El Rey Juan Carlos I inaugura las Cortes Constituyentes nacidas de las elecciones y es aplaudido por los diputados del PSOE y el PCE

AYER, POR primera vez en la historia, los españoles pudieron contemplarse en la pantalla de su propia televisión. Este es un invento relativamente reciente, y hasta hace exactamente veinticuatro horas nunca había tenido la posibilidad de presentar al pueblo las imágenes reunidas de sus legítimos representantes, en el histórico palacio el de las Cortes, durante largos lustros vacío de una representatividad auténtica y legitimada por el sufragio popular. Ayer, estos rostros desfilaron como en un rito irreal por la pequeña pantalla: Manuel Fraga al lado de Dolores Ibárruri, Silva Muñoz junto a Rafael Alberti. La juventud de Adolfo Suárez y Felipe González en plano fundido con los años grabados en la faz de Santiago Carrillo.Era la fecha histórica, la imagen del verdadero cambio de régimen. Terminaba una gran ficción. Lo ocurrido ayer no es, pues, un espectáculo más o menos apasionante, una anécdota sígnificativa, ni un episodio más, sino un gigantesco acontecimiento que, aún contemplado a través de la lente coloreada de la televisión gubernativa, ha emocionado a millones de españoles que podían, por fin, contemplar su propio rostro. El abrazo entre el señor Alvarez de Miranda y el señor Gómez Llorente, los saludos mutuos y los, aplausos unánimes parecían sellar esta devolución de España a los españoles. Que sea para siempre.

CON LA sesión solemne de apertura y el discurso de la Corona, se inaugura hoy la primera legislatura de ‘ las Cortes dem9cráticas. Teóricamente, y, según la ley para la Reforma Política, el mandato parlamentario tendría una duración de cuatro años. Pero lo más probable y deseable es que los diputados y senadores disuelvan las Cortes antes del término de ese plazo.Las elecciones del 15 de junio se realizaron bajo una ley Electoral que consagraba el sufragio desigual, en un medio institucional demasiado contaminado todavía por las prácticas caciquiles del antiguo Régimen, y desde unos supuestos iniciales que violaban el principio de igualdad de oportunidades entre los partidos. Así pues, lo lógico sería que los diputados y senadores se sometieran de nuevo al veredicto de las urnas tras la promulgación de una nueva ley Electoral, la renovación de los municipios y diputaciones, y el pleno despliegue de la imagen y de los programas de todos los partidos.

Pero la razón básica para suponer que la actual legislatura tendrá una corta vida es que su misión fundamental es elaborar y promulgar la Constitución. No puede interpretarse más que como una ligereza el propósito del Gobierno de enviar a las Cortes un proyecto constitucional fabricado en el palacio de la Moncloa. La UCD tiene suficientes diputados y senadores, muchos de ellos miembros del Gabinete, como para que esa injerencia gubernamental sea, además de incorrecta, innecesaria. A las Cámaras, y sólo a ellas, corresponde proponer, negociar y aprobar la nueva Carta Magna de la convivencia española que contenga la respuesta democrática a las grandes cuestiones pendientes.

Por lo demás, estas Cortes Constituyentes deberán cubrir, en paralelo, otras funciones de carácter legislativo y fiscalizador. La mayor espectacularidad en comparación con el pasado, la revestirá quizá la actividad no legislativa de las Cortes: la fiscalización de la gestión del Gobierno y la Administración, la denuncia de la corrupción y de los abusos de poder, la capacidad para expresar las quejas y los agravios de los electores. Es de suponer que el nuevo reglamento desarrolle y proteja el derecho de los diputados y, senadores a preguntar e interpelar al Gobierno; que reserve espacios temporales en las sesiones para los debates originados por esas intervenciones; y que prevea la formación de comisiones especiales de encuesta a investigación con poderes suficientes para ocuparse de cuestiones relacionadas con las corrupciones, los escándalos y los abusos. La tarea constituyente y los trabajos legislativos levantaran las paredes maestras de la nueva democracia. Pero la forma de que los simples ciudadanos se sientan vinculados con los parlamentarios, se consideren representados por ellos y les apoyen, es que sean el hilo conductor de las reivindicaciones populares y protejan a los ciudadanos de las invasiones y arrogancias del Poder.

UNA FRASE pronunciada por el Rey, casi al comienzo mismo de su discurso ante el Parlamento contiene la clave de todo el mensaje de la Corona: ayer se abrió «la primera legislatura» de las Cortes de la Monarquía, en abierta y clara solución de continuidad con las Cortes orgánicas impuestas al país durante largas décadas. Las vías y procedimientos reformistas han desembocado así en la ruptura con el pasado. Más adelante, don Juan Carlos de Borbón ha ratifeado esa misma idea: « La democracia ha comenzado.»Los historiadores y los especialistas acuñarán probabiemente en el futuro alguna denominación para definir esta sorprendente transición de una dictadura personal a un sistema pluralista, dirigida y controlada desde arriba precisamente por la persona a la que el dictador había designado como heredero. El rasgo más notable y signifcativo de toda la estrategia reformista es que don Juan Carios de Borbón ha renunciado a ser el «Rey de la Monarquía del 18 de julio» para convertirse en un Monarca constitucional. Sólo la Constitución es el requisito necesario para que esta aseveración, asumida públicamente por el Rey, sea una realidad plena. Don Juan Carlos ha señalado como notas definitorias de la Corona «la función integradora y su poder arbitral». Su ámbito de acción no se confunde con la esfera de competencias de los poderes políticos, cuyo terreno tampoco invade mediante propuestas de «un programa de tareas concretas» ni con «orientaciones para llevarlas a buen término». Ese campo se halla ocupado por los representantes del pueblo español, sin distinción de ideologías. Ninguna forma de pensar puede reclamar para sí el monopolio del patriotismo. Liberales, democristianos. conservadores, comunistas y socialistas son portadores de distintos programas y proyectos, pero «esas diferentes ideologías no son otra cosa que distintos modos de entender la paz, la justicia, la libertad la realidad histórica de España». Nadie tiene el privilegio de interpretar mejor los intereses del país o de encarnar la verdad: «Todas las aspiraciones son legítimas todas deben, en beneficio de la comunidad. limitarse reciprocamente.»

Digamos, incidentalmente, que el justificado orgullo de don Juan Carlos al constatar que «hemos conseguido que las Instituciones den cabida en u seno a todas aquellas opciones que cuentan con respaldo en la sociedad española» queda empañado por la absurda determinación del Ministerio del Interior de negar la inscripción en el Registro de las Asociaciones Políticas a Esquerra Republicana y Acción Republicana Democrática Española. La opción republicana tiene el respaldo de sectores de la sociedad española. Y es impensable una Monarquía democrática en la que los republicanos, sigan siendo perseguidos por los guardias del señor ministro del Interior.

Por lo demás, la autodefinición de don Juan Carios como monarca constitucional ayuda a alguna meditación, toda vez que la Constitución no está redactada. Como ha indicado el propio Rey, las relaciones de la Corona con las Cortes habrán de ser definidas, desarrolladas y concretadas en el texto que el Parlamento, expresión de la soberanía del pueblo apruebe en su día. Aunque existe una corriente de opinión que aconseja dar por sentada la forma del Estado, parece más razonable y democrático (y también una mejor defensa de la institución monárquica) que diputados y senadores, con la libertad que les otorga su mandato, la discutan como el primero de los puntos de la futura Constitución. Sólo así podrá consolidarse perdurablemente la Monarquía y acabaremos con un debate histórico cuya mejor moraleja son los años de dictadura y la manera como se ha realizado la transición hacia la democracia.

El Rey se ha declarado, una vez más. «consciente de la honrosa obligación que supone el cuniplimiento de las leyes». La denlocracia, en efecto, supone la igualdad ante la ley de todos los ciudadatios, incluido el propio Rey, que así lo ha subrayado: «La ley nos obliga a todos por igual.» Esta es la razón por la que el apoyo al proyecto de convivencia española que ofrece la Corona es indisociable de su contenido político. En España hoy es indisociable una Monarquía que no sea constitucional y democrática.