El Partido Popular destituye al diputado Francisco de la Barreda como líder en Tenerife e impune una gestora

Al igual que los socialistas parecieron convencidos en 1982 de que el magisterio de Pablo Iglesias, las tradiciones de la izquierda y 40 años de oposición a la dictadura les inmunizaban frente a las enfermedades del poder, los populares cultivan ahora la leyenda piadosa de ser tan invencibles frente a la corrupción como Obelix ante los romanos gracias a su temprano baño en la caldera del druida Panoramix. El veterano falangista Jaime Campmany, en su nuevo papel de chocarrero propagandista del PP, difunde la buena nueva con su habitual finura y gracejo: «El robo generalizado, la corrupción extendida, la mordida y el amiguismo, la política del pelotazo, el trinque, el mangue y la mamandurria, son hábitos que han pasado a la Historia: sólo quedan residuos, reliquias, los tics que dejaron los felipistas». Pero esa amable fantasía no resiste la prueba de los hechos: la crónica judicial, las denuncias de la oposición y las querellas internas dentro del PP muestran que es el ejercicio del poder, y no la ideología o el carné de sus titulares, la fuente última de la corrupción política. Porque el diablo de la confusión entre los intereses públicos y los negocios privados, teóricamente expulsado de las instituciones por la puerta tras la llegada de Aznar al poder, ha vuelto a entrar en el Estado por la ventana, con el agravante de que los ayuntamientos y las autonomías gobernados desde hace años por el PP ofrecen un repertorio de escándalos independientes de la Administración Central.

Al igual que en el pasado, la financiación irregular de los partidos ocupa el centro del escenario. Si la condena dictada hace mas de un año por el Supremo en el caso Filesacontra dos antiguos parlamentarios socialistas probó la existencia de un entramado de recaudación ilegal de fondos al servicio del PSOE, la reciente sentencia del caso Sóller revela que el PP también se financió de forma irregular en Baleares. El Supremo continúa instruyendo el caso Zamora, referido a donativos empresariales recibidos por los populares en Castilla-La Mancha cuando Aznar era presidente de la Junta. La negativa del Gobierno del PP a permitir la creación de una comisión parlamentaria que investigue las subvenciones concedidas por el Ministerio de Industria a diversas empresas con cargo a los fondos mineros impide por el momento llegar a conclusiones ciertas sobre las acusaciones lanzadas por el PSOE.

Los paralelismos entre el PP y el PSOE no se reducen a la estrategia común de la presunción de inocencia: como si fuese el remakechapucero de una película de catástrofes, la liturgia escenificada por el Gobierno de Aznar para conjurar a los demonios de la corrupción recuerda los patéticos esfuerzos desplegados por el PSOE durante la anterior legislatura con idéntico propósito. Se diría que los populares han tomado la senda acumulativa de errores y despropósitos que llevó a los socialistas a aislarse de la realidad y a perder las elecciones: junto a la negación de las evidencias, la esperanza de que la tormenta escampe, las denuncias paranoicas de conjuras oscuras y la explicación reduccionista de los escándalos por los beneficios a favor de los adversarios, la demanda contra Borrell del ministro Piqué (que parece haber perdido definitivamente los papeles) pone otra vez en marcha la judicialización de la política.

Al igual que los socialistas pretendieron quitar importancia a los escándalos político-financieros producidos bajo su Gobierno comparándolos con los latrocinios del franquismo, los portavoces del PP rechazan ahora las acusaciones de corrupción con el argumento de que el PSOE lo hizo todavía peor: como si un delito pudiese ser absuelto por la existencia de otro mayor. Pero el oscuro conflicto protagonizado por los populares en Canarias ofrece rasgos originales e inquietantes: las amenazas de muerte dirigidas contra Francisco de la Barreda, presidente del PP en Tenerife, y la paliza propinada a la abogada Julia Bango, que había investigado una denuncia de corrupción en el municipio de Tegueste, parecen conducir a la política española a un inédito cruce con la corrupción, la mafia y el crimen.