Asesinato de la niña Mari Luz Cortés: El presunto asesino estaba en libertad porque el juez no había ejecutado una sentencia de prisión que pesaba sobre él por otro crimen

El caso del presunto asesino de la niña Mari Luz pone los pelos de punta no sólo por el repugnante historial su presunto asesino, el pervertido Santiago del Valle, sino por la increíble concatenación de errores del sistema que permitieron que campara a sus anchas delinquiendo con niñas, una y otra vez, mientras que pesaban sobre él varias condenas. Así, el delincuente sexual se presentaba cada quince días en un juzgado sevillano –por tocamientos a una menor– en el mismo edificio en el que otro juzgado lo consideraba en paradero desconocido, tras haber sido condenado en sentencia firme por abusos sexuales a su propia hija cuando ésta tenía 5 años. De Gijón a Cuenca, de Huelva a Granada o a Sevilla, el depravado ha burlado la justicia persiguiendo a sus víctimas y ha conseguido que hasta el mismísimo inquilino de La Moncloa se interese por el asunto. Y es aquí donde está el quid de la cuestión.

Poco después de que el padre Mari Luz se lamentara de que nadie del Ejecutivo le hubiera llamado y le pidiera que no se «esconda» tras conocerse la cadena de errores, el presidente ha corrido presto a ponerse en contacto él. Lo mismo ha hecho el habitante del ático millonariamente reformado a golpe de talonario del Erario, es decir, el todavía titular de Justicia. Sin embargo ni Zapatero ni Bermejo han sido capaces nunca de llamar a Mari Mar Blanco o a Rubén Múgica cuando han denunciado la humillación que sienten debido al monumento levantado por el consistorio de Zizurquil al etarra asesino de su hermano y padre, consistorio que, por cierto, subvenciona con 9.000 euros anuales a los familiares de los presos etarras.

Loable reacción del presidente y de su ministro de Justicia con respecto al ejemplar padre gitano de la inocente víctima. Deplorable e indignante vejación sistemática por parte de ambos por acción y omisión hacia estas y otras víctimas del terrorismo. Miguel Ángel Geresta es el criminal que sujetó las manos a la espalda de Miguel Ángel Blanco manteniéndole de rodillas con una venda en los ojos para que Txapote le descerrajara varios tiros en la nuca. Pero ni Zapatero ni Bermejo se sienten conmovidos por estos «errores del sistema». No, porque ellos mismos los apoyan y sustentan.

Han sido varias las votaciones en la pasada legislatura en las que el PSOE se ha negado a instar a los ayuntamientos vascos a que retiren las plazas, calles o monumentos dedicados a terroristas. En estos momentos, la Fiscalía dirigida por Conde Pumpido todavía se está pensando si estas placas o monumentos incurren dentro del delito de humillación a las víctimas del terrorismo. ¿Verdad que sería igualmente humillante, mucho o poco, un monolito al pederasta Santiago del Valle en la barriada onubense del Torreón, señores Zapatero, Bermejo y Conde Pumpido? Pues ya saben, defiendan ustedes que el pederasta tenga un monumento al igual que Geresta y el resto de los asesinos de ETA lucen sus placas de homenaje gracias al apoyo de su Gobierno. Víctimas inocentes son todas, pero quien con su voto se niega a retirar el callejero etarra, se convierte en cierta manera también en un nuevo verdugo. Y si no, que se lo pregunten a Mari Mar o a Rubén.

Un nuevo y estrepitoso fallo del sistema judicial se ha saldado con la muerte de una niña de cinco años, Mari Luz Cortés, desaparecida el pasado enero en Huelva. El asesinato de una niña es en sí mismo un suceso dolorosísimo capaz de provocar una gran conmoción social, pero si además existe, como en este caso, la evidencia de que esa muerte se hubiera podido evitar, su efecto perturbador es inmensamente mayor. Como ya ocurrió en 2006, cuando la pequeña Alba ingresó en un hospital de Barcelona con un traumatismo craneal del que se han derivado secuelas irreversibles, una serie de fallos en cadena y retrasos de la Administración de justicia facilitaron que la agresión se consumara. Estos fallos hicieron trágicamente posible que la pequeña Mari Luz se cruzara en el camino de un hombre que ya tenía dos condenas por abusos sexuales pendientes de cumplir, que sumaban casi cinco años de prisión.

Cuando la pequeña Mari Luz se cruzó con su presunto agresor hacía 10 años que éste había comenzado a abusar de su propia hija y cinco desde que había sido condenado por primera vez. Durante los tres años que tardó la Audiencia Provincial de Sevilla en resolver el recurso y declarar firme la primera sentencia, el acusado fue condenado por segunda vez por una nueva agresión a otra niña, sin que los juzgados implicados se coordinaran y, lo que es infinitamente peor, sin ejecutar las sentencias pese a que el agresor tuvo múltiples contactos con diferentes juzgados y fuerzas policiales, e incluso un ostentoso episodio de protagonismo mediático. La investigación abierta por el poder judicial debe ir al fondo del inadmisible asunto, y no sólo quedarse en el escrutinio de la actuación del juez que no ejecutó la sentencia. Es el funcionamiento del sistema entero el que está en entredicho.

Algunos portavoces del Consejo General del Poder Judicial han reaccionado al suceso reclamando una revisión del tratamiento penal de estos delitos y han defendido incluso la posibilidad de introducir la cadena perpetua. Estas opiniones no deben tapar lo que es el primer y principal problema en este suceso: el pésimo funcionamiento de la Administración de justicia y la reincidencia en una descoordinación de trágicas consecuencias. La cadena perpetua es inconstitucional porque atenta contra el principio de que la finalidad de las penas debe ser la reinserción, y desde luego no hubiera evitado la muerte de Mari Luz si el juzgado encargado de aplicarla hubiera incurrido en la misma falta de diligencia.

Es cierto que algunos países de nuestro entorno han revisado sus normas penales para introducir medidas de vigilancia posteriores al cumplimiento de la pena en el caso de agresores con alto riesgo de reincidencia, y en España debe abrirse también este debate. Pero no para ir más allá de lo que la Constitución permite y tampoco bajo la presión distorsionadora de un tristísimo suceso que no cabe achacar al actual Código Penal, sino a la incompetencia y desidia de quienes tienen que aplicarlo.

El error judicial que permitió a Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, seguir en libertad tras la condena por abusos sexuales a su propia hija es de tal calibre que ningún poder del Estado puede dejar de sentirse concernido. El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia estaban obligados, incluso si no se lo hubiera pedido el padre de la niña, a dar garantías de que se «llegará al fondo» en la investigación de la cadena de errores que precedieron a su asesinato. Y no menos obligado a ello estaba el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco J. Hernando, de quien depende directamente la inspección de los jueces y en buena medida el normal funcionamiento de juzgados y tribunales.

Que el conjunto de poderes e instituciones del Estado se sientan interpelados no puede llevar, sin embargo, a una dilución de responsabilidades, de modo que todo quede en una especie de Fuenteovejuna en el que por ser todos culpables en abstracto, nadie lo sea concretamente. Pero sí hay personas e instituciones responsables de graves errores judiciales.

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial decidió extender la investigación al magistrado que tardó casi tres años en redactar la sentencia que condenó al presunto asesino de Mari Luz por abusos sexuales a su hija, y no sólo al titular del juzgado que no la ejecutó. Es sobre todo en el ámbito del sistema judicial donde deben buscarse los responsables directos del desaguisado, más allá de los discursos recurrentes sobre la falta de medios en la justicia.

Lo que se echa en falta en la cadena de errores que lleva a que Santiago del Valle siga en libertad tras su condena es la más elemental diligencia y atención a sus obligaciones por parte de los jueces intervinientes en el proceso. Y roza la desfachatez que el juez encargado de hacer ejecutar la condena contra Del Valle pretenda derivar la culpabilidad de su negligencia hacia una funcionaria en baja laboral, olvidando que, como titular del juzgado, es a él a quien corresponde garantizar su correcto funcionamiento.

Pero esa responsabilidad alcanza también de manera directa al Consejo General del Poder Judicial, encargado de vigilar y en su caso sancionar «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de los procesos y causas». La inspección llevada a cabo hace apenas cuatro meses en el juzgado en cuestión fue incapaz de detectar el terrible fallo que se cometía en esos momentos.

Alguien del Consejo tendría que responder de ese incomprensible resultado, que demuestra que además de los jueces fallaron los mecanismos de control. Pero no hay visos de asunción de responsabilidad institucional alguna por parte de un Consejo que en su anómalo mandato -casi 17 meses en funciones- ha mostrado tanto interés por el matrimonio homosexual o por el Estatuto catalán y tan poco por el buen funcionamiento de la justicia.

La muerte de la pequeña Mari Luz a manos de un pederasta que circulaba en libertad habiendo sido condenado anteriormente tuvo el efecto añadido de desvelar en toda su crudeza las graves carencias estructurales y de funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. Fue la omisión negligente de un juez en ejecutar la condena firme de dos años y seis meses que pesaba sobre el asesino por abusar de su propia hija la que desencadenó el escándalo. Pero lo grave del caso, efecto manifiesto de ciertas actuaciones judiciales, bien por omisión, bien por retrasos inadmisibles, es que puede terminar en una escandalosa dilución de responsabilidades, de modo que toda la culpa de lo sucedido sea del sistema judicial en abstracto y de nadie en concreto, es decir, sin responsabilidad del juez que cometió la omisión.

Por lo que ha trascendido del expediente abierto al juez que dejó pasar la ejecución de la condena que pesaba sobre el presunto asesino de Mari Luz, la comisión disciplinaria del Consejo del Poder Judicial parece inclinada a hacer una valoración meramente económica de su conducta. Para el órgano responsable de controlar la actuación de los jueces, ningún otro reproche merecería haber dejado de ejecutar una condena durante 17 meses, dando ocasión a reincidir con el asesinato de una niña, salvo el pago de una multa que no va más allá de 6.000 euros. Si así fuera, estaríamos ante un nuevo escándalo, no sólo por la escasa importancia que se otorga a un comportamiento judicial del que se derivaron fatales consecuencias, sino por el corporativismo que rezuma.

En el caso de Mari Luz, el Gobierno ha asumido al menos algunas de sus responsabilidades políticas, comprometiéndose a crear juzgados que aligeren la ejecución de las sentencias penales, especialmente las relativas a agresiones sexuales y al maltrato, y aceptando el mandato del Congreso para una reforma del Código Penal que endurezca las penas por agresión sexual a menores de manera más proporcionada a su gravedad. Pero en el ámbito judicial, que es donde se encuentran los protagonistas directos del desaguisado, no ha habido ni parece haber intención de asumir responsabilidades. Ni siquiera las de carácter institucional por parte del Consejo del Poder Judicial, del que dependen unos servicios de inspección que fueron incapaces de detectar el retraso en la ejecución de la condena del presunto asesino de Mari Luz pocos meses antes de su asesinato.

Los jueces son los jefes de la oficina judicial y responsables, para lo bueno y para lo malo, de lo que sucede en ellas. De sus errores y de su mal funcionamiento no son culpables los escasos medios ni los funcionarios a sus órdenes, aunque éstos tengan responsabilidades propias y compartidas. Al magistrado que tardó casi tres años en redactar la sentencia que condenó al presunto asesino de Mari Luz no se le ha podido exigir responsabilidades por haber prescrito su posible falta. Y al que demoró su ejecución se le pretende castigar con una multa. Todo un escándalo.