El Senado de Venezuela destituye al Presidente Carlos Andrés Pérez para que sea procesado por corrupción

CUANDO concluya mi mandato el pueblo me sacará a hombros del Palacio de Miraflores». La profecía con la que Carlos Andres Pérez asumía la presidencia en 1989, con el propósito de hacer reverdecer los laureles de los años dorados (1974/79), ha sido dramáticamente desmentida por el júbilo con el que la población caraqueña se lanzó a la calle al conocer la decisión del Tribunal Supremo de procesarle. Nadie da un duro por él. Ni los ciudadanos hartos de los escándalos («sálvanos de tanta corrupción/ y líbranos de CAP/ amén» ironiza la gente), ni los medios de comunicación, ni siquiera muchos de sus propios compañeros de partido. La corrupción, el mismo cáncer que explica el declive y caída de conspicuos socialistas europeos, parece que va a determinar también el ocaso del incombustible socialdemócrata venezolano. El Senado nombró ayer a Octavio Lepage presidente provisional, y no parece que CAP pueda volver al palacio de Miraflores ya que apenas le queda medio año para agotar su mandato y es dudoso que el procesamiento termine antes. CAP ha sido acusado de apropiarse irregularmente de una partida de fondos reservados de Interior por valor de unos 2.000 millones de pesetas para su enriquecimiento personal. La última palabra la tienen los tribunales, pero todo sugiere que lo que se va a enjuiciar no va a ser sólo un supuesto caso puntual de corrupción sino también un tipo de comportamiento público, una forma de entender el ejercicio del poder, un estilo. Un estilo que se fragua en los años de vacas gordas, cuando fiado en el potencial petrolífero de Venezuela, CAP gestiona pésimamente la economía nacional, incurre en el derroche, y termina endeudando al país hasta el cuello. Cuando, a finales de los años 80 volvió de nuevo al poder, encontró sumida a Venezuela en la crisis -acentuada por la caída de ingresos del petróleo-. El antaño populista había devenido en neoliberal y trató de enderezar la ruinosa situación del país con un monetarismo puro y duro. El resultado fue catastrófico: creció la miseria -el 40% de la población vive en situación de pobreza- y el malestar general estalló en forma de «caracazo», que CAP ordenó reprimir con un trágico saldo (300 muertos). Todo lo cual sirvió de caldo de cultivo para dos intentos, fracasados, de golpe de Estado. Y mientras la otrora floreciente república latinoamericana iba a la deriva, un Carlos Andres Pérez mimado por sus amigos de Occidente (con el «compadre» Felipe González a la cabeza) se dedicaba a su afición favorita: visitar cancillerías extranjeras y pronunciar conferencias. El futuro político de CAP se presenta problemático. La impresión general es que su carrera ha terminado. Pero sería erróneo pensar que con el ocaso de CAP, Venezuela se ve libre de la crisis y de la corrupción. Sería precisa una purga de buena parte de la clase política para que el país latinoamericano comenzara a salir del túnel.

LOS MESES finales de Carlos Andrés Pérez como presidente de Venezuela han estado sembrados de espinas. Acosado por la falta de popularidad, por el antagonismo en el interior de su propio partido de Acción Democrática (AD), por los renovados rumores de golpismo y por las acusaciones de corrupción, CAP, como se le conoce popularmente, ha visto finalmente cómo el Senado venezolano le suspendía anoche de su cargo y autorizaba su procesamiento por malversación de fondos, como había pedido la víspera la Corte Suprema de Justicia. El supuesto delito afecta a 250 millones de bolívares (aproximadamente 350 millones de pesetas), procedentes de las partidas reservadas del presidente, que, se dice, utilizó para financiar las campañas electorales de Violeta Chamorro en Nicaragua, de Jaime Paz Zamora en Bolivia y de Jean-Bertrand Aristide en Haití. Es el fin de su sueño como líder de la democracia en Latinoamérica.En 1979 había terminado su primer mandato con la economía en ruinas tras años de corrupción y gastos indiscriminados alimentados por la bonanza petrolífera de la década. Ahora le interrumpen el segundo antes de su caducidad natural a principio de 1994, después de que aplicara con dureza recetas ortodoxas de austeridad, con un país que crece a un ritmo extraordinario (el 18% en el conjunto de 1991-1992), aun cuando mantenga una fuerte tasa de inflación (más del 30%) y un déficit elevado (3,6%). Los venezolanos, acosados por la pérdida de capacidad adquisitiva y por la subida de los precios de los servicios públicos y de los productos de primera necesidad, no le van a agradecer el favor: el índice de popularidad del presidente ha caído al 10%.

Carlos Andrés Pérez, al que dos intentonas golpistas casi consiguieron desensillar el año pasado, afirmaba hasta hace poco que seguiría en su sitio hasta concluir su mandato el 2 de febrero de 1994. Consideraba con razón que ése es su privilegio y su obligación democráticos. En más de una ocasión a finales del año pasado, especialmente tras la estrepitosa derrota electoral en los comicios municipales y de gobernadurías, su propio partido, la AD, amenazó con retirarle el apoyo que ya le niegan sus compatriotas. Hubiera hecho mal; estos asuntos no se aclaran forzando una dimisión, sino apurando una investigación. Y si Carlos Andrés Pérez es culpable, debe demostrarlo el método constitucional dispuesto al efecto.

Hace años que se señala a Venezuela, Brasil y México como ejes de sistemas políticos basados en la corrupción, pero se diría que sólo el primero se ha resistido hasta ahora a emprender la reforma necesaria. Ante las reiteradas acusaciones, CAP ha afirmado una y otra vez que le «acusan de corrupción para des estabilizar al país», pero que nunca cederá a la tentación de dar un golpe de Estado para salvarse. Un tribunal demostrará si es personalmente un corrupto, pero nadie podrá acusarle de ser un antidemócrata.

Era hora de que se resolviera una cuestión que ha causado gran daño al país y al partido en el Gobierno. El Congreso ya ha nombrado al sucesor interino de CAP, su presidente, Octavio Lepage, que gobernará hasta el relevo de la primera magistrura, en febrero, y tendrá que evitar las tentaciones golpistas que han salpicado la historia venezolana.

CARLOS ANDRÉS PÉREZ, el aparentemente incombustible líder socialdemócrata venezolano, conocido por sus iniciales, CAP, fue destituido anteayer de la presidencia de la República, 101 días después de que el Parlamento le ‘ suspendiera temporalmente de sus funciones. La destitución ha sido una redundancia impuesta a un presidente que, en cualquier caso, no iba a regresar. Pero es significativo que CAP, ligado desde hace cinco décadas a todas las iniciativas democráticas de su país y del resto del continente latinoamericano, no haya sido derrocado por un golpe de Estado ni desensillado por una elección, sino por una acusación de corrupción. En este sentido, por humillante que le resulte, su destitución es, sobre todo, indicativa de la voluntad democrática de un país que, además de encontrarse en plena campaña electoral, está sometido desde hace meses a las tensiones golpistas de un Ejército típicamente obsesionado por la defensa exclusiva de sus paranoias.Carlos Andrés Pérez ha sido presidente de Venezuela en dos ocasiones. Y es, paradójicamente, la doble magistratura lo que explica su caída de hoy. En 1979 terminó su primer periodo presidencial, cuando la economía venezolana iniciaba su derrumbamiento tras años de fulgor al calor del negocio del petróleo, a cuya sombra habían florecido también el despilfarro y la corrupción. Era obvio que un político así carecía de credibilidad para presentarse diez años más tarde como el enderezador de todos los males del país.

Su popularidad se fue a los suelos a los pocos días de llegar al poder: la toma de posesión de Pérez en febrero de 1989 fue una exhibición de lujo y derroche coincidente con consignas de austeridad económica a rajatabla. Menos de un mes después, los venezolanos, en un levantamiento popular conocido como el caracazo, protestaron sonoramente contra el nuevo presidente y su programa. Murieron cientos &,personas. CAP estaba definitivamente acabado, y así se lo hizo saber su propio partido, Acción Democrática. Ni siquiera las dos intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992 o los buenos resultados de su dura política económica sirvieron para que mejoraran sus cotas de popularidad. Es interesante que la mera apariencia de un escándalo en un país en el que la vida política no se distingue por la seriedad y honradez determinara, primero, la prohibición parlamentaria de que CAP acudiera a Madrid en el verano de 1992 a la II Cumbre de Jefes de Estado Latinoamericanos y, segundo, la concesión del suplicatorio que determinó su suspensión en mayo pasado.

La defenestración de Carlos Andrés Pérez acaba con la vida política de uno de los líderes más coloristas y populistas del continente. Traerá cola. Porque, una vez más, provoca un terremoto político en un país que lleva años tambaleándose y sufriendo. Y por añadidura, ocurre en las semanas previas a una nueva elección presidencial que promete ser borrascosa y que ya tiene enfrentadas a todas las fuerzas presentes: a las políticas entre sí (con los peores recursos de la demagogia) y a las armadas contra todos.