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Se negó a acatar una orden de la Junta Electoral sobre quitar una pancarta separatista de edificios públicos

El Tribunal Supremo inhabilita a Quim Torra, causando su destitución como Presidente de la Generalitat de Catalunya

HECHOS

El 28 de septiembre de 2020 el Tribunal Supremo inhabilitó a D. Joaquim Torra como Presidente de la Generalitat de Catalunya, causando su inmediata destitución del cargo.

29 Septiembre 2020

Torra, sin honor

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

La inhabilitación no es por defender la libertad, sino por violar derechos

El Tribunal Supremo acaba de ratificar la condena por desobediencia contra Quim Torra que dictó el tribunal superior catalán, más esperable aún por cuanto el propio reo había reconocido haber sido desobediente. En virtud de ello lo condena a la inhabilitación para el ejercicio de todo cargo público, incluida la presidencia de la Generalitat de Cataluña que viene ostentando desde hace algo más de dos años. Así que, en cuanto concluya la notificación al condenado —un mero trámite sobre el que se ha insinuado que el afectado intentaría dilatarlo, ojalá que sin éxito— será reemplazado al frente del Govern por el más pragmático vicepresidente Pere Aragonès, de Esquerra, un partido que es socio y rival de Junts, al que se adscribía Torra.

Se abrirá así paso automático a unas elecciones anticipadas, que deberían celebrarse dentro de un máximo de cuatro meses, aunque no cabe excluir intentos de retrasar de manera deliberada la convocatoria. Cuanto antes sea la cita con las urnas, mejor. Es necesario intentar salir de la prolongada parálisis política, ineficacia administrativa, división social, crispación moral y creciente incertidumbre al que su Ejecutivo ha sometido a los catalanes, pero también al conjunto de los españoles.

Torra se va a casa sin honor porque, sabiendo que los jueces no podían emitir un fallo distinto sin prevaricar, ha prorrogado su Gobierno en medio de una permanente y ruidosa ruptura interna, solo para intentar presentarse como presidente-víctima al ser desposeído del cargo por los jueces. Hay pocos abusos más manifiestos del honorable cargo de president que el perpetrado por Torra en exclusivo beneficio de sí mismo.

Ambos tribunales le han condenado, sobre todo, por un delito que debe causar sonrojo a todo gobernante al atentar contra su propia alta función: si contraría la norma y desobedece, destruye la legitimidad de su cargo. Es decir, el fundamento de la legitimidad sobre la que puede exigir obediencia a los ciudadanos. De hecho, cierta anomia social ante las instrucciones sobre la pandemia se vinculan a ese pésimo y caprichoso ejemplo.

La condena le supone también una deshonra, y no solo porque lo sitúa en el campo de los delincuentes, sino porque muestra también la falsedad de su relato. Cuando colgaba pancartas partidistas en el balcón de la Generalitat no estaba defendiendo la libertad de expresión, sino violando el derecho a la equitativa participación política de sus conciudadanos. Un derecho que incluye disponer de edificios públicos neutrales, no contaminados por símbolos, proclamas ni otros aderezos propios de una parte de la sociedad, por ende minoritaria.

La leyenda de que a Torra se le desposee de su cargo por ser presidente de los catalanes, que alimentará las protestas —probablemente menguantes— de los sectores más enrocados y aderezará sus posteriores pasos hacia la Justicia europea, es del todo falsa: se lo inhabilita por atentar contra sus derechos fundamentales.

La detallada programación oficial de protestas, apoyadas desde el propio poder autonómico, es tanto más sorprendente cuanto su base es la más frágil de cuantas se han exhibido en los últimos diez años. La aportación del gobernante Torra a la sociedad catalana es irrelevante, cuando no perjudicial. La única movilización decisiva será ahora la de los votantes. Para que Cataluña no siga retrocediendo.

29 Septiembre 2020

La inhabilitación del president Torra

LA VANGUARDIA (Director: Jordi Juan)

El Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer por unanimidad la condena de año y medio de inhabilitación que, el pasado diciembre, le impuso al president Quim Torra el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), por un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC), al no retirar los lazos amarillos y la pancarta sobre los presos independen­tistas colgada del balcón del Palau de la Generalitat. Dos horas después, casi de forma inmediata, el TSJC hizo efectiva la condena. Es oportuno recalcar que la condena se produce por un delito de desobediencia, y no por una defensa de la libertad de expresión, como prefiere afirmar el independentismo.

Dicho esto, el poder judicial ha gestionado con severidad discutible, una vez más, una problemática de fondo político. Todo empezó, recordé­moslo, con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut en el 2010. Aquella sentencia generaba una anomalía política, pues el Alto Tribunal corregía dos votaciones parlamentarias y un referéndum popular. La anomalía suscitó una creciente polarización, con negación del problema en el Gobierno central y hegemonía independentista en Catalunya.

Esta sentencia ensancha la distancia entre el poder del Estado y las instituciones catalanas

Desde entonces la situación se ha ido complicando en forma de bucle. Los partidos independentistas consiguen mayoría absoluta en el Parlament, incluso en las peores circunstancias. Pero la cárcel y las sentencias condenatorias del TS a los líderes del procés, así como los reiterados avisos del TC, han obligado a los dirigentes actuales a agudizar la cautela. El president Torra comparte la retórica de la confrontación con el Estado, pero su desobediencia ha sido de grado muy menor. Desobedeciendo a la JEC, que en la campaña de las pasadas generales le exigía quitar la pancarta y los lazos del balcón, no se enfrentaba a la cárcel, sino a la inhabilitación.

Por su parte, la JEC actuó de manera muy escrupulosa, pues los lazos amarillos y la pancarta contenían una simbología más cívica que política. No es tan estricta la JEC con otro tipo de símbolos que se refieren a opciones sexuales o a propuestas solidarias que, si bien forman parte de la cultura civil, no cuentan tampoco con un consenso general. Podría añadirse que cuando el Tribunal Constitucional avisa a la Mesa del Parlament sobre pronunciamientos que escapan a sus atribuciones lo hace con una rigidez especial. La severidad con que el poder judicial en su conjunto tutela las instituciones políticas catalanas no tiene parangón.

Como ha sucedido en no pocos casos, los tribunales de la Unión Europea revocan años después sentencias de tribunales españoles que no han tenido suficientemente en cuenta derechos fundamentales. Es probable que, como adujo el abogado del president Torra ante el TS, los órganos judiciales europeos reconozcan que la libertad de expresión está en la UE por encima de las normativas electorales. Sea como sea, el impacto emocional de este nuevo episodio de tensión entre el poder judicial y la política catalana ensancha la distancia entre el poder del Estado y las instituciones de Catalunya.

La presidencia de Torra, descrita por él mismo como vicaria, ha sido gris, confusa, marcada largo tiempo por la indiferencia en la gestión y por un nacionalismo solipsista, desdeñoso de las necesidades económicas del país y de las varias sensibilidades de los catalanes. No ha estado a la altura de la institución que encarnaba. Su inhabilitación le permite cierta retórica victimista. Parece haberla buscado para conceder un broche combativo a una gestión que careció de brillo. Diversos estamentos judiciales, con dureza digna de mejor causa, le han concedido este final, que pretendía ser épico, pero que es fundamentalmente triste para Catalunya y para España. Insistiendo en la instancia judicial, se exacerba un problema que es político. Un problema que parece no tener fin.

28 Septiembre 2020

Catalunya necesita elecciones

EL PERIÓDICO de Catalunya (Director: Albert Sáez)

Torra debe acatar la sentencia y el presidente del Parlament, Roger Torrent, cumplir con los pasos legales que activan el reloj electoral para que los catalanes puedan hablar en las urnas

Como era previsible desde que el mismo Quim Torra admitió ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que había cometido un acto de desobediencia, el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la inhabilitación a la que el TSJC condenó al ‘president’ de la Generalitat por haber colgado una pancarta a favor los presos del 1-O en la fachada del Palau de la Generalitat en plena campaña electoral. Torra, pues, no puede desempeñar las funciones de jefe de Gobierno. Más allá de las estériles retórica y gestualidad a las que Torra es tan aficionado, la realidad es que ya no debe ejercer como presidente de la Generalitat, y que ahora empieza un proceso legal que tiene que conducir, cuanto antes mejor, a la convocatoria de elecciones en Catalunya. En este sentido, el presidente del Parlament, Roger Torrent, debe ser fiel a su postura de escuchar a los servicios jurídicos y cumplir la reglamentación. El Parlament, aunque algunos lo olviden, representa a todos los catalanes, no solo a la mayoría (parlamentaria) independentista. O a una parte de ella.

A principios de año, Torra dio por finiquitada esta legislatura. Ni la emergencia sanitaria a causa del covid ni la consiguiente crisis económica y social desmienten su diagnóstico de la situación de parálisis en la que se encuentra un Govern dividido por las disputas de los partidos que lo conforman. Uno de los dos socios de gobierno, ERC, ha pedido elecciones. La CUP, imprescindible muleta parlamentaria, también cree que ha llegado el momento de acudir a las urnas. Solo los intereses electorales de Junts per Catalunya (JxCat) explican las reticencias a certificar el final de una legislatura estéril, sin apenas actividad legislativa, y que en nada ha contribuido ni a mejorar la vida cotidiana de los catalanes ni a tender puentes con el Gobierno central para encauzar el conflicto institucional en una vía política. La emergencia generada por el covid, en la que se escuda Torra para no convocar elecciones, si acaso debería ser un acicate: es urgente que Catalunya cuente con un Govern firme y unido que afronte con el refrendo de las urnas la difícil gestión de la pandemia.

La sociedad catalana no puede permitirse el enésimo pulso institucional de la Generalitat con los poderes del Estado, ni otra demostración de incendiario simbolismo. Ni, por supuesto, una agitación en las calles del estilo de la que aconteció tras la sentencia del ‘procés’. Torra debe acatar la sentencia y Torrent cumplir con los pasos legales que activan el reloj electoral para que los catalanes puedan hablar en las urnas. Esto es lo que de verdad necesita el país.

29 Septiembre 2020

Sánchez no apuntilla al separatismo

ABC (Director: Julián Quirós)

En vez de acatar las decisiones judiciales, parte del Gobierno tilda de «provocación» la inhabilitación de Torra. Ahora ya se sabe en qué bando está Sánchez; en el constitucionalista, no

La condena definitiva de Joaquim Torra a un año y medio de inhabilitación no es más que un acto de justicia. Él se mofó de los tribunales, se vanaglorió de desobedecer a la Junta Electoral, se negó a retirar una pancarta de apoyo a los condenados por sedición y se autoinculpó para dárselas de mártir del independentismo. Hoy eso le ha costado el cargo, que abandonará sin tener siquiera la decencia de cumplir su compromiso de convocar elecciones. Una vez más, el separatismo toma a más de seis millones de catalanes como rehenes de una causa fracasada y los abandona a su suerte: sin presidente, con un sustituto maniatado en funciones, con un embrollo jurídico sobre cómo y cuándo podrá disolverse el Parlament, con el secesionismo roto en bloques, y en pleno rebrote de la pandemia. Cuando creíamos que Torra no podía poner las cosas más difíciles, se supera. Hasta ahora, su indolencia y nula capacidad de gestión ya se había llevado por delante mucho tiempo, dinero y salud de los catalanes. Pero hoy demuestra que es incapaz de rectificar ni cuando los jueces le afean su abusivo uso del poder y su ridículo sentido del desafío al Estado. Todo queda en una interinidad irresponsable dentro del peor desgobierno, y la pregunta que cabe hacerse es qué necesidad tienen Torra y los exégetas del golpismo de seguir maltratando a los catalanes, hurtándoles la oportunidad urgente de ir a las urnas.

Ahora ya sabemos también que a Sánchez esta sentencia le molesta porque es un fervoroso de que el separatismo condicione los presupuestos, de las «mesas de diálogo» Estado-Cataluña, o de marginar al Rey. Es de suponer que Sánchez incluirá a Torra entre los ilustres beneficiados de este indulto virtual que ya ha concedido al independentismo con tal de garantizarse el poder. Lamentablemente, será otra oportunidad perdida para dar la puntilla al secesionismo ahora que está profundamente fracturado, que Torra está inhabilitado, Junqueras en prisión y Puigdemont huido. Sus líderes han sido castigados por el sistema, y sin embargo Sánchez se dedica a dudar de él. Por eso se ha propuesto dinamitarlo y demoler la herencia de 1978. Convertirlos, como hacen Sánchez e Iglesias desde el Consejo de Ministros, en víctimas de unos jueces «represores», ilegítimos y parciales, y presentar a los condenados como mártires del Código Penal, es el mayor error de La Moncloa. Peor que un error, es una perversión de la democracia. En vez de felicitarse porque nuestro sistema sea fuerte y responda con autoridad a los desafíos destructivos, el ministro de Justicia lamenta que el Rey pueda alterar la «convivencia» en Cataluña. Y en vez de acatar las decisiones judiciales, parte del Gobierno tilda de «provocación» la inhabilitación de Torra. Antes cabía duda de en qué bando estaba Sánchez. Ahora ya se sabe que en el constitucionalista, no.

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