EL PAÍS se lanza al ataque contra Pedro J. Ramírez por el caso del ‘video sexual’ alineándose con el YA de Rodríguez Menéndez

El domingo, 9 de noviembre, iba yo paseando por delante del palacio de Oriente cuando una reducida pero abigarrada multitud me cerró el paso. Se trataba de la procesión de la Almudena caminando hacia la catedral que con ese nombre inauguró el papa Juan Pablo II hace unos años. El Trono y el Altar volvían a cogerse de la mano sobre el Campo del Moro gracias a las subvenciones que el Ayuntamiento, la Comunidad y el Gobierno (los tres, dirigidos al inicio de las obras por socialistas) habían aportado al empeño de Angel Suquía, por aquel entonces arzobispo de la capital. Asistí el día de la inauguración a la inacabable misa que ofició allí el Papa, y con tal ocasión vi comulgar a personas que nunca hubiera imaginado libres de pecado.En fin, he de confesar que no asisto hace años, ni veo, aunque sea desde la lejanía, procesión alguna. Quizá por eso ésta que cuento me llamó la atención.

Aparte del arzobispo Rouco y una docena de sacerdotes, desfilaban, delante y detrás de la Virgen, un nutrido grupo de señoras, todas ellas enlutadas, todas con mantilla y peineta. A su zaga, unos caballeros cubiertos con largas capas blancas, una banda de música, diríase que en representación de alguna casa regional, manolos y manolas como recién salidos de La verbena de la Paloma y el inevitable alcalde de la Villa y Corte (cada vez menos villa y más corte… de los milagros). Iba el edil acompañado de su esposa, tan enmantillada como las damas, aparentemente viudas, que les abrían paso, y unos pocos concejales (todos del PP), armado él con el bastón de mando, se arropaba con el collar que en su día diseñó e hizo fabricar (supongo que en la Fábrica de la Moneda) el ilustre y valeroso falangista Jesús Suevos, concejal sempiterno que fue durante la era de Franco. Cerraba el cortejo una banda de Infantería, algo desganada.

Al final del cortejo, y fuera de la cosa oficial, unos pocos fieles y cuatro o cinco fascistas enarbolando una bandera con el águila monocéfala. Al doblar el último recodo, antes de entrar en la catedral, al paso de las autoridades, un grupo levantó una pancarta donde podía leerse: «Se recogen firmas contra Setién». Fuesen y no hubo nada.

Tuve, lo reconozco, la desapacible sensación de lo déjá vu. Volví por un momento a mi niñez y juventud, a los rosarios de la aurora, a los maitines, a las misiones,a los sermones del padre Vázquez, que sudaba como nadie. Pensé en el tango: «Es el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida». Así que me metí en un bar y me dispuse a tomar una cerveza y a leer el periódico con la esperanza de volver al presente. Separé las innumerables partes de las que se compone los domingos la prensa (revista, dominical económico, cómic infantil, coleccionable, resumen semanal, etcétera) y me encontré, para mi desasosiego y desgracia, con la siguiente noticia:

«Una mujer ingresó el viernes en la prisión de Carabanchel, acusada de descubrir y revelar secretos de la intimidad del director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez. La detenida, Exuperancia Rapú Muebake, se encuentra a disposición de la juez Ana Revuelta… La juez se basó en el artículo 197 del Código Penal, que en su apartado 5 castiga con una pena de entre dos y cuatro anos a quien revele la ideología, religión, creencia, salud, origen social o vida sexual de otro sin su consentimiento».

O sea, que el gran desvelador de secretos ajenos, el muñidor electoral de Aznar, el mejor asesor de Villalonga, el paladín de la transparencia,. quiere ocultar sus secretillos. Él, sostenedor con irrefutables argumentos de que «los hombres públicos no tienen vida privada», remueve y moviliza Roma con Santiago, justicia y policía, que parecen estar a sus órdenes, porque hay unos vídeos., Pero ¿en qué lo involucran?, ¿en qué posturas han retratado a este san Antonio?, me pregunto. Me lo pregunto y llamo a un amigo periodista, generalmente bien informado, miembro activo del mentidero madrileño. Y lo hago en buena hora, pues me invita a comer, y comemos.

El vídeo te lo pongo después de la comida, que no quiero yo quitarte el apetito -me dice nada más entrar en su casa.

– Es muy fuerte -me dice su mujer mientras me da la bienvenida.

– Es curioso -insisto- este caballero que ha publicado en su periódico cuanto le ha venido en gana. Por ejemplo, las cintas del CESID, robadas, incluyendo todo tipo de conversaciones privadas, sin que ninguna juez Ana Revuelta ni fiscal general alguno hayan tenido a bien mover un solo dedo en defensa de los agraviados, pese a las denuncias de éstos ante los tribunales. El perejil de todas las salsas, el activista de todas las conspiraciones…

– Los poderosos siempre se creen impunes hasta que son pillados como alguaciles alguacilados -me corta mi acogedor samaritano.

Comemos y, ya tomando el café, vemos la película en un silencio espeso. «¡Madre mía!», acierto a decir por todo comentario cuando la tremenda proyección concluye. «Inenarrable», como diría el actor principal de la cinta que acabamos de ver. Quedo un rato callado. Nadie se atreve a romper el silencio. Para hacerlo, les cuento la procesión a la que acabo de asistir, y de pronto recuerdo otra, la procesión de un Jueves Santo en Carabaña.

En aquélla, viéndola desde. un balcón, estaban, si no recuerdo mal, Aznar, Rato y Ramírez, el de marras, junto con sus señoras. ¿Qué opinará Ana Botella después de ver este vídeo? -pienso.

No se trata de que un poderoso resulte, además, libertino. No se plantea una cuestión que atañe a la moral sexual, acerca de la cual cada uno tendrá su opinión, como la tienen, por ejemplo, los señores obispos, dueños de la emisora de radio en la que con gran empeño colabora este caballero. Se trata de un asunto psicológico, o psiquiátrico. De una actitud que explica muchas cosas de las que hace este señor cuando se quita el uniforme y ejerce de predicador.

Las imágenes del vídeo pueden asustar, es cierto, pero lo que de verdad da miedo es la respuesta del Estado: juez, Fiscal general, policía, para ponerse a la tarea y a la orden del señor Ramírez. Se reimplanta la censura previa («la juez Revuelta prohíbe al Ya la publicación de cualquier otro fotograma del vídeo objeto de las diligencias previas»). Se interviene la correspondencia. Se decreta prisión sin fianza para Exuperancia Rapú Muebake, etcétera, etcétera. En fin, que estamos ante un asunto de Estado, ya se ve.

Cuando tantas intimidades fueron invadidas desde El Mundo y los ofendidos recurrieron al amparo de la justicia, exhibiendo precisamente el mismo artículo que ahora se aplica para llevar a la cárcel a la señora Rapú Muebake, sus denuncias fueron archivadas sin que fiscal o juez alguno se atreviera a aplicar esa misma ley que ahora sí se aplica. En este caso hay una canallada (la grabación del vídeo) y un delito (la difusión) igual que ocurrió, entre otros escándalos, con el de las cintas robadas del Cesid y con una diferencia, la difusión de este vídeo es clandestina, las grabaciones del Cesid se difundieron en un periódico y, eso sí, con dos respuestas desde el Estado ante los delitos, no sólo diferentes, sino diametralmente opuestas. Dos varas de medir que ponen demasiadas cosas en evidencia. Convendría saber qué deudas, qué obligaciones contraídas o qué miedos suscita este acreedor, tan rápida y eficazmente atendido en sus demandas.

Durante la etapa final del Gobierno socialista se introdujeron prácticas consistentes en la aparición de un periodismo que no se puso límites a sí mismo a la hora de obtener por cualquier medio información contra el Gobierno. Se sindicaron con él intereses políticos y judiciales. Se perpetraron venganzas personales. Se crearon vientos y tempestades arrasadoras. Se despreció cualquier principio ético y se implanto el todo vale. Vemos ahora con horror que aquel ambiente, tanto ardor guerrero, han acabado por invadir la sociedad y el Estado. Aquellos polvos traen estos lodos. Este barrizal que involucra al Estado y que va más lejos que un vídeo deplorable.

Joaquín Leguina

Me fastidia enormemente la cuestión de este vídeo de Pedro J. Ramírez, director de EL MUNDO, celebrando ceremonias sexuales con una señorita a sueldo. Me duele que a la negra Exuperancia la haya metido en, la cárcel la denuncia de Pedro por divulgar su intimidad sexual. Se mete con demasiada facilidad a la gente en la cárcel: quienes les envían a ella saben perfectamente el enorme daño que hacen, generalmente desmesurado con respecto al delito, supuesto o real, del que les acusan; -mucho mayor que el del mal causado a otra persona o a la impersonal y peligrosa sociedad. No puedo ni intentar describir la ira que me produce el artículo del código por el que se puede encerrar a Exuperancia, que castiga a quien revele la ideología, religión, creencia, salud, origen social y vida sexual de otro. ¿Es que hemos de ser conspiradores cotidianos? Yo soy rojo, ateo, descreído, heterosexual, de origen burguesito, y hoy viejo sano y aburrido. No debe ser que hayan de ocultarse esos datos por miedo a que la sociedad discrimine. El culpable es quien discrimina, no el discriminado. Es positivo que el vídeo no haya perjudicado a su actor, ni siquiera en el mundo pudibundo y beato que le contiene y le estimula; y sí descalifica a quienes hayan complotado para llevarle a una encerrona. Siento que le acepten sólo porque para ellos vale más vivo y activo. Me alegro de que no pase nada: buena salud social. Me repugna más algo como la COPE, en manos de los obispos y entregada a la calumnia, al insulto y al desdén por los otros, y defensora de ese actor, que lo que él haga con quien le quiera o le cobre. Y la celada tendida, a partir de la chica guineana, y por espías probablemente profesionales, que la actividad sexual del señor.

Estoy cansado de ver escenas así en películas pornográficas. Las prefiero: están mucho mejor hechas. Lo peor de la realidad es lo sórdida que resulta cuando se enmarca: no sólo en este caso, sino cuando el sexo se realiza en la postura del misionero (frase anglosajona: se refiere a los protestantes; los de otras religiones tendrán. sus maneras o estilos).

Me preocupa de Pedro su periódico diario, su vida pública. Que meta en la cárcel a su compañerita Exuperancia: eso no lo hace un caballero. En cuanto a sus costumbres, deberían ser indiferentes a todos: el día en que se pueda hablar de la ideología, el sexo, la salud o lo que sea de los demás sin exponerles a ninguna clase de desdoro, y lleguemos a la «casa de cristal», entraremos en la democracia.

Eduardo Haro Tecglen

La grabación clandestina de un vídeo, y su posterior difusión, que revela las muy personales aficiones sexuales del director de EL MUNDO, Pedro José Ramírez, ha terminado por convertirse en un problema político y judicial de considerable envergadura. Naturalmente, el primer y único comentario que merece el hecho es la repugnancia que inspira esta violación inadmisible de la intimidad de una persona, en contra de sus derechos más elementales y de lo que la ley estipula. Contra lo que algunos piensan -entre ellos, y paradójicamente, la propia víctima de esta agresión-, los personajes públicos sí tienen vida privada, y aunque Ramírez sea un individuo popular, eso no desmerece la protección jurídica y moral que su intimidad reclama. De modo y manera que nos encontramos ante algo absolutamente rechazable, sin ningún género de matices, por más que el destinatario de la infamia haya podido ser autor de otras de similar o parecido calibre. En circunstancias normales, aquí deberíamos haber puesto punto final a este editorial. Pero ha sido el propio director de EL MUNDO quien, con desprecio de su propia intimidad, ha situado la cuestión de ese infame vídeo en el centro de la atención pública, tratando de convencer a los españoles de que los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que no operan desde 1986, se han reorganizado y son los responsables de un auténtico montaje contra él. No nos interesan ahora las primeras y mentirosas versiones del propio Ramírez en el sentido de que el vídeo era un trucaje y él no era el protagonista. Quien es asaltado en su propia fama de manera tan vituperable tiene derecho incluso a mentir para defenderse.

A lo que no tiene derecho es a convertir sus propios y peculiares problemas en cuestión de Estado, por mucho que el director de El Mundo sea un asesor frecuente de la política del Gobierno en el terreno de la comunicación y quizá en otros. Y, sin embargo, el Estado, con todo su poder, se ha mostrado en este caso dispuesto a defender la dignidad violada con una contundencia que para sí quisieran los ciudadanos corrientes y molientes a la hora de ver defendidos sus derechos.

El relato de acontecimientos es casi bochornoso: la coprotagonista del vídeo fue- encarcelada en prisión sin fianza durante una semana, y sólo salió de la cárcel cuando se mostró dispuesta- a declarar conforme convenía a las tesis de Pedro J. Ramírez. La juez encargada del caso intervino correspondencia privada y aplicó la censura previa de prensa para impedir la difusión de las imágenes. Y el encomiable celo empleado por el Ministerio del Interior para investigar este caso contrasta con la falta de reacción que ha mostrado en otras ocasiones, incluso cuando el diario El Mundo ha. desvelado la vida privada y violado la intimidad de las más altas magistraturas del Estado. ¿Por qué? Sin duda porque el Gobierno necesita que estos vicios privados de los que se hablan no le salpiquen y no encuentra mejor camino para ello que tratar de convertirlos en una virtud pública: es necesario que nos encontremos otra vez ante los GAL, y no ante el ánimo de lucro de unos desalmados y el de venganza de quienes se sienten víctimas de Pedro José.

Semejante abuso argumental, cuando ya parece evidente que no medió violencia alguna para conducir al director de EL MUNDO a la situación en que aparece, ha tenido su corolario en la irrupción en la causa, como elefante en cacharrería, (¡oh sorpresa!) del magistrado Gómez de Liaño. Incumpliendo claramente las normas procesales, este juez, tan conocido ya por los españoles, pretende relacionar nada menos que la vida sexual de un periodista con un fantasmagórico resurgimiento de los GAL. Y a partir de ahí, con el beneplácito de la fiscalía de la Audiencia, hoy en manos de sus muy amigos Fungairiño y Gordillo, ordena registros, decreta detenciones y establece -¿cómo no?- el secreto del sumario.

Es todo tan chusco que produciría hilaridad si no anduvieran por medio la intimidad de una persona -que él mismo parece despreciar-, la respetabilidad de la justicia y la dignidad del Estado. Porque la gravedad del caso radica en que tal -cúmulo de despropósitos e irregularidades no pueden sino crear una sensación de inseguridad jurídica incompatible con la normal salvaguardia de los derechos individuales de los ciudadanos en un Estado de derecho.

Por repugnante que nos parezca -y que efectivamente es- el método empleado para dañar la imagen personal de Pedro José Ramírez, no dejan de ser también detestables- los métodos que éste emplea a la hora de defenderse. La politización de un delito privado para salvar la cara del director del periódico más afín a José María Aznar es algo inadmisible. La involucración de la Audiencia Nacional y del juez Liaño debe llamar nuevamente la atención del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial sobre las extrañas actitudes de este magistrado.

Pero lo más curioso de todo es que, cuando la violación de que ha sido objeto el director de EL MUNDO ha sido tan flagrante que nadie podía hurtarle su solidaridad, él mismo se ha encargado de pasar por encima de su propia reputación con tal de seguir combatiendo a sus enemigos políticos. Porque el honor o deshonor de Pedro J. Ramírez no se encuentra en sus escenas de cama, que tanto dan, sino en la práctica profesional que él mismo ha desarrollado a lo largo de los años.

Al diario El País no le escandalizó que Rafael Vera, la persona que durante toda una década ha tenido el control de los más diversos servicios policiales, anunciara primero que «pronto se va a saber a qué dedica el tiempo libre el director de EL MUNDO», añadiera después que no le hubiera importado participar en un montaje como el del vídeo fabricado contra Pedro J. Ramírez y rematara la faena incitando a la contemplación del material delictivo. Y no le escandalizó a pesar de que todas esas manifestaciones se realizaron ante los micrófonos de una cadena radiofónica de su propiedad.

Al diario El País no le escandalizó que el propio Rafael Vera apareciera mencionado en media docena de ocasiones en el testimonio que la persona utilizada para el montaje prestó tras quedar en libertad ante la juez. Y que según ese relato, fuera quien pagó el dinero para difundir el vídeo, quien dio orden a los autores materiales de salir de España y quien les llegó a proponer que prestaran falso testimonio ante el Tribunal de Estrasburgo.

Al diario El País no le escandalizó que en ese testimonio se reflejara con todo lujo de detalles, fechas y lugares la intervención en estos graves hechos delictivos del gobernador civil de Guipúzcoa en tiempos de los GAL, José Ramón Goñi Tirapu, y del ex ayudante de Felipe González en Moncloa, Angel Patón. Tampoco le escandalizó que este último personaje, que durante siete años trabajó a 25 metros del presidente y tuvo entre otras la misión de manejar los informes archirrestringidos del CESID, aparezca como titular del contrato de alquiler del apartamento en el que fue detenida la implicada. O que este mismo Angel Patón haya sido estrechamente relacionado por la declarante con una secretaria de Alfonso Guerra, cuyo esposo tiene una empresa de reproducción de vídeos. No, El País prefiere abonarse a la tesis de que la implicada sólo fue puesta en libertad «cuando se declaró dispuesta a declarar conforme le convenía a Pedro J. Ramírez», aunque para ello tenga que acusar de prevaricación sin prueba alguna a la juez Revuelta.

Al diario El País no le escandalizó que el ex director de Comunicación de Corcuera y Vera, Agustín Valladolid, haya reconocido haber mantenido más de 30 contactos con Patón y el autor material del delito, si bien alega que todos ellos fueron en su condición de periodista. O que en el testimonio prestado ante la juez, Valladolid aparezca vinculado a la redacción del escrito que acompañaba al vídeo y a la conexión que se estableció entre los vendedores y Vera.

Al diario El País no le escandalizó que varios de los implicados en los GAL, con Barrionuevo a la cabeza, equipararan la conducta del director de EL MUNDO a la del senador suicida, vinculado a una mafia policial, que pagó a una prostituta con la tarjeta del partido. Ni que para ello difundieran la falacia de que Ramírez también pagaba a la señora en cuestión.

Al diario El País no le escandalizó que Joaquín Leguina encabezara el coro de voces que arremetía contra la juez Revuelta por haber dictado orden de prisión contra la implicada, afirmando falazmente que lo había hecho a petición del director de EL MUNDO, cuando en realidad había sido a instancias de la fiscal del caso, sin duda influida por el hecho de que se trate de un delito penado hasta con siete años de cárcel. Ni siquiera que Leguina empleara como argumento la estrecha relación laboral entre nuestro periódico y el padre de la juez… fallecido siete años antes de la fundación de EL MUNDO. No sólo no le escandalizó sino que con la firma de Leguina publicó uno de los artículos más infames y reaccionarios que podrían figurar en la antología de la literatura fascista y quedará para siempre como un baldón en su hemeroteca..

Y es que a El País lo único que de verdad le ha escandalizado es «lo de Liaño», el juez a quien consiguió apartar del caso Sogecable y ahora trata de eliminar de la carrera judicial y a ser posible de la vida pública. Su gran delito ha sido esta vez estar de guardia la semana en la que, al conocerse el contenido de lo declarado en el Juzgado número 28, una persona que participó en numerosas reuniones con Vera, Goñi Tirapu, Rodríguez Menéndez y compañía decidió acogerse a la condición de testigo protegido y explicar que el montaje contra el director de EL MUNDO no era sino una de las diversas acciones encaminadas a obstruir la acción de la Justicia y encubrir las acciones de los GAL.

Se reprocha a Liaño que haya practicado diligencias, tomado declaraciones y ordenado detenciones -de personas totalmente ajenas, al parecer, al asunto del vídeo- y se desprecia groseramente el hecho de que todos sus pasos hayan respondido a iniciativas de la Fiscalía, tal y como ha aclarado expresamente Eduardo Fungairiño.

Amparándose en su propia campaña de denigración del juez -no demasiado distinta a las emprendidas contra Barbero, Garzón, Márquez o Revuelta-, El País soslaya los abrumadores elementos de juicio ya enumerados y engarza mentiras y difamaciones como la de que el director de EL MUNDO negara aparecer en el vídeo una vez que conoció su contenido -cosa distinta es que se trate de un burdo trucaje de la realidad-, la de que él ha mantenido que los hombres públicos no tienen vida privada -lo que siempre ha dicho es que algunos aspectos de ésta pueden ser informativamente relevantes- o la de quepan atribuírsele «infamias de similar o parecido calibre» -???-.

Cuando a partir de ahí, contra toda evidencia, acusa al director de EL MUNDO de «convertir» un problema personal en un asunto político, es El País quien está haciendo la manipulación inversa. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Tanto necesita seguir defendiendo a los implicados en los GAL? ¿Acaso será necesario que aparezca una fotografía de la entrega del dinero o un acta de alguna reunión para rendirse ante la verosimilitud de toda esta suma de testimonios e indicios? ¿O es que El País dispone de una teoría sobre la difusión del vídeo que no pase por Vera, Goñi Tirapu, Patón, Rodríguez Menéndez, Argote y compañía?

Este asunto era todo un test. Si hubiera ocurrido a la inversa jamás hubiéramos dudado en alinearnos sin matices con la víctima del mayor atentado a la libertad de prensa ocurrido desde el inicio de la Transición. El País ha optado por guardar silencio hasta que ha visto la ocasión de transformar una solidaridad de trámite en expediente de escarnio para el agraviado. Ha optado por alinearse en la práctica con la caterva de hampones que, dinero mediante, pronto airearan que el «depravado» director de EL MUNDO ha tenido relaciones hasta con el elefante Dumbo. Tal vez porque su instinto homicida no termina en el juez Liaño.

Este es el escenario real, en el que bien poco podría hacer esa Comisión de la Prensa, bienintencionadamente propuesta por el Grupo Recoletos. Por desgracia, a quienes hemos osado oponernos al tinglado de poder construido en los años 80 y primeros 90, no nos dan la alternativa de «competir y convivir», sino tan sólo la de competir y sobrevivir.

El director de este periódico me decía hace algún tiempo que los artículos de opinión no coinciden, ni deben coincidir, con la línea editorial; que una cosa es informar, lo que supone seleccionar de la maraña infinita de noticias aquellas qué parezcan relevantes, operación que sólo es posible contando de antemano con criterios que se deducen de una determinada posición que, en el caso de EL PAÍS, ha sido desde su fundación la defensa de las instituciones y los valores democráticos, y otra, la opinión de los colaboradores firmantes, que conviene que abarque el espectro más amplio: claro que las ideas dominantes, por serlo, serán las más frecuentes, pero es menester dejar también un espacio para las minoritarias o simplemente marginales, incluyendo tanto aquellas que no lo fueron en el pasado y lo son ahora como las que tal vez dejen de serlo en el porvenir. No en vano, en sus comienzos las ideas innovadoras son siempre ocurrencia de unos pocos y, por acertadas o fértiles que sean, suele pasar bastante tiempo hasta transmutarse en bienes mostrencos que maneja cada cual como propios.Quiero también recordar que EL PAÍS se dio un estatuto, hablo de oídas, en el que con el afán de avalar la independencia del periódico distingue claramente entre los derechos y obligaciones de la Redacción y los de la empresa. Su mera existencia supone que los intereses legítimos de ambas, aunque coincidan en lo fundamental -las dos quieren un gran periódico que se venda, cuanto más, mejor- no tienen por qué concordar en toda ocasión. El estatuto sería innecesario si se partiese de una armonía preestablecida que a nadie se le oculta que sólo encubriría la sumisión de la Redacción a la mayoría del accionariado. Las relaciones entre la Redacción de un medio y la propiedad es cuestión tan peliaguda como decisiva para la libertad de expresión que garantiza la Constitución. Tema crucial que, como tantos otros, discutimos al comienzo de la transición y que, lamentablemente, y no sólo en España, parece haberse evaporado del horizonte reivindicativo de los profesionales del periodismo.

Me he sentido obligado a expresar lo que debiera ser obvio porque desde hace algunos años, y de manera cada vez más persistente, amigos que me hacen el honor de leerme muestran su extrañeza ante el hecho de que EL PAÍS siga acogiéndome en sus páginas, a pesar de que a veces mis posiciones se hayan distanciado bastante de la línea editorial. Tendría que ser superfluo, hasta tal punto cae por su peso, pero es tal la confusión reinante que quizá sea oportuno manifestar que nunca me han censurado un artículo, ni siquiera suprimido una línea. Y no se trata de privilegio legio alguno. Cada cual es responsable de lo que firma, sin que, como es natural, el periódico se haga cargo de las ideas y posibles errores de sus colaboradores. El derecho a equivocarse es un componente esencial de la libertad de expresión.

Al comienzo de la transición -que no por casualidad coincide con la fundación de un periódico que supo ejercer de motor y luego elevarse a símbolo de la España democrática- mi sintonía con la línea mantenida era tal que el entonces director publicó como editorial, eso sí, firmado, un artículo que le había enviado (EL PAÍS del 3 de noviembre de 1976). En los 21 años transcurridos, y pasados muchos desde que los españoles recobramos felizmente las libertades, nada más normal que haya desaparecido el consenso inicial. Entonces estábamos unidos en el mismo empeño de lograr una democracia plena con los menores costes; ahora se trata de enjuiciar defectos y déficit de la democracia establecida, y aquí ya juegan un papel primordial posiciones ideológicas y compromisos de clase. El consenso resultó instrumento adecuado para recuperar la democracia; la discrepancia es el caldo propio de una democracia establecida.

He discrepado en el enjuiciamiento del largo periodo del Gobierno socialista, reconociendo lo positivo que muchos tienen olvidado -superación definitiva de la amenaza de un golpe militar, que para cualquiera que tenga presente nuestra historia de los dos últimos siglos no es hazaña baladí; universalización del Estado social, sin confundirlo con el Estado de bienestar, que se ha derrumbado en la Europa en la que fue realidad un día antes de que en España pudiéramos acceder a él; haber conseguido, no era fácil, integrarnos en la Comunidad Europea, en cuya pertenencia fundamos la mejor esperanza para el futuro-,pero también he puesto énfasis en los componentes negativos que, en último término, cabría resumir en haberse saltado a la torera los principios básicos del Estado de derecho y de la convivencia democrática: organización desde el Estado de los GAL; corrupción generalizada; vaciamiento de las instituciones democráticas; judicialización de la política y politización de la justicia, desde el principio antidemocrático de que no existiría otra responsabilidad política que la que se derivase, una vez que hubiese sentencia firme, de la penal. En fin, nadie de buena fe puede dejar de responsabilizar al periodo socialista de la desmoralización, con su otra cara, la despolitización actual de la sociedad española, tirando por la borda, por mucho que haya mejorado la situación económica, la gran oportunidad histórica de haber empezado a transformarla a fondo desde la honradez, la competitividad y la democratización de las instituciones estatales y sociales.

He discrepado del tratamiento que ha dado el periódico al ataque gubernamental a una empresa mediática del grupo. Por directa que haya sido la agresión, un periódico de la trayectoria de EL PAÍS no puede renunciar a la objetividad e independencia, dejándose jirones de su credibilidad en el camino. Nada justifica asumir los métodos del adversario, extralimitarse en calificaciones o mantener una línea permanente de información en un solo sentido. No me ha convencido el argumento de que cuando disparan a la línea de flotación hay que poner toda la carne en el asador y contestar con cañonazos. Y ello porque, aparte de que no lo creo eficaz, comporta el mayor riesgo que puede amenazar a un periódico: convertirse en portavoz permanente de intereses particulares. El conflicto acabará con un compromiso, más o menos equilibrado, y el mayor ataque, que ha sido el judicial, pronto se resolverá por los conductos normales de la justicia, sin que se pueda decir -es demasiado insultante para la judicatura- que sin esta reacción no se hubiera llegado a una solución justa.

Discrepo, en fin, con el editorial del 23 de noviembre. El famoso vídeo no me parece un asunto personal -sobre cuyo contenido, en todo caso, no habría que haber dado la menor pista; hacerlo es ya servir a los que lo han puesto en circulación- que «ha terminado por convertirse en un problema político y judicial de considerable envergadura». Antes al contrario, en cuanto significa un ataque frontal a la libertad y dignidad de un hombre público constituye desde un principio un escándalo político de primera dimensión. No cabe expresar la repugnancia que cualquier bien nacido ha de sentir ante la utilización de estas mañas en el empeño de eliminar al que se considera enemigo, para, en la frase siguiente, al añadir que «el destinatario de la infamia haya podido ser autor de otras de similar o parecido calibre», de algún modo justificarlo. Aparte de que sin prueba alguna se haga tan terrible afirmación es de lo más inoportuno a la hora de mostrar una comprensible repugnancia que sólo podía engendrar indignación sin paliativos. Diga lo que diga el resentimiento popular, no es cierto que el que piensa mal acierta siempre, ni que el que roba a un ladrón merece cien años de perdón; es sencillamente un ladrón.

Pienso que en ningún case puede interpretarse como una cuestión privada que la víctima, instrumentalizando su intimidad en favor de sus intereses políticos, haya tratado de convertir en asunto público, sino que, obviamente, es un ataque público que hay que explicar políticamente.La hipótesis que maneja el damnificado, y que parece que confirma la judicatura, es que los mafiosos que han puesto en circulación el vídeo están relacionados con gentes procesadas por su pertenencia a los GAL. Es una explicación verosímil que puede ser cierta o no, pero que no cabe eliminar de antemano después de la experiencia acumulada en estos últimos años que nos ha obligado a enfrentamos a crímenes que nunca hubiéramos creído que pudieran atribuirse a personajes públicos que respetábamos. No puedo ni siquiera imaginar las razones -la libertad y dignidad de cada persona están por encima del aprecio que podamos tenerle- por las que mi periódico, rompiendo con el estilo que hasta ahora lo había caracterizado, se ha arriesgado hasta el punto de poder ser refutado a mediano plazo por hechos comprobados en una sentencia judicial.