El Senado de Venezuela destituye al Presidente Carlos Andrés Pérez para que sea procesado por corrupción

CUANDO concluya mi mandato el pueblo me sacará a hombros del Palacio de Miraflores». La profecía con la que Carlos Andres Pérez asumía la presidencia en 1989, con el propósito de hacer reverdecer los laureles de los años dorados (1974/79), ha sido dramáticamente desmentida por el júbilo con el que la población caraqueña se lanzó a la calle al conocer la decisión del Tribunal Supremo de procesarle. Nadie da un duro por él. Ni los ciudadanos hartos de los escándalos («sálvanos de tanta corrupción/ y líbranos de CAP/ amén» ironiza la gente), ni los medios de comunicación, ni siquiera muchos de sus propios compañeros de partido. La corrupción, el mismo cáncer que explica el declive y caída de conspicuos socialistas europeos, parece que va a determinar también el ocaso del incombustible socialdemócrata venezolano. El Senado nombró ayer a Octavio Lepage presidente provisional, y no parece que CAP pueda volver al palacio de Miraflores ya que apenas le queda medio año para agotar su mandato y es dudoso que el procesamiento termine antes. CAP ha sido acusado de apropiarse irregularmente de una partida de fondos reservados de Interior por valor de unos 2.000 millones de pesetas para su enriquecimiento personal. La última palabra la tienen los tribunales, pero todo sugiere que lo que se va a enjuiciar no va a ser sólo un supuesto caso puntual de corrupción sino también un tipo de comportamiento público, una forma de entender el ejercicio del poder, un estilo. Un estilo que se fragua en los años de vacas gordas, cuando fiado en el potencial petrolífero de Venezuela, CAP gestiona pésimamente la economía nacional, incurre en el derroche, y termina endeudando al país hasta el cuello. Cuando, a finales de los años 80 volvió de nuevo al poder, encontró sumida a Venezuela en la crisis -acentuada por la caída de ingresos del petróleo-. El antaño populista había devenido en neoliberal y trató de enderezar la ruinosa situación del país con un monetarismo puro y duro. El resultado fue catastrófico: creció la miseria -el 40% de la población vive en situación de pobreza- y el malestar general estalló en forma de «caracazo», que CAP ordenó reprimir con un trágico saldo (300 muertos). Todo lo cual sirvió de caldo de cultivo para dos intentos, fracasados, de golpe de Estado. Y mientras la otrora floreciente república latinoamericana iba a la deriva, un Carlos Andres Pérez mimado por sus amigos de Occidente (con el «compadre» Felipe González a la cabeza) se dedicaba a su afición favorita: visitar cancillerías extranjeras y pronunciar conferencias. El futuro político de CAP se presenta problemático. La impresión general es que su carrera ha terminado. Pero sería erróneo pensar que con el ocaso de CAP, Venezuela se ve libre de la crisis y de la corrupción. Sería precisa una purga de buena parte de la clase política para que el país latinoamericano comenzara a salir del túnel.

LOS MESES finales de Carlos Andrés Pérez como presidente de Venezuela han estado sembrados de espinas. Acosado por la falta de popularidad, por el antagonismo en el interior de su propio partido de Acción Democrática (AD), por los renovados rumores de golpismo y por las acusaciones de corrupción, CAP, como se le conoce popularmente, ha visto finalmente cómo el Senado venezolano le suspendía anoche de su cargo y autorizaba su procesamiento por malversación de fondos, como había pedido la víspera la Corte Suprema de Justicia. El supuesto delito afecta a 250 millones de bolívares (aproximadamente 350 millones de pesetas), procedentes de las partidas reservadas del presidente, que, se dice, utilizó para financiar las campañas electorales de Violeta Chamorro en Nicaragua, de Jaime Paz Zamora en Bolivia y de Jean-Bertrand Aristide en Haití. Es el fin de su sueño como líder de la democracia en Latinoamérica.En 1979 había terminado su primer mandato con la economía en ruinas tras años de corrupción y gastos indiscriminados alimentados por la bonanza petrolífera de la década. Ahora le interrumpen el segundo antes de su caducidad natural a principio de 1994, después de que aplicara con dureza recetas ortodoxas de austeridad, con un país que crece a un ritmo extraordinario (el 18% en el conjunto de 1991-1992), aun cuando mantenga una fuerte tasa de inflación (más del 30%) y un déficit elevado (3,6%). Los venezolanos, acosados por la pérdida de capacidad adquisitiva y por la subida de los precios de los servicios públicos y de los productos de primera necesidad, no le van a agradecer el favor: el índice de popularidad del presidente ha caído al 10%.

Carlos Andrés Pérez, al que dos intentonas golpistas casi consiguieron desensillar el año pasado, afirmaba hasta hace poco que seguiría en su sitio hasta concluir su mandato el 2 de febrero de 1994. Consideraba con razón que ése es su privilegio y su obligación democráticos. En más de una ocasión a finales del año pasado, especialmente tras la estrepitosa derrota electoral en los comicios municipales y de gobernadurías, su propio partido, la AD, amenazó con retirarle el apoyo que ya le niegan sus compatriotas. Hubiera hecho mal; estos asuntos no se aclaran forzando una dimisión, sino apurando una investigación. Y si Carlos Andrés Pérez es culpable, debe demostrarlo el método constitucional dispuesto al efecto.

Hace años que se señala a Venezuela, Brasil y México como ejes de sistemas políticos basados en la corrupción, pero se diría que sólo el primero se ha resistido hasta ahora a emprender la reforma necesaria. Ante las reiteradas acusaciones, CAP ha afirmado una y otra vez que le «acusan de corrupción para des estabilizar al país», pero que nunca cederá a la tentación de dar un golpe de Estado para salvarse. Un tribunal demostrará si es personalmente un corrupto, pero nadie podrá acusarle de ser un antidemócrata.

Era hora de que se resolviera una cuestión que ha causado gran daño al país y al partido en el Gobierno. El Congreso ya ha nombrado al sucesor interino de CAP, su presidente, Octavio Lepage, que gobernará hasta el relevo de la primera magistrura, en febrero, y tendrá que evitar las tentaciones golpistas que han salpicado la historia venezolana.

CARLOS ANDRÉS PÉREZ, el aparentemente incombustible líder socialdemócrata venezolano, conocido por sus iniciales, CAP, fue destituido anteayer de la presidencia de la República, 101 días después de que el Parlamento le ‘ suspendiera temporalmente de sus funciones. La destitución ha sido una redundancia impuesta a un presidente que, en cualquier caso, no iba a regresar. Pero es significativo que CAP, ligado desde hace cinco décadas a todas las iniciativas democráticas de su país y del resto del continente latinoamericano, no haya sido derrocado por un golpe de Estado ni desensillado por una elección, sino por una acusación de corrupción. En este sentido, por humillante que le resulte, su destitución es, sobre todo, indicativa de la voluntad democrática de un país que, además de encontrarse en plena campaña electoral, está sometido desde hace meses a las tensiones golpistas de un Ejército típicamente obsesionado por la defensa exclusiva de sus paranoias.Carlos Andrés Pérez ha sido presidente de Venezuela en dos ocasiones. Y es, paradójicamente, la doble magistratura lo que explica su caída de hoy. En 1979 terminó su primer periodo presidencial, cuando la economía venezolana iniciaba su derrumbamiento tras años de fulgor al calor del negocio del petróleo, a cuya sombra habían florecido también el despilfarro y la corrupción. Era obvio que un político así carecía de credibilidad para presentarse diez años más tarde como el enderezador de todos los males del país.

Su popularidad se fue a los suelos a los pocos días de llegar al poder: la toma de posesión de Pérez en febrero de 1989 fue una exhibición de lujo y derroche coincidente con consignas de austeridad económica a rajatabla. Menos de un mes después, los venezolanos, en un levantamiento popular conocido como el caracazo, protestaron sonoramente contra el nuevo presidente y su programa. Murieron cientos &,personas. CAP estaba definitivamente acabado, y así se lo hizo saber su propio partido, Acción Democrática. Ni siquiera las dos intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992 o los buenos resultados de su dura política económica sirvieron para que mejoraran sus cotas de popularidad. Es interesante que la mera apariencia de un escándalo en un país en el que la vida política no se distingue por la seriedad y honradez determinara, primero, la prohibición parlamentaria de que CAP acudiera a Madrid en el verano de 1992 a la II Cumbre de Jefes de Estado Latinoamericanos y, segundo, la concesión del suplicatorio que determinó su suspensión en mayo pasado.

La defenestración de Carlos Andrés Pérez acaba con la vida política de uno de los líderes más coloristas y populistas del continente. Traerá cola. Porque, una vez más, provoca un terremoto político en un país que lleva años tambaleándose y sufriendo. Y por añadidura, ocurre en las semanas previas a una nueva elección presidencial que promete ser borrascosa y que ya tiene enfrentadas a todas las fuerzas presentes: a las políticas entre sí (con los peores recursos de la demagogia) y a las armadas contra todos.

Pregunta.- Después de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, usted advirtió sobre el peligro de repetición. ¿Conocía la existencia de una segunda conspiración?

Respuesta.- Eso se veía venir. Venezuela viene atravesando una inmensa crisis política, económica, social, pero fundamentalmente moral, porque se ha producido una verdadera epidemia de corrupción a todos los niveles. Esa situación se destapó con el golpe del 4 de febrero.

P.- Se dijo que usted estuvo involucrado en el golpe.

R.- Sí, han querido decir que yo era un conspirador. La tesis de Pérez era muy sencilla: su régimen era democrático, irreprochable y magnífico, había una serie de resentidos y de ambiciosos que se movían para desplazarlo, entre los cuales estaba yo, y entramos en conspiración con militares. Yo no he hablado con un solo militar, no conozco a ninguno de ellos.

P.- ¿Tampoco conocía a los jefes del 27 de noviembre de 1992?

R.- A ninguno de esos generales y vicealmirantes los conozco personalmente. Era fácil decir que era una conspiración, pero creo que hoy día está a la vista que era una cosa mucho más seria. Yo la veía venir y me movía para pedirle a Pérez que contribuyera él también con su renuncia a salvar el país.

P.- ¿Cómo evalúa el alzamiento militar del 4 de febrero?

R.- Fue un golpe militar atípico porque no se proponía crear un régimen militar, sino limpiar la democracia venezolana de todos los horrores que venía arrastrando y abrir la puerta a un régimen democrático mucho más efectivo, genuino y productivo para el país.

P.- ¿Y el del 27 de noviembre?

R.- Tenía el mismo propósito, evidentemente. Han dicho hasta la saciedad que no pensaban instaurar una dictadura militar, sino acabar con esta comedia bufa.

P.- ¿El golpe de Estado era una solución a la crisis, entonces?

R.- Nadie estaba de acuerdo con un golpe de Estado en Venezuela. Se sabía que estaban dadas las condiciones para que lo hubiera y que no se estaba haciendo nada serio para evitarlo, pero de ahí a que se estuviera de acuerdo hay un abismo.

P.- ¿Es partidario de indultar a los militares golpistas?

R.- Yo creo que tarde o temprano habrá que tomar una medida de clemencia. Estos hombres efectivamente incurrieron en un delito militar grave, que es la insurrección, pero lo hicieron contra un Gobierno que el país entero ha condenado. El país entero, cuando se le ha consultado, ha manifestado que no está de acuerdo con que continúen presos o exiliados.

P.- Usted dijo que en Venezuela hubo una epidemia de corrupción. ¿Cuál es la responsabilidad de Carlos Andrés Pérez en esto?

R.- El Gobierno de Pérez no sólo ha sido un Gobierno sumamente corrupto, lo que ya es grave, sino que tuvo una tolerancia criminal con la corrupción. ¿Con qué autoridad moral le puede usted pedir a un funcionario medio que no busque una ganancia ilícita cuando tiene la convicción de que en las altas esferas políticas hay corrupción?

P.- ¿Señala con ésto directamente al presidente?

R.- Claro que sí. Yo no quiero entrar en ciertas cosas porque son hasta de mal gusto, pero el presidente tiene una amante que vive en Nueva York ostentosamente. ¿De dónde sale ese dinero?

P.- Se ha hablado mucho de la fortuna personal de Pérez.

R.- Yo no sé de su fortuna personal. Pero a su sombra, en grupos económicos poderosísimos, se han hecho muchos millones de dólares en los años de su Gobierno.

P.- Usted fue de los primeros en pedir la renuncia del presidente Pérez. ¿En ésto influyó un elemento de enemistad personal?

R.- Se pensó que, para salir de las grandes dificultades, el país necesitaba un gran consenso nacional y que la permanencia de Pérez podía ser un obstáculo. Entonces se pensó que su mejor contribución a ese gran acuerdo nacional era su renuncia. Pero sencillamente ése es un idioma que él no entiende.

P.- ¿Cómo valora el proceso que culminó con su suspensión de la Presidencia?

R.- La actitud del país ha sido ejemplar y creo que Venezuela merecería una consideración mejor y más seria de parte de la prensa mundial que la que está recibiendo. Todo el proceso ha sido de acuerdo con la Constitución y no ha habido un grito, un vidrio roto, un automóvil quemado. Parece que estuviéramos en un país escandinavo.

P.- Pérez dice que se trató de una decisión política.

R.- Es jurídica y política. Una decisión que toca a un jefe de Estado no puede estar exenta de implicaciones políticas de todo género, pero la Corte se pronunció por motivos exclusivamente jurídicos, por pruebas de que se cometió un hecho ilícito en el cual aparentemente el presidente tiene responsabilidad directa.

P.- ¿Qué opina de la elección de Ramón Velásquez como presidente?

R.- Me parece de lo mejor que podía encontrarse para una circunstancia como ésta.

P.- ¿Qué cambios positivos se pueden observar?

R.- Se siente que una fuente de perturbación grave desapareció por el sólo hecho de que en Miraflores (sede del Gobierno) en lugar de Pérez estuviera Velásquez. Se pasó de un Gobierno prepotente a un Gobierno que quiere oir, de un Gobierno considerado corrupto a uno honesto.

P.- ¿Qué puede hacer el Gobierno del presidente Velásquez?

R.- Además de cambiar el clima, que ya lo ha logrado, este Gobierno debe llegar a las elecciones de diciembre salvando este inmenso bache de una manera ejemplar.

P.- ¿Cree que se va a llegar a las elecciones sin zozobra?

R.- En este momento no existe ni sombra de peligro de un golpe militar en Venezuela. Eso está descartado.

P.- Siempre se le ha visto como un hombre conservador. ¿Se considera conservador?

R.- Conservador de lo que hay que conservar, indudablemente, pero toda la vida he sido partidario de las reformas. Ahora, lo que nunca he hecho es ponerme la chaqueta socialdemócrata, que sólo sirve para hacer mal Gobierno.

Sr. Director: En prensa nacional leí un teletipo de la AFP que transcribe resumen de la entrevista del compatriota Arturo Uslar Pietri en la que soy directamente aludido. Ruégole que recoja en sus columnas mi respuesta: Doctor Arturo Uslar Pietri: En este diario usted me acusa de «tolerancia criminal con la corrupción» en mi gobierno, durante el cual «a su sombra grupos económicos poderosísimos hicieron muchos millones de dólares». Penoso me resulta ponerle en evidencia precisamente en el país donde ha logrado con el apoyo y el afán de muchos de nosotros el premio Príncipe de Asturias por uno de sus pocos libros que la ambición y la pasión política que han perturbado su vida pudo escribir, seguramente mientras fue embajador de mi gobierno en la Unesco, en París, ciudad que conoció desde su juventud por beca obtenida gracias a la intimidad familiar con la dictadura de Juan Vicente Gómez: Yo le invito a que aquí en nuestra patria diga cuáles fueron esos poderosísimos grupos económicos favorecidos y en qué clase de negocios. Entre tanto, es bueno que sepan sus lectores en España que una de las más trascendentales decisiones de mi gobierno fue abolir la discrecionalidad gubernamental desarrollando normas transparentes que sustrajeran de prácticas corruptas sus relaciones con los consorcios o empresas privadas. La restitución de las garantías económicas constitucionales suspendidas desde 1939 y la vigencia de una Ley de Licitaciones aseguró también la pulcritud de los negocios del Estado. En ningún momento, ni ahora cuando tan inmisericorde confabulación se ha desatado en mi contra, se me hacen imputaciones tan temerarias y falaces como las suyas. En cuanto a otras de sus imputaciones que demuestran su ausencia de gallardía las atribuyo al peso de los años y al fardo de resentimientos que lamentablemente le acompañan en los años postreros de su vida, entre ellos el de haber sido condenado por peculado en 1946.