 13 de marzo fue muy importante para convencer a la ciudadanía de la autoría del 11-M. La endeblez de los indicios contra él contrasta con la trascendencia política de su detención y con la relevancia que le atribuye el relato del juez, que no ha procesado a ningún otro de los detenidos como autor material de la masacre.

Supermán Zougam. Un hombre cargado con tres mochilas con 10 kilos de explosivos en cada una y una férula de escayola en la nariz se sube al tren en Alcalá de Henares y abandona una de las bolsas. Se baja en San Fernando y, tras retirarse esa molesta prótesis y cambiarse de chaqueta, toma el Cercanías que pasa cinco minutos después y deja un segundo fardo… Todavía con un bulto al hombro, se apea en Coslada, se cala un gorro de lana, se lía una bufanda… y por tierra o aire, quién sabe, se lanza para alcanzar en Vallecas -por ejemplo- un tercer convoy que le lleva 10 minutos de ventaja, donde por fin se deshace de su pesada carga y, cumplida su misión, desciende en Entrevías.

La combinación de los testimonios que la Fiscalía consideraba que tenían credibilidad suficiente como para ser propuestos en el juicio oral con objeto de incriminar a Jamal Zougam ofrece un resultado imposible. Cuatro testigos sitúan al acusado en tres trenes diferentes, en horas distintas y con una descripción física dispar. Casualmente, se da esta circunstancia con el primer procesado cuya imagen fue difundida por los medios de comunicación: el rostro de Zougam abrió telediarios y copó portadas desde dos días después de la masacre.

La testigo protegido X-11 dice haber visto a Zougam -«sin ninguna duda»- apeándose con un gorro y una bufanda en la estación de Entrevías. Ese tren había salido de Alcalá a las 7.05 horas, minutos antes que los otros dos convoyes en los que se sitúa al acusado. Si ese Cercanías iba por delante, ¿cómo pudo Zougam tomarlo tras haber dejado las mochilas en los otros dos, que estallaron varias estaciones antes de llegar a Entrevías?

X-11 participó en un primer reconocimiento fotográfico el 13 de octubre de 2004, siete meses después del atentado. Después, realizó una rueda de identificación en la que ya no señaló a Zougam, sino a otro procesado que había aparecido en los periódicos: Abdelmajid Bouchar. Ya en el juicio, decidió quedarse con Zougam.

Descartado que el testimonio de X-11 sea compatible con los restantes, la relación espacio-temporal sí hace posible que combinen el del testigo A-27 (que vio a Zougam en el tren que estalló en El Pozo) con los de las compañeras de trabajo C-65 y J-70 (que lo sitúan en el que explotó en Santa Eugenia).

La secuencia encajaría si el acusado hubiese tomado, con dos voluminosas mochilas al hombro, el Cercanías de la línea C1 que partió de Alcalá a las 7.10 horas, se hubiese apeado en Torrejón o en San Fernando (donde A-27 dice haberse percatado de que Zougam ya no estaba) y hubiese cogido, cinco minutos después, el siguiente tren, de la línea C7. De hecho, la testigo C-65 señaló el martes que pudo ver al procesado en el tramo entre San Fernando y Coslada.

Siendo verosímil, esta hipótesis presenta algún problema de credibilidad. A-27 (el único testigo que dice haber reconocido a Zougam antes de que su fotografía fuese difundida) afirmó que el acusado llevaba una chaqueta marrón y una férula de escayola en la nariz. C-65 y J-70 vieron un abrigo de tres cuartos gris y un rostro sin prótesis que dificultase su identificación. La primera de estas dos testigos declaró en la Policía un mes después del atentado; la segunda, que era compañera de trabajo, lo hizo cuando ya había pasado más de un año.

A-27 también aseguró que le llamó la atención que Zougam llevase «una bolsa azul de grandes dimensiones». Más se hubiese sorprendido si, en lugar de una, el sospechoso hubiese portado dos… Siempre queda la posibilidad rocambolesca, nunca antes apuntada y contradictoria con los informes policiales, de que un terrorista esperase al acusado en Torrejón o en San Fernando para entregarle otra bomba.

Además, el testigo A-27 dijo dos días después de la masacre que Zougam dejó su bolsa en el piso inferior del convoy… En ese tren, la bomba estalló en el superior. El martes quiso desdecirse, para luego reconocer que, tres años después, ya no se acordaba.

Cuando se le tomó declaración el 1 de abril en el consulado rumano C-65 aseguró que iba en el tren con una compatriota distinta a la que dijo en el juicio que le acompañaba. La otra mujer también reconoció a Zougam pero la Policía no la creyó. C-65 le dijo a la Policía que se fijó en Zougam porque tuvo un incidente al cambiar de vagón; a Del Olmo que le había «rozado» con la mochila; a Bermúdez que el impacto la había «desplazado», y a EL MUNDO que él se giró y entonces ella le vio la cara. C-65 declaró que en el momento del atentado le cayó encima un cadáver cuando en su vagón no hubo ni muertos ni heridos graves. Su marido fue aceptado como víctima de otro tren y su hermano desechado pese a que declararon que iban juntos. Además de lograr casi 100.000 euros y la nacionalidad española tanto ella como su marido fueron contratados tras el 11-M por la empresa de seguridad del íntimo amigo del comisario González que pagó la polémica cacería de Bermejo y Garzón

Versión moldeable, testigos de quita y pon

La credibilidad de la testigo protegido C-65, cuyo testimonio es el que sostiene teóricamente de forma más sólida la prueba de cargo que sirvió para condenar a Jamal Zougam, deja mucho que desear si se analiza paso a paso su relato y las circunstancias que lo rodean.

Su versión de los hechos ha ido variando con el tiempo; fabuló y exageró sus síntomas para recibir el máximo dinero posible como víctima del 11-M; logró que su marido fuera considerado también víctima y estuvo a punto de lograrlo con su hermano. Ambos dijeron que resultaron heridos en las explosiones del 11-M, aunque en un tren distinto al de ella.

Vayamos por partes. Aunque no consta en el sumario, la primera vez que C-65 acudió a declarar fue en el consulado de Rumanía en Madrid, el día 1 de abril de 2004, según confirmaron fuentes de la investigación a EL MUNDO. Lo hizo acompañada por otra mujer, también de nacionalidad rumana. Ambas dijeron que el 11-M viajaban juntas en el mismo vagón y que sospecharon de una persona que llevaba una mochila y que había tenido un incidente con otro pasajero al pasar por la puerta interior de un vagón a otro. Y a ambas se les enseñaron fotos por separado e identificaron a Zougam.

Pues bien, en ningún sitio figura que esa segunda testigo, que no es la misma que luego compareció en el juicio, declarase ante la Policía, ni ante el juez. Sencillamente, se esfumó. Todo hace pensar que se trata de una falsa víctima que se apuntó a ratificar el testimonio de C-65 para lograr la indemnización y la regularización de su situación.

La testigo protegido C-65 declaró y reconoció fotográficamente en Canillas ese mismo día a Zougam como el hombre que había visto en el tren que estalló en Santa Eugenia (su foto había sido difundida masivamente 10 días antes). Lo que no dijo entonces fue que la acompañase otra amiga distinta a la que fue con ella al consulado. Tampoco se lo dijo al juez. Sin embargo, tras declarar la testigo J-70 en febrero de 2005, no tuvo ningún inconveniente, durante la vista oral, en afirmar que era con ella con quien viajaba.

Los elementos más importantes de su relato también han ido evolucionando con el tiempo. En su primera declaración ante la Policía (el 1 de abril de 2004), afirmó que se fijó en la persona que reconoció como Zougam porque éste «empujó violentamente a otro joven» al pasar por la puerta que une los dos vagones.

Sin embargo, en su declaración ante el juez instructor (el 20 de mayo de 2004), añade un dato sustancial que olvidó mencionar ante la Policía: afirma que Zougam «le rozó el hombro para abrirse camino».

Más tarde, en la vista oral, C-65 declaró que «ese señor tenía la mochila en el hombro izquierdo y me tocó en mi hombro derecho». Y añadió que lo hizo con tal fuerza que la «movió del asiento y no me ha pedido perdón».

Cuando EL MUNDO le preguntó cómo era posible que viera la cara de alguien al que sólo podía ver de espaldas -según la posición en la que iba sentada y el sentido del recorrido del supuesto terrorista- y no se paró a disculparse, ella respondió: «Me miró de frente y se encaró conmigo».

Tras acusar al marroquí, entre C-65 y su marido -que curiosamente viajaba en un tren diferente- percibieron cerca de 100.000 euros, sumando las cantidades de la sentencia y las que otorgaba el Consorcio de Compensación de Seguros. Y sobre todo, pasaron de ser inmigrantes rumanos en situación irregular a españoles de pleno de derecho.

El hermano de C-65 no tuvo tanta suerte como su marido. Su nombre aparece en el listado de personas que decían haber estado en los trenes pero fueron expulsadas del procedimiento por mentir.

Según documentos de la asociación de Pilar Manjón, cuyo contenido ha conocido EL MUNDO a través de fuentes solventes, el comportamiento de la testigo C-65 y de su familia durante la tramitación de las indemnizaciones ahonda en las dudas sobre su credibilidad. C-65 trató de exagerar sus síntomas al relatar a los profesionales que la examinaron que, tras la explosión que se produjo en el tren de Santa Eugenia, se le cayó un muerto encima, del que tuvo que zafarse para poder escapar del convoy. Según el sumario, en el vagón en el que ella declaró viajar -el quinto- no falleció ningún viajero, ni hubo heridos graves, ya que apenas resultó afectado por la explosión, que se produjo hacia la mitad del cuarto vagón.

Pero especialmente llamativa es la actuación de su familia que, tras la matanza, pidió en bloque la indemnización que correspondía a las víctimas. El marido de C-65 también alegó que iba en los trenes. Fuentes conocedoras de la pieza reservada del sumario y ella misma confirman que él contó que viajaba en un convoy distinto con su cuñado (el hermano de la testigo) y que les sorprendió la explosión en Atocha.

Esa versión tiene tres problemas. El primero es que ese tren hacía exactamente el mismo recorrido que el que explotó en Santa Eugenia, en el que iba su esposa, y salió de Alcalá con poco más de 10 minutos de diferencia, por lo que es difícilmente explicable que marido y mujer no hicieran juntos el mismo trayecto.

El segundo problema es que el vagón en el que él dijo que viajaba sufrió tal grado de destrucción (en su interior se encontraron 12 cadáveres y, en su entorno, otros 20) que es prácticamente imposible que saliese de él por su propio pie y sin heridas graves (la sentencia recoge que no tuvo secuelas).

Y el tercer problema es que el cuñado que él aseguró que le acompañaba está en la relación de personas que fueron expulsadas del procedimiento por mentir. El informe de los forenses fue tan contundente contra el hermano de C-65 que el juez Félix Degayón, que sustituyó durante unos meses a Juan del Olmo al frente del 11-M, propuso en septiembre de 2005 que fuese imputado por simulación de delito. La fiscal Olga Sánchez lo evitó, pero en todo caso fue excluido del sumario.

Con el empresario de la cacería de Bermejo

La testigo protegido C-65 y su marido fueron contratados después de la sentencia del Supremo por el empresario Lorenzo González, que mantiene una relación estrechísima con altos mandos de la Policía española. Entre otros, es amigo íntimo del comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, de la máxima confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba, o Gabriel Fuentes, que era subdirector general del Gabinete Técnico de la Policía en el 11-M.

La Dirección General de la Policía la declaró apta en las pruebas de selección para un puesto de vigilante de seguridad en noviembre de 2009 y a él, dos meses después.

El empresario Lorenzo González, muy conocido en el sector, alcanzó notable relevancia pública en febrero de 2009, cuando se conoció su participación en una montería en el coto jiennense de Cabeza Prieta junto al entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo (que dimitió en mitad de la tormenta provocada por el incidente), el juez Baltasar Garzón, la fiscal Dolores Delgado y su amigo el comisario Juan Antonio González, el célebre JAG. Hacía escasos días que se había desarrollado la operación Gürtel contra cargos públicos del PP, dirigida precisamente por Garzón.

Aunque su sociedad es concesionaria del servicio de seguridad en diversas empresas públicas, Lorenzo González corrió con todos los gastos de la cacería, según publicó la revista Época.

La empresa de Lorenzo González cuenta con varios ex miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su Consejo de Administración y hasta su director de personal es un antiguo policía, según confirmaron fuentes sindicales.

La Policía tiene la competencia exclusiva para inspeccionar, controlar y, en su caso, sancionar a las empresas de seguridad.

Después de declarar contra Zougam en el juicio, y de sostener la versión policial que apuntaba al marroquí como autor del atentado, C-65 y su marido se sometieron a las pruebas de selección para vigilantes de seguridad que organiza la Dirección General de la Policía. Y las superaron para ser contratados por la empresa de seguridad de Lorenzo González, que tiene una estrechísima amistad con el comisario jefe de la Policía Judicial, JAG.

Entre otras operaciones, JAG fue el jefe de la Brigada Judicial de Madrid que organizó en 1995 el arresto en Bangkok del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. EL MUNDO desveló después que se había tratado de una entrega pactada en la que tuvo un papel destacado el espía Francisco Paesa, con el que JAG se había reunido en fechas anteriores a la operación.

Desde entonces, tiene la mejor consideración entre los dirigentes del PSOE, que en julio de 2004, recién llegado al poder, lo recompensó poniéndolo al frente de la Policía Judicial.

LAS INFORMACIONES que por tercer día consecutivo ofrecemos acerca de la fiabilidad de los tres testimonios que llevaron a señalar a Zougam como autor material de los atentados del 11-M son tan reveladoras que deberían bastar para revisar su condena.

El lunes desvelamos que el testigo protegido R-10 ni identificó al marroquí en un «acta de reconocimiento fotográfico» de la Policía -pese a que así consta en la sentencia- ni sorprendentemente fue citado a declarar en la vista en la que podría haber destapado esa prueba fraudulenta.

Ayer descubrimos que la testigo J-70 fue considerada en dos ocasiones falsa víctima y que sólo tras ver fracasados sus intentos por obtener la correspondiente indemnización, transcurrido ya casi un año desde los atentados, fue cuando identificó a Zougam.

Hoy, por último, aportamos datos más que suficientes para cuestionar la credibilidad de C-65, el último testigo protegido. Esta persona engañó a la Policía, inventó hechos y cambió de versión para tratar de dar mayor verosimilitud a sus declaraciones. Primero aseguró en el consulado de Rumanía que iba en el vagón con una compatriota distinta a la que 10 meses después dijo que le acompañaba. Aquella falsa acompañante también aseguró haber reconocido a Zougam, pero la Policía no la creyó.

C-65 sostuvo también que tras las explosiones le cayó un cadáver encima, pese a que en el tren que viajaba no hubo ni muertos ni heridos graves. Además, en su versión inicial a los agentes, declaró que había reparado en Zougam porque éste tuvo un incidente con otro pasajero al ir a cambiar de vagón. Dado que el testimonio podía ofrecer dudas, en la Audiencia Nacional añadió que el marroquí le «rozó» con la mochila. Y al llegar el juicio al Supremo, afirmó que Zougam la había «movido de la silla». Parece increíble que si hubo contacto físico no lo hubiera hecho constar desde el principio.

Por si todo ello no fuera suficiente para dudar de su testimonio, hoy sabemos que su marido fue aceptado como víctima de otro tren, con dos particularidades: no sufrió heridas graves pese a viajar en el vagón más afectado -hasta el punto de que fue el que mayor número de muertos registró en Atocha-, pero sobre todo, declaró que viajaba con su cuñado, el hermano de C-65, que fue descartado como víctima por los forenses y a quien el juez propuso imputar por delito de simulación.

El colofón de nuestras averiguaciones no tiene desperdicio. Tanto C-65 como su esposo fueron indemnizados, recibieron la nacionalidad española y fueron contratados por la empresa de seguridad del íntimo amigo del comisario González, el que pagó la famosa cacería de Bermejo y Garzón que le costó el puesto al ministro.

Si algo dejan meridianamente claro los datos que hemos publicado estos días es que se vulneró el derecho de defensa de Zougam. Los abogados nunca conocieron las identidades de los tres testigos protegidos y el sumario no incluyó datos relevantes. Si los letrados hubieran tenido la información que ahora aportamos podrían haber destruido su credibilidad. Y eso nos lleva a una conclusión dramática.

Vistas ahora las inconsistentes pruebas contra Zougam y conocidos los numerosos contraindicios que apoyan su inocencia -es el único autor detenido, no huyó pese a que pudo hacerlo, nunca se encontró ni una huella dactilar ni restos de ADN en los lugares clave, sólo horas antes de la masacre estuvo ejercitándose en su gimnasio de siempre…-, no es difícil llegar al convencimiento de que está pagando por un crimen que no cometió.

Puesto que han aparecido pruebas nuevas y tienen una base sólida, lo lógico sería repetir el juicio a Zougam. La ley lo permite. Pero sobre todo, la ética lo exige.

Los abogados que defienden a Jamal Zougam desde que finalizó el juicio del 11-M, Eduardo García Peña y Francisco Andújar, anuncian en una entrevista una querella por falso testimonio contra las testigos C-65 y J-70. El Supremo utilizó a las dos para sostener la condena contra ese ciudadano marroquí como único autor vivo de la matanza.

Tras conocer las informaciones de EL MUNDO, los dos letrados creen que «estamos ante el error más grave de la historia judicial española».

Excmo. Sr. Ministro de Justicia:

JAMAL ZOUGAM, de 38 años de edad, como nacido el 5 de octubre de 1973, natural de Tánger (Marruecos), hijo de Mohamed y de Aicha, de estado civil soltero y titular del N.I.S. X-8524666, ante V.E. comparece y con los debidos respetos, EXPONE: Que con fecha de 31 de octubre de 2007, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia en la que se me condena a 42.922 años de prisión por los atentados cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004, al considerar probado que yo era miembro de una célula terrorista de tipo yihadista y que, como tal, fui autor de 191 homicidios consumados y de 1.856 homicidios en grado de tentativa. La sentencia de la Audiencia Nacional fue confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 17 de julio de 2008 y la pena la cumplo en el Centro Penitenciario de Villena (Alicante) en régimen de aislamiento, situación en la que me encuentro desde el 13 de marzo de 2004, que fue cuando preventivamente me encarcelaron.

Doy por hecho, señor, que V.E. conoce que mi condena, según los magistrados que la decretaron, se funda en la identificación que de mí hicieron tres viajeros de uno de los trenes, a los que se otorgó el estatuto de testigos protegidos con las claves J-70, C-65 y R-10, hasta el extremo de calificar sus testimonios de «claros, independientes y concordantes, sin fisuras (…)».

Pues bien, resulta y espero acertar si supongo que habrá leído la información, que esta semana, durante tres días consecutivos, el diario EL MUNDO ha publicado unas investigaciones en relación con esos testigos que me atrevo a calificar de terribles. La ligereza con la que procedieron los tres, uno de los cuales ni siquiera estuvo en el juicio, raya en lo inconcebible, aunque también confirma lo que desde el primer momento mucha gente pensó, o sea, que más que testigos protegidos, fueron elegidos y que sobre ellos algunos funcionarios policiales es muy probable que ejercieran una presión insoportable, sin descartar el precio, la recompensa o la promesa.

Estoy convencido, pues, de que atendida la publicación a la que aludo, hoy aquellas declaraciones no habrían de merecer opinión tan elogiosa de ser testimonios «de una firmeza y seguridad encomiables», que es como la sentencia calificó las deposiciones. Esto sin contar que el presidente del tribunal cercenó cualquier intento de cuestionar la fiabilidad de las dos testigos que comparecieron, pues por mucha que fuera la protección dispensada, ello impedía a la defensa conocer la identidad de las personas a las que interrogar y preguntar acerca de datos que, precisamente, hubieran permitido demostrar que esos testigos eran parciales e indignos de crédito. Si esos testimonios que sirvieron para condenarme hubieran sido examinados con el ineludible espíritu crítico y analizados meticulosamente, la conclusión no hubiera sido la alcanzada por sus señorías, aunque, a decir verdad, ya por entonces no eran pocos los indicios que apuntaban cuán peligrosamente estaban expuestas al error. Quiero pensar que si el tribunal hubiera conocido lo que hoy se sabe de tan amparados y blindados testigos J-70, C-65 y R-10, ninguno les hubiera merecido fe alguna.

Los abogados que me defienden han declarado que mi condena es el error más grave de la historia judicial española y también que, para hacer viable la revisión de la sentencia, van a presentar una querella por falso testimonio contra las dos rumanas, cuñadas entre sí, que comparecieron y pronunciaron mentira. Yo no soy nadie para decir si ese es el camino más correcto, que, a no dudar, lo es y no saben ellos, los señores letrados, lo muy agradecido que les estoy, pero, además de esa iniciativa, si me dirijo a V.E. es porque creo que la grandeza de su corazón no habrá de permitirle encogerse de hombros ante mi inocencia destruida por la justicia penal.

He leído, señor ministro, pues tiempo no me falta para hacerlo, que el recurso que le pido ordene interponer al fiscal general del Estado es excepcional y que el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, lo mismo que antes hiciera en otras, afirma que el juicio de revisión sólo es admisible en los cuatro supuestos legalmente tasados. No obstante, me reconforta saber que para tan alto tribunal la esencia del recurso es preservar el necesario y saludable equilibrio entre seguridad jurídica y Justicia o, lo que es igual, que, a la larga, lo trascendental es que la verdad material triunfe frente a la verdad formal.

He visto, también, que uno de los casos que permite la revisión es cuando se sufre condena a causa de testimonios que luego son declarados falsos en sentencia firme, pero se me ocurre si, tal vez, mi recurso no podría ir porque después de la sentencia que me tiene aquí encerrado ha sobrevenido el conocimiento de nuevos hechos que evidencian ser inocente; esto es, que la prueba de testigos y que fue la base de mi condena, ha quedado totalmente desvirtuada por las investigaciones publicadas.

Porque juro, señor ministro, que nada tuve que ver con ese terrible atentado. No hay ser humano que pueda decir que me vio, como tampoco lo hay que pueda afirmar sin mentir que yo estaba en los trenes. Esto lo vengo proclamando desde que me detuvieron y lo repito todos los días para mis adentros en la cárcel de Villena, donde vivo aislado en la celda durante 20 horas al día. Es lo mismo que declaré el 2 de julio de 2007, al final del juicio, cuando, en uso del derecho a la última palabra, afirmé que la Policía sabía que esos testigos no eran de verdad y que esperaba que algún día se demostrase que mintieron o se equivocaron. Mi madre Aicha y mi hermana Samira han dicho varias veces que la noche del 10 al 11 de marzo de 2004 yo la pasé en casa y que en la mañana siguiente, cuando la televisión y la radio daban la noticia del atentado, dormía junto a mi hermano Mohamed. Lo dijeron en la fase de instrucción del sumario e incluso en el juicio. Sin embargo, la sentencia no otorgó validez a esos testimonios.

Señor Ministro. Créame. Esta instancia es una súplica de Justicia. La formulo en nombre propio y en el de mi madre, que noche tras noche permanece en vela rogando al cielo que le ayude a conseguir que la justicia me exculpe de unos terribles crímenes que no son míos. Haga todo lo que esté a su alcance, que es mucho, para reparar el error. Nunca la inocencia estuvo más probada ni la culpabilidad menos demostrada como en mi caso. No se trata de menospreciar otros procesos con errores judiciales. Tan es así que le confieso que aspiro a que el mío sirva para levantar un dique eficaz contra la indolencia de quienes entienden que las sentencias erróneas son fenómenos aislados y los errores judiciales algo lamentable, pero natural y sin duda inevitable.

Si por ventura, previa formación de expediente, V.E. ordenase la interposición del recurso extraordinario de revisión, pese a las dificultades que ese juicio encierra, pues me consta que el principal escollo es eso que llaman santidad de la cosa juzgada, confío en que serán los propios magistrados autores de la sentencia de condena los primeros en celebrarlo.

DESCONOZCO su nombre, señor, pues en breves días el actual ministro de Justicia dejará el cargo para ser ocupado por quien el nuevo presidente de Gobierno nombre, pero lo que sí sé es que atender mi ruego sólo pueden hacerlo personas de espíritu elevado, como lo tienen quienes piensen que admitir que se ha condenado a un inocente refuerza la autoridad moral del Estado. A un magistrado que hoy ejerce de abogado, le escuché decir que nada acrecienta más la confianza de un pueblo en la Justicia que saber que un condenado inocente puede lograr la revocación de la sentencia errónea.

Acabo, excelentísimo señor. Justificado, creo yo y lo creo con la humildad que he pretendido hacerlo, el error en que se incurrió al condenarme a las penas que extingo y sin perjuicio de las demás comprobaciones que V.E. estime convenientes, considero que es de rigurosa justicia poner término a los sufrimientos que con tal motivo vengo padeciendo.

Por lo expuesto;

SUPLICO A V.E. que, previa instrucción del oportuno expediente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 956 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por considerar que hay fundamento para ello, se sirva ordenar al Excmo. Sr. fiscal general del Estado que interponga el correspondiente recurso de revisión contra la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aquí me tiene confinado. Es gracia que espero merecer de V.E., cuya vida guarde Dios muchos años y que de otorgarme impedirá la completa consumación de la condena injusta que me fue impuesta y evitará en lo posible los efectos de la cruel buena fe de quienes así juzgaron.

Otrosí de un letrado en prácticas: Frente a quienes defienden la excepcionalidad o carácter restringido del recurso de revisión, postulo su admisión con largueza, que es como el proceso de rescisión se concibió durante la Revolución Francesa una vez superada la falsa creencia de la imposibilidad de condenas injustas.

Segundo otrosí de una romántica licenciada. Como Bartolomeo Vanzetti dijo al juez Webster Thayer antes de ser condenado a muerte por un delito de asesinato que juraba y perjuraba no haber cometido, estoy convencida de que Jamal Zougam asumiría aquellas palabras de «No le desearía a un perro o a una persona, a la criatura más baja y desafortunada de la tierra, no le desearía a ninguno de ellos lo que sufrido».

Tercer otrosí de un apasionado jurisperito. El inhumano y degradante régimen de aislamiento que sufre Jamal Zougam en la cárcel de Villena y como él o parecidos a él, algunos internos recluidos en otras prisiones -el caso más reciente es el de un tal Lozano en el centro de Valdemoro-, bien merecería la intervención de los señores jueces de Vigilancia Penitenciaria, y hasta justificaría la aplicación a la aún secretaria general de Instituciones Penitenciarias, señora Gallizo, y a los directores directamente responsables, del artículo 533 del Código Penal que castiga a quienes impusieren a los reclusos sanciones o privaciones indebidas o usaren con ellos un rigor innecesario.

Javier Gómez de Liaño es abogado y juez en excedencia

La sentencia que condenó al ciudadano marroquí Jamal Zougam a pasar el resto de su vida en la cárcel como único autor de los atentados del 11-M afirma que fue él quien «suministró» a los terroristas las tarjetas que utilizaron para activar los móviles que actuaron como temporizadores de las bombas.

En realidad, esas tarjetas se vendieron en su locutorio, una tienda abierta al público del bullicioso barrio de Lavapiés, el que concentra a más marroquíes en Madrid. Mohamed el Bakkali, que en 2004 era estudiante del doctorado de Física Aplicada en la Complutense y socio de Jamal Zougam y de su hermano en el locutorio, accedió a relatar en una entrevista con EL MUNDO cómo se produjo esa venta, que él atendió personalmente, sin que Zougam tuviese ninguna intervención.

Mohamed Bakkali fue arrestado el 13 de marzo de 2004 junto a Jamal Zougam y su hermano sólo porque la tarjeta que se encontró en la mochila de Vallecas había salido de su locutorio. Después, la Policía difundió masivamente la foto de Zougam y lo presentó como el autor del atentado, y varias personas acudieron a testificar que lo habían visto en los trenes.

En junio de 2004, Bakkali declaró voluntariamente ante el juez instructor, Juan del Olmo, que había sido él quien vendió las tarjetas, y reconoció en fotografías a Jamal Ahmidan, El Chino, como la persona que se las compró a nueve euros. Asumía así el riesgo de que el juez decidiese mantenerlo en la cárcel, pero su familia le aconsejó que dijese la verdad.

Días después, la fiscal pidió que saliese en libertad ante los «débiles indicios» contra él. Zougam, en cambio, fue condenado porque Del Olmo primero y el tribunal, después, creyeron a dos testigos rumanas que declararon en circunstancias extrañas que fueron ocultadas por la Policía y el Ministerio del Interior a los jueces y a la defensa, y que este diario publicó hace un mes tras una larga investigación periodística.

Bakkali nunca había hablado en público, porque el abogado de Zougam no le citó para declarar en el juicio. Cuando ese letrado lo pidió, ya avanzada la vista y ante la insistencia de la familia, el tribunal denegó esa solicitud por extemporánea. Sin contar con el testimonio de Bakkali, los jueces concluyeron que la tarjeta había sido «suministrada».

Pregunta.- ¿Desde cuándo trabajaba en el locutorio de Zougam en Lavapiés?

Respuesta.- Desde el principio, cuando abrió el locutorio, en diciembre de 2001. Entonces se empezaban a usar mucho los móviles, Jamal y su hermano me propusieron poner un negocio juntos y yo necesitaba dinero porque no tenía una beca con la que pagar mis estudios.

P.- No era empleado, entonces, sino socio.

R.- Sí, yo era socio.

P.- Es decir, que era tan dueño del locutorio como Jamal Zougam.

R.- Los tres éramos igual de dueños, Jamal, su hermano y yo. Teníamos tanto trabajo que no teníamos tiempo para ninguna otra cosa.

P.- ¿Qué actividad llevaban a cabo en el locutorio?

R.- Vendíamos tarjetas, accesorios, baterías, reparábamos teléfonos, también los vendíamos…

P.- ¿Vendían teléfonos móviles también?

R.- Sí. Y cargadores… cualquier cosa que tuviese relación con un teléfono.

P.- ¿Y liberaban teléfonos?

R.- Sí, también.

P.- ¿Cuánto tiempo pasó usted en prisión por el 11-M?

R.- Un poco más de tres meses.

P.- ¿Cuando le detuvieron, le informaron de por qué lo hacían?

R.- Fueron unos días muy duros, yo estaba muy mal, lo pasé muy mal, sabía que era por el atentado, pero no tenía claro por qué.

P.- ¿Sabía que era porque la tarjeta que encontraron en una bomba que no explotó había salido de su locutorio?

R.- Empecé a saberlo dos días después, porque no paraban de preguntarme que a quién le había vendido las tarjetas. Le di a la Policía el nombre de casi 20 locutorios a los que vendíamos tarjetas al por mayor. Uno en Barajas, otro en Vallecas… El tercer o el cuarto día, o puede que más tarde, me acordé de que habían venido a comprar tres chavales con acento de Tetuán. Uno bajito, con un chándal verde y una mochila. Y me compraron como 12 tarjetas o así. Estábamos Abderrahim Zbakh, que era un empleado, y yo. Fue Abderrahim quien se las dio, pero yo estaba con él. Se las vendimos por nueve euros cada una. Y todo esto se lo conté a la Policía, aunque en ese momento no sabía todavía que esos chicos de Tetuán eran los autores del atentado.

P.- ¿Y cuándo supo que esas personas podían ser los terroristas?

R.- Cuando entré en prisión, el 17 o 18 de marzo, nos juntaron en aislamiento en la cárcel de Soto a todos los que estábamos detenidos por el 11-M. Hablábamos por la ventanilla de la puerta. Y había uno que se llamaba Otman [se refiere a Otman Gnaoui, condenado a 40.000 años de cárcel por el 11-M], que era de Tetuán y decía que trabajaba para El Chino. Yo no sabía quién era El Chino, al principio pensaba que era un chino de verdad, pero entonces esas personas de Tetuán se quedaron fijadas en mi cabeza. Otman me habló de ellos y yo empecé a conocer toda la historia y pensé: «Ya está, pueden ser ellos». Después supe que Abderrahim había dicho lo mismo y avisé a mi abogada.

P.- ¿Y qué ocurrió?

R.- No teníamos periódicos en la cárcel, así que yo no podía ver su fotografía. Como dibujo muy bien, la abogada me pidió que hiciese un dibujo de la persona que compró las tarjetas. Se lo hice con un bolígrafo y ella me dijo que se parecía a El Chino. En la siguiente visita, me trajo un periódico con su foto y yo me puse a gritar, porque ésa era la persona a la que le había vendido las tarjetas, y pedí ir a declarar.

P.- ¿Usted sabía que asumía el riesgo de que le dejasen en prisión por haberle dado las tarjetas a los terroristas?

R.- La abogada me aconsejó que no dijese nada, que me iba a arriesgar mucho porque El Chino era el autor de los atentados y podían condenarme. Hablé con mi padre y con mi hermana y me aconsejaron que dijese la verdad.

P.- ¿Estaba Jamal Zougam en la tienda cuando usted vendió las tarjetas?

R.- Sí, pero no tuvo ninguna relación con El Chino. La tienda tiene dos plantas, el sótano, donde se hacen las reparaciones, y la planta de arriba, donde están el mostrador y el almacén. Jamal estaba subiendo y bajando mientras Abderrahim y yo atendíamos. No tuvo ningún contacto. Fue una compraventa normal.

P.- ¿Recuerda si la actitud de El Chino fue extraña por algún motivo?

R.- Todo fue normal, no hubo nada raro. A la tienda iba mucha gente a comprar tarjetas. Aquel día había mucha gente.

P.- Ha dicho que El Chino iba con otros dos.

R.- Abderrahim me dijo que los otros dos podían ser los hermanos Oulad Akcha.

P.- ¿Los había visto antes?

R.- No, ni a El Chino ni a ninguno de los otros dos.

P.- ¿Recuerda que volvió al día siguiente?

R.- Sí, recuerdo que volvió para cambiar una tarjeta. Vinieron El Chino y otra persona. Estaba Jamal Zougam también, pero abajo. Le atendí yo, me dijo que una tarjeta no tenía saldo. A mí me pareció raro, porque eso no pasa nunca, pero comprobé que no tenía saldo y se la cambié. Tenía que ser un viernes, porque es el día que le tocaba librar a Abderrahim, que no estaba.

P.- ¿Está seguro entonces de que fueron usted y Abderrahim quienes le vendieron a El Chino las tarjetas del 11-M y no Jamal Zougam?

R.- Segurísimo. Se lo conté a la Policía, al juez, a mi abogada… A todos.

P.- Pero ni usted ni Abderrahim fueron al juicio.

R.- No nos llamaron.

P.- ¿Usted lo pidió?

R.- Yo se lo dije a la familia de Jamal Zougam, que le pidió a su abogado que me llamase a declarar, pero él no hizo caso. Además, los indios que nos vendieron las tarjetas también me las vendieron a mí.

P.- ¿También compró usted las tarjetas?

R.- Sí, yo era el encargado de comprar al mayorista y luego de vender. Les compré a los indios 200 tarjetas de Amena.

P.- ¿Recuerda haber estado con Jamal el día anterior al atentado?

R.- Sí, fue un día normal y corriente. Se fue a la hora del cierre, se fue al gimnasio con unos amigos del barrio, con el peluquero Hassan y otras personas.

P.- ¿Y el 11-M?

R.- Como todo el mundo, normal, hablamos del atentado, que si había sido ETA… La gente estaba muy tocada, porque había sido cerca del barrio, y Jamal estaba afectado, como todos.

P.- ¿En algún momento pensaron que los autores podían ser personas cercanas a ustedes?

R.- En ningún momento. Yo fui a la manifestación y todavía pensaba que era ETA.

P.- ¿Y el día que los arrestaron, el 13 de marzo, estuvieron juntos?

R.- Había un rumor, mucha gente empezaba a decir que el atentado era cosa de Al Qaeda. Lo vi en internet, estuve mirando… Y yo fui por la mañana al quiosco de Lavapiés a comprar EL MUNDO y bajé con él al sótano y estaba Jamal. Estuve leyendo todo lo que ponía de la mochila. Jamal estaba limpiando un Nokia 3510 que estaba mojado y yo le conté lo de la mochila y él lo estuvo mirando conmigo.

P.- ¿A qué hora ocurrió eso?

R.- Hacia la una. Después, nos fuimos a comer al restaurante Al Baraka y luego, cuando volvimos al locutorio, nos detuvieron. Cuando llegó la Policía, el periódico estaba abierto por la página en la que hablaban de la mochila. Le hicieron una fotografía y se lo llevaron como estaba, abierto por esa página.

P.- ¿Usted cree que Jamal es capaz de poner una bomba en un tren?

R.- Para nada, yo he compartido tres años con él y nunca he visto ninguna cosa rara. Habría sido el primero en decirlo si hubiese visto algo.

P.- ¿Habló alguna vez con él de sus ideas? ¿Era una persona radical?

R.- Cuando le conocí en 2001, había tenido un problema con Francia [se refiere a una comisión rogatoria que envió ese país porque a un islamista se le encontró un teléfono parecido al de Zougam, aunque luego no se confirmó que lo fuese]. Y ese problema había cambiado su vida, él decidió alejarse de todo el mundo. Se dedicó al deporte, a comprarse ropa buena… En el barrio la gente decía que había cambiado.

P.- ¿Pero sus ideas religiosas eran muy radicales?

R.- No, él es practicante, pero tampoco muy religioso. Reza y ya está.

P.- A Jamal le acusan de ser una persona cercana a Abu Dahdah.

R.- Yo empecé a ir por el barrio a finales de 2001, y a Abu Dahdah lo detuvieron en noviembre, yo no lo conocía. Lo que sé de él es que me han contado que vendía de todo, ropa, miel, ordenadores, de todo… Era una persona muy conocida en el barrio de Lavapiés, ahí hay muchos árabes y se conocen.

P.- ¿Y a Serhane El Tunecino?

R.- También era conocido en el barrio, compraba y vendía cosas y tenía una tienda cerca de nuestro locutorio de la calle de Almansa.

P.- ¿Sabían que era una persona radical?

R.- Nunca hablé con él de nada de eso. Sólo me acuerdo de que le gustaba mucho regatear.

P.- Cuando a usted le dejaron libre, en junio de 2004, ¿qué es lo que le explican?

R.- Que la Fiscalía lo pidió porque no había ninguna prueba contra mí.

P.- Usted era el dueño del locutorio del que salieron las tarjetas, se las dio a El Chino y además conocía a Serhane El Tunecino. Son pruebas muy parecidas a las que hay contra Jamal Zougam, pero usted quedó libre a los tres meses y él va a pasar el resto de su vida en la cárcel.

R.- La única diferencia son las testigos.

La declaración de las dos testigos protegidos -dos mujeres rumanas- del caso por los atentados del 11-M revela cómo los periodistas de El Mundo les ofrecieron mejoras en el trabajo y ayuda para que una caja de ahorros no desahuciase a una de ellas de su piso, además de camisetas del Real Madrid. El Mundo trataba así de presionarlas para que se retractasen de su declaración y exculpasen a Jamal Zougam, condenado como autor material de la matanza a 42.917 años.

Declaración de la primer testigo:

Camisetas del Real Madrid y entradas para el concierto de Malú de regalo. “El señor Casimiro [previsiblemente Casimiro García Abadillo, vicedirector de El Mundo] me confiesa que puede hacerme el regalo de dos camisetas del Real Madrid y una entrada para mi hija para el próximo concierto [de Malú]”.

“En el mes de Julio (5-6) me manda dos camisetas del Real Madrid para los niños y un mensaje al móvil”.

Un puesto de trabajo para ella y para su hija. “Me pregunta que si estaba contenta con el trabajo y que si yo quería que ellos me ayudaran para conseguir un nuevo trabajo, a lo que yo contesto que estoy contenta con mi trabajo. A mi hija le dice que al terminar los estudios le puede ofrecer un trabajo”.

“Un tiempo después me llaman para decirme que Casimiro quería establecer un encuentro conmigo y ofrecerme otro puesto de trabajo”.

“Joaquín [otro periodista de El Mundo] viene y me recoge, de camino a El Corte Inglés me pregunta si estoy contenta en mi puesto de trabajo, quién me ayudó a entrar en esta empresa y que me puede dar la empresa un puesto de jefe”. Le contesto que es mentira porque hay gente que tiene mucha experiencia y que puede tener un cargo y yo todavía tengo que aprender”.

De la familia de El Mundo. Al día siguiente de que El Mundo publique una entrevista con ella, la testigo recibe otra llamada del periódico: “Me pregunta si estoy satisfecha con la entrevista y cuando puedo quedar con ellos para despedirme porque formo parte de la familia de El Mundo”.

Casimiro presiona y ella acaba llorando. “El señor Casimiro empieza a decirme que sabe que soy un testigo protegido porque la policía se olvidó de tachar mi nombre, y que si estoy completamente segura de haber sido testigo ocular de uno de los terroristas. Empezaron a preguntar una y otra vez presionándome más con preguntas como si me había presionado la policía para declarar en contra del terrorista (…) o si el juez Bermúdez había establecido una conversación conmigo y me había impuesto decir todo aquello. Yo comienzo a llorar y a levantarme”

Zougam no es el autor del 11-M. “Joaquín me contestó que tiene seguridad plena de que el terrorista que yo reconocía como autor no es él”.

Amenazas en el trabajo. Una de las testigos explica que a raíz de la información que publica el periódico en la que la acusa de falso testimonio recibe amenazas en su trabajo. «En diciembre sale el bulo de mentiras y todas las acusaciones a mi persona. En el cuarto de trabajo de Nuevos Ministerios [la noticia] es colgada en la pared y algunos hacen comentarios llamándonos estafadores y hijos de la bomba. En el cuarto de baño colocan otro papel donde ponía ‘Juan de los muertos matamos a sus seres queridos».

Declaración de la segunda testigo:

Ayuda para no ser desahuciada.“Yo le digo [a Joaquín] que tengo muchos problemas que mi marido está en paro, mi hija también, mi padre está muy enfermo y estamos a punto de perder el piso y no tengo ganas de hablar con nadie ni aparecer en el periódico. Él se ha ofrecido a ayudarme».

“Un día de junio me llaman que le ha contado (…) que estoy a punto de perder el piso. Él y Casimiro me pueden ayudar. Hemos quedado un viernes por la tarde en ir con ellos a la oficina de El Mundo para conocer a Casimiro y hablar, como me puede ayudar con el piso”.

Poco tiempo después, según el documento, Joaquin le dijo que lo del piso “ya está arreglado. Ha hablado Casimiro con el director de Barcelona [la hipoteca de la testigo es con una caja catalana] y no voy a quedar morosa, pero esto es un arreglo entre ellos que es ilegal y no puede dar nada por escrito, pero si ha prometido va a cumplir si no Casimiro le puede hacer mucho daño con el periódico”.

Un psicólogo que le venga mejor. “Al poco tiempo me ha llamado, que cómo me encuentro, que si estoy más tranquila y si he hablado con un psicólogo, le contesto que con el psicólogo de Santa Eugenia no me viene viene bien el horario (…) él se ha ofrecido a ponerme en contacto con Cristina (previsiblemente otra psicóloga) que viene a Alcalá de tarde como me viene a mi bien”.

Trabajo para su hija. En la sede de El Mundo, cuenta la testigo, “Casimiro me ha dicho que me puede ayudar, que me quede tranquila. También me puede ayudar con un trabajo para mi hija, que le mande el currículum”.

Ellos creen que Zougam es inocente. “Me ha preguntado por Zugam (Jamal Zougam). He quedado sorprendida, primera vez no caí, pero luego me ha dicho que sabe que estoy testigo protegido y como puedo acusar al Zugam y si puedo dormir tranquila sabiendo que un inocente está encerrado, que está gritando que es inocente y su madre ha dicho que estaba en casa, y ellos creen que está inocente. Le he dicho que yo no dicho ninguna mentira”.

Intimidaciones y presiones. “Se comportó muy agresivo para intimidarme, me presionó que le vi la foto en periódico, por qué he declarado tan tarde, que me ha obligado la policía, que mi amiga, que me ha ofrecido papeles, que nacionalidad, que papeles para mi hija, que dinero. Le he contestado que los papeles yo y mi marido los tenía en 23 de marzo 2004; nacionalidad no tengo ni lo he pedido nunca; a mi hija los papeles le han salido denegados y el dinero lo que ha dado al grupo que pertenezco”

Si colaboro, me ayudan. “Si colaboro con ellos me ayuda, pero yo también le tengo que ayudar porque ellos creen que Zugam es inocente. Le digo que si para ayudarme con el piso yo tengo que decir lo que dice ellos, que no me ayude con nada”.

Cuando llegue el PP se abrirá el 11-M. “Luego ha dicho que es seguro que en las elecciones va a salir el PP y se va a abrir el caso (del 11-M) y es mejor que reconozca que me he equivocado porque ellos me van a ayudar y apoyar siempre. Le digo que por mí, que se abra, porque no tengo nada que ocultar y no he mentido”.

El diario El País publicó ayer una denuncia ante la Audiencia Nacional, presentada el pasado 20 de marzo, en la que dos testigos protegidas del 11-M (dos ciudadanas de nacionalidad rumana identificadas en el sumario como C-65 y J-70) acusan a dos periodistas de EL MUNDO (uno de ellos, yo mismo, y el otro, Joaquín Manso) de presionarles para exculpar al condenado como autor de la masacre Jamal Zougam. La editora de este diario se personará como perjudicada.

Ningún periodista de El País llamó a EL MUNDO para recabar nuestra versión sobre los hechos.

Según la denuncia, una de las testigos (la identificada como C-65) afirma que le regalamos dos camisetas del Real Madrid para sus hijos y que le ofrecimos trabajo a cambio de modificar su testimonio. La otra (la J-70) dice que le ofrecimos quitarle una hipoteca que pesaba sobre su vivienda y que yo mismo hice gestiones ante «el director de Barcelona» de la entidad que le concedió el crédito (CatalunyaCaixa) para «un arreglo que es ilegal». La denuncia está acompañada de sendos manuscritos donde las dos testigos cuentan su versión de los hechos.

Yo me voy a ceñir precisamente a los hechos.

En base a los datos del sumario, la condena de Jamal Zougam se sustenta, fundamentalmente, en el testimonio de tres personas que dijeron haberle visto en uno de los trenes el día del atentado.

Como ya hemos explicado más de una vez, Zougam no pertenecía a la banda de El Chino y no existen llamadas entre aquél y los demás implicados en el atentado, y tampoco la Policía pudo detectar sus huellas en los lugares clave donde se supone que se organizó la matanza.

Durante meses, Joaquín Manso (redactor de tribunales de EL MUNDO) se dedicó a intentar localizar a los tres testigos, cosa nada fácil.

A partir del mes de marzo de 2011, tuvimos varios encuentros con las dos testigos antes citadas. En el mes de octubre, Joaquín y yo estuvimos en la localidad rumana de Cluj, donde entrevistamos al tercer testigo protegido (identificado en el sumario como R-10).

La versión de este último no casaba con la de las dos testigos anteriores. Es decir, si era verdad lo que contaba uno, no podía serlo lo que aseveraban las otras. Y viceversa. Para colmo, R-10 no fue llamado a declarar al juicio oral, aunque estaba perfectamente localizable. El testigo nos contó, además, que él identificó a Zougam después de ver su foto en el aeropuerto, hecho que contradice al sumario.

Por tanto, quedaban las dos testigos. Una de ellas (la C-65) había modificado su testimonio en varias ocasiones, pero es cierto que fue la primera en acudir a la Audiencia para reconocer a Zougam. Sin embargo, su amiga (la J-70) que, según la versión de C-65, viajaba junto a ella la mañana del atentado, no declaró hasta pasado un año.

Lo más sorprendente es que este testimonio, que validaba el de su amiga, se presentó después de haber sido rechazada como falsa víctima en dos ocasiones por el tribunal médico establecido a tal efecto por el Ministerio del Interior. Una vez que J-70 identificó a Zougam, la valoración de ese tribunal cambió y fue aceptada como víctima, con todo lo que ello lleva consigo (indemnización, atención psicológica y obtención de los papeles de residencia).

Queríamos conocer su versión de los hechos antes de publicar nada. Tanto a C-65 como a J-70, yo les pregunté en mi despacho del periódico si estaban seguras de haber reconocido a Jamal Zougam, si no habían tenido dudas. C-65 fue muy firme, pero J-70 dudó.

A C-65 la vi en tres ocasiones (una en abril de 2011, otra en junio de 2011 y la última en noviembre de 2011). A J-70 sólo la vi en una ocasión (junio) en mi despacho, aunque Joaquín la vio dos veces más.

Por supuesto que nunca las presionamos, ni las amenazamos. No entiendo por qué han dejado transcurrir tantos meses antes de presentar la denuncia, si había motivos para ello. No hay ninguna prueba de sus acusaciones, más que su testimonio. La cuestión de los regalos es cómica. La testigo C-65 le insistió a Joaquín en varias ocasiones que sus hijos (chico y chica) era fans del club blanco. Yo le había regalado una camiseta del Real Madrid a Esther Sáenz, una de las víctimas del 11-M que quedó en peor estado tras el atentado y a la que entrevisté en mi programa de TV En Confianza. No podía negarle un regalo como ese a otra víctima, así que pedí al Real Madrid que me enviara dos camisetas, a lo que el club accedió amablemente. La testigo pidió muchas más cosas: entre otras, entradas para un concierto de Malú, que no se gestionaron.

C-65 afirma en su manuscrito que yo le ofrecí trabajo «de jefa» en EL MUNDO (ella trabaja en una empresa de seguridad), lo que es absolutamente falso.

J-70 afirma, a su vez, que yo hice gestiones para quitarle una hipoteca ante un director de CatalunyaCaixa. También es falso. En la entrevista que mantuve con ella, en presencia de Joaquín Manso, nos contó que estaba en una situación difícil porque el banco iba a embargarle su piso y, además, la nómina, porque llevaba mucho tiempo sin pagar la hipoteca. Nos dijo que su marido no tenía trabajo y nos pidió ayuda.

Lo que hice fue llamar a la responsable de prensa de CatalunyaCaixa, Cristina Langarika, para rogarle que, aunque le embargaran la casa, tuvieran con ella cierta consideración en lo relativo al embargo de la nómina, ya que se trataba de una víctima del 11-M. Langarika accedió.

Es evidente que esa gestión no tenía nada que ver con el cambio de su testimonio, ya que la hice aunque ella finalmente mantuvo su versión. Eso es tan cierto como que ella misma, en su escrito ante el juez afirma: «Le digo que si para ayudarme con el piso yo tengo que decir lo que dicen ellos o que no me ayuda con nada y ha saltado Casimiro que me van a ayudar por ser víctima da igual si yo no le ayudo [sic]».

EL MUNDO publicó la información relativa a las circunstancias extrañas de la declaración de las testigos protegidas a partir del primer fin de semana de diciembre de 2011. No ha sido desmentida ni una coma.

Desde entonces, no habíamos tenido noticia de ellas hasta que El País dio a conocer ayer su denuncia.

El juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha archivado la denuncia contra dos periodistas de El Mundo por supuestas presiones a dos testigos protegidas del 11-M para que exculparan a Jamal Zougam, uno de los autores materiales de la matanza en la que murieron 191 personas. El juez considera que no existen indicios de que ambos redactores ofrecieran favores personales y regalos a las dos testigos para que cambiaran su versión ofrecida durante el proceso.

El juez considera que de las declaraciones de las dos testigos denunciantes puede desprenderse una “legítima, aunque claramente incorrecta creencia de que se estaba pudiendo producir una conducta ilícita contra ellas” por parte de los periodistas, pero concluye que “no existe atisbo alguno de que se haya cometido una conducta delictiva por parte de los denunciados”. El delito que se les achacaba era el de coacciones, pero el magistrado no encuentra pruebas de que se hubiera producido.

El juez llega a esa conclusión tras analizar las declaraciones de las dos denunciantes. En ellas, ambas señalaron la insistencia de los redactores en que cambiaran su versión sobre Zougam ofreciéndoles ayuda y gestiones sobre problemas laborales y personales y advirtiéndoles de que estaban causando perjuicios irreparables “a una persona inocente”, en referencia al autor material del 11-M. Los periodistas también les aseguraron que una futura victoria del PP podría provocar una reapertura de la causa de los atentados y que, en esas circunstancias, “si no decían la verdad iba a ser peor para ellas”.

Pero de lo relatado por las testigos, según el juez, “no se infiere, en ningún caso, que se les requiriese para decir algo diferente de lo que era verdad ni en absoluto que se les intimidase para que lo hicieran”, dice la resolución. Esta también tiene en cuenta una grabación efectuada por los propios periodistas “subrepticiamente, ocultamente y a escondidas” en la que se recoge una conversación que estos tuvieron con una de las testigos. Según el juez, de esa prueba, aportada por los propios trabajadores de El Mundo, no se deduce “que los denunciados intimidasen y obligasen, o intentasen hacerlo”, a una de las denunciantes.

Los abogados de estas últimas preparan contra el archivo un recurso de apelación que tendrá que resolver la Audiencia Provincial de Madrid.

LA RESOLUCIÓN adoptada por la juez Belén Sánchez de llamar a declarar a Jamal Zougam abre una nueva oportunidad para aclarar en sede judicial uno de los hechos más controvertidos de la sentencia del 11-M: la condena de este ciudadano marroquí como único autor material de la masacre.

Es inusual que un juez atienda un recurso de reforma contra su propia decisión, pero si Belén Sánchez, que inicialmente había considerado este caso como cosa juzgada, lo ha hecho es porque existen dudas razonables sobre la culpabilidad de Zougam, condenado a 43.000 años de cárcel.

El cambio de criterio de la juez tiene mucho que ver con el sobreseímiento de la denuncia presentada por las dos testigos rumanas protegidas que acusaban a nuestro periódico de haberles presionado para que modificaran su testimonio. La denuncia no sólo ha sido archivada sino que además el instructor ha dejado constancia expresa de que los hechos ocurrieron «contrariamente a lo que ellas señalaron».

Si no han dicho la verdad en este procedimiento, es legítimo pensar que tampoco lo hicieron en sus declaraciones en el juicio del 11-M, que fueron la base de la condena de Zougam. Tras investigar la veracidad de los testimonios de las dos rumanas, EL MUNDO reveló que a una de ellas se le había denegado la condición de víctima, puesto que no fue capaz de acreditar que había sido herida en los trenes. Sólo después de que Interior le cerrara la puerta a la obtención del permiso de residencia y de una indemnización, la testigo se ofreció a comparecer para identificar a Zougam en los trenes. Habían transcurrido 11 meses desde los atentados. La otra testigo se contradijo en cuanto a las personas que le acompañaban en el momento de la masacre.

Durante el juicio, Gómez Bermúdez impidió que los abogados formularan preguntas clave a estas dos testigos. Como su identidad no fue revelada, las defensas no pudieron investigar sus antecedentes ni contrastar sus declaraciones. A ello hay que sumar las dudas que surgen sobre la conducta de Zougam, un hombre que carecía de convicciones islamistas, que no intentó huir y que había estado hasta medianoche en un gimnasio. Resulta también muy poco creíble que Zougam utilizara las tarjetas que él mismo vendía en su locutorio para ser empleadas en los móviles que hicieron estallar las bombas.

También levantan sospechas las revelaciones del confidente Cartagena y de los hermanos Almallah, que manifestaron que la Policía les había presionado sin éxito para vincular a Zougam con los miembros del comando que murieron en Leganés. Nadie ha aportado el más mínimo indicio de que tuviera relación alguna con ellos.

La debilidad de la versión oficial y las lagunas de la instrucción del juez Del Olmo crean serias dudas sobre su culpabilidad. Pero este procedimiento demuestra que estamos en un Estado de Derecho y que hasta a un condenado como Zougam por gravísimos delitos se le concede la oportunidad de demostrar su inocencia.

La citación de Jamal Zougam en el procedimiento por falso testimonio abierto en un juzgado de Madrid contra las dos testigos protegidos que dijeron verle en un tren es un hecho inédito: gracias a la aparición de posibles pruebas que no fueron aportadas en la Audiencia Nacional, los tribunales españoles están considerando la posibilidad, al menos en abstracto y en alguna medida, de que hayan condenado en falso a la única persona a la que encontraron culpable de colocar las bombas del 11-M. No hay precedentes de una situación semejante en un acontecimiento de ese calado.

La juez Belén Sánchez -afiliada a Jueces para la Democracia y nada sospechosa de simpatizar con tesis alternativas del 11-M- no estaba obligada a citar a Zougam, ni mucho menos a pedir que la comparecencia se produzca en persona en su juzgado de Madrid, para lo que el marroquí tendrá que ser trasladado con un dispositivo de máxima seguridad desde la prisión de Villena (Alicante).

El procedimiento lleva abierto desde junio, por lo que Zougam y su familia no van meramente a ratificarse en su querella, lo que es del todo innecesario: nada saben de los indicios de falso testimonio más allá de lo que hayan leído en este periódico. Se les llama, de manera expresa, como testigos. Para conocer de primera mano, por lo tanto, el relato con el que mantienen su inocencia: a la hora del atentado, dormía en casa. La propia juez había rechazado inicialmente ésas y otras comparecencias.

Lo mismo había hecho, reiteradamente, con casi todas las diligencias que se le habían pedido, pese a que una sección de la Audiencia de Madrid formada por magistrados de distintas sensibilidades le ordenó investigar los indicios, para aclarar si las testigos, dos mujeres rumanas, «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral».

Pero en la semana en la que el juzgado de enfrente despachaba en términos durísimos una denuncia por coacciones de las mismas testigos protegidos contra este diario, la juez ha cambiado de criterio -estimando un recurso contra su propia decisión y en contra de la opinión del fiscal, lo que es del todo inhabitual- y ha impulsado el procedimiento aceptando precisamente la diligencia que mayor impacto público podía tener: la declaración de Zougam.

Cuando la Audiencia ordenó la admisión de la querella, destacó la «trascendencia» que tuvieron las identificaciones de las testigos protegidos, porque Zougam recibió «una pena de prisión de extrema gravedad con fundamento, precisamente, en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión» de la condena. La prueba que exige la jurisprudencia es complicadísima, casi inalcanzable.

LA PRUEBA DE CARGO

Jamal Zougam, su hermano Mohamed Chaoui y el socio de ambos, Mohamed Bakkali, fueron arrestados el 13 de marzo de 2004 en su tienda de teléfonos del barrio de Lavapiés porque en ella se había vendido la tarjeta que se extrajo de la mochila bomba que no llegó a estallar. La detención de tres musulmanes en la víspera de la jornada electoral determinó la derrota del PP: el Gobierno mantenía públicamente que ETA estaba detrás del atentado.

Chaoui y Bakkali fueron liberados en junio de 2004, después de que el segundo declarase al juez instructor, Juan del Olmo, que fue él quien vendió las tarjetas, a nueve euros cada una, a El Chino, uno de los jefes de la célula islamista que atentó en los trenes. Zougam, sin embargo, continuó en prisión y terminó condenado como autor de los atentados después de que, al difundirse su fotografía, múltiples testigos lo identificasen en cada uno de los cuatro trenes. Durante el procedimiento, la Policía, la fiscal, el juez y, finalmente, el tribunal fueron cribando los que consideraron faltos de credibilidad.

La única prueba de cargo que reconoce la sentencia de la Audiencia Nacional la constituyen los testimonios «claros, independientes y sin fisuras», según la redacción del juez Javier Gómez Bermúdez, de tres testigos de nacionalidad rumana que dijeron haber visto a Jamal Zougam en el tren de Santa Eugenia. Se les identifica como R-10 (un varón), C-65 y J-70 (dos mujeres que afirmaron en el juicio que viajaban juntas). El relato que se compone con sus declaraciones es el que se ve en el gráfico adjunto e implicaría un extraño recorrido por el tren del terrorista.

R-10 fue el único de los tres que identificó a Zougam ante la Policía antes de que los medios difundiesen su foto. Sin embargo, ni siquiera compareció en el juicio y sólo muy excepcionalmente (en caso de fallecimiento, por ejemplo) el Tribunal Supremo acepta testigos que no hayan comparecido en la vista.

Este diario lo localizó en Cluj-Napoca (Rumanía) y pudo entrevistarle. R-10 afirmó que tenía miedo de acudir a la vista oral y la Policía le dio permiso para regresar a su país, aseguró que la primera vez que vio la imagen del marroquí fue en un cartel del aeropuerto días después de la fecha que figura en el sumario y que la persona que él vio en el tren tenía el pelo «completamente liso». Señaló, en ese momento, a la traductora, que tenía el cabello lacio, y no rizado, que es como lo tiene Zougam. El Supremo dijo de este testimonio que es «irrelevante» y se quedó sólo con las ahora imputadas C-65 y J-70, pero está por ver lo que sucedería en una hipotética revisión.

LA TESTIGO C-65

La testigo C-65 testificó por primera vez el 1 de abril de 2004, en la comisaría de Canillas. Este diario reveló que fue remitida allí por el Consulado de Rumanía, adonde había acudido con una amiga, según fuentes de la investigación, para reclamar ambas las indemnizaciones que el Gobierno de Bucarest había establecido para las víctimas del 11-M.

El cónsul habría aceptado tramitar el dinero para la testigo, que acreditó que había estado en los trenes, pero no para su acompañante, que no tenía ninguna prueba de ello, momento en el que las dos mujeres indicaron al representante de la misión que ambas viajaban juntas el día del atentado y que habían visto a un terrorista en el tren que estalló en Santa Eugenia. Según las fuentes, desde el Consulado se habría llamado entonces a la Policía, que envió a dos agentes que les mostraron fotografías. Las dos señalaron a Zougam, cuya imagen llevaba semana y media en los diarios.

La Audiencia de Madrid, en el auto en el que ordenó admitir la querella, señaló que ese relato, que este periódico publicó el 6 de diciembre de 2011, debe ser «singularmente» investigado, destacando que no ha sido desmentido hasta la fecha. El motivo es que la persona que hizo aquella gestión en el Consulado con la testigo C-65 es una mujer distinta de la testigo J-70, que fue la que dijo en el juicio que le acompañaba.

En el sumario no consta ningún dato de esa mujer. En las declaraciones que prestó C-65 ante la Policía y el juez Del Olmo no se recoge que dijese que la acompañaba otra persona -ni J-70 ni ninguna otra-.

Además, según la pieza de víctimas del sumario del 11-M, el marido de C-65 fue reconocido como herido en otro tren distinto. Sin embargo, todos los convoyes hacían el mismo recorrido y salían con apenas cinco minutos de diferencia. Entre ambos, cobraron cerca de 100.000 euros de indemnización y obtuvieron la nacionalidad española. El hermano de C-65, que también pidió el dinero de los afectados, fue rechazado y propuesto para ser imputado por mentir, cuando los dos cuñados (el marido y el hermano) aseguraron a los forenses que iban juntos.

Según el relato de C-65, Zougam pasó muy deprisa por su lado golpeándole el hombro izquierdo con una mochila -en las primeras declaraciones afirmó que era oscura y, en el juicio, que «azul clarita»- y que pasó al vagón contiguo. La posición de la testigo en el tren es la que se ve en el gráfico. Desde ahí, sólo pudo ver a Zougam de espaldas.

LA TESTIGO J-70

La testigo J-70 no aparece en el procedimiento hasta el 7 de febrero de 2005 -11 meses después del atentado y 10 después de la declaración de C-65- cuando acudió a la Audiencia Nacional y dijo que sería capaz de reconocer a un hombre «que llevaba gafas y una gorra» -descripción que nunca dio su compañera- y golpeó con una mochila a su amiga C-65.

Lo que reveló este diario es que, sólo 15 días antes de testificar por primera vez, J-70 había recibido la noticia de que los técnicos del Ministerio del Interior la descartaban como víctima y le cerraban la puerta a los papeles y a las indemnizaciones. Después de identificar a Zougam, terminó cobrando 48.000 euros.

Durante 2004, J-70 había llevado a cabo al menos media docena de trámites ante instancias policiales u oficiales sin decir que había visto a un terrorista en el tren. Incluso se entrevistó con una abogada para personarse en el sumario del 11-M y no le dijo nada.

El propio Tribunal Supremo reconoce que habría sido importante para valorar su credibilidad conocer por qué tardó casi un año en decidirse a declarar. Los abogados defensores intentaron hacer dos veces esa pregunta en el juicio, pero Gómez Bermúdez se lo impidió.

LA ‘PRUEBA INDIRECTA’

Las «pruebas circunstanciales o indirectas» que, como corolario a la prueba de cargo, sostienen la condena incluyen, en primer lugar, que conocía a varios miembros de la célula y a la mayoría de los procesados. El Supremo dejó claro que sólo conocía a Mouhannad Almallah (que fue absuelto) y a Abdelmajid Bouchar. Los dos declararon que habían ido a comprar a su tienda, «muy conocida entre los musulmanes».

La sentencia de Javier Gómez Bermúdez da «especial relevancia» a que el islamista Attila Türk declarase a la policía francesa que el procesado Hasan Haski le dijo que «conocía a Jamal Zougam, el que hizo a los atentados el mes pasado». No hay ninguna prueba de que Haski y Zougam hubiesen tenido siquiera la posibilidad de conocerse, además de que ambos lo niegan y que el propio Türk -cuya declaración se produjo sin abogado y en condiciones que habrían sido ilegales en España- lo rechazó ante el juez Juan del Olmo y ante el tribunal. El Supremo no da ninguna importancia a este indicio.

La sentencia de Gómez Bermúdez señala también que Zougam conocía a Abu Dahdah, uno de los líderes del islamismo radical en España, «de cuando tenía una tienda de frutas», lo que ambos admiten. El sirio era un personaje muy popular en Lavapiés. El Supremo ni menciona este supuesto indicio.

LOS INDICIOS DE DESCARGO

A pesar de la investigación exhaustiva a la que fue sometido, no se encontró ni un solo contacto telefónico ni de otro tipo entre Jamal Zougam y los miembros de la célula, a pesar de que éstos se llamaban constantemente entre sí.

Del examen de las antenas BTS, que recogen el posicionamiento de los teléfonos móviles, se desprende que, en las semanas anteriores a su arresto, el suyo nunca estuvo activado ni en Morata de Tajuña (donde estaba el refugio en el que los terroristas montaron las bombas), ni en Leganés (donde tenían el piso franco) ni en el recorrido de los trenes.

Tampoco hay restos de ADN o huellas de Jamal Zougam en Morata ni en Leganés, ni en la Renault Kangoo en la que se desplazaron los islamistas hasta Alcalá de Henares.

Su pauta de conducta después del atentado es opuesta a la de los islamistas que lo cometieron: todos ellos huyeron. El marroquí siguió yendo a ver pisos con su novia y a trabajar a su tienda, y no escapó ni siquiera después de saber que la Policía había encontrado la mochila que contenía la prueba que podía incriminarle.

La defensa de Zougam insiste en que el hecho de que esté probado que la tarjeta se vendió es una prueba exculpatoria: nadie vende material a su propio grupo terrorista.

Todo este laberinto se revisa ahora en sede judicial.

El único condenado por participación material en las masacres del 11-M, Jamal Zougam, llevaba ocho años de los 40.000 de su condena sin poder testificar ante un juez.

Sin embargo, su condena sólo se basó en dos testimonios: dos rumanas que, un año después del atentado y sólo tras ser rechazada oficialmente una de ellas como víctima del 11-M, identificó junto a su prima a Zougam en los vagones siniestrados. Fueron aconsejadas por el abogado de la asociación de Pilar Manjón y generosísimamente recompensadas por la Policía de Rubalcaba, responsable de la gigantesca manipulación que, en tres días de infamia, llevó al PSOE de ZP al poder.

Además de repetir que aquella mañana estaba en casa con su madre y su hermana, durmiendo, Zougam insistió en lo que EL MUNDO descubrió: el pago de 43.000 euros a la testigo J-70 y de casi 100.000 euros y los papeles que los legalizaban en España a la C-65 y su marido. Declararon, seguramente mintieron, indudablemente cobraron y se largaron a Rumanía. Zougam lleva 8 años -de 40.000- en la cárcel. Y las víctimas del 11-M otro tanto sin que se les haya hecho justicia.

El miércoles se produjo un punto de inflexión en la búsqueda de la verdad del 11-M. La negativa de C-65 y J-70, las dos testigos protegidas que declararon contra Zougam, a contestar a las preguntas de la juez que instruye la causa abierta contra ellas por falso testimonio debería llevarlas al banquillo y abrir el camino hacia un juicio de revisión para el único condenado como autor material de la masacre.

Todo imputado tiene derecho a callar y era hasta cierto punto previsible que estas dos ciudadanas rumanas rehusaran responder al abogado del marroquí sentenciado a 42.000 años de cárcel que ahora les acusa de mentir para obtener un beneficio económico. Pero la extensión de su hermético silencio a las preguntas de la fiscal y de la propia juez del caso sólo puede interpretarse como miedo a incurrir en contradicciones o incapacidad de despejar las dudas que los datos descubiertos por EL MUNDO suscitan sobre su credibilidad.

Si alguien debería colaborar siempre con la Justicia es quien pone por delante su condición de víctima del terrorismo, quien ha cobrado dinero por ello, quien sigue manteniendo un status que le permite ocultar su identidad y quien ha tenido un papel determinante en una condena de la envergadura de la de Zougam. Si tan seguras estaban de haberle visto en los trenes y nada tuvieran que ocultar respecto a las motivaciones de su testimonio, se prestarían a despejar cualquier sombra de sospecha mediante las aclaraciones oportunas que apuntalarían así la sentencia de Bermúdez.

En lugar de hacerlo el abogado de ambas se ha limitado a aportar una fotografía en la que se reconoce con facilidad a C-65, sentada junto a otras víctimas, en una escalera de la estación de Santa Eugenia poco después de los atentados. J-70 asegura ser la persona de facciones difícilmente identificables que aparece a su lado y como prueba ha entregado a la juez una chaqueta bastante común, parecida a la que se ve en la foto, alegando que era la que llevaba el 11-M.

EL MUNDO dispone de esa imagen toda vez que la propia J-70 nos habló en su día de ella, explicando que la había presentado ante el tribunal evaluador del Ministerio del Interior, en la fase de alegaciones, tras haber sido rechazada por primera vez como víctima. Tanto si este extremo es cierto como si no, el hecho acreditado es que el 27 de enero de 2005 ella recibió la notificación de que quedaba definitivamente excluida al no haberse apreciado «ni la existencia de lesión indemnizable… ni la necesaria relación de causalidad con el hecho terrorista».

La cuestión sustancial no es si J-70 iba o no iba en el tren sino que el Ministerio del Interior llegó a la conclusión de que no iba y sólo entonces, once días después de ver desvanecerse el dinero y los papeles anejos a la condición de víctima, once meses después de sucedidos los atentados, ella se presenta en la Audiencia Nacional y asegura haber visto en el tren al mismo Zougam cuya fotografía carcelaria había circulado con profusión desde el 13-M en que fue detenido.

Es evidente que si esta circunstancia se hubiera conocido durante el juicio oral la credibilidad de su testimonio se hubiera desmoronado como un castillo de naipes. ¿Por qué J-70 no se ha prestado a explicar ahora toda esa peripecia a la juez Belén Sánchez? ¿Por qué C-65 no ha querido aclarar su aparición tras la masacre en el consulado de Rumania en Madrid con una tercera compatriota, asegurando que era la que le acompañaba en el tren, o el hecho de que su propio marido declarara viajar en un vagón distinto al suyo, en compañía de un cuñado al que también se denegó la condición de víctima?

Si antes he dejado en el aire que la foto de marras fuera entregada o no al Ministerio, como nos dijo J-70, es porque la predisposición de ambas a la mentira quedó ya suficientemente acreditada en sede judicial cuando se querellaron, de la mano de la asociación de víctimas que preside Pilar Manjón, contra Casimiro García-Abadillo y Joaquín Manso, acusándoles del delito de coacciones. Lo esencial no es que tanto nuestro vicedirector como el periodista que le ha acompañado en la investigación del caso resultaran absueltos, sino que ese desenlace fuera el resultado de cotejar lo que, según ellas, les habían dicho en una reunión celebrada en una cafetería de El Cortes Inglés y la literalidad de la conversación que EL MUNDO había tenido la precaución de grabar.

Frente a la «muy expresiva declaración –acusatoria- de ambas testigos-denunciantes», el titular del juzgado 38 de Madrid Juan Antonio Sáenz de San Pedro sentenció que «dicha grabación no recoge en absoluto una conversación en la que los denunciados intimidasen u obligasen a la testigo para que colaborase con ellos, contrariamente a lo que la testigo señaló, existiendo, sin embargo, expresiones del tipo de ‘queremos que nos ayudes si puedes; si no, no pasa nada’».

Examinando el recurso de la mentada asociación, la sección segunda de la Audiencia Provincial, presidida por Carmen Compaired, confirmó que «las declaraciones judiciales de los denunciados resultan corroboradas por el contenido de la grabación que la testigo protegido señaló como correspondiente al momento en el que sufrió los más graves ataques contra su libertad», concluyendo que de ello «puede extraerse sin ningún género de dudas la falta absoluta de fundamento para la imputación que se hace a los denunciados».

Por mucho que se trate de procedimientos diferentes, parece lógico que la juez Sánchez tenga en cuenta lo acordado por el juez Sáenz de San Pedro, como todo indica que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, que viene supervisando su instrucción, ha debido tener en cuenta lo ratificado por la Sección Segunda. El tribunal presidido por el magistrado Eduardo Jiménez-Clavería acaba de dar un paso clave al indicar a la juez que debe investigar también las circunstancias de la venta de las tarjetas de los móviles supuestamente empleados en el atentado por «su evidente relación con el objeto de este proceso». Esto supone ni más ni menos que considerar la presunta falsedad de las rumanas y la presunción de inocencia de Zougam, destruida en su condena, como vasos comunicantes. Algo que revela un minucioso conocimiento de los hechos por parte de los magistrados y un encomiable deseo de apurar el marco legal de un Estado de Derecho garantista.

La gran paradoja del momento en el que estamos es que los mismos resortes del in dubio pro reo que fueron desactivados por el utilitarismo de Bermúdez en el momento en que debían haber protegido a Zougam, amparan ahora a las dos ciudadanas rumanas al responder de un delito con tanta carga subjetiva como el falso testimonio. Tal vez por eso la Sección Cuarta, consciente de la perplejidad que causa que un terrorista proporcione a su comando algo tan asequible por doquier como unas tarjetas telefónicas, a través de su propia tienda, ha dispuesto que se esclarezca si hay algún elemento que permita convertir su rutinaria venta a través del mostrador en ese intencionado «suministro» que describe la sentencia.

Si Mohamed Bakkali, el socio de Zougam allí presente cuando el dependiente Abderrahim Zbakh atendió a «tres chavales con acento de Tetuán» que pagaron 9 euros por tarjeta, ratifica lo que detalló hace año y medio a este periódico, la instructora sabrá mucho mejor a qué atenerse. Otro tanto cabe decir del registro de los tornos electrónicos del gimnasio que Zougam abandonó cerca de la medianoche anterior al atentado –cuando se suponía que el comando ultimaba los detalles de la masacre, él levantaba pesas–, y de las comunicaciones que viene manteniendo con sus familiares y amigos durante sus casi diez años de prisión.

Doy por hecho que los abnegados –y avispados– abogados de Zougam lograrán que todo esto se incorpore también al procedimiento, pues es muy significativo que quien dijera por teléfono en 2007 «soy inocente, llevo tres años de cárcel por la cara» y se definiera por escrito en 2010 como «un barato chivo expiatorio para mantener las mentiras del 11-M de la manera más vil, cobarde e inhumana», siga declarándose en 2013 «prisionero por culpa de lo que dijeron las falsas testigos».

Pese a que una eventual exoneración de Zougam en un hipotético juicio de revisión no tendría por qué afectar al resto de la sentencia del 11-M –su inocencia sería incluso compatible con la trola de la mochila de Vallecas–, una conspiración del silencio refuerza su aislamiento carcelario con el ostracismo social. Nadie pronuncia su nombre, es una no persona. Por eso ninguno de los demás grandes diarios nacionales está dedicando ni una línea al procedimiento judicial en marcha.

No lo hicieron cuando declaró el propio Zougam; no lo han hecho cuando han comparecido las enmudecidas testigos. Ni los que sólo miran por el ojo izquierdo para ver a Bárcenas, ni los que sólo miran por el ojo derecho para ver los ERE han publicado una palabra. En lo único en lo que están de acuerdo es en el apagón informativo sobre todo lo que recuerde al 11-M. Y lo mismo les pasa a esas televisiones que compiten en mandar cámaras a la redacción de EL MUNDO cuando desvelamos la enésima trama de corrupción y parecen haber olvidado nuestra dirección cuando aportamos nuevos elementos a este puzle.

Sí, es cierto, en Madrid murieron 191 personas en el mayor atentado terrorista de la Historia, el curso de nuestro proceso democrático quedó alterado para siempre por ese brutal acto de violencia y todo lo antedicho está al alcance de cualquiera, pero «¿a quién le importa que un judío se pudra en la Isla del Diablo?». Pongamos «moro» en lugar de «judío» y sustituyamos el terrible penal de la Cayena por la celda de aislamiento de la cárcel de Topas, pero las palabras que el general Arthur Gonse, segundo jefe del Estado Mayor francés, dirigió al comandante Picquart cuando le instaba a revisar el caso Dreyfus, siguen bochornosamente vigentes.

La suerte de Zougam no le importa ni a un PP empeñado en olvidar su chapucera gestión de aquellos días, ni a un PSOE amnésico sobre las circunstancias en las que llegó al poder, ni a una Izquierda Unida muy cómoda con la mitología alentada por Manjón, ni siquiera a una UPyD que no da abasto con tantos frentes como meritoriamente abre. Sería terrible que tampoco nos importara a los ciudadanos que todavía damos alguna importancia a los derechos humanos, la justicia y el valor de la verdad.

De la misma manera que la canción ¿A quién le importa? que sirve de título al estupendo musical sobre la obra de Carlos Berlanga se convirtió en los años de la Movida en un emblema en defensa de la libertad personal, esa interpelación debería golpear ahora la conciencia individual de cada uno siempre que, como es el caso, los poderes públicos pretendan asentar una flagrante injusticia en el silencio aquiescente de todos nosotros.

Porque, no nos engañemos, cualquiera que tenga ojos para ver es consciente –y lo ocurrido el miércoles es el último elemento de juicio– de que ya hemos entrado en esa fase en la que, como escribió Charles Peguy, «no se trataba de saber si Dreyfus era inocente, sino de si habría suficiente valentía como para declararlo inocente».

EL ARCHIVO de la investigación por falso testimonio contra las dos testigos rumanas que dijeron haber visto a Zougam en los trenes del 11-M es una mala decisión que debería ser corregida por la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que ahora cabe recurso. Las revelaciones de EL MUNDO y la propia instrucción han destapado el intento de ambas por recurrir en su relato al ocultamiento, cuando no al engaño. Eso podría haber sido suficiente para haberlas imputado formalmente. La cuestión de fondo no es menor, porque la palabra de estas personas es la clave que permitió condenar a Zougam a 40.000 años de cárcel. En su decisión de archivo, la juez omite varios indicios inculpatorios, pero hay uno sustancial: la declaración de un guardia civil de Información, experto en reconocimientos, que declaró que quien estaba en el vagón en el que viajaban las testigos era otro terrorista, no Zougam. Por otra parte, ambas se han negado incluso a declarar en la investigación: no parece esa la actitud de quienes no tienen nada que ocultar. Si a ello añadimos que la juez admite que las versiones de los familiares de las testigos son «difícilmente creíbles» y que «incurren en contradicciones», lo mejor que podría hacer la Audiencia es sentarlas en el banquillo para esclarecer los hechos.