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Según el diario dirigido por Juan Luis Cebrián, el ministro intenta el relevo del fiscal Valerio que investiga a implicaciones de los servicios secretos en el asesinato del pro-etarra Santi Brouard, que murió a manos del os GAL

EL PAÍS inicia una campaña contra el ministro de Interior, José Barrionuevo, acusándole de frenar las investigaciones del caso GAL

HECHOS

El 12 y el 20 de enero de 1985 el diario EL PAÍS publicó editoriales sobre el ministerio del Interior de D. José Barrionuevo.

El caso GAL causó un enfrentamiento entre el ministro de Interior, el socialista D. José Barrionuevo y el diario EL PAÍS de PRISA que dirigía D. Juan Luis Cebrián. En especial el asesinato del diputado pro-etarra Santi Brouard. El diario EL PAÍS aseguraba que el Sr. Barrionuevo estaba bloqueando cualquier investigación que pudiera vincular al Estado con ese crimen incluso causando el relevo de fiscales que querían investigar en esa dirección como a D. Emilio Valerio Martínez.

El ministro desmintió todas aquellas informaciones en una serie de cartas abiertas al Sr. Cebrián en una cadena de cartas, pero ante la ofensiva de EL PAÍS terminaría recurriendo a los tribunales civiles.

¿INCOMODIDAD DEL JEFE DE PRENSA DE BARRIONUEVO, JULIO FERNÁNDEZ?

 En el programa de radio ‘La Trastienda’ de la Cadena SER de D. Javier González Ferrari, sus tertulianos aseguraron el día 21.01.1985  que D. Julio Fernández, Director de Prensa del Ministerio del Interior había renunciado para retornar al periódico EL PAÍS, periódico de cuya plantilla era miembro en excedencia. No obstante los hechos demostraron que durante los meses sucesivos el Sr. Fernández siguió ejerciendo sus funciones en el ministerio con el Sr. Barrionuevo.

CADENA DE CARTAS DE BARRIONUEVO REPLICANDO A LAS INFORMACIONES Y COMENTARIOS DE EL PAÍS

Antes de la demanda, el Sr. Barrionuevo había mandado una cadena de cartas al director del diario EL PAÍS, D. Juan Luis Cebrián, reprochandole que le vinculara con el caso GAL:

12 de enero de 1985 – El Ministro Barrionuevo desmiente

En la edición de ayer del periódico de su dirección se publica una información, sin firma, recogida en la primera página, y más extensamente en la página 11, en la que se me alude directamente e implica en unos hechos que, por lo que a mí se refiere, son absolutamente inciertos.Contrariamente a como dice la referida información, no he mantenido ningún contacto con el fiscal general del Estado, al que tampoco he cursado indicación o instrucción alguna en relación con las investigaciones judiciales que se siguen con el denominado caso Brouard. Esta información ha obligado al Gabinete de Prensa del ministerio a hacer el oportuno desmentido. Lo incierto de la información de referencia resulta aún más lamentable cuando, de manera deliberada, el departamento que dirijo viene manteniendo un escrupuloso silencio en relación con las investigaciones en curso, de acuerdo con la discreción a que obliga la ley de Enjuiciamiento Criminal.- Ministro del Interior.

12 Enero 1985

La garantía de nuestras libertades

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián)

LA FiSCALÍA General del Estado, en una nota informátiva, y el ministro del Interior, en una comparecencia televisiva, han negado tajantamente que sean ciertas las informaciones -véase EL PAIS de ayer- según las cuales José Barrionuevo habría dado directamente indicaciones o instrucciones al ministerio público para el apartamiento o sustitución del fiscal de la Audiencia Territorial de Bilbao que intervenía en el caso Brouard. Tan rotundo mentís no agota, sin embargo, las complejas cuestiones implicadas en las relaciones entre el poder ejecutivo y el ministerio fiscal. La nota oficial de Luis Burón Barba subraya que la Fiscalía General del Estado en ningún caso podría admitir instrucciones del Ministerio del Interior, pues este departamento carece de las necesarias atribuciones al respecto. Pero un lector poco versado en Derecho podría extraer de ese desmentido, irreprochable en su fundamentación teórica, la errónea conclusión de que el Gobierno carece de competencias sobre el ministerio público. Tampoco la declaración de que el Gobierno no ha intervenido en este asunto, en función de su respeto por la independencia judicial, deja de prestarse a equívocos. Aunque el título VII de la Constitución englobe bajo un único rótulo -Del Poder Judicial- a jueces y fiscales, y aunque unos y otros ingresaran hasta hace pocos años en la Escuela Judicial mediante las mismas oposiciones, los jueces son independientes e inamovibles, pero los fiscales son jerárquicamente dependientes y removibles.El Estatuto del Ministerio Fiscal establece que el Gobierno, a través de su presidente y del ministro de Justicia, puede «interesardel fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público». La acepción del Diccionario de la Real Academia más adecuada al caso es la que define al verbo interesar como equivalente a «hacer tomar parte o empeño, a uno en negocios o intereses ajenos como si fuesen propios». Dado que el ministerio fiscal ejerce sus funciones «conforme a los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica», las indicaciones dadas por el Gobierno al fiscal gerieral del Estado se extienden, una vez admitidas, a los demás miembros del ministerio público. Porque el fiscal general del Estado es casi comparable al máximo responsable. de una cadena militar de mando: ostenta la jefatura superior del ministerio fiscal y su representación en todo el territorio nacional; le corresponde la dirección e inspección del ministerio fiscal; puede impartir a sus subordinados las órdenes e instruciones convenientes, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos, y puede designar a cualquiera de los miembros del ministerio público para que actúe en un asunto determinado.

Además, el fiscal general del Estado, que transmite órdenes a sus subordinados (situados en una estructura jerárquica y disciplinada) y que puede ser interesadopor el Ejecutivo para promover determinadas actuaciones, es designado por el Gobierno. Cuando las Cortes Constituyentes descartaron la idea de que el fiscal general del Estado fuese elegido por una mayoría cualificada del Parlamento, tal y como sucede con los magistrados del Tribunal Constitucional, y decidieron su designación por el poder ejecutivo, nuestro ordenamiento jurídico desaprovechó una excelente oportunidad para anular los fundamentos sobre los que descansan parcialmente las suspicacias en torno a la dependencia del ministerio público respecto del Gobierno. Unos recelos que la oposición, por lo demás, desplegó hasta la estridencia con ocasión de la querella contra los administradores de Banca Catalana.

Si los caminos del Señor son inescrutables, casi tan difíciles de averiguar son los vericuetos que recorre la información dentro de los aparatos del Estado. De un lado, nadie ha desmentido -ni podría hacerlo sin faltar a la verdad- el profundo descontento del Mínisterío del Interior ante las diligencias promovidas por el fiscal Valerio para esclarecer las eventuales responsabilidades de algunos servicios estatales en el asesinato de Santiago Brouard. De otro lado, resulta evidente que esa desazón policial llegó a conocimiento del fiscal jefe de Bilbao y se halla relacionada con la dimisión del fiscal Valerio. Que el ministro del Interior no transmitiera de forma directa ese malestar al fiscal general del Estado remite únicamente al problema de saber cuáles fueron los eslabones intermedios recorridos por el mensaje, ya que no existen dudas razonables acerca de que el contacto finalmente se produjo. Dentro de la lógica institucional, el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Gobierno son los únicos interlocutores habilitados por ley para la comunicación oficial con la jefatura del ministerio público. La incógnita -de importancia menor- sobre el itinerario exacto recorrido por la información sólo podría quedar resuelta si el Gobierno y el fiscal general del Estado resolvieran completar sus desmentidos parciales con una exhaustiva explicación de lo sucedido. Es posible que el descontento policial ante la actuación del fiscal Valerio se expresara hábilmente con alarmadas preguntas o con escandalizada sorpresa, en vez de revestir la torpe forma de la presión directa o de la exigencia intempestiva. Pero tampoco parece revestir demasiado interés la tarea de averiguar si la manera en que las instituciones del Estado se intercambian los mensajes y se ponen de acuerdo entre ellas es cortés o desabrida, amable o intimidatoria.

En el supuesto de que las versiones oficiales dadas en torno al incidente fuesen exactas, habría que concluir que el fiscal Valerio cometió serios fallos profesionales y que su desenvuelta yuxtaposición de todas las conjeturas imagínables y de todas las posibilidades concebibles en torno al asesinato de Brouard -desde los ajustes de cuentas dentro de ETA hasta las actuaciones de servicios estatales, pasando por los crímenes de los GAL- apenas ayuda al esclarecimiento de los hechos. Pero en tanto que una información veraz y completa no ocupe el lugar de los desmentidos oficiales y de las contradictorias declaraciones del fiscal Valerio, resulta imposible descartar otras interpretaciones menos frívolas y bastante más ominosas.

En otra perspectiva, la sustitución del fiscal Valerio podría resultar un dato casi anecdótico. Al fin y al cabo, la instrucción del sumario es competencia fundamental del juez, cuya independencia e inamovilidad le ponen a cubierto de recibir órdenes o de soportar presiones. En cualquier caso, el ministro del Interior debe aceptar que sus subordinados están tan obligados como el resto de los ciudadanos a responder a las preguntas que el instructor de un sumario les formule. Y la práctica de las diligencias promovidas por el fiscal Valerio es ya imparable. Al mismo tiempo, también sería menester que el ministro del Interior de un Gobierno socialista desplegara el mismo celo y utilizara los poderosos resortes con que cuenta para aclarar, sin ir más lejos, los hechos denunciados ayer por el abogado Carlos Aguirre de Cárcer sobre los presuntos malos tratos y el presunto abuso de autoridad de una patrulla de la Policía Nacional. Sólo de esta manera se demostraría que José Barrionuevo es capaz de garantizar un régimen de libertades desde el difícil cargo que ocupa en este primer Gobierno del presidente González.

13 Enero 1985

El Ministro Barrionuevo  vuelve a desmentir

José Barrionuevo

En relación con la información que publica hoy su periódico en la página 11, esta vez firmada, titulada La protesta del Ministerio del Interior, transmitida a la Fiscalía del Estado, desencadenó la sustitución de Emilio Valerio, y en la que se hacen diversas consideraciones sobre una pretendida intervención mía en el denominado caso Brouard, y que concluye con la frase: «queda claro que la línea investigadora seguida por el fiscal Valerio produjo una protesta de los servicios policiales que el Ministerio del Interior hizo llegar al fiscal general del Estado y que desencadenó el relevo de aquél», me veo en la obligación de rectificar nuevamente las aseveraciones contenidas en su periódico en lo que al Ministerio del Interior se refiere :Señor director: ningún servicio policial o de inteligencia, como se dice en la información de referencia, me ha presentado protesta alguna sobre las investigaciones seguidas por el asesinato de Santiago Brouard. Vuelvo a insistirle que no se ha transmitido por parte de este Ministerio al fiscal general del Estado ninguna indicación, observación, instrucción ni protesta por las citadas investigaciones.- Ministro del Interior.

20 Enero 1985

¿Quién miente?

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián)

LA NOTA facilitada ayer por la oficina de prensa del Ministerio del Interior, resuelto al parecer a proseguir indefinidamente la fatigosa polémica del titular de ese departamento con EL PAIS, está salpicada de errores gramaticales, tergiversaciones de hechos, contradicciones flagrantes, explicaciones no solicitadas y amenazas. La circunstancia de que José Barrionuevo dirija sus quejas a la vez a la opinión pública y a los tribunales de justicia nos obliga, muy a pesar nuestro, a responder a ese peregrino documento, digno retoño de la literatura policial de la época de la dictadura.Las informaciones publicadas por EL PAIS durante la última semana se limitaron a poner en relación la dimisión o el relevo del fiscal Valerio, que intervenía en el caso Brouard, con sus peticiones para que el juez instructor del sumario practicara determinadas diligencias cuya realización afectaba a funcionarios dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Aunque no resulta fácil determinar con exactitud todos y cada uno de los pasos de la información circulada dentro del aparato del Estado, se sabe ya, en buena parte gracias a la investigación de este periódico, que la remoción del fiscal Valerio fue precedida por las comunicaciones facilitadas al ministro de Justicia por el ministro del Interior y por el ministro de Defensa. También está confirmado que el ministro de Justicia transmitió tal información a la Fiscalía General del Estado, que la hizo llegar al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Bilbao. El director de EL PAIS no consultó anteayer con el ministro del Interior, sino que preguntó a José Barrionuevo, a Fernando Ledesma y a Narcís Serra acerca de las circunstancias en que se habían producido esas comunicaciones. Respetando criterios profesionales, la información aparecida ayer en este periódico se basó exclusivamente en las respuestas oficiales de los tres ministros.

El rasgo más sorprendente de esta historia es que, al menos formalmente, no hay nada ilegal en esa secuencia informativa dentro del aparato del Estado. Resulta casi obligado que los subordinados del ministro del Interior comuniquen al titular del departamento la recepción de esas diligencias. Es comprensible que el ministro del Interior transmita al ministro de Justicia esa información. Y se halla dentro de las posibilidades legales que el ministro de, Justicia ponga tales hechos en, conocimiento del fiscal general del Estado: las comunicaciones del Gobierno, a través de su presidente o del ministro de Justicia, con el fiscal general del Estado están previstas por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que «el Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público». Dado que el ministerio fiscal ejerce sus funciones «conforme a los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica», el fiscal general. del Estado, una vez interesado en un asunto específico por el poder ejecutivo, tiene pleno derecho a impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes y a designar a cualquier miembro del ministerio público para un asunto determinado.

¿A qué viene entonces la irritación y el desasosiego del ministro del Interior en este asunto? La nota de la oficina de prensa, redactada con un notable desprecio por la exactitud y por el idioma, se debate con un adversario inexistente. El ministro del Interior, que reconoció anteayer haber informado al ministro de Justicia de la existencia de las providencias judiciales relacionadas con el caso Brouard, aclara a los ciudadanos que la palabra información no debe ser entendida como «iniciativa o adopción de medida alguna». Ninguna de las definiciones dadas por el Diccionario de la Academia a ese término contiene esa disparatada acepción. Obsesionado por la mala conciencia, el redactor de la nota insiste en que los datos transmitidos por el ministro del Interior al ministro de Justicia sobre esas diligencias no deberían entenderse como información transmitida de manera oficial «con la intencionalidad política de promover cualquier tipo de acción administrativa». El señor ministro del Interior, se nos viene a decir, acostumbra a charlar con otros colegas del Gobierno sobre conflictos interdepartamentales con el exclusivo objeto de matar el tiempo, distraer los ocios o ampliar sus conocimientos de cultura general.

La nota también afirma que el ministro del Interior «no ha recibido muestra alguna de ningún tipo de posicionamiento por parte de los servicios de él dependientes, y que hubieran recibido providencias judiciales en relación con el caso Brouard, todas las cuales fueron atendidas en su momento con la discreción a que obliga la ley de Enjuiciamiento Criminal». Aunque no resulta fácil desentrañar el significado de la frase, la misteriosa negativa parece dar a entender que los subordinados afectados por las diligencias judiciales comunicaron su existencia al ministro del Interior con gesto imperturbable, sin añadir comentarios y tal vez en posición de firmes.

El ministro del Interior, finalmente, pasa a «explicar las razones» que le impulsan a «rechazar con firmeza» cualquier «sombra de duda» sobre las responsabilidades propias o de cualquier servicio de su departamento «en relación con el necesario esclarecimiento del asesinato de don Santiago Brouard». Esas razones, sin embargo, brillan por su ausencia en el texto, que se limita, a considerar una «insidiosa y grave acusación» la insinuación de que los servicios dependientes del Interior o de otra instancia gubernamental se hallen ocultamente interesados en dificultar esas actuaciones judiciales. Pero si los argumentos faltan, siempre existe la posibilidad de que una buena amenaza supla su ausencia. De esta forma, el ministro del Interior anuncia el envío a los tribunales de las informaciones publicadas por EL PAIS en torno a la rocambolesca sarta de silencios, desmentidos, contradicciones y omisiones oficiales que ha acompañado a la sustitución del fiscal Valerio en el sumario de Brouard. Para su desgracia, no ha sido EL PAIS, sino la propia torpeza del Ministerio del Interior la causa de que algunos medios -y en ningún caso este periódico- hayan dado pábulo a esa ominosa hipótesis. Alguien ha mentido en este asunto. Y desde luego no ha sido EL PAIS, que se ha limitado trabajosamente a esclarecer un asunto inútilmente oscurecido por el Ministerio del Interior.

23 Enero 1985

Nueva aclaración del ministerio de Interior

José Barrionuevo

Resuelto a proseguir con ustedes «la fatigosa polémica» para que, ante la opinión pública, vaya quedando claro ¿Quién miente? en la presentación de las distintas intervenciones en el caso Brouard (cosa que en mi opinión se va consiguiendo, aunque trabajosamente, es verdad), me dirijo nuevamente a su periódico.De todos es conocida -y nunca suficientemente alabada- la proverbial objetividad y sentido de la responsabilidad de su periódico, especialmente en su línea editorial, en todo lo que se refiere a mis actuaciones y decisiones públicas, así como el afecto, y consideración con los que siempre distinguen el trabajo, difícil y arriesgado, de los funcionarios del Ministerio del Interior (policías y guardias civiles).

Aunque sólo fuera por esta notoria predilección por la parcela de la política gubernamental en seguridad y libertades, no dudo que sabrá comprender mi torpeza en insistir ante el director de un periódico que, como el suyo, nunca se ha equivocado en sus comentarios e informaciones, o, por lo menos, nunca los ha rectificado, que yo sepa.

Veamos, señor director, cómo hemos llegado a la situación que motiva esta nueva carta de quien suscribe, y a su periódico le fuerza a editorializar bajo el título: ¿Quién miente?

El pasado día 11 de los corrientes, su periódico publicaba en primera página una información, sin firma, titulada: Los servicios de espionaje se oponen a ser investigados sobre el ‘caso Brouard’, y de antitítulo «Barrionuevo pidió a Burón el relevo del fiscal Emilio Valerio».

A usted, señor director, no se le escapa la gravedad de tal afirmación de interferencia que sobre mí, personal y directamente, vertía su periódico en relación con una supuesta intencionalidad de determinados servicios del Estado de entorpecer el esclarecimiento de un asesinato.

Tan grave acusación, aunque velada o sugerida, fue secundada, después de que su periódico lanzara tal insidia, por otros medios informativos, que, al parecer, confian en la credibilidad y rigor que caracterizan el trabajo profesional de EL PAIS.

Pues bien, señor director, tras las investigaciones de sus redactores, sus comunicaciones con el Ministerio de Justicia, con el de Defensa, conmigo mismo, las informaciones facilitadas por el fiscal general del Estado y otros fiscales, se trata de contestar sencillamente a una sencilla pregunta: ¿la información y titulación de su diario sobre el tema del pasado día 11 se corresponden estrictamente con la realidad de los hechos o, por el contrario, se observan ligerezas, inexactitudes o falsedades en lo publicado?

Aunque quizá, como me dijo usted personalmente, la intención difamatoria no esté en sus redactores, sino en sus fuentes de información, cosa que -reconozco- es posible, pero usted es el responsable de su publicación.

No le oculto, señor director, que la respuesta a mi pregunta, en algo coincidente con la que se formula editorialmente en su periódico, tiene mucha influencia en cuanto a las acciones jurídicas que, en cualquier caso, voy a seguir, con toda calma, reflexión, preparación y tranquilidad -eso sí-, ya que las acciones que voy a ejercitar tardan varios años en prescribir.

Y otra cosa, señor director: se lamenta su editorial de hoy de la falta de información en torno a las actuacíones judiciales que se siguen para esclarecimiento del caso Brouard. Y ese lamento lo dirigen hacia este departamento, al que han escogido, con una preferencia obsesiva, como causante de todo mal.

Pues, ya ve usted, señor director: en esta ocasión también están equivocados, ya que, de acuerdo con la ley de Enjuiciamiento Criminal, las actuaciones judiciales deben ser secretas, y en este ministerio, que somos escrupulosos cumplidores de las normas legales, hemos cumplido con nuestra obligación y hemos sido discretos.

Así que si su afán informativo no se ha visto satisfecho, oriente sus quejas a quien corresponda y deje ya de descalificar con falsos argumentos, aludiendo a la socorrida torpeza del Ministerio del Interior.

El tiempo juzgará quién fue el torpe, señor Cebrián.

Termino, señor director. Espero sus decisiones ante estas líneas para decidirme yo, a mi vez, sobre la afirmación que hace un buen amigo mío de que usted es un fervoroso partidario de la libertad de prensa, pero un decidido enemigo de la libertad de expresión. Usted tiene la palabra.- ministro del Interior.

24 de enero de 1985 – El ministro Barrionuevo vuelve a la carta

Unas breves puntualizaciones últimas -salvo que ustedes determinen otra cosa- en la polémica que hemos mantenido como consecuencia de sus informaciones, titulaciones o comentarios en cuanto al denominadocaso Brouard, desde el pasado día 11:1ª Ningún organismo ni funcionario dependiente del Ministerio del Interior me ha expresado «protesta, malestar ni indignación» alguna en relación con las investigaciones que se siguen en torno a dicho caso; por consiguiente, yo nunca pude transmitir algo que no ha existido.

El hecho de presentarme como el actor, principal, de una forma personal y directa, en un pretendido deseo de interrumpir o interferir una investigación judicial, ha sido un acto injusto por su parte -consecuente con el trato que me vienen dispensando desde diciembre de 1982-, sin tener en cuenta la realidad de los hechos ni las competencias legales que corresponden a cada persona o autoridad afectada.

3ª La decisión adoptada por usted al publicar hoy la carta que le remití el día 20, más la información y editorial, también de hoy, le honran, señor director, y le felicito por ello.- ministro del Interior.

14 de febrero de 1985 – Vuelve Barrionuevo

Por lo que se ve, las informaciones falsas y difamatorias que sobre mi persona publicó su diario en torno al asesinato del señor Brouard siguen «surtiendo efecto».En el día de hoy, su redactor Javier García, en la página 14, dice literalmente:

«Como ya informó este periódico, el fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin solicitó que se investigara a los servicios de información de la Guardia Civil y del Ejército sobre el caso Brouard. Los oficios llegados a José Barrionuevo y a Narcís Serra fueron remitidos por éstos al ministro de Justicia…».

Pues bien, le reitero una vez más que, en lo que a mí se refiere, esa información es falsa, entre otras cosas porque, hasta el día de hoy, yo no he recibido ningún oficio de ninguna institución ni persona en torno alcaso Brouard.- Ministro del Interior.

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