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El juicio por la Salida a bolsa de Bankia finaliza con la absolución de todos los consejeros encabezados por Rodrigo Rato

HECHOS

El 30 de septiembre de 2020 se hizo pública la sentencia absolutoria de todos los acusados por la salida a bolsa de Bankia.

30 Septiembre 2020

Mejores prácticas

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

El fallo del ‘caso Bankia’ no exime de extraer lecciones de un fracaso sistémico

Uno de los episodios más aciagos de la crisis financiera en España fue la salida a Bolsa y posterior crisis de Bankia. Su impacto sobre la confianza en el sistema financiero español y sobre la estabilidad del conjunto de la economía es difícil de pasar por alto. Las anomalías descubiertas llevaron a juzgar a 34 personas por delitos de estafa a inversores y falsedad contable, entre ellos, Rodrigo Rato, su presidente desde enero de 2010. Ahora, la Audiencia Nacional sentencia que no hubo delito en esa salida a Bolsa, esencialmente porque cumplió la ley y contó con la aprobación de los supervisores: el Banco de España, la CNMV, el FROB y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). La sentencia señala que el preceptivo folleto, aceptado por la CNMV, incorporaba información suficiente para que los inversores fundamentaran su decisión. Los jueces critican el inconsistente criterio de la Fiscalía y concluyen que las acusaciones se centraban en “actitudes genéricas” y no en “actos concretos”. Sin menoscabo de eventuales recursos en otras instancias judiciales, esa exculpación de todos los acusados no puede impedir verificar algunas prácticas cuestionables de los agentes involucrados, desde los directivos de la entidad hasta los supervisores, a los que señala la sentencia dado que no impidieron la salida a Bolsa en julio de 2011.

A partir de ahí, los derroteros por los que discurrió la economía española y su sistema bancario fueron tributarios de una operación que, en el mejor de los casos, podía haberse aplazado hasta disponer de la información adicional que se tuvo meses más tarde. En mayo de 2012, además del cambio en la presidencia, se reformularon las cuentas con unas pérdidas cercanas a los 3.000 millones, frente a los 309 millones de beneficios en las presentadas por los anteriores directivos. La desconfianza se apoderó de la economía española y de sus instituciones, siendo necesario un rescate específico del sistema bancario bajo la forma de una línea de crédito de 100.000 millones de euros para fortalecer la base de capital de los bancos, de la que se dispuso de algo más de 40.000 millones. Bankia recibió ayudas públicas por 22.424 millones de euros.

La absolución no puede eludir las anomalías y errores cometidos incluso antes de la salida a Bolsa y la tolerancia de las autoridades. Es este último aspecto el que en mayor medida debemos tener presente. Hay razones más que suficientes para suponer que los supervisores, los auditores de cuentas y los propios directivos bancarios han aprendido las lecciones de esta crisis. La renovación en el gobierno de las principales instituciones, en la dirección de una mayor profesionalización, de una mayor fiabilidad de la información contable o de la gestión de riesgos, permite más confianza. Pero es necesario asimilar el conjunto de malas prácticas, de unos y otros.

La historia de la crisis de Bankia, de la crisis bancaria española, es una fuente de lecciones. Aun cuando el riesgo agregado del sistema bancario sea hoy mucho menor que en la anterior crisis, los supervisores tienen que buscar una correspondencia entre su predicamento regulatorio y la eficacia de sus revisiones. El Banco de España y la CNMV se enfrentan a meses complicados si la recuperación sigue siendo más tibia de lo previsto. El deterioro de la calidad de los activos bancarios puede obligarlos a velar no tanto por el valor de la inversión de los accionistas, sino por la estabilidad de toda la economía española.

30 Septiembre 2021

Una estafa sin estafadores

EL MUNDO (Director: Francisco Rosell)

LA SENTENCIA de la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa de Bankia –dictada apenas un mes después del anuncio de absorción por CaixaBank de la entidad participada por el Estado– ha generado una situación penal insólita. Los argumentos en los que se sustenta la absolución de los 34 acusados –algunos de ellos, como Rodrigo Rato, de los graves delitos de estafa a los inversores y falsedad contable– deja sin responsables directos un fraude millonario sobre el que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones y que ha costado ya a la entidad alrededor de 1.900 millones de euros en indemnizaciones a los pequeños ahorradores afectados por la salida a bolsa del banco en 2011, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si decenas de inversores institucionales tienen también derecho a ser compensados. De esta forma, mientras que la jurisdicción civil reconoce que el folleto informativo contenía «inexactitudes» que podrían haber encubierto falsedades contables –razón por la cual se ordenaron las indemnizaciones, aceptadas por la propia entidad–, la penal exonera a los principales gestores del banco ya que organismos como el Banco de España, la CNMV, el Frob y la Autoridad Bancaria Europea avalaron tanto la fusión de las siete cajas de ahorro que dieron lugar a Bankia como su posterior salida a Bolsa. Es decir, hubo estafa, pero no hay estafadores.

La sentencia desoye las peticiones de prisión de la Fiscalía para 13 de los acusados, al considerar que existió fraude y falsedad contable según los peritos del Banco de España, y será con toda seguridad recurrida por las acusaciones populares y particulares, que solicitaban penas de cárcel para 31 de ellos. Resultaría paradójico que no existiera ningún responsable en una operación que ha costado a todos los españoles 26.000 millones (24.000 en ayudas públicas más los casi 2.000 en indemnizaciones ), y que ha mantenido durante años acusaciones manifiestamente injustas y por razones políticas como la que ha tenido que sufrir Ángel Acebes.

Si, como dice la Audiencia Nacional, el Banco de España –dirigido entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez– y el Frob, controlado por él mismo y por Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno de Zapatero, «supervisó y aprobó» la salida a bolsa, tendrían que ser ellos los que dieran explicaciones a la Justicia sobre su decisión. Sin embargo, fue la propia Audiencia Nacional la que en 2017 rechazó sentar en el banquillo a Fernández Ordóñez, a pesar de que ahora afirme que el apoyo activo del Banco de España fue determinante para la salida a Bolsa. Porque el hecho de que apenas acudieran inversores extranjeros y de que el Gobierno socialista y el propio Banco de España animaran a las principales compañías españolas a la compra de grandes paquetes accionariales, son una prueba de que la de Bankia fue una operación de Estado destinada a evitar la quiebra de varias cajas de ahorro y esquivar un millonario rescate bancario, al que finalmente tuvo que recurrir el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Es de esperar que los recursos prosperen y que la Justicia determine quiénes fueron los responsables de un fraude que tanto dinero ha costado a las arcas del Estado.

01 Octubre 2020

¿Un "plan delictivo"?

John Müller

Desde que el juez Fernando Andreu decidió en mayo de 2017 exonerar definitivamente a los supervisores de la salida a Bolsa de Bankia, las posibilidades de una condena por la vía penal se redujeron notablemente. La decisión no fue caprichosa. El juez sacó del proceso al Banco de España y a la CNMV en julio de 2016 apoyándose en el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Sostuvo en un auto que, aceptar investigarles era «inverosímil», ya que equivalía a dar por probada la existencia de «un plan delictivo acordado en el que a aquéllos les correspondería hacer cuanto pudieran desde sus cargos públicos para mantener una calculada inacción institucional».

Sin embargo, el proceso contradictorio operó y, en febrero de 2017, la Sección Tercera de Lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió al juez y le ordenó que citara a declarar como investigados a los responsables del Banco de España y de la CNMV. Miguel Ángel Fernández Ordóñez compareció en marzo de ese año y también lo hicieron Pedro Comín, ex jefe de inspectores, y varios de éstos. Tres meses después, tras cumplir los requerimientos, Andreu dio por terminada la instrucción y dictó el auto que dio paso al juicio oral y excluyó a los supervisores.

Es probable que la vía penal no fuera el camino adecuado para sustanciar las responsabilidades del caso Bankia. Es difícil pensar que existiera «un plan delictivo» que implicara al gobernador del Banco de España, a la vicepresidenta económica Elena Salgado y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero esto ha generado una discrepancia fáctica en torno al folleto de la oferta pública de Bankia que la Justicia tendrá que resolver, ya que la Sala de Lo Civil del Supremo consideró en 2016 que contenía «graves inexactitudes», mientras que ahora la Audiencia Nacional estima que la información era suficiente.

El asunto no es menor porque, como consecuencia de la decisión del Supremo de 2016, Bankia resolvió compensar a todos los pequeños inversores y ahorrarse los gastos de sus reclamaciones judiciales que estaban enriqueciendo a varios bufetes. El problema es que Bankia tiró de dinero público para ello y alguien podría sugerir ahora que se ha desprotegido el interés del contribuyente.

El interés público no ha sido bien tratado en el caso Bankia. La opinión pública, que no tiene que ser experta, no es capaz de apreciar si las sentencias que dictan las distintas ramas de la Justicia son justas o no. El mayor fiasco no es judicial, sino político. Tal como se adivina con el fallo del martes, en este caso sí existían responsabilidades políticas y éstas se sustanciaron en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España que publicó su dictamen en enero de 2019, cuando se agotaba la XII Legislatura.

Aquel dictamen reprobó al Banco de España y a otros órganos supervisores y consideró que «había herramientas disponibles» para que actuaran, pero que «no se usaron por falta de voluntad política». Ciudadanos fue el único partido que discrepó con el dictamen. Las recomendaciones de esa comisión parlamentaria no han sido atendidas por el Gobierno. Así que, doble punto para los populistas.

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