El presidente de la Comunidad de Madrid pidió en persona a la Policía que tapara el escándalo de su ático en Marbella. Ignacio González mantuvo una reunión secreta con varios mandos policiales a las 11.00 horas del 29 de noviembre de 2011, sólo tres meses después de que comenzaran las pesquisas sobre su dúplex de lujo, adquirido por un testaferro profesional, a través de una empresa creada sólo unos meses antes y que está domiciliada en un paraíso fiscal.

Así consta en un informe aportado por la Dirección General de la Policía al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, al que ha tenido acceso EL MUNDO, y en el que se hace constar tanto el referido encuentro como su contenido. La cita de González con los mandos policiales se produjo en una cafetería de la Puerta del Sol, lugar donde también tiene su sede la Comunidad de Madrid.

Según este documento policial, Ignacio González «solicitó» la reunión y en ella «se limitó a solicitar ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore».

González disfruta desde 2008 de un ático de 500 metros cuadrados en la Urbanización La Alhambra del Golf que fue adquirido por un testaferro profesional, el mexicano Rudy Valner, a través de una sociedad creada ad hoc días antes: Coast Investors LLC, radicada en el paraíso fiscal de Delaware.

A partir de la compra del inmueble por parte de este fiduciario, que comercializa la creación de «escudos societarios» para ocultar la identidad de sus clientes y trabaja habitualmente para el presidente del Atlético de Madrid y contratista del Gobierno madrileño, Enrique Cerezo, el presidente popular y su mujer Lourdes Cavero, suscribieron un contrato de alquiler.

La Policía sostiene desde el primer momento que se trata de un contrato ficticio y que el inmueble fue adquirido por González a través de Valner, con fondos que apunta a que procederían del cobro de comisiones.

«En una entrevista personal con IG a las 11 H del 29.11.11», refleja el informe policial, «se le solicitó de manera discreta la posibilidad de que facilitara los datos que confirmaran su situación de inquilino de dicho ático a lo que se excusó en aportarlos, no recordando ni el nombre de su arrendador, ni la cantidad que abonaba en concepto de alquiler ni, por supuesto, en qué entidad abonaba dicho importe».

«Sólo se limitó a solicitar ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore, aunque en ningún momento se manifestó enfadado, o al menos molesto, ante la ‘insólita situación’ que suponía la reunión en sí, que fue solicitada por él»; como tampoco por «las preguntas realizadas en un contexto de duda ante cada respuesta», apostilla el documento.

El presidente de la Comunidad de Madrid solicitó en marzo de 2013 al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid la apertura de un procedimiento penal contra los policías que investigaron su ático. Eligió para ello este juzgado ya que está dirigido por Adolfo Carretero, hermano del director general de Justicia en la Comunidad de Madrid, Agustín Carretero.

González instó este proceso, utilizando a los Servicios Jurídicos del Gobierno madrileño, para denunciar que las pesquisas que se llevaron a cabo, carecían «de mandato judicial que las habilitara». El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya replicó entonces a González que si la Policía judicializa cada uno de sus movimientos colapsaría la Administración de Justicia, y subrayó que en este caso la investigación se encontraba justificada al existir indicios de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Sin embargo, el juez Carretero decidió abrir un nuevo sumario en el que ha exigido a la Policía toda la documentación que posea sobre este asunto.

Bien, pues ha sido precisamente este procedimiento impulsado por González, el que se acaba de volver en su contra al aflorar este informe, que no sólo revela que el presidente de la Comunidad de Madrid conocía la existencia de la investigación policial –cuando EL MUNDO la desveló en marzo de 2012 la negó rotundamente–, sino que intentó pararla.

Las maniobras del presidente madrileño se saldaron con la sorprendente destitución del comisario de Marbella, Agapito Hermés, que se había limitado a cumplir órdenes de la Dirección Operativa de la Policía tras recibir la información de que el ático era el pago de una comisión a Ignacio González.

De hecho, esta misma nota señalaba que habían llegado a la Policía «diferentes informaciones» que apuntaban a que González había recibido «unos dos millones de euros» a cambio de la adjudicación de una parcela en Arganda. «Una parte en efectivo y el resto, mediante la entrega de un inmueble de alto standing en la Costa del Sol».

Los indicios de la policía y la reacción de González llevaron al SUP a denunciar esta operación ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. La juez y la Fiscalía Anticorrupción advirtieron de inmediato indicios de delito y procedieron a librar comisiones rogatorias a Delaware y Panamá para averiguar quién se oculta tras las sociedad Coast Investors que adquirió el ático y de su matriz panameña.

«Dice que está alquilado pero el piso es suyo»

La Policía ha entregado al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid todos los informes internos y diligencias que se llevaron a cabo para investigar el ático de Ignacio González antes de que el caso se judicializara. Lo ha hecho a través de la Unidad de Régimen Disciplinario, que abrió un expediente para analizar si, como denunció el presidente de la Comunidad de Madrid, las pesquisas que se pusieron en marcha fueron ilegales, así como si se produjeron filtraciones de datos a EL MUNDO.

Además de la nota policial que relata el encuentro secreto entre González y varios mandos policiales en una cafetería situada junto a la sede de la Comunidad de Madrid, el Expediente 82/2012 contiene una batería de documentos inéditos que reflejan las innumerables gestiones realizadas por la Comisaría de Policía de Marbella para averiguar quién era el propietario real del dúplex de la Urbanización La Alhambra del Golf de Guadalmina cuando fue adquirido por el testaferro profesional mexicano Rudy Valner, a través de su sociedad Coast Investors de Delaware.

«Puestos en contacto con el responsable de Mantenimiento, Sr. David Jiménez» –señala uno de estos informes, que da cuenta de gestiones realizadas en agosto de 2011–, «éste de forma espontánea manifestó que el ático del bloque 11 pertenece al –entonces– vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Sr. Ignacio González».

«Ante la pregunta de que si estaba de alquiler, respondió: ‘Eso dice él, pero el piso es suyo’», agrega la nota. «Al preguntarle por qué estaba tan seguro, dijo que no podía demostrarlo pero que se sabía por la forma de comportarse tanto él como su mujer».

Estos informes agregan que, «con fecha 10 de febrero de 2012», se realizaron nuevas «gestiones», esta vez con la empresa que se encarga de la administración de la urbanización: «Golf Valley Administration, S.L.». «Una vez entrevistados con el responsable de la misma, se consigue el nombre del Sr. Rudy Valner como la persona que mantiene contacto y que, a través de transferencias, ha venido realizando los pagos de comunidad».

«Se significa», prosiguen las notas de la Policía marbellí, «que una empleada de Golf Valley, concretamente la Srta. Isabel, que era la encargada de mantener contacto vía e-mail con el Sr. Rudy Valner, de forma espontánea manifestó que en la citada urbanización había varias personas que comentaban que el tal Rudy era un hombre de paja que sólo realizaba los pagos, pero que en realidad el propietario del ático era un alto cargo político de Madrid». «Al preguntarle quién decía eso, respondió que la antigua presidenta de la comunidad de propietarios, Sra. Estrella Mas».

Los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid han otorgado, en representación de Ignacio González, plena validez a todos estos informes policiales. Hasta el extremo de recurrir a ellos, y concretamente al que describe la reunión secreta del presidente madrileño con los policías, para sostener que existe una supuesta conexión entre la investigación policial del ático de Marbella y los seguimientos que fueron llevados a cabo por detectives a González en un viaje que realizó a Colombia, que también están siendo investigados por el juez Carretero en el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid.

EN LUGAR de dar explicaciones convincentes sobre su reunión con dos comisarios, a los que pidió ayuda para tapar el escándalo de su ático en Marbella, y de aclarar de una vez cómo adquirió este inmueble de lujo de 500 metros cuadrados a través de un testaferro y de una sociedad opaca, el presidente de la Comunidad de Madrid ha decidido huir hacia delante atropelladamente.

Su reacción a las revelaciones de EL MUNDO ha sido tan torpe que ha complicado su situación judicial y su futuro político. El comisario José Manuel Villarejo, uno de los dos mandos policiales con los que se reunió en privado en noviembre de 2011 –pocos meses después de que comenzaran las investigaciones policiales sobre el caso ático–, le denunció ayer ante el TSJ de Madrid por denuncia falsa, por amenazas y coacciones, y por injurias y calumnias. Además, ha aportado nuevos y comprometedores detalles que implicarían al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en la compra del inmueble.

Pues bien, hoy publicamos otra exclusiva que incide en el papel desempeñado supuestamente por Cerezo en este escándalo. Según ha podido saber EL MUNDO, el empresario madrileño se habría servido de un mediador para ponerse en contacto con Villarejo, hace tan sólo unos días, y proponerle que diera carpetazo a las pesquisas policiales, a cambio de retirar una denuncia presentada contra el comisario de Marbella. El presidente del Atlético de Madrid debe dar de inmediato cumplidas explicaciones sobre este extremo.

Ignacio González respondió el lunes a las revelaciones de este periódico acusando a los policías con quienes se reunió de haber intentado «extorsionarle» y «chantajearle». Se trata de dos acusaciones gravísimas que el presidente de la Comunidad de Madrid no alcanzó a fundamentar. González adujo que los policías le habían propuesto parar la investigación si les mostraba algún recibo de alquiler, una teoría que ni explica en qué consistía el supuesto «chantaje», ni cuál era el objeto de la hipotética «extorsión», ni tampoco por qué no denunció entonces a los agentes a los que ahora acusa, como hubiera sido su obligación.

La temeridad con que se está conduciendo González, que ha merecido un duro desmentido de la Policía, parece más propia de una persona acorralada que de un alto cargo institucional en el limpio ejercicio de sus obligaciones. Cuando estalló el caso ático, el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid dijo que se trataba de un alquiler con opción a compra. Luego trascendió que la sociedad arrendadora estaba afincada en un paraíso fiscal y que fue creada ex profeso por un testaferro profesional para cerrar esta operación.

La denuncia presentada ayer por el comisario Villarejo y las últimas informaciones de EL MUNDO pueden propiciar un salto cualitativo en la investigación. Pero más allá del recorrido judicial del caso, el presidente madrileño no puede omitir su responsabilidad política ni permitir que este asunto acabe afectando a la imagen del PP. Las acusaciones y sospechas que ya recaen sobre su persona son suficientes para que, mientras no se esclarezca todo, renuncie a encabezar el cartel electoral por Madrid. Al empeñarse en ser candidato, Ignacio González pone en un aprieto a todo el PP. Ni la dirección de su partido ni nadie en el Gobierno ha salido a defenderle. Lo han dejado absolutamente solo, así que debe ser consecuente con esta pérdida de confianza y retirarse.

Uno de los dos mandos policiales a los que el presidente de la Comunidad de Madrid acusa de «chantajearle» en una reunión mantenida en noviembre de 2011 en una cafetería de la Puerta del Sol decidió ayer contraatacar.

Tras comunicar a su entorno que González «no había calibrado bien» su ataque contra él, el comisario José Manuel Villarejo interpuso una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que ratifica punto por punto el contenido del informe policial publicado por EL MUNDO, que desvela que Ignacio González pidió «ayuda» en aquel encuentro tanto a Villarejo como al también comisario Enrique García Castaño para cortocircuitar la investigación policial de su ático en Marbella, que llevaba ya tres meses en marcha.

Villarejo se reafirma en que aquella cita fue solicitada por González y que, en el transcurso de la misma, el presidente madrileño «sólo se limitó» a solicitarles «ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad off shore». Al tiempo que, agrega, «sudaba abundantemente a pesar de ser pleno invierno, sentado solo en una mesa, frente a los comisarios actuantes».

Además de confirmar el relato que los comisarios expusieron en la nota informativa de aquel encuentro, Villarejo niega rotundamente otra de las afirmaciones llevadas a cabo por González en su rueda de prensa, de nuevo recurriendo al sarcasmo. «También es rigurosamente falso que a la reunión [González] asistiera acompañado de cuatro colaboradores, salvo que éstos estuvieran investidos de una capa milagrosa que les diera el poder de la invisibilidad o estuvieran apostados cerca del lugar donde se celebró el encuentro, pero en todo caso ajenos a la reunión documentada en el escrito donde consta expresamente que tal encuentro fue con el Sr. González a solas».

«La actuación del denunciado responde a una huida hacia adelante», enfatiza la denuncia, que desmonta la teoría de que el documento policial forme parte de una coacción.

«La calificación de chantaje bajo la peregrina acusación de que con la cita los dos comisarios pretendíamos que dejara de perseguir a nuestro compañero de Marbella es cuanto menos premonitoria, toda vez que el Sr. González denunció al comisario de Marbella dos años después de dicho encuentro».

Una reunión que, apostilla este comisario, «sólo tenía como fin oír del propio interesado a petición suya». «Lo único que hicimos el señor García Castaño y yo fue solicitar la posibilidad de que acreditara el vínculo que le unía a dicho ático, una vez que éste comunicó que deseaba colaborar con la investigación».

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, cerró ayer las incógnitas abiertas sobre las listas de candidatos a las elecciones autonómicas y locales del próximo mes de mayo, entre ellas las de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Una decisión que está claramente tasada en los estatutos del partido y que el presidente ha tomado siguiendo su ritmo habitual. La elección no ha sorprendido ni en los plazos ni en las personas.

No es este el momento de hablar de las dos candidatas elegidas, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que se tienen que poner a trabajar a contrarreloj para presentar sus propuestas cuanto antes. Lo que sí es criticable son los métodos utilizados para descolgar del ticket electoral al que se sabía aspirante a la candidatura de la Comunidad (y actual presidente de la misma), Ignacio González.

Si Rajoy o sus más allegados en el partido tenían claro desde hace tiempo que Esperanza Aguirre era la candidata con más posibilidades para hacerse con el triunfo, y no querían darle todo el poder en Madrid —como hubiera ocurrido con la inclusión de su antiguo número dos en la papeleta— deberían haberse despejado antes las incógnitas, para evitar que González se fuera cociendo a fuego lento durante semanas. Si, por otra parte, en el PP había dudas sobre la honorabilidad del presidente de la Comunidad, ¿no hubiera sido mejor zanjar el asunto también cuanto antes en vez de utilizar a personajes poco recomendables en una campaña de descrédito descarado contra él?

Con esta operación, el PP ha levantado dos sospechas que pueden traerle consecuencias. En primer lugar, ha dejado crecer la idea de que Ignacio González actuó de forma irregular en la compra del ático en Marbella y que intentó taparlo acudiendo a dos comisarios de policía. En segundo lugar, ha permitido intuir que el poder ha utilizado y sigue utilizando a algunos de sus funcionarios para hacer juego sucio. Esta última es la conjetura más grave y exige una aclaración.

En cuanto a las candidatas elegidas para la alcaldía y la comunidad, hay que celebrar que aumente el número de mujeres en los primeros puestos de las listas electorales y desear que Aguirre y Cifuentes —esta última con un perfil que sí responde a las demandas de renovación— planteen una campaña de ideas y propuestas que permita a los electores de Madrid tomar sus decisiones sobre bases claras.

El dedo del presidente del Partido Popular se ha posado, por fin, sobre las dos candidatas que más sonaban en las apuestas para los cargos de presidenta de la Comunidad y alcaldesa de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Han tenido que pasar largas semanas para que Mariano Rajoy tomara una decisión, o contara la que ya tenía tomada. Aunque el presidente ha cumplido su promesa de agotar los tiempos y el sistema de elección de PP le permite imponer sus candidatos, en esta ocasión Rajoy ha utilizado malas formas para deshacerse del tercero en discordia, el actual presidente de la Comunidad, Ignacio González.

En los mentideros de Madrid se daba por hecho hace tiempo que Esperanza Aguirre iba a ser la candidata a la alcaldía, solamente porque las encuestas así lo aconsejaban (sus relaciones con el presidente del Gobierno son malísimas desde el Congreso de Valencia), y que ni Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal iban a darle todo el poder a Aguirre completando el tándem con el que ha sido siempre su número dos, Ignacio González (con permiso de Francisco Granados). La alternativa de Cristina Cifuentes daba también buenos resultados en las encuestas y ofrecía más garantías de lealtad a Moncloa.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, el método utilizado para descolgar a González del ticket electoral no parece el más correcto para un partido político en el siglo XXI. Primero se la ha dejado cocer a fuego lento y luego, cuando ya estaba tierno, se ha acabado con él con el apoyo de determinados personajes que viven en las zonas más oscuras del subsuelo. No es muy reconfortante.

Todo el que se precie de periodista de verdad conoce de las técnicas de manipulación de masas: de cómo se puede alterar la información sobre la verdad, haciendo circular bulos, rumores y/o todo tipo de “verdades a medias” o mentiras interesadas.

Durante estos días y con bastante estupor, la sociedad española ha sido testigo de una lección magistral de todo ello. El asunto del ático de Ignacio González ha copado todos los espacios mediáticos del país. Desde estas líneas se propone que quizás sería conveniente reflexionar sobre esta cuestión ya tan trillada del ático de González.

Desde el lunes, el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González ha repetido machaconamente su mensaje en los medios que riega con su publicidad institucional (prensa, radio y TV) que era objetivo de una insidiosa campaña para evitar que fuera el candidato a renovar su puesto. En sus exposiciones medíaticas siempre iba pertrechado de una carpetilla repleta de papeles relacionados con el ático, pero esos papeles no interesaban ya que no daban explicación a lo que de verdad se investiga: de quién y cómo se hizo la compra del inmueble en 2008 y por ello ES FALSO que el asunto esté cerrado judicialmente en Estepona.

Con la confortabilidad que da estar en casa propia, ha impuesto franjas horarias para insistir hasta la saciedad en la transparencia con la que adquirió el polémico ático, obligado a salir a la palestra a tertulianos de distinto perfil bajo amenaza de despido, deslizando todo tipo de descalificaciones contra el Comisario Villarejo al que de manera equivocada ha señalado como un furibundo enemigo. Pero siempre pasando de puntillas en la verdadera cuestión que aún investiga el Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona, los irregulares vericuetos de la compra de esa vivienda en 2008.

La compra de este lujoso dúplex de 500 metros, formalmente la hizo en mayo 2008 Rudy Valner, un afamado testaferro (esto es, alguien que compra en nombre de otro) y que casualmente es el hombre de confianza en el extranjero del íntimo amigo de Ignacio González, el Presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Previamente, la esposa del político, doña Lourdes Cavero visitó el inmueble en dos ocasiones en la ‘semana santa’ de ese año con interés de comprarlo. Y al inicio del verano el matrimonio pasó a ocupar y a disfrutar del ático como inquilinos, aunque eso sí, comportándose como dueños, equipándolo a todo tren y con muebles por valor de más de 180.000 €.

Como peaje de tal disfrute, han estado pagando –aparentemente- una abultada cifra, unos 2.000 euros mensuales, que aunque era tres veces menor que el precio de mercado, no dejaba de ser una importante cantidad anual, esto es, 24.000 €, para sólo poder disfrutarlo durante apenas 30 días al año. Un alquiler verdaderamente caro, muy caro.

La naif coartada

También se da el caso que el testaferro en cuestión, el mejicano nacionalizado estadounidense Rudy Valner, ni siquiera viajó a España para ver lo que compraba.

Si se es bien pensado e hiciésemos una reconstrucción de los hechos que beneficie a la coartada del político, lo que debió ocurrir es que, la esposa de González le comentó a su marido cómo le había gustado dicho ático y la pena que sentía por no disponer de dinero para comprarlo. Pero esto también resulta inverosímil si tenemos en cuenta las últimas declaraciones de Marisa Berri, la responsable de la inmobiliaria que comercializaba el inmueble y que enseñó a Lourdes Cavero la exclusiva “pieza”. Berri recordaba que Cavero estaba buscando algo en torno a 1 millón de euros.

Pero seguimos con la naif coartada. González apesadumbrado por no poder dar gusto a su esposa se lo diría a su amigo Cerezo. El empresario del fútbol y del mundo audiovisual apenado por la congoja de su tronco, se puso de inmediato en contacto con su testaferro de confianza, para que a su vez convenciera a un misterioso inversor extranjero, que sería buena cosa invertir en España con garantías.

La jugosa inversión sería un ático situado en un privilegiado lugar de la Costa del Sol. La inversión sería redonda, porque el inmueble enseguida estaría alquilado a un importante político con un gran futuro y por tanto sin riesgo a que se convirtiera en un inquilino moroso. Aquí la inversión no estaba sujeta a los estándares normales precio/rentabilidad, esto es lo que menos importaba. La sociedad compró a precio de mercado (aún en el boom inmobiliario) y la renta estaba muy por debajo de la zona. Toda una inversión estratégica.

Ocultar la identidad del comprador

Continuamos con el hipotético relato de esa versión beneficiosa para González.  Sólo con la intención de que no se conociera su identidad y no por otra causa maledicente, su misterioso casero, montó para comprar ese ático una sociedad en el paraíso fiscal Delaware. Y para asegurar su anonimato aún más, otra panameña también suya, que sería la matriz de la recién constituida. Así la pista sobre su identidad desaparece en el limbo opaco de los paraísos fiscales.

Por todo ello, se deduce como final de esta historia, que el que aparentemente se benefició durante años de los alquileres del político, es un misterioso propietario, que se protege en paraísos fiscales, solo para que no se sepa su nombre, aunque de paso, eso sí, no paga los impuestos de estos alquileres en España y cuando es descubierto, no tiene más remedio que pagar la correspondiente sanción a la Hacienda española.

Pasan los años y los González-Cavero son la envidia de la Urbanización de Alhambra del Golf con su ático-dúplex de 500 metros a todo lujo que incluso incluye un enorme jacuzzi en la terraza. Según los vecinos, por allí sólo se les ve pasando unos días en la Semana Santa y también en agosto, pero nunca el mes al completo.

Salpicado por la Gürtel

Todo va sobre ruedas. Pero, las primeras pesquisas en la trama Gürtel contamina su plácida existencia del que era Vicepresidente de la Comunidad de Madrid cuando se imputa a Fernando Martín como responsable de Martinsa por el supuesto pago de unos sobornos relacionados con unos terrenos de Arganda.

Es entonces cuando uno de los imputados de esa operación policial se siente víctima del abandono de González y le señala como receptor de muchas corruptelas, entre otras, de un pago de más de dos millones de euros, solo de esa operación, recibiendo en ese paquete el ático de marras.

Empieza el verano de 2011 y el que era Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO) Miguel Ángel Fernandez Chico quiere que se compruebe esta información antes de judicializarla. Para ello ordena una ‘investigación reservada y discreta’ que aclare los detalles de esa compra. Este es un punto vital ya que precisamente es la “coartada” de Ignacio González para calificar de ilegal la investigación y que no se siga investigando.

Investigación ‘reservada y discreta’

El carácter de la investigación ‘reservada y discreta’ fue así por dos razones concretas: la primera, porque el noventa por ciento de las investigaciones que dirige la DAO son así por la información sensible con la que se trabaja, y la segunda razón que justificó este hermetismo, por el escrupuloso sentido de responsabilidad, precisamente para evitar que las pesquisas no se utilizaran políticamente contra el PP en la Elecciones Generales que se celebrarían en noviembre de ese año.

Las gestiones de comprobación las realizaría el Comisario Jefe de Marbella, al estar la urbanización Alhambra del Golf situada entre esa localidad y Estepona y del resultado, solo sería informado el DAO y en su defecto, un mando policial adscrito a esta Dirección, el ya nombradísimo Comisario Villarejo.

Todos los datos que se iban recogiendo aseveraban que se trataba de la clásica falsa compra para blanquear el origen de un dinero ilícito. Se identificó así al comprador, la sociedad offshore Coasts Investors LLC, que a su vez es comprada por otra offshore panameña. También se identificó al representante de las dos sociedades (que no dueño) el ya mencionado testaferro Rudy Valner.

Cabos sueltos en la estructura mercantil

Aparentemente, todo un diseño perfecto para guardar las apariencias, aunque con algunos fallos de aficionado. Y es que, durante las pesquisas, todos los vecinos consultados testificaron que la familia González-Cavero ni siquiera intentaba cubrir las apariencias y se comportaban como dueños.

En muy poco tiempo se realizaron en el piso obras de mejoras y reformas que nunca se harían a una casa de alquiler. También se descubrió que los gastos de comunidad se abonaban desde una cuenta que no estaba a nombre del propietario del inmueble.

Aquí estamos ante la torpeza o descuido típico del aficionado. Los gastos de la comunidad de propietarios se pagaban desde una ‘cuenta operativa’ a nombre de Rudy Valner y no de Coast Investors. El tema es que Coast no podía pagar porque la habían dejado morir (sin actividad) y por tanto, al no existir ya, no podía operar bancariamente.

En este punto, las pesquisas se dirigen en identificar cómo y dónde la familia González-Cavero pagaba los alquileres del ático-dúplex. La renta del alquiler la recibiría por transferencia bancaria alguien que no era el dueño del ático, ¿extraño, no? Esto era así porque la sociedad Coast Investors que hizo la operación de compra, después no hizo nada más y se quedó inactiva. Esta condición dificultaba tener cuenta abierta. Entonces, el pago del alquiler ¿quién lo recibía?. Había que identificar quién era, dónde estaba y en qué concepto se le pagaba.

Cita de García Castaño y Villarejo con González

Todos los datos se iban recibiendo puntualmente en la DAO y es en noviembre de 2011 cuando el Comisario Villarejo recibe el ruego por parte de su compañero el Comisario García Castaño de que se reúna con el Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El Comisario García Castaño llevaba el mensaje a Villarejo porque se lo ha pedido otro mando policial, que en el 2011 estaba adscrito a la Comunidad de Madrid. Villarejo consulta con su superior Miguel Angel Fernandez Chico y éste autorizó el encuentro.

La nota informativa

Del resultado de la cita que los comisarios mantuvieron con Ignacio González se da cuenta en una nota informativa. En el documento quedaba claro que González, lejos de querer aclarar las dudas – y así colaborar con la policía – sólo quería conocer hasta dónde habían llegado las investigaciones y cómo podría pararse las mismas y silenciarlas ante la opinión pública.

Del contenido del documento sonoro que recogió tal encuentro, se deduce que tal y como se condujo la reunión, no hubo ninguna tensión ni por ningún lado aflora ningún chantaje, ni extorsión durante los casi 43 minutos que duró -y no algo más de 15 como señala el propio González. También se percibe que en la cita, se respira un especial ambiente de complicidad, propiciada engañosamente por Villarejo, para relajar al político y confiado le aportara datos y todo ello cerrado con una despedida afectuosa.

Al haber ganado las Elecciones Generales el partido de González por una abrumadora mayoría, el político confiaba que podría paralizar la investigación. Esto parece que no ocurre hasta que finalmente un enfrentamiento del Comisario de Marbella con una subordinada, provoca como venganza, que las pesquisas sobre el ático salten a la opinión pública, lo que da lugar al primer escándalo mediático del recién estrenado Ministerio del Interior.

Investigación ilegal, consecuencias

Definir equivocadamente las investigaciones del ático como ilegales por parte de una recién llegada cúpula de Interior, da fuerza al político investigado. Un descontrolado y desaforado González, una vez más se volvió a equivocar, haciendo unas declaraciones incendiarias acusando sin fundamento al Gobierno saliente. Estos hechos provocan la primera y única víctima, el Comisario de Marbella, que es zaherido sin piedad por los medios de comunicación afines.

Este Comisario es llamado urgentemente a Madrid y presionado por el Comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martin Blas, quien le transmite en nombre del Director de la Policía que debe firmar un escrito previamente redactado donde se relataba los supuestos resultados negativos de la investigación. Y que tenía que romper el informe que portaba y que él había confeccionado, de lo contrario, sería fulminantemente expulsado de la Policía. El Comisario de Marbella no accedió al trato.

En ese momento, el Comisario Marcelino se muestra muy nervioso. Entra y sale varias veces del despacho de Ignacio Cosidó. Finalmente, Marcelino Martín-Blas presenta a su superior como éxito un escrito confeccionado en un ordenador de la calle Miguel Ángel – sede de la Dirección General de la Policía-. A partir de este momento el comisario de Marbella sufre toda serie de tensiones en su trabajo, con traslados continuos de destino, circunstancias que al día de hoy persisten, unidas a la apertura de cuatro expedientes disciplinarios, con la finalidad de apartarlo del Cuerpo.

Curiosamente ese documento, elaborado por el Comisario Marcelino es el que en portada publicó el martes El País para justificar que se forzó la continuidad de la investigación a pesar de que no se había encontrado ningún indicio delictivo sobre González.

Este asunto podría dar un vuelco en las próximas semanas. La jueza instructora de Estepona, que siempre ha dado muestras de una integridad e independencia a prueba de presiones, continua la instrucción del caso a la espera de las comisiones rogatorias enviadas a distintos paraísos fiscales.

En los próximos días se esperan nuevas y sorprendentes revelaciones.