2 marzo 2023

Ira del Gobierno de Pedro Sánchez que inicia una campaña contra la compañía su presidente

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, traslada la sede social de España a Holanda

Hechos

El 2 de marzo de 2023 toda la prensa generalista informó del cambio de sede social de la empresa Ferrovial.

02 Marzo 2023

Ferrovial se va

EL PAÍS (Directora: Pepa Bueno)

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Las razones aducidas para la deslocalización de la empresa española a Países Bajos son confusas o incompletas

El grupo español Ferrovial, un potente conglomerado de construcción, ingeniería civil y gran logística, ha decidido trasladar su sede social corporativa a Países Bajos, abandonando así su condición jurídica nacional, que ostentó ininterrumpidamente desde su fundación en 1952. Esta deslocalización —que en palabras de la empresa salvaría sus “raíces”— tiene efectos relevantes de carácter negativo para la economía española y también problemáticos para el marco jurídico comunitario.

El principio europeo de la libertad de establecimiento y la normativa de la UE permiten el traslado de la empresa, pero eso no implica que sea una decisión bien justificada. Los argumentos aducidos ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el “proyecto común de fusión” (inversa) de las dos principales compañías del grupo son confusos, incompletos o inexactos. El propósito de “alinear la estructura corporativa con el perfil internacional” del grupo, que obtiene el 82% de sus ingresos, ostenta el 90% del capital y el 93% de sus inversores en el exterior, resulta más bien vano porque la gran mayoría de grandes multinacionales consigue, por definición, su principal cuota de presencia, facturación y beneficios fuera de su país de origen. Por eso son multinacionales. En España, esa impronta la exhiben el Banco Santander, el BBVA, ACS, Abertis o Inditex, entre muchas otras.

El argumento de que cotizar en Países Bajos “potencia la internacionalización” de Ferrovial carece de fundamento, dado que su actividad y rentabilidad son ya abrumadoramente internacionales. Que Holanda ostente una “calificación crediticia de triple A” es también secundario para una empresa privada, capaz de endeudarse en cualquier mercado, y España exhibe de hecho un riesgo-país muy contenido gracias a la especial protección que le presta el BCE y sus instrumentos de última generación. El “marco jurídico estable” que también argumenta Ferrovial resulta redundante con la posición de España, que también lo exhibe de forma altamente reconocida. En todo caso, no resulta creíble que los ejecutivos de Ferrovial estén presumiendo implícitamente escenarios de inestabilidad como los que vivió Cataluña hace unos años, en pleno procés. Tampoco resulta concluyente la idea de que para cotizar en EE UU, como se propone hacer la empresa, tenga antes que pasar por un periodo transitorio en Ámsterdam. Distintas compañías del Ibex están listadas en la Bolsa de Nueva York, y no en la de la capital financiera holandesa.

El resultado del análisis conduce a conjeturar que el motivo más determinante para esta decisión pueda ser de tipo fiscal. No porque Países Bajos mantenga un impuesto de sociedades nominalmente inferior al español (el tipo es del 25,8% a partir de 200.000 euros de beneficio, frente al 25%), que la empresa ya paga en su mayor parte fuera de España, sino porque está desnaturalizado por desgravaciones exageradas, que la aproximan a la categoría de paraíso fiscal, especialmente en lo tocante a dividendos, y a la posibilidad de triangulaciones con jurisdicciones sin impuestos, los paraísos de la evasión.

Si ese fuese el caso, se confirma de nuevo que el incentivo de una fiscalidad bajista distorsiona la competencia en el mercado interior europeo hasta el punto de provocar deslocalizaciones artificiosas. Esta realidad resulta más preocupante que los argumentos críticos de orden sentimental o reputacional, más allá de su acierto. El traslado de la sede social fuera de España excluiría también la tributación de sus grandes directivos y nada de ello acaba de cuadrar con la trayectoria de una empresa en un país que contribuyó a su engrandecimiento, en particular a través de los ingentes recursos obtenidos en licitaciones de obra pública. Las raíces, sin ramas ni hojas, pierden gran parte de su sentido.

02 Marzo 2023

La marcha de Ferrovial retrata la deriva populista del Gobierno

EL MUNDO (Director: Joaquín Manso)

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LA DECISIÓN de Ferrovial de trasladar su sede social y su centro de negocios a Países Bajos es una pésima noticia que debería encender las alarmas de cualquier Gobierno responsable. No hablamos de una empresa cualquiera sino de una emblemática, una de las pocas grandes compañías que sostienen buena parte de la imagen exterior que solía identificarse como marca España. El mensaje que la marcha de Ferrovial envía a inversores y mercados es muy perjudicial para los intereses de nuestra economía: el país está dejando de ser un destino atractivo para el capital global, que se mueve en un mercado donde la competencia es alta.

No hay nada que celebrar: Ferrovial encarna 70 años de éxito empresarial español, basado en buena medida en las grandes obras públicas acometidas en nuestro país. Habría sido deseable que la compañía hubiera reconsiderado su postura para mantener su compromiso con España, pues con su marcha el valor añadido también se va. Sin embargo, Nadia Calviño ha perdido el derecho al reproche que ayer se permitió lanzar contra la constructora, en una nueva muestra de contagio populista. Cuando el propio presidente se desliza por la pendiente demagógica del enfrentamiento entre «los de arriba» y «los de abajo» y demoniza a empresarios con nombres y apellidos señalándolos como enemigos del pueblo; y cuando la ministra de Hacienda usa la legislación fiscal como palanca electoral y encadena subidas impositivas y alzas de las cotizaciones que ahogan a la clase productiva sin tocar el gasto, mientras constata la fuga de empresarios españoles en dirección a Portugal (donde gobierna una socialdemocracia business friendly), resulta hipócrita llevarse ahora las manos a la cabeza. Ferrovial es la primera, pero no será la última.

La constructora que dirige Rafael del Pino ha querido evitar la confrontación política explícita con el Gobierno, y aduce que el volumen de negocio de la constructora se localiza sobre todo en el extranjero. Su objetivo, dice, es abrirse a nuevos mercados en el contexto de una economía global, y tiene sentido habida cuenta de la vocación trasatlántica acreditada por la compañía. Pero entre las razones que desliza el consejo de Ferrovial se incluye un adjetivo revelador: en Ámsterdam encontrarán un marco jurídico «estable». A diferencia del español, cabe concluir.

España no puede convertirse en un país hostil a la inversión extranjera, y aún menos a la nacional. Una de nuestras mayores fortalezas fue siempre la seguridad jurídica y la normativa previsible: las compañías deben tributar justamente en proporción a su beneficios. Pero los continuos globos sonda que parten de una coalición dividida -del tope al alquiler a la intervención del precio de los alimentos, o impuestos ad hoc recurridos en los tribunales- generan inseguridad e incentivan la deslocalización. La señal que se manda es ruinosa.

03 Marzo 2023

El dinero y la política

Josep Ramoneda

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Ante la fuga de Ferrovial conviene recordar que no todo empieza y termina en la economía, Las democracias europeas están atrapadas en un círculo vicioso donde el capital es hegemónico

La fuga de Ferrovial tiene poco misterio: se va para mejorar la cuenta de resultados y pagar menos tributos, dejando atrás una historia no exenta de turbulencias como, por ejemplo, la financiación de Convergència, a través del Palau de Félix Millet o el reparto de las licitaciones con otras compañías recientemente sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La puesta en escena de Rafael del Pino con el inefable argumento de la seguridad jurídica confirma, sin embargo, el carácter sintomático de la noticia, una muestra más del supremacismo de los grandes poderes económicos en el estadio actual del capitalismo. La reacción del Gobierno, especialmente enfatizada por la ministra Nadia Calvino, y las prisas del PP, vía Cuca Gamarra, para sacar tajada, siempre a disposición del dinero, abren las expectativas sobre el recorrido que puede tener una decisión que no puede sorprender tratándose de un ciudadano que afirma “que no hay que subir tipos ni inventar nuevos impuestos, sino en todo caso lo contrario”.

La seguridad jurídica es el argumento recurrente del capital ante cualquier decisión gubernamental que les incomode. Pero no parece que su manera de entenderla sea conforme a los criterios que la regulan. El diccionario la define así: “principio general del derecho que impone que toda persona tenga conocimiento cierto y anticipado sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y omisiones”. Y evidentemente debe concretarse en la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos; en una legislación clara con poco margen a las ambigüedades; y en una división de poderes efectiva que significa, entre otras cosas, la despolitización de la justicia (algo que ahora mismo está lejos de ser evidente en España)

¿Por qué recurrentemente cuando hay decisiones políticas que afectan a sus intereses los poderes económicos apela a la seguridad jurídica? Porque es el eufemismo con el que se disfraza su manera de entenderla: que los intereses del dinero están por encima de cualquier cosa. Y los más brutos, lo dicen con mayor rudeza: que ellos crean riqueza, y que paguen los demás. Es decir, apelan a la seguridad jurídica precisamente para deshacerla, para desmontar lo que consideran un corsé. Como si seguridad jurídica quisiera decir derecho a hacer lo que yo crea conveniente independientemente de lo que diga la ley. Y si la ley no me complace, por seguridad jurídica me voy a otro país.

La economía como una actividad que ha de escapar al control político. Ésta es la idea que ha alimentado la ideología neoliberal todavía vigente en muchos sectores, a pesar de haberse estrellado en la crisis de 2008. Y, como se ha demostrado, en una vía abierta por la que se cuela el autoritarismo posdemocrático, para un mejor control de la ciudadanía, alimentada con doctrinas reaccionarias, mientras el dinero hace camino por su cuenta. Y lo más patético es que no pocos economistas les acompañan en este camino olvidando el consejo metodológico de Keynes: “la economía es una ciencia moral y no una ciencia natural. Apela a juicios de valores”. Pretender que la política sea cautiva de una presunta (e incontestable) verdad científica de la economía, en pleno desprecio de la complejidad institucional, cultural y de la economía del deseo, es una vía directa al autoritarismo al reducir al ciudadano a hombre unidimensional.

El número montado por Rafael del Pino es relevante por significativo de la amenaza que pesa y crece sobre nuestras sociedades: la evolución hacia la plutocracia con los poderes políticos sometidos a las exigencias del poder económico y con el discurso de los expertos como fuente principal de legitimación política. Los ciudadanos, y con ellos la legitimidad democrática, quedan como invitados silenciosos a unas instituciones basadas en la legitimidad tecnocrática que emana de Bruselas. Poniendo a su vez en evidencia la precariedad política de la Unión.

Del Pino no se va a los Estados Unidos, aunque tenga buena parte del negocio ahí, se va a Países Bajos, que forma parte de la misma Unión Europea que España, y no hay nada que se lo impida. La competencia está en casa. No es extraño que la Unión Europea le cueste tanto bajar a la tierra y pasa el tiempo y sigue siendo vista como una lejana estructura tecnocrática, que contribuye más que frena a la hegemonía del dinero sobre la política. Es el círculo vicioso en el que están atrapadas las democracias europeas. Y no deja de ser relevante que los momentos der mayor cohesión, en los últimos años, hayan sido debidos a dos fenómenos en cierto sentido ajenos a las estrategias económicas: la pandemia y la guerra de Ucrania. Dos tragedias que por lo menos deberían servirnos de recordatorio de que no todo empieza y termina en la economía. Y que es peligroso para las libertades que el dinero socave a la política. Especialmente en momentos de cambio con sensibles progresos en materia de derechos personales.

04 Marzo 2023

El paraíso de Del Pino

Xavier Vidal-Folch

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El presidente de Ferrovial debe al mercado, y al país que les acompañó para convertirse en campeones nacionales, una explicación sobre el traslado de su sede fiscal

Una potente multinacional, una empresa cotizada, una gran contratista pública y la tercera fortuna de España. Eso es, en resumen, Ferrovial. Cuando se reúnen esas condiciones, ante todo cambio sustancial y estratégico conviene dar explicaciones certeras. Aún no lo son. La principal coartada, según la cual hay que radicarse en Ámsterdam para cotizar en Nueva York, es falaz; más aún si abandonase la Bolsa española. La búsqueda de un perfil internacional es redundante, pues la compañía es ya una multinacional pujante en mercados como EE UU o Canadá (no en Holanda). Y la insinuación de la falta de estabilidad financiera de España, una irresponsabilidad.

Los Del Pino deben al mercado, y al país que les acompañó para convertirse en campeones nacionales, las razones de peso —es imperativo en estos casos tenerlas— que debieron explicar ex ante a las instituciones, entre ellas al Gobierno: así lo hacen las empresas serias en el exterior. En su defecto, deben convencer ex post de que no pretenden solo una vía exprés al semiparaíso fiscal holandés. España es además acreedora de garantías: no solo de continuidad en el empleo y en la actividad empresarial del grupo, sino también de lanzamiento de proyectos de proyección futura. Cuando Unilever deslocalizó su sede de Róterdam y pasó a Londres, instaló en su ciudad matriz un ambicioso centro de I+D.

Las garantías no se requieren solo por un do ut des, en contrapartida a que este país haya sido palanca clave de su crecimiento, fulgurante desde 1952. Sino porque toda deslocalización (sean cuales sean sus motivos) tiende a generar perjuicios al lugar de su cuna. Paliarlos es parte del breviario de la responsabilidad social corporativa de las empresas modernas, un concepto ajeno a las franquistas.

La literatura económica y la experiencia práctica indican que el catálogo de eventuales daños del traslado de una sede social, acompañado de desnacionalización, es amplio. De entrada, implica pérdidas de empleos directivos de alta gama: y si a la larga se sigue de cancelación de actividades manufactureras, también de puestos fabriles. Y desviación artificiosa de contratos de servicios de valor añadido (jurídicos, fiscales, estratégicos, financieros, consultores, notariales, de comunicación…). A ello se añade el sesgo nacional frecuente en las crisis: al inicio se cierran los centros periféricos, y solo en el desplome, los próximos a la sede. Variantes de estas consecuencias se dan entre las multinacionales por cambios de entorno geográfico (como la ampliación de la Unión Europea al Este): las grandes del automóvil, como Volkswagen, se mantienen en España, pero las nuevas fábricas se han ido ubicando en el Este.

No hubo ahí pérdida de gramaje industrial; pero sí de nuevas ventanas de oportunidad. Algo parecido ocurre con ciertas fusiones: la escuela (práctica) de ingenieros de la energética Enher era famosa, una joya del tejido productivo catalán (y español). Se conservó al integrarse en Endesa. Se esfumó al ser esta adquirida por la italiana Enel. Así que el traslado de sedes corporativas, más aún si va seguido de actividades directamente productivas, supone la erosión de capitalidad empresarial y, por ende, de capitalidad económica. O sea, de centros de decisión.

Un caso que provocó gran revuelo (y no en España) fue el de la Boeing norteamericana: primero se trasladó de Seattle a Chicago (en 2001), por razones más bien industriales; luego a Washington (en 2022) para acercarse al regulador aéreo y al principal cliente, el Pentágono. Otro, el de la Unilever angloholandesa, donde trabajó el actual primer ministro Mark Rutte, quien logró en 2018 que concentrara su (doble) capitalidad en Róterdam. Enseguida, los inversores de Londres (más potentes) revirtieron el movimiento en 2020, aunque se mantuvieron distribuidas las distintas actividades industriales, entre el Reino Unido y Países Bajos.

Claro que tras mucho debate público y jurídico (serio), y tras una propuesta parlamentaria de los Verdes de implantar un oneroso (para la empresa) exit tax o peaje de salida, cuestionado por el Consejo de Estado por su difícil encaje en el ordenamiento legal europeo (entonces el Reino Unido era miembro de la UE). Aunque las directivas europeas de fiscalidad cabalgan una tras otra, queda mucho trecho por recorrer en este ámbito, hasta una armonización que evite distorsiones en el mercado interior.

06 Marzo 2023

Ferrovial descarrila

Xavier Vidal-Folch

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El presidente de la empresa parece olvidar el imperativo categórico de su padre y fundador de la casa, el verdadero Rafael del Pino, que se propuso “devolver a la sociedad española parte de lo que esta sociedad me ha dado”: la española, no la holandesa

Mañana se cumple una semana desde que Ferrovial anunció su traslado a Ámsterdam. Una semana sin explicar su motivo, y, en cambio, prodigando falacias. Tiene derecho a instalarse donde quiera: puede hacerlo, si no es en fraude de ley (porque su sede social nueva fuese ficticia). La protege el Tratado de la UE y la directiva 2014/24, sobre contratación pública: la libertad de establecimiento implica igualdad de trato a las empresas en el espacio común. Y prohíbe discriminarlas en las licitaciones: “La contratación no será concebida con la intención de excluir” a nadie, ni para “favorecer o perjudicar” a algún operador económico (artículo 18). Y España no es un emporio de salteadores de caminos.

A cambio, las empresas tampoco deben engañar al mercado (ni al Gobierno) al justificar sus decisiones. Es risible el argumento de la constructora de que se va para “alinear la estructura corporativa” a su actividad productiva: pues no opera en Holanda. Es ofensivo insinuar que huye buscando un país con “marco jurídico estable”. España lo tiene. Lo demuestra el récord de inversión extranjera en 2022 o el aplauso de la Comisión a su Plan de Recuperación con fondos Next Generation.

Y es confusionario argüir que se instala en Holanda porque “es una plataforma óptima para cotizar en EE UU”. Sucede que muchas empresas españolas ya cotizan en EE UU (Santander, BBVA, Grifols, Inditex, Repsol, FCC…) sin necesidad de pasar por la Bolsa Euronext-Amsterdam, como ha recordado la CNMV. Y con buenos resultados (en frecuencia y cuantía de contratación), incluso si lo hacen de forma indirecta, a través de certificados bancarios que sí les dan liquidez satisfactoria (los american depositary receipts). Así que podría tramitar la entrada en el mercado americano desde su sede española.

Pero eso no es lo peor, sino el descarrilamiento de su deducción de que para cotizar en Ámsterdam deba domiciliarse en Ámsterdam: podría incorporarse a la Bolsa holandesa (y al mercado de EE UU) sin perder su nacionalidad (al trasladar su sede social). Más de 35 empresas españolas de todos los sectores (como Making Science, Kompuestos, Scientia School o Lleida.net), y todas con sede española, cotizan en ese mercado (a fecha de 1 de enero de 2022). Y también francesas, británicas, islandesas: Marel, BenevolentAI, GP Bullhound, Banijay… sin dejar de serlo.

El presidente de Ferrovial parece olvidar el imperativo categórico de su padre y fundador de la casa, el verdadero Rafael del Pino, que se propuso “devolver a la sociedad española parte de lo que esta sociedad me ha dado”: la española, no la holandesa.