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EL PAÍS critica que el Secretario de Estado de El Vaticano, Agostino Casaroli, mantenga negociaciones secretas con el Gobierno de Felipe González

HECHOS

En editorial publicado el 24 de junio de 1985.

24 Junio 1985

Casaroli

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

SE CUENTA del actual secretario de Estado del Vaticano, Agostino Casaroli, que en sus clases en la Academia Pontificia de Diplomacia solía calificar como mejor diplomático a quien fuera capaz de mantener la atención de un gobernante durante más tiempo sin comunicarle nada importante. El secreto fue y sigue siendo el arma más potente de la diplomacia vaticana. Cuatro días de estancia en España del número dos del Estado vaticano, manteniendo conversaciones con los dirigentes de la Iglesia española y con las más altas magistraturas de la nación, no han merecido ninguna nota informativa a la opinión pública española.Contrasta este secreto con la persuasión del mismo cardenal secretario manifestada en el brindis de la cena celebrada en el palacio de Santa Cruz, del interés general que suscitan en nuestra opinión pública los contactos o entrevistas de gobernantes y eclesiásticos. Si, como deducía el mismo purpurado en el brindis aludido, ese interés obliga .a dedicar a la cuestión una atención y un esfuerzo singulares, en orden a dar una respuesta que la opinión pública española desea que sea siempre, salvo posibles excepciones, positiva y satisfactoria», no se comprende muy bien el misterio que rodean negociaciones que afectan no sólo a los católicos, sino a todos los ciudadanos.

La historia de los concordatos y pactos entre la Iglesia y el Estado demuestran hasta la saciedad que el tiempo los supera rápidamente. Las mismas instituciones firmantes comienzan en seguida a acusarse de infidelidad. Y ello puede explicarse por el contenido mismo de lo que se contrata y por el carácter de eternidad que se suele dar a los acuerdos. La realidad viva y cambiante tanto del hecho social como del religioso no permite poner puertas al campo ni encauzar aguas de comportamientos sociales, políticos y religiosos, cuyo dominio no corresponde exclusivamente a los gobernantes en un Estado democrático, sino al dinamismo plural del pueblo soberano. Las relaciones de cooperación, reconocidas por la Constitución, tienen que cohonestar el ejercicio real de la libertad religiosa y la igualdad ante la ley de todos los españoles. La Iglesia no puede pretender introducir desde el poder ningún tipo velado de hegemonía en los códigos vigentes en una sociedad plural.

La Iglesia, como los demás grupos sociales, tiene que entenderse con la sociedad, ejercer en ella su misión, dentro del marco común para todas las confesiones religiosas y de los demás grupos sociales o culturales. Si pedimos luz y taquígrafos sobre nuestra entrada en el Mercado Común o en los sistemas de defensa, con no menos derecho hay que exigir que se conozcan las concesiones, compromisos y ayudas que, pactadas en el secreto de las comisiones, pueden afectar gravemente a las conciencias y a la misma organización de la sociedad. Temas como el aborto, la escuela, los medios de comunicación o el patrimonio artístico tienen que ser ampliamente debatidos y públicamente conocidos. La opacidad proverbial de la jerarquía eclesiástica no legitíma en absoluto la desinformación con que se pretende entretener a la sociedad civil. Con menos razón aún si después el partido gobernante aprovecha ese silencio para ofrecer versiones idílicas y mantener ensimismados a sus posibles electores.

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