El presidente de la Comunidad de Madrid pidió en persona a la Policía que tapara el escándalo de su ático en Marbella. Ignacio González mantuvo una reunión secreta con varios mandos policiales a las 11.00 horas del 29 de noviembre de 2011, sólo tres meses después de que comenzaran las pesquisas sobre su dúplex de lujo, adquirido por un testaferro profesional, a través de una empresa creada sólo unos meses antes y que está domiciliada en un paraíso fiscal.

Así consta en un informe aportado por la Dirección General de la Policía al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, al que ha tenido acceso EL MUNDO, y en el que se hace constar tanto el referido encuentro como su contenido. La cita de González con los mandos policiales se produjo en una cafetería de la Puerta del Sol, lugar donde también tiene su sede la Comunidad de Madrid.

Según este documento policial, Ignacio González «solicitó» la reunión y en ella «se limitó a solicitar ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore».

González disfruta desde 2008 de un ático de 500 metros cuadrados en la Urbanización La Alhambra del Golf que fue adquirido por un testaferro profesional, el mexicano Rudy Valner, a través de una sociedad creada ad hoc días antes: Coast Investors LLC, radicada en el paraíso fiscal de Delaware.

A partir de la compra del inmueble por parte de este fiduciario, que comercializa la creación de «escudos societarios» para ocultar la identidad de sus clientes y trabaja habitualmente para el presidente del Atlético de Madrid y contratista del Gobierno madrileño, Enrique Cerezo, el presidente popular y su mujer Lourdes Cavero, suscribieron un contrato de alquiler.

La Policía sostiene desde el primer momento que se trata de un contrato ficticio y que el inmueble fue adquirido por González a través de Valner, con fondos que apunta a que procederían del cobro de comisiones.

«En una entrevista personal con IG a las 11 H del 29.11.11», refleja el informe policial, «se le solicitó de manera discreta la posibilidad de que facilitara los datos que confirmaran su situación de inquilino de dicho ático a lo que se excusó en aportarlos, no recordando ni el nombre de su arrendador, ni la cantidad que abonaba en concepto de alquiler ni, por supuesto, en qué entidad abonaba dicho importe».

«Sólo se limitó a solicitar ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore, aunque en ningún momento se manifestó enfadado, o al menos molesto, ante la ‘insólita situación’ que suponía la reunión en sí, que fue solicitada por él»; como tampoco por «las preguntas realizadas en un contexto de duda ante cada respuesta», apostilla el documento.

El presidente de la Comunidad de Madrid solicitó en marzo de 2013 al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid la apertura de un procedimiento penal contra los policías que investigaron su ático. Eligió para ello este juzgado ya que está dirigido por Adolfo Carretero, hermano del director general de Justicia en la Comunidad de Madrid, Agustín Carretero.

González instó este proceso, utilizando a los Servicios Jurídicos del Gobierno madrileño, para denunciar que las pesquisas que se llevaron a cabo, carecían «de mandato judicial que las habilitara». El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya replicó entonces a González que si la Policía judicializa cada uno de sus movimientos colapsaría la Administración de Justicia, y subrayó que en este caso la investigación se encontraba justificada al existir indicios de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Sin embargo, el juez Carretero decidió abrir un nuevo sumario en el que ha exigido a la Policía toda la documentación que posea sobre este asunto.

Bien, pues ha sido precisamente este procedimiento impulsado por González, el que se acaba de volver en su contra al aflorar este informe, que no sólo revela que el presidente de la Comunidad de Madrid conocía la existencia de la investigación policial –cuando EL MUNDO la desveló en marzo de 2012 la negó rotundamente–, sino que intentó pararla.

Las maniobras del presidente madrileño se saldaron con la sorprendente destitución del comisario de Marbella, Agapito Hermés, que se había limitado a cumplir órdenes de la Dirección Operativa de la Policía tras recibir la información de que el ático era el pago de una comisión a Ignacio González.

De hecho, esta misma nota señalaba que habían llegado a la Policía «diferentes informaciones» que apuntaban a que González había recibido «unos dos millones de euros» a cambio de la adjudicación de una parcela en Arganda. «Una parte en efectivo y el resto, mediante la entrega de un inmueble de alto standing en la Costa del Sol».

Los indicios de la policía y la reacción de González llevaron al SUP a denunciar esta operación ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. La juez y la Fiscalía Anticorrupción advirtieron de inmediato indicios de delito y procedieron a librar comisiones rogatorias a Delaware y Panamá para averiguar quién se oculta tras las sociedad Coast Investors que adquirió el ático y de su matriz panameña.

«Dice que está alquilado pero el piso es suyo»

La Policía ha entregado al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid todos los informes internos y diligencias que se llevaron a cabo para investigar el ático de Ignacio González antes de que el caso se judicializara. Lo ha hecho a través de la Unidad de Régimen Disciplinario, que abrió un expediente para analizar si, como denunció el presidente de la Comunidad de Madrid, las pesquisas que se pusieron en marcha fueron ilegales, así como si se produjeron filtraciones de datos a EL MUNDO.

Además de la nota policial que relata el encuentro secreto entre González y varios mandos policiales en una cafetería situada junto a la sede de la Comunidad de Madrid, el Expediente 82/2012 contiene una batería de documentos inéditos que reflejan las innumerables gestiones realizadas por la Comisaría de Policía de Marbella para averiguar quién era el propietario real del dúplex de la Urbanización La Alhambra del Golf de Guadalmina cuando fue adquirido por el testaferro profesional mexicano Rudy Valner, a través de su sociedad Coast Investors de Delaware.

«Puestos en contacto con el responsable de Mantenimiento, Sr. David Jiménez» –señala uno de estos informes, que da cuenta de gestiones realizadas en agosto de 2011–, «éste de forma espontánea manifestó que el ático del bloque 11 pertenece al –entonces– vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Sr. Ignacio González».

«Ante la pregunta de que si estaba de alquiler, respondió: ‘Eso dice él, pero el piso es suyo’», agrega la nota. «Al preguntarle por qué estaba tan seguro, dijo que no podía demostrarlo pero que se sabía por la forma de comportarse tanto él como su mujer».

Estos informes agregan que, «con fecha 10 de febrero de 2012», se realizaron nuevas «gestiones», esta vez con la empresa que se encarga de la administración de la urbanización: «Golf Valley Administration, S.L.». «Una vez entrevistados con el responsable de la misma, se consigue el nombre del Sr. Rudy Valner como la persona que mantiene contacto y que, a través de transferencias, ha venido realizando los pagos de comunidad».

«Se significa», prosiguen las notas de la Policía marbellí, «que una empleada de Golf Valley, concretamente la Srta. Isabel, que era la encargada de mantener contacto vía e-mail con el Sr. Rudy Valner, de forma espontánea manifestó que en la citada urbanización había varias personas que comentaban que el tal Rudy era un hombre de paja que sólo realizaba los pagos, pero que en realidad el propietario del ático era un alto cargo político de Madrid». «Al preguntarle quién decía eso, respondió que la antigua presidenta de la comunidad de propietarios, Sra. Estrella Mas».

Los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid han otorgado, en representación de Ignacio González, plena validez a todos estos informes policiales. Hasta el extremo de recurrir a ellos, y concretamente al que describe la reunión secreta del presidente madrileño con los policías, para sostener que existe una supuesta conexión entre la investigación policial del ático de Marbella y los seguimientos que fueron llevados a cabo por detectives a González en un viaje que realizó a Colombia, que también están siendo investigados por el juez Carretero en el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid.

EN LUGAR de dar explicaciones convincentes sobre su reunión con dos comisarios, a los que pidió ayuda para tapar el escándalo de su ático en Marbella, y de aclarar de una vez cómo adquirió este inmueble de lujo de 500 metros cuadrados a través de un testaferro y de una sociedad opaca, el presidente de la Comunidad de Madrid ha decidido huir hacia delante atropelladamente.

Su reacción a las revelaciones de EL MUNDO ha sido tan torpe que ha complicado su situación judicial y su futuro político. El comisario José Manuel Villarejo, uno de los dos mandos policiales con los que se reunió en privado en noviembre de 2011 –pocos meses después de que comenzaran las investigaciones policiales sobre el caso ático–, le denunció ayer ante el TSJ de Madrid por denuncia falsa, por amenazas y coacciones, y por injurias y calumnias. Además, ha aportado nuevos y comprometedores detalles que implicarían al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en la compra del inmueble.

Pues bien, hoy publicamos otra exclusiva que incide en el papel desempeñado supuestamente por Cerezo en este escándalo. Según ha podido saber EL MUNDO, el empresario madrileño se habría servido de un mediador para ponerse en contacto con Villarejo, hace tan sólo unos días, y proponerle que diera carpetazo a las pesquisas policiales, a cambio de retirar una denuncia presentada contra el comisario de Marbella. El presidente del Atlético de Madrid debe dar de inmediato cumplidas explicaciones sobre este extremo.

Ignacio González respondió el lunes a las revelaciones de este periódico acusando a los policías con quienes se reunió de haber intentado «extorsionarle» y «chantajearle». Se trata de dos acusaciones gravísimas que el presidente de la Comunidad de Madrid no alcanzó a fundamentar. González adujo que los policías le habían propuesto parar la investigación si les mostraba algún recibo de alquiler, una teoría que ni explica en qué consistía el supuesto «chantaje», ni cuál era el objeto de la hipotética «extorsión», ni tampoco por qué no denunció entonces a los agentes a los que ahora acusa, como hubiera sido su obligación.

La temeridad con que se está conduciendo González, que ha merecido un duro desmentido de la Policía, parece más propia de una persona acorralada que de un alto cargo institucional en el limpio ejercicio de sus obligaciones. Cuando estalló el caso ático, el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid dijo que se trataba de un alquiler con opción a compra. Luego trascendió que la sociedad arrendadora estaba afincada en un paraíso fiscal y que fue creada ex profeso por un testaferro profesional para cerrar esta operación.

La denuncia presentada ayer por el comisario Villarejo y las últimas informaciones de EL MUNDO pueden propiciar un salto cualitativo en la investigación. Pero más allá del recorrido judicial del caso, el presidente madrileño no puede omitir su responsabilidad política ni permitir que este asunto acabe afectando a la imagen del PP. Las acusaciones y sospechas que ya recaen sobre su persona son suficientes para que, mientras no se esclarezca todo, renuncie a encabezar el cartel electoral por Madrid. Al empeñarse en ser candidato, Ignacio González pone en un aprieto a todo el PP. Ni la dirección de su partido ni nadie en el Gobierno ha salido a defenderle. Lo han dejado absolutamente solo, así que debe ser consecuente con esta pérdida de confianza y retirarse.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, cerró ayer las incógnitas abiertas sobre las listas de candidatos a las elecciones autonómicas y locales del próximo mes de mayo, entre ellas las de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Una decisión que está claramente tasada en los estatutos del partido y que el presidente ha tomado siguiendo su ritmo habitual. La elección no ha sorprendido ni en los plazos ni en las personas.

No es este el momento de hablar de las dos candidatas elegidas, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que se tienen que poner a trabajar a contrarreloj para presentar sus propuestas cuanto antes. Lo que sí es criticable son los métodos utilizados para descolgar del ticket electoral al que se sabía aspirante a la candidatura de la Comunidad (y actual presidente de la misma), Ignacio González.

Si Rajoy o sus más allegados en el partido tenían claro desde hace tiempo que Esperanza Aguirre era la candidata con más posibilidades para hacerse con el triunfo, y no querían darle todo el poder en Madrid —como hubiera ocurrido con la inclusión de su antiguo número dos en la papeleta— deberían haberse despejado antes las incógnitas, para evitar que González se fuera cociendo a fuego lento durante semanas. Si, por otra parte, en el PP había dudas sobre la honorabilidad del presidente de la Comunidad, ¿no hubiera sido mejor zanjar el asunto también cuanto antes en vez de utilizar a personajes poco recomendables en una campaña de descrédito descarado contra él?

Con esta operación, el PP ha levantado dos sospechas que pueden traerle consecuencias. En primer lugar, ha dejado crecer la idea de que Ignacio González actuó de forma irregular en la compra del ático en Marbella y que intentó taparlo acudiendo a dos comisarios de policía. En segundo lugar, ha permitido intuir que el poder ha utilizado y sigue utilizando a algunos de sus funcionarios para hacer juego sucio. Esta última es la conjetura más grave y exige una aclaración.

En cuanto a las candidatas elegidas para la alcaldía y la comunidad, hay que celebrar que aumente el número de mujeres en los primeros puestos de las listas electorales y desear que Aguirre y Cifuentes —esta última con un perfil que sí responde a las demandas de renovación— planteen una campaña de ideas y propuestas que permita a los electores de Madrid tomar sus decisiones sobre bases claras.

El dedo del presidente del Partido Popular se ha posado, por fin, sobre las dos candidatas que más sonaban en las apuestas para los cargos de presidenta de la Comunidad y alcaldesa de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Han tenido que pasar largas semanas para que Mariano Rajoy tomara una decisión, o contara la que ya tenía tomada. Aunque el presidente ha cumplido su promesa de agotar los tiempos y el sistema de elección de PP le permite imponer sus candidatos, en esta ocasión Rajoy ha utilizado malas formas para deshacerse del tercero en discordia, el actual presidente de la Comunidad, Ignacio González.

En los mentideros de Madrid se daba por hecho hace tiempo que Esperanza Aguirre iba a ser la candidata a la alcaldía, solamente porque las encuestas así lo aconsejaban (sus relaciones con el presidente del Gobierno son malísimas desde el Congreso de Valencia), y que ni Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal iban a darle todo el poder a Aguirre completando el tándem con el que ha sido siempre su número dos, Ignacio González (con permiso de Francisco Granados). La alternativa de Cristina Cifuentes daba también buenos resultados en las encuestas y ofrecía más garantías de lealtad a Moncloa.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, el método utilizado para descolgar a González del ticket electoral no parece el más correcto para un partido político en el siglo XXI. Primero se la ha dejado cocer a fuego lento y luego, cuando ya estaba tierno, se ha acabado con él con el apoyo de determinados personajes que viven en las zonas más oscuras del subsuelo. No es muy reconfortante.