El Tribunal Supremo condena a España a indemnizar al Grupo PRISA por el decreto Aznar contra Canal Satélite Digital

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 26,4 millones de euros a Canal Satélite Digital (CSD) por los perjuicios ocasionados con la legislación que promovió hace seis años para impedir sus emisiones, atentando contra la legislación europea sobre el Mercado Único. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal pone así punto final a un vergonzoso episodio de intromisión del Gobierno en los medios de comunicación privados, uno de los capítulos de la denominada guerra digital, en el que el Gobierno utilizó toda su capacidad legislativa, primero mediante un decreto-ley y luego por medio de una ley aprobada en el Parlamento con el apoyo del PNV y de Izquierda Unida, liderada por Anguita, para obstaculizar el desarrollo de CSD (empresa participada por PRISA, editora del diario EL PAÍS).

El Gobierno de Aznar puso en marcha a través de su ministro de Fomento, a la sazón Rafael Arias-Salgado, una cascada de iniciativas legislativas para favorecer a la plataforma que promovía con el capital de Telefónica (Vía Digital) en perjuicio de Canal Satélite Digital, que ya funcionaba y que en dos meses contaba con más de 30.000 abonados. La ley obligaba a que los operadores se pusieran de acuerdo sobre el descodificador, y en ausencia de pacto imponía el sistema que impulsaba Telefónica y que todavía no existía en el mercado, dejando a CSD a expensas de lo que decidiera su competidor, al que concedía un efectivo derecho de veto. Y entre otras restricciones establecía una homologación nacional de los descodificadores distinta a la del resto de Europa, que rompía el mercado único europeo y atentaba a la libre circulación de mercancías y de servicios.

La Comisión Europea y los tribunales han descalificado aquel desafortunado episodio legislativo en varias ocasiones por violar el derecho comunitario en lo referido a la libertad de circulación de mercancías y de servicios dentro del mercado europeo. El real decreto, desarrollado posteriormente en una ley, ya fue anulado en diciembre de 2002 por una doble infracción de las normas comunitarias. El Supremo cierra ahora aquella lamentable guerra que encabezó Aznar obligando al Estado a pagar una cuantiosa indemnización que correrá a cargo de los contribuyentes.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó ayer una sentencia que marcará un antes y un después respecto al intervencionismo y a la injerencia de los Gobiernos en la vida de las empresas. En concreto, el fallo, aprobado por unanimidad y sobre el que no cabe recurso, condena al Ejecutivo a pagar a Canal Satélite Digital 26,4 millones de euros como compensación por los daños sufridos debido a la prohibición del uso de sus descodificadores.

El Supremo entiende que esa decisión del Ejecutivo, adoptada tan sólo un día después de que Canal Satélite Digital iniciara sus emisiones, provocó la caída de su actividad comercial, el retraso en la captación de abonados e incluso llegó a provocar la pérdida definitiva de algunos. Una tesis que se sustenta en los razonamientos expuestos por representantes de grandes superficies como El Corte Inglés, Alcampo, Pryca o Continente. En opinión de la Sala del Tribunal Supremo, la empresa perdió un total de 26.193 abonados y sufrió la suscripción tardía de otros 180.644, lo cual obliga al Gobierno a compensar a la empresa con 26,4 millones de euros. La sentencia recalca que la decisión del Gobierno es contraria a lo dispuesto en el ordenamiento comunitario y en fallos previos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, pues ‘el mecanismo establecido es, sin duda, restrictivo’ de las ‘libertades comunitarias fundamentales garantizadas por el Tratado de la UE, como son la libertad de circulación de mercancías y de prestación de servicios’. Además, recuerda que la directiva europea ‘no plantea en modo alguno la imposición de una particular configuración técnica para los sistema de acceso condicionado (…). Si hubiese pretendido imponer dos únicos métodos aceptables, o descartar la configuración Simulcrypt elegida por Canal Satélite o favorecer el uso del Multicrypt fijada por el Gobierno, el legislador comunitario lo hubiese hecho sin ambigüedad’.

La decisión de prohibir el descodificador Simulcrypt fue un capítulo más de la llamada batalla digital, en la que el Gobierno del PP, muy especialmente el entonces vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos, se embarcó para tratar de impedir que saliera adelante el primer proyecto de televisión de pago en España, que estuvo, y está, encabezado por el grupo Prisa, editor de este diario. Un proyecto que hoy, paradójicamente, ha integrado a las dos empresas objeto de la polémica: Canal Satélite Digital y Vía Digital.

Uno de los aspectos centrales del fallo del Supremo es la intencionalidad de la medida del Ejecutivo, pues la efectuó ‘de manera consciente’ y ‘sin justificación’. La condena de esta actitud torticera del Gobierno es la gran lección de la sentencia del Tribunal Supremo. Un Ejecutivo realmente democrático no puede utilizar las leyes para obstaculizar iniciativas empresariales, sean del ámbito que sean, serias, sólidas, innovadoras y transparentes. Un Ejecutivo realmente democrático no puede poner las leyes a su servicio.

La reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que condena al Estado al pago de una indemnización de 26,4 millones de euros a Canal Satélite Digital, entraña el último, hasta ahora, episodio del prolongado y profundo fracaso de la política de medios de comunicación del Partido Popular. El Alto Tribunal estima en esa cuantía los perjuicios sufridos por la empresa del grupo Prisa como consecuencia de la aplicación de un Real Decreto de enero de 1997 y de una ley posterior que impidieron, según su criterio, el normal funcionamiento de la plataforma digital. Según el Supremo, el Decreto constituyó un atentado contra la legislación europea en materia de mercado único y de defensa y garantía del derecho a la libre circulación de mercancías. La medida del Gobierno impuso un descodificador distinto del que usaba Canal Satélite Digital, provocando una «situación de incertidumbre jurídica» y la pérdida de potenciales clientes estimada en más de 26.000 abonados, así como la suscripción tardía de más de 180.000 nuevos clientes. Por más que quepa aducir las dificultades para la precisión de la cuantía del lucro cesante sufrido por la empresa, el varapalo jurídico no ofrece dudas. Por otra parte, y aun cuando estuviera justificada una política de medios de comunicación con el nuevo gobierno, era explicable un cambio de rumbo, pero no una irrupción tan descarriada y errática en una «guerra digital» cuya pasada virulencia ha quedado hoy desactivada como consecuencia de la fusión de las dos plataformas, realizada, por lo demás, con el beneplácito del Gobierno y que, a medio plazo, establecerá un único sistema. La «guerra» terminó con un fraterno y beneficioso abrazo.

MÁS allá de este episodio lamentable, que se ha saldado con un coste de 26,4 millones de euros, que deberán ser pagados por todos los contribuyentes -ciertamente, los errores se pagan, mas en este caso no precisamente por quien lo comete-, queda la reiterada prolongación de una política descarriada sobre los medios de comunicación. Es la historia de un fracaso derivado de un conjunto de errores que han venido siendo anunciados y denunciados desde estas páginas: la imprevisión propia de aficionados; la ausencia de un auténtico diseño de un sector tan esencial para la garantía de los derechos ciudadanos, especialmente el derecho a recibir una información libre y plural y a ejercer la libre crítica a los poderes; el desprecio a ese principio básico que establece que sólo las empresas son capaces de elaborar una estrategia empresarial y de llevarla finalmente a cabo. En cierto e irónico sentido, cabría decir que el Gobierno se ha abstenido donde debería haber intervenido y ha intervenido, y torpemente, allí donde debería haberse abstenido. El liberalismo, al revés.

Los errores encadenados de esta política fracasada son notorios. El Gobierno se equivocó en sus cálculos sobre las posibilidades de supervivencia de dos plataformas digitales o, tal vez, creyó que sobreviviría la que él alentaba. Lo mismo cabe decir de su legislación sobre descodificadores, ahora vapuleada por el Supremo, o de su fracasado intento de crear un grupo mediático afín a través de Telefónica. El Gobierno ha cometido también los errores de introducir a empresas de otros sectores en el mercado de los medios de comunicación y de promulgar, en ocasiones, una legislación para casos y personas concretos. También cabe recordar la errática y zigzagueante política de nombramientos en los medios públicos.

PROPUGNAR la despolitización de los medios y su desvinculación de los intereses del poder, a estas alturas, puede sonar a piadosa ingenuidad, pero si a la indeseable intervención se suma la manera incompetente y extraviada de hacerlo, se añade error sobre error. De esta manera, el Gobierno ha provocado una distorsión del mercado y además ha hecho dejación de sus obligaciones principales en esta materia, que no consisten en la forja, por otra parte frustrada, de un grupo mediático afín, sino en la regulación de las condiciones básicas del funcionamiento de un auténtico mercado libre y en la contribución al desarrollo de la industria audiovisual española.