La Fiscal General Dolores Delgado aparta al fiscal Ignacio Stampa de Anticorrupción y del ‘caso Villarejo’ por sus vínculos con Podemos a través de Marta Flor

La abogada de Podemos que actuaba como acusación popular, en el caso Tándem, Marta Flor Núñez, explicó al ex jefe jurídico del partido de Pablo Iglesias, José Manuel Calvente, que mantenía una “relación íntima” con uno de los dos fiscales anticorrupción del caso, Ignacio Stampa, al que llamaba en clave «Iron Man» (El hombre de hierro, en referencia al superhéroe de los cómics).

En unas actuaciones judiciales que se siguen por este conflicto suscitado entre el abogado, José Manuel Calvente, con su ex-compañera de Podemos, Marta Flor, consta un intercambio de mensajería telefónica, mantenida entre ellos en 2018, a la que ha tenido acceso en Exclusiva Confilegal. 

En ella le dice que quiere explicarle su relación con Stampa, al que apoda «Iron Man», en lo que parece el inicio de la relación de «amistad íntima” con el fiscal anticorrupción.

LA LEY ESTABLECE COMO CAUSA DE ABSTENCIÓN LA «AMISTAD O ENEMISTAD MANIFIESTA» CON ALGUNA DE LAS PARTES

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen como causa de abstención la “amistad o enemistad manifiesta” con cualquiera de las partes de un procedimiento.

En consecuencia, Stampa debería haber informado a sus superiores y haberse apartado del caso.

Calvente, por su parte, al conocer hasta donde había llegado el asunto, cesó a Flor, de forma fulminante, y después lo denunció ante el partido. Sin éxito.

Porque, ontrariamente a lo que se podía esperar, Iglesias avaló a esta abogada en el caso Tándem.

La letrada ha sido recientemente plantada por un auto del magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, del caso Dina Bousselham, exasesora de Iglesias, por existir un conflicto de intereses.

Flor no puede representar a Iglesias y Dina Bouselham simultáneamente, -como venía haciendo hasta ahora-, en esta pieza separada de Villarejo por la sustracción del móvil y destrucción de la tarjeta de la ex asesora del partido.

Este cruce de información entre Calvente y Marta Flor es solo una muestra de los mensajes que indica la existencia de, cuanto menos, una relación de «amistad íntima», prohibida.

EL BUROFAX DE CALVENTE A LA CÚPULA DE PODEMOS

A raíz de estos acontecimientos, ya para cubrirse las espaldas, el entonces jefe jurídico de Podemos, Calvente, envió un burofax confidencial al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, –su superior orgánico del partido–, para dejarle por escrito que él avisó del peligro que para el partido entrañaba esa situación.

Le advierte de que esa relación esta «poniendo en riesgo la estrategia procesal del partido y desatendiendo las indicaciones de su responsable y del resto de compañeros que le indicaban que era incompatible mantener esa relación siendo abogada designada en el asunto, puesto que comprometía el proceso».

En dicho burofax Calvente nunca dijo que existiera una relación «sentimental» entre el fiscal anticorrupción y la abogada de Podemos.

Calvente escribió claramente que Flor antepuso “sus relaciones íntimas con el Fiscal de un asunto importante de anticorrupción a su trabajo como abogada del partido como acusación popular dentro de ese asunto” (caso Tándem).

«No cabe duda de que hablar sobre la edad y los hijos no es un tema profesional dentro de un proceso judicial, con lo cual es evidente que, entre Marta Flor y el fiscal Stampa, había algo más allá de lo profesional», sostienen voces de Podemos, que, incluso recuerdan algún encuentro entre letrados del partido, en los que la letrada se refería «sin tapujos» a la citada relación con “Iron Man”.

A raíz de la filtración a los medios del burofax remitido por Calvente al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, se han sucedido acontecimientos muy relevantes.

Acontecimientos que deberían ser investigados por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, según apuntan fuentes consultadas por el propio partido de Iglesias, atrapados en un dilema ético.

Porque mientras Calvente trataba de proteger la acción penal del partido como acusación popular en el caso de Villarejo, el secretario de organización, Rodríguez, no resolvió esta confrontación entre los letrados de Podemos que, acabó con el despido laboral de Calvente y la consiguiente demanda por nulidad por parte del letrado.

Flor, a su vez, acusó a Calvente de acoso laboral, cosa que el abogado negó de forma categórica desde el principio de las acusaciones.

UN CASO DENUNCIADO ANTE EL CGPJ Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Al cruzar estas informaciones, solicitamos una investigación desde «La Ventana Indiscreta», el programa que dirijo en Radio Las Palmas, ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Fruto de estas pesquisas, la Fiscalía General del Estado dio traslado el pasado mayo a la Fiscalía Anticorrupción sobre «el archivo de este expediente 115/2020».

No encontraron indicios de amistad íntima o enemistad manifiesta entre el fiscal anticorrupción Stampa y la letrada de Podemos, Flor. 

El archivo, ya lo adelantamos, será recurrido en tiempo y forma aportando las pruebas pertinentes sobre la relación ente el fiscal anticorrupción y la abogada de Podemos.

Estos acontecimientos podrían dar un giro a esta macrocausa judicial, uno de los casos de corrupción más relevantes de España, que se ve salpicado por diferentes injerencias.

Consultado el abogado, José Manuel Calvente, ha declinado hacer declaraciones.

Los chats del equipo jurídico de Podemos demuestran que el partido de Pablo Iglesias y los fiscales anticorrupción se confabularon para beneficiar a la formación morada a la hora de que el Tribunal Supremo aplazara la sentencia del caso Granadinas para favorecer a Iglesias.

El contenido de los mensajes internos de la responsable del equipo jurídico de Podemos, Marta Flor Núñez, desvelados por El Confidencial demuestran que los abogados podemitas se coordinaron con los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano para preparar un escrito de prejudicialidad que suspendiera el proceso abierto en el alto tribunal sobre la cuenta en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas en la que el líder de Podemos recibió 272.325 dólares de la narcodictadura de Nicolás Maduro.

Iglesias demandó a OKDIARIO por publicar el pago de la dictadura venezolana de 272.325 dólares en una cuenta a nombre del líder de Podemos en el paraíso fiscal. En abril de 2017 llegó el primero de los varapalos judiciales para el dirigente podemita, que perdió la demanda contra OKDIARIO y contra su director, Eduardo Inda. El Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid dio la razón a Inda al asegurar que la información publicada en OKDIARIO era «veraz, contrastada y de interés general».

Los posteriores recursos presentados por el fundador de Podemos fueron, de nuevo, tumbados por las distintas instancias judiciales. El último intento de Pablo Iglesias de desacreditar la información sobre su cuenta offshore fue presentar un recurso de casación ante la Sala Civil del Tribunal Supremo. Esto sucedió a mediados de 2018.

La única vía que tenían Podemos y Pablo Iglesias para conseguir una victoria judicial que se le había negado hasta el momento era vincular a Inda y OKDIARIO con el ex comisario José Manuel Villarejo y el llamado caso Tándem, en el que Podemos estaba personado como acusación popular. Si se demostraba la vinculación entre Inda y Villarejo, el escrito de prejudicialidad podía frenar un pronunciamiento desfavorable, y definitivo, del Supremo en el caso Granadinas.

Los chats de Telegram del equipo jurídico de Podemos revelan cómo la abogada de Iglesias contaba con información actualizada y de primera mano de los fiscales anticorrupción. En un mensaje desvela que había «preguntado directamente a Ironman –apodo de uno de los fiscales anticorrupción– por lo de Inda» y añadía que «ha dicho que hay suficiente para paralizar lo del Supremo pero que han estado ahogados con los recursos en agosto. Que quieren ayudarnos en esto».

Estos reveladores mensajes dejan al descubierto la connivencia entre los abogados de Podemos y los fiscales anticorrupción para acabar judicialmente con Eduardo Inda, desvelando información confidencial sobre el caso Tándem para que Marta Flor y su equipo pudieran preparar la estrategia contra OKDIARIO en el Supremo.

Marta Flor intercambió varios mensajes reveladores con la actual diputada de Podemos, Gloria Elizo, que también estuvo presente en el juicio contra Inda y OKDIARIO en el caso Granadinas. Ambas mostraban interés en poder solventar cuanto antes la resolución del escrito de prejudicialidad lo antes posible. Marta Flor le dice a Elizo que no hay fecha para presentar el escrito: «Ya le he dicho que a nosotros nos va contando el tiempo en el Supremo, que lo necesitamos ya…», escribió en Telegram la abogada de Iglesias, que también confirmó que había mantenido una «larga reunión» con los representantes del Ministerio Fiscal. «Hemos estado dos horas con ellos… hemos hablado de mil cosas», escribió en el chat.

Coordinación con los fiscales

Mensajes posteriores, del 28 de septiembre de 2018 concretamente, mostraban que Marta Flor y el equipo jurídico de Podemos habían planeado, con total coordinación los fiscales anticorrupción de Tándem, presentar una querella por falsedad contra OKDIARIO por la publicación del pago de Maduro a Iglesias en la cuenta offshore de Granadinas. Para ello, era imprescindible que los fiscales anticorrupción dependientes de Luzón se pronunciaran en la Audiencia Nacional a favor de la admisión a trámite de la querella. De este modo, tendrían más argumentos para aplazar la decisión del Supremo.

Esta coordinación quedó patente en nuevos mensajes del chat de Telegram. «Hablamos con los fiscales de que tenían que informar rápido porque no nos iba a valer sólo presentar la querella, sino que tendríamos que tener alguna resolución como que los hechos entran en Tándem para tener más asegurada la suspensión por prejudicialidad», explicaba Marta Flor a sus compañeros abogados.

Toda esta estrategia se desechó al iniciarse la investigación del robo de la tarjeta de la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. Entonces, Podemos decidió cambiar el rumbo convirtiendo al fundador de Podemos y a su ex asesora en víctimas de una supuesta trama de las cloacas del Estado con Villarejo y Eduardo Inda como principales actores, dado que OKDIARIO publicó en 2016 informaciones relacionadas con el chat de Podemos que tenían su origen en la tarjeta robada a Bousselham. Iglesias y Marta Flor decidieron paralizar la tramitación de la querella contra Inda en el Supremo en base a la pieza de Dina.

Esta nueva estrategia ha resultado ser un fiasco para Iglesias, ya que las investigaciones llevadas a cabo por el juez García-Castellón sobre el robo de la tarjeta del móvil de Dina han dado un giro, al comprobarse que Pablo Iglesias tuvo en su poder durante meses el dispositivo robado antes de devolvérselo a su propietaria. El juez decidió, en ese momento, sacar a Pablo Iglesias como perjudicado en la causa.

Los mensajes enviados por la abogada de Podemos Marta Flor a sus compañeros de partido en los que detalla sus conversaciones con uno de los fiscales del caso Villarejo revelan que la formación liderada por Pablo Iglesias perseguía «una estrategia política» con su participación en esta causa como acusación particular.

EL MUNDO ha tenido acceso a un nuevo mensaje enviado por la ya ex letrada de Pablo Iglesias en el chat que compartía con miembros de Podemos. La letrada Flor escribió a las 19.07 horas del 30 de octubre de 2018 una alerta a sus compañeros: «Tándem. Urgente e importante». Dos minutos después, explicó que «Ironman», alias con el que hace referencia al fiscal del caso Tándem Ignacio Stampa, «dice que así el escrito no lo pueden enganchar, que es todo enfocado a traer a Nicolás».

Se refería a la intención de Podemos que trasladar la investigación en torno a Francisco Nicolás, conocido popularmente como el pequeño Nicolás a la Audiencia Nacional. En la mencionada investigación, que está ya pendiente de juicio, Podemos estaba personado como acusación para arremeter contra José Manuel Villarejo y la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

«Que las diligencias sólo las podrían aceptar con pinzas, pero que en principio tampoco», añade la abogada Flor. A su vez apunta que el fiscal le había trasladado que se habían «alejado de lo que hablamos» y que tal y como lo habían planteado «parece una estrategia política». Por último agrega la abogada: «Le he dicho (al fiscal) que hable con Alejandro (Gámez, otro de los letrados de Podemos personados en la causa) y han quedado para mañana». De esta forma, se evidencia que Podemos pidió asesoramiento jurídico al fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa sobre las diligencias que iban a solicitar a la Audiencia Nacional y que, en este caso, el representante del Ministerio Público les desaconsejó por completo la estrategia. No en vano, la Fiscalía se ha opuesto en todo momento a lo largo de la instrucción del caso Tándem a mezclar el asunto del pequeño Nicolás con la investigación de la Audiencia Nacional y ha rechazado una gran parte de las peticiones de la formación morada en el caso Tándem.

La Fiscalía General del Estado adoptó ayer por primera vez una decisión sobre el caso de los mensajes y acordó abrir una nueva investigación para determinar si el fiscal Stampa actuó de forma irregular filtrando información reservada del procedimiento a la formación de Pablo Iglesias. En este sentido, Dolores Delgado hizo público un comunicado que explicaba lo siguiente: «La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas y a los efectos oportunos».

La decisión la adoptaba tras la publicación por parte de diferentes medios, entre ellos EL MUNDO y El Confidencial, de mensajes de Flor a sus compañeros de partido revelando sus conversaciones con el fiscal del caso Villarejo.

Por citar algunos ejemplos desvelados por este diario, Flor detalló en noviembre de 2018 que el juez iba a adoptar la práctica de diligencias que habían solicitado. «Ironman (alias con el que se refería al fiscal) nos ha dicho extraoficialmente (porque está en secreto y no nos notifican) que el juez ha admitido las diligencias sin concretar nada más».

Asimismo, el 8 de septiembre de 2018 informó de que había contactado otra vez con Ironman. «Me ha escrito Ironman diciéndome que el J (en referencia al juez del caso, en ese momento Diego de Egea) fue quien filtró y que quería cerrarlo todo». Así, siempre según la abogada, el fiscal acusaba al primer instructor del caso de filtrar el contenido de las actuaciones para torpedear la causa y dar carpetazo a la investigación.

A continuación, explica Flor que el fiscal Stampa le indicó que lo que habían hecho «ellos», en alusión también a su compañero en Anticorrupción Miguel Serrano, fue «pararlo» porque «está divulgando el secreto a V (Villarejo) y a Big (denominación que Anticorrupción atribuye al comisario Enrique García Castaño)», los dos principales imputados en la causa. A su vez, añadió la letrada de Podemos que Ironman le avanzó que «vienen asuntos más feos y que este J (juez) no debería llevarlos».

En otro mensaje, la letrada de Podemos admitió ante sus compañeros del servicio jurídico de la formación morada ser «una bocazas» al «explicar una situación de forma exagerada y confusa dando lugar a equívocos e imágenes que no se corresponden con la realidad», en referencia a la supuesta relación personal con el fiscal Stampa de la presumía.

En esos mensajes de Telegram, Flor definió el caso Villarejo como «un asunto de caza mayor» en la que se encontraban «las presas que nos interesan». «Me preocupa este, no sé qué me dirá y si se enfadará» (por una filtración que habían hecho), dijo Flor a su ex compañero José Manuel Calvente, al que denunció en un juzgado de Madrid por acoso sexual, extremo que ha negado el ex jefe de los Servicios Jurídicos de Podemos, que al ser despedido del partido ya advirtió que su conflicto con Flor radicaba realmente en que le exigió que rompiera su relación con el fiscal del caso en el que se encontraba personada.

Tal y como informó este periódico, la Inspección Fiscal ya archivó el pasado mes de marzo una denuncia recibida sobre la relación del fiscal con la abogada descartando la «incorrecta actuación» del investigado del caso Villarejo. Sin embargo, en el Ministerio Público preocupa la crisis de imagen y daño reputacional que ha desatado la publicación de los chats internos de Podemos aludiendo al fiscal Stampa.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción insisten en negar de forma rotunda que se haya tratado de favorecer la estrategia procesal de la formación morada. También descartan que Stampa haya podido cometer un delito de revelación de secretos y ponen énfasis en que los mensajes son de una tercera persona sobre el acusador público.

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NO SE ESPIÓ A DINA DESDE LA BASE DE DATOS DE LA POLICÍA

La Policía ha concluido que no se espió a la ex asesora personal de Pablo Iglesias desde sus bases de datos. La Unidad de Asuntos Internos comprobó que no se realizaron búsquedas de datos personales de Dina Bousselham ni de su marido desde los sistemas informáticos off line descubiertos en la Comisaría General de Información durante las pesquisas del ‘caso Tándem’. EL MUNDO ha tenido acceso a la documentación de la pieza 23 de la causa, que ha permanecido en secreto hasta hace unas semanas. En ella, la Unidad de Policía Judicial ha informado al juez Manuel García Castellón que llevó a cabo una búsqueda de todos los afectados en las investigaciones del comisario José Manuel Villarejo en el sistema informático de la Unidad Central de Apoyo Operativa (UCAO). De la relación total de afectados, entre los que se encontraban Dina y su marido, al haber aparecido la tarjeta de su móvil en el domicilio del comisario, sólo se encontró una docena de consultas. En la relación definitiva no aparece ninguna consulta referente a Dina Bousselham, a su esposo ni a nadie vinculado con la formación que lidera Iglesias.

Cuando comencé a observar la trayectoria de la fractura interna del equipo jurídico de Podemos, dada la relevancia procesal que podría suscitarse a futuro por esta crisis dirigida hacia la macrocausa judicial del caso Tándem, sumado a las informaciones que iba recabando respecto a las denuncias del exabogado José Manuel Calvente contra el partido de Pablo Iglesias, tomé la decisión de abrir una línea de periodismo de investigación desde el programa que dirijo, «La ventana indiscreta».

Han transcurrido diez largos meses sin descanso, desde que comencé esta investigación.

Son cientos de fuentes consultadas, miles de horas de rastreo de datos clave al contraste, lectura, hemeroteca, análisis de comparecencias de testigos e imputados ante la Audiencia Nacional por el caso Villarejo, y el caso Unión en el Juzgado de Arrecife, ambos procesos judiciales con un nexo común: el fiscal Ignacio Stampa.

Mi inspiración proviene de las Islas Canarias, desde dónde interpuse la primera solicitud de investigación en febrero de 2020, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por el “lío sentimental” del fiscal Stampa con la abogada podemita, Marta Flor, -personada en el caso Villarejo como acusación popular-, direccionado a una presunta revelación de secretos.

Me sentía tan consciente por la repercusión de este escándalo en el caso Tándem, –proceso que investiga las actividades empresariales del comisario jubilado, José Manuel Villarejo–, que consideré que hacía la correcto: no dejar pasar este desequilibrio que podría afectar gravemente a la Justicia.

Ante mi sorpresa, durante el confinamiento por el COVID-19, accedí a trascendentes informaciones, pistas que me indicaban que seguía por el buen camino.

De alguna manera, las “casualidades” que hilvanaban estos reportajes que posteriormente publicaría en Confilegal, venían a decirme que la propia maquinaria de la vida había puesto en marcha un cambio sin precedentes en la sociedad, en el que mi programa contribuiría de una manera directa.

Y así fue.

Recurrimos y recurrimos las decisiones del fiscal jefe inspector de la FGE, Fausto Cartagena, ante respuestas tan sui géneris, como que la “relación íntima abogada-fiscal” no tenía trascendencia en el caso Tándem, por no cohabitar más de un año, o acreditar un matrimonio los implicados.

Cada paso que dábamos en cada publicación, abría un nuevo debate social. Y la sociedad española, comenzó a poner su atención en este proceso destapado por «La ventana indiscreta».

Ya no se trataba de un simple “lío de faldas” denunciado, nos habíamos acercado a los pilares del Estatuto de los Fiscales cuestionando algunos preceptos obsoletos, poniendo el foco en la apariencia de imparcialidad que en todo momento ha de prevalecer en el Ministerio Público.

Y en este sentido, el fiscal Stampa, había perdido su halo de credibilidad por su vínculo con Marta Flor, y las filtraciones de chats que confirmaban la “proximidad de Podemos con la Fiscalía”, lo que desembocó en una investigación por la Fiscalía Superior de Madrid, por revelación de secretos.

En contraposición a la caída de Stampa, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, fue señalado por realizar un “montaje” con el caso Dina, –pieza número 10 del proceso Tándem–, a la espera de una decisión del Tribunal Supremo respecto a una posible imputación por denuncia falsa.

Se intensificaron las publicaciones en Confilegal, intervenciones en esRadio-Las Palmas, El Toro TV, El Barómetro de la Inter, Protegidos Radio, Espejo Canario, Periodista Digital, El Cierre Digital, Estado de Alarma TV, citaciones constantes que replicaban en otros medios de comunicación nacionales, dónde aportamos exclusivas informaciones, ratificando la línea editorial en base a las denuncias del excoordinador legal de Podemos, Calvente.

Este letrado ha mantenido permanentemente, sin contradicciones, su versión del riesgo de la relación fiscal-abogada, que “podría poner en peligro la estrategia procesal” del partido de Iglesias en el caso Tándem.

Calvente avaló esta denuncia ante la Fiscalía Superior de Madrid y la cúpula de Podemos, así como en la Guardia Civil, y en su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, –instructor del caso Tándem-, al responder a las preguntas del abogado de Villarejo y la Acción Popular tutelada por VOX, sobre este asunto.

Un instante clave de este intenso periplo informativo, que revolucionó a la sociedad española el pasado 27 de octubre, en conexión con varias noticias vinculadas entre sí, fue cuando la Fiscalía General del Estado comunicó que el fiscal Stampa no recibió un solo apoyo para obtener una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa había perdido el pulso con el caso Tándem, debería abandonar la Audiencia Nacional por perder la confianza de los fiscales.

Ni el teniente fiscal, Luis Navajas, -quien censuró como “vomitiva” la relación íntima entre Stampa y la letrada Flor-, ni el fiscal instructor de la FGE, Fausto Cartagena, -quien había archivado los expedientes-, a la hora de la verdad, no respaldaron a Stampa. No refrendaron a este fiscal, y en este aspecto, finalmente, estos hechos pesan más que sus polémicas palabras anteriores.

Esta falta de confianza tan crucial, fue la antesala a la negativa definitiva de la Fiscal General, Dolores Delgado, quien descartó a Stampa en la ecuación del caso Tándem.

Otra noticia fundamental, previa a esta votación del Consejo fiscal, quizá en una maniobra del fiscal Stampa por la plaza que, finalmente, ha perdido, fue su “victimización” en una presunta trama orquestada por Villarejo en relación al programa La ventana indiscreta, para apartarlo del caso Tándem. Pero esta trama es absolutamente falsa. Se enmarca en una pieza secreta de Tándem que, sin embargo, ha trascendido, vulnerando el secreto de sumario.

Esta suposición errónea de Stampa en cuanto a un vínculo entre Villarejo y este trabajo de periodismo de investigación editado, carece de fundamentación, pero a raíz de este intento de “criminalización” hacia las publicaciones que realizo sobre el caso Tándem, se ha interpuesto una denuncia ante la FGE contra el fiscal Stampa por presunta revelación de secretos y represalia, solicitando la apertura del protocolo de acoso que rige la Fiscalía, bajo el amparo de la asociación ACODAP.

El tercer eslabón de esta cadena, es la querella formalizada por Villarejo, contra Pablo Iglesias, Gloria Elizo, Marta Flor, y Dina Bousellham, por denuncia falsa en el caso Dina. Este tándem podemita podría haber tratado de imputar al comisario jubilado una trama policial contra el partido en clave “policía patriótica”. Pero el tiempo ha desvelado el “montaje podemita” para victimiazarse a expensas de Villarejo, y sacar rédito electoralista explotando esta denuncia.

Podemos necesita “criminalizar” a Villarejo en Tándem porque era el investigador, -legitimado por el Ministerio del Interior-, de la financiación irregular del partido. Iglesias quiere controlar el CNI porque una parte de esta entidad está confrontada con el comisario jubilado por el caso de Corinna Larsen, otra pieza de Tándem, que ha sido archivada recientemente.

Son meras conjeturas, pero la formación morada podría tener una “cloaca paralela” al caso Tándem que, en el fondo, resultaría el esperpento pre-fabricado en el caso Dina.

Esta posibilidad, podría direccionar a otras cloacas de Iglesias, procedentes del chavismo, tal como apuntaron algunos servicios de inteligencia extranjeros cuando Villarejo investigaba a Podemos.

Existen grabaciones de Villarejo a destacadas personalidades políticas y empresariales, que representan otras ecuaciones influyentes en este ajedrez de esta macrocausa judicial.

En este tablero ajedrecista, Podemos podría haber calibrado “maniobras secretas” desde la cúpula del partido, para “diseñar” tropelías como el caso Dina u otros “montajes”, culpabilizar permanentemente a Villarejo como un patrón mediático, e implicar medios de comunicación y periodistas concretos, tanto afines como incómodos para los objetivos podemitas.

Podemos podría haber creado su propia red para utilizar el caso Tándem para sus fines políticos.

De ahí, que necesiten una personación completa en las 28 piezas del proceso judicial, acceder a toda la documentación procesal, constituirse como un lobby de presión, influir en los informativos y en la sociedad, y “criminalizar” o “victimizar” perfiles a conveniencia, como ha sido el caso de algunas denuncias falsas contra Calvente, que han sido archivadas.

En cuanto a «La ventana indiscreta» se refiere, hemos cumplido fielmente con nuestro compromiso con los parámetros del periodismo de investigación, y sentimos una inmensa gratitud hacia todos los ciudadanos que confiaron en nuestro trabajo.

En definitiva, la Justicia desde la Fiscalía al retirar la confianza al fiscal Stampa, ha florecido en una sociedad, que anhelaba un cambio de paradigma en los resultados a un esfuerzo colectivo.

El último viaje de Ignacio Stampa como fiscal anticorrupción es a la prisión de Estremera, situada a 80 kilómetros de Madrid. Ya se sabía entonces —viernes 23 de octubre— que su suerte estaba echada, pero aún no se conocía hasta qué punto las cartas habían sido marcadas. El fiscal, que junto a su colega Miguel Serrano investigan desde hace más de tres años el mayor entramado de corrupción política, policial y empresarial de la actual etapa democrática, se presenta en el centro penitenciario Madrid VII con la intención de registrar la celda del comisario José Manuel Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017 como cabecilla de una red corrupta.

Stampa va acompañado de dos policías, dos funcionarios de prisiones, un secretario judicial, un enfermero y una doctora por si hay que asistir al preso, delicado de salud. El comisario jubilado oye el rumor de pasos que se acercan por la galería y se pone de pie. Al percatarse de que al frente de la comitiva está el fiscal Ignacio Stampa, quien desde hace meses sufre una campaña de ataques cruzados con el objetivo de dejarlo fuera de la investigación, el viejo policía le lanza una pulla:

—Ah, ¿pero todavía no te han despedido?

Villarejo sabe que la fruta ya está madura. Solo es cuestión de tiempo.

La reconstrucción de los ocho días que suceden al registro de aquella celda demuestra hasta qué punto la operación para derribar a Ignacio Stampa responde a una concatenación de intereses, odios y sospechas alimentadas desde un lado y otro de la ley. Los fiscales Stampa, de 46 años, y Miguel Serrano, de 63, han sido capaces durante los últimos tres años y medio de seguir el rastro de una denuncia sin demasiada relevancia —un asunto de tráfico de influencias y corrupción policial para favorecer a un empresario con intereses en Guinea Ecuatorial— hasta convertirla en la gran causa contra la corrupción política, policial y empresarial en España. En medio está Villarejo y su grabadora siempre encendida, pero alrededor se mueve —en palabras de los propios fiscales— “un clan policial mafioso cuya finalidad primordial es conseguir beneficios económicos e influencia en círculos políticos, judiciales y periodísticos con la finalidad de obtener la impunidad de su actuación delictiva”.

Desde un pequeño despacho en el centro de Madrid, Stampa y Serrano van consiguiendo poner cara y apellidos a los inductores y beneficiaros de ese “clan mafioso”. Instruyen hasta 28 líneas de investigación —lo que en jerga judicial se conoce como piezas separadas— y por la Audiencia Nacional empieza a desfilar una corte muy variopinta de investigados. Empresarios, banqueros, ministros, jefes de la llamada policía patriótica, líderes políticos de la derecha y de la izquierda. Hasta el rey Juan Carlos, en virtud de los datos recogidos por los fiscales, forma parte de la nómina de sospechosos, pero se libra gracias a la inviolabilidad de que disfrutó durante su etapa como jefe del Estado.

Algunos de los imputados acuden a la Audiencia Nacional escoltados por carísimos abogados que poco tiempo atrás lucían allí mismo la toga de magistrados o fiscales.

El camino se hace cada vez más pedregoso y hay un momento en que sobre la instrucción empiezan a caer flechas. Son disparadas desde las cloacas del Estado que representa Villarejo, pero también desde los despachos de la alta política. Un juez de la Audiencia Nacional que instruyó hace años un grave caso de corrupción política recuerda que lo peor de las presiones recibidas no estaba fuera, sino dentro: “Los compañeros te sugieren que no te metas en líos”. La situación se agrava hasta límites difícilmente soportables cuando el ataque llega desde las propias filas. El viejo comisario lo sabe.

—Eh, podemita, ¡no toques mis papeles! ¿Todavía no te ha echado tu jefa? Deben de tener muy acojonada a mi amiga Lola [la fiscal general del Estado, Dolores Delgado].

Los testigos de la escena confirman que la situación se va calentando en el interior de la celda. Villarejo insulta al fiscal, le grita, se acerca cada vez más. Stampa pide a los funcionarios que lo aparten unos metros hasta que concluya el registro.

Desde que fue detenido hace ahora tres años, el comisario jubilado sigue dando guerra desde la cárcel. Nunca ha dejado de enredar y denunciar nuevas conspiraciones, y últimamente no para de insultar a los fiscales anticorrupción, a los que acusa de filtrar pasajes del sumario, aunque en realidad sea él —como se ha acreditado a lo largo de la investigación— quien sigue difundiendo informaciones obtenidas ilegalmente mezcladas con bulos imposibles de verificar.

Los últimos interrogatorios a Villarejo, por videoconferencia entre la Audiencia y la cárcel de Estremera, se enredan en duros reproches del comisario a los fiscales, que le interrogan sin perder la paciencia. Villarejo alega indefensión, quiere conocer los documentos y grabaciones que le han incautado y que los fiscales esgrimen contra él. En las últimas semanas, el comisario no ha perdido la ocasión para acusar a Stampa de favorecer a Podemos y filtrar partes del sumario donde está imputado por delitos de blanqueo, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos…

Durante el registro del pasado viernes 23 de octubre —autorizado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón— se obtienen pruebas de que el viejo policía ha montado desde la cárcel una trama para seguir vendiendo secretos oficiales. Villarejo no solo está al tanto de lo que sucede fuera de la prisión, sino que aún tiene capacidad de asustar con las grabaciones y documentos reservados que supuestamente esconde.

En las últimas semanas, según Anticorrupción, ha intentado vendérselos a algunos periodistas para conseguir fondos y de paso seguir sembrando confusión —justo el negocio al que se ha dedicado Villarejo durante años—, pero la investigación de los fiscales desbarata la operación. Tres días antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma en toda España, el comisario jubilado volvió a declarar ante el juez desde prisión. Los fiscales pretendían saber si el comisario había prestado servicios para acusados del caso Gürtel y le leen precontratos de su empresa Cenyt con presupuestos millonarios.

Villarejo protesta desde la cárcel. Aunque la conexión se llena de ruidos, sube la voz para acusar a los fiscales de filtrar el sumario y para intentar hablar de otros escándalos. Cuando los fiscales le traen de nuevo a la realidad del interrogatorio, intenta explicar cuál era su trabajo: “Yo hablaba con unos y con otros, obtenía información, mi labor era mover el avispero”. Y en ese avispero se han movido los fiscales Stampa y Serrano para reunir cientos de indicios contra Villarejo.

De ahí la furia del comisario contra Stampa durante el registro de su celda en la cárcel de Estremera. Ese mismo viernes 23 de octubre, el fiscal participa en la operación para detener a cuatro de sus secuaces. Uno de ellos es un delincuente en tercer grado penitenciario al que Villarejo captó para que hiciera de correo y recaudador. La cuarta detenida es la esposa del policía.

La periodista Gemma Alcalá, que ya ha sido imputada en otras piezas de la causa, pasa el fin de semana en los calabozos que la Jefatura Superior de Policía de Madrid tiene en el barrio de Moratalaz a la espera de ser conducida a la Audiencia Nacional. El lunes pasa a disposición judicial y Manuel García Castellón, titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la pone en libertad inmediatamente, antes incluso de que termine el interrogatorio de los otros detenidos. Los fiscales regresan a su despacho en la calle Manuel Silvela conscientes de que están viviendo horas cruciales.

Fuego cruzado

Desde hace aproximadamente un año, Stampa está en tela de juicio por las acusaciones de Vox, de una periodista canaria, un veterano fiscal que luego se desdice, y de un extrabajador de Podemos llamado José Manuel Calvente. Este abogado fue el primero en disparar sospechas contra los fiscales tras ser despedido del equipo jurídico de Podemos por el supuesto acoso a una compañera, la abogada Mar Flor.

Calvente se defendió acusando a la letrada de mantener relaciones con el fiscal Stampa, unas relaciones de las que se estaría beneficiando Podemos por tener acceso a detalles de un sumario declarado secreto. La denuncia de Calvente sirve de base para que se activen otras sobre las supuestas irregularidades cometidas por el fiscal a favor de la formación de Pablo Iglesias. El partido ultraderechista Vox, el comisario Villarejo, la periodista canaria María Montero y el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, intervienen en el fuego cruzado contra Stampa.

Todo ello ha logrado crear un ambiente de sospecha con un objetivo muy claro: perjudicar a la causa golpeando a Stampa. De nada sirve que Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, declare en la Audiencia Nacional que el trabajo de Stampa es “impecable”. Las denuncias van cayendo como una lenta tortura en la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras tanto, el sumario avanza amenazante para el centenar de imputados, entre ellos algunos poderosos en España. Los dos fiscales van concluyendo su trabajo en piezas menores del proceso y escriben bajo el sello de la administración de justicia sus elevadas peticiones de cárcel para pequeños y medianos empresarios que han contratado a Villarejo para espiar a sus adversarios.

Pero los últimos días han sido duros para Stampa, que ha visto como casi cuatro años de trabajo contra las cloacas del Estado han culminado con su salida de Anticorrupción por la puerta de atrás, humillado por sus propios compañeros, los principales representantes de la carrera fiscal, que ni siquiera le dieron un voto para avalar su continuidad. Incluso los cinco fiscales conservadores representados en el Consejo Fiscal dan la espalda a Stampa, afiliado a su asociación, y susurran vagas explicaciones para justificarse: “Sigue teniendo una investigación penal abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”. Pero eso no es cierto. Esa investigación penal lleva cuatro meses cociéndose a fuego lento, pero concluye antes de que el Consejo Fiscal decida la suerte de Stampa. El instructor envía sus conclusiones a la Fiscalía General del Estado con una propuesta de archivo: Stampa es inocente. Una vez más, las acusaciones contra el fiscal del caso Villarejo se demuestran falsas. Pero inexplicablemente la Fiscalía General del Estado decide esperar y no comunicar nada sobre ese expediente. En el Consejo Fiscal, Stampa no consigue ni un solo voto para obtener la plaza fija en Anticorrupción a la que aspiraba. Es el único de los ocho fiscales anticorrupción que estaban en comisión de servicio que no logra la plaza. “Los fiscales conservadores no podían votar a Stampa, decían que era podemita”, cuenta un fiscal conocedor del funcionamiento del Consejo Fiscal. El “podemita” Stampa, según lo denominan Villarejo y algunos fiscales conservadores, propuso retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en el caso Dina y rechazó la mayoría de diligencias que pidió Podemos para investigar a los medios de comunicación que publicaron informes falsos contra el partido político que hoy gobierna en España junto al PSOE.

La sensación en buena parte de la carrera es de estupefacción. Un fiscal sin adscripción a ninguna asociación mostraba así su estupor: “Lo que más me ha sorprendido es que no tuviera ni un solo voto en el consejo. Eso, unido a la falta de explicación de la pérdida de confianza, puede llegar a deslizar entre los compañeros y la opinión pública la sospecha de que hay algo oculto en la conducta de Stampa, algo que no se sabe. Y eso puede llegar a ser muy cruel para alguien sobre quien solo se han vertido rumores, ninguna prueba en contra”.

El lunes 26 de octubre, en la víspera de la defenestración de Stampa a manos de sus compañeros, la fiscal general del Estado, que tiene la competencia plena para nombrar fiscales, entra en el restaurante La Manduca de Azagra, un lugar de exposición pública como pocos en Madrid. Espera sentada a que llegue su pareja, el abogado Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional y titular de un bufete que ha defendido a tres de los policías imputados en el caso Villarejo: Enrique García Castaño, el ejecutor de la Operación Kitchen para borrar pruebas contra el PP; Eugenio Pino, el jefe de todos los policías que dirigió durante su mandato un operativo contra Podemos y los partidos independentistas catalanes, según diversas investigaciones, y Carlos Salamanca, socio de Villarejo.

Conflicto de intereses

Es un día de celebración. Garzón cumple años y su pareja le hace un regalo durante la comida. Pero la imagen resulta chocante por el momento y el lugar donde se produce. La fiscal general del Estado, de quien depende el futuro de Stampa, almorzando con su pareja, el exjuez Garzón, en cuyo bufete trabajan abogados que defienden a tres comisarios acusados por Stampa, justo la víspera en que el fiscal se juega su futuro profesional. Un triángulo diabólico que ningún reglamento es capaz de desenredar.

Disgustado por el abandono de sus compañeros en el Consejo Fiscal, Stampa regresa el jueves y el viernes al lugar donde se afana desde hace años para meter en prisión a los corruptos que trabajaron con Villarejo o se beneficiaron de sus maniobras ilegales. Comparecen el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exministro del Interior Jorge Fernández para dar explicaciones sobre su participación en un operativo puesto en marcha entre junio de 2013 y mediados de 2015. Stampa no puede preguntar porque Martínez y Fernández, ambos imputados, se niegan a responder a las preguntas del ministerio público. Pero, al final del interrogatorio del juez al exministro del Interior, el fiscal Stampa interrumpe para pedir que se le requiera el teléfono móvil. Jorge Fernández ha negado que enviara mensajes a su secretario de Estado informándole de la operación para espiar a Bárcenas y Stampa quiere disparar su último cartucho en busca de la verdad. La situación es delicada, tensa, pero el juez García Castellón accede finalmente y en presencia del abogado del exministro consulta el teléfono en busca de algo que pueda significar una prueba a favor o en contra de Jorge Fernández. El intento es bueno, porque el exministro conserva el mismo número de teléfono, pero ha borrado todos los mensajes. En la sala queda la sensación de que el fiscal Stampa lo intentó hasta el último día de su carrera en Anticorrupción.

Dolores Delgado: «La elección de Stampa resultaba inviable»

Soy muy consciente de que, desde las páginas digitales de Confilegal, he contribuido, con mi información, a poner negro sobre blanco la historia personal del exfiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, y la abogada de Podemos, Marta Flor, a raiz de las denuncias de José Manuel Calvente, destapando este escándalo.

Una información que ha contribuido a su desplazamiento del fiscal, al nuevo destino en el que se encuentra.

Lo que nunca me podía imaginar es que se fuera a aplicar sobre mi persona una estrategia que no sé si definirla de desinformación o de difamación, o las dos cosas.

Me explico: En los últimos días me han llegado, por varias fuentes, la «noticia» de que Ignacio Stampa y yo hemos tenido un lío.

Un lío sentimental, carnal, pasional, se entiende.

Según el relato de esta «fake news», Stampa se cansó de mí o rompimos nuestra «relación». Razón por la cual le puse la proa para acabar profesionalmente con él.

Es decir, la motivación detrás de mis informaciones fue la misma que la de Edmundo Dantés, el conde de Montecristo: la venganza.

O visto de otra forma, el despecho femenino contra un hombre.

Además, al parecer, «alguien» de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, habría estado –o está– tratando imágenes de Stampa y de mi persona para darle verosimilitud a esa mentira. Imágenes «comprometidas» que, presumiblemente, pronto podrían estar circulando.

Algún amigo, o admirador, de Stampa, quizás, se podría deducir.

SOY RUBIA, PERO PIENSO

Advierto que soy rubia, pero pienso. Y mucho, y me da mucha risa de los que están urdiendo este montaje. Porque tienen tres cosas evidentes: mucho tiempo libre, mucha osadía y muy poca imaginación.

Según me han contado, ya se han producido «filtraciones» a diversos medios de comunicación. Incluso en algún «dossier» constan ‘imágenes super exclusivas’, de mi supuesta relación íntima con el fiscal Stampa.

¿O sea que, al final, la cosa va de salvar al «soldado Stampa»? Al “machote”. El «soldado Stampa» es el único responsable de su destino.

Es evidente que me han investigado en la red, que se han podido descargar fotos mías. Y mi apariencia no les disgusta, de ahí esta invención.

Pero verdad no hay más que una: Stampa y yo no nos conocemos ni hemos tenido relación alguna.

Tengo que confesar que, me invade una cierta ironía femenina con esta cuestión, pero agradezco infinitamente al hacedor –o hacedores– de esta historia de pasión, la oportunidad de despejar esta ecuación.

Dicho esto, me dirijo al fiscal Stampa, a través de esta columna, para que les diga a sus amigos –o admiradores– que cesen en el intento.

SOY UNA PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN

Si Ignacio Stampa, me conociera, me conociera de verdad, ya sabría que, como mujer, cuanto menos como profesional, no habría vivido una leyenda farragosa conmigo.

Por una cuestión muy sencilla, pero evidente, para todo aquel que comparte las diferentes áreas de mi vida: soy una mujer real, auténtica.

Por ello, no me relaciono con círculos tóxicos en los que se mercadea en conversaciones de chats, sobre cuestiones profesionales ni íntimas, muy al contrario, de otras personas que sí conocen al fiscal Stampa.

La versión con la que tratan de involucrarme es falsa, e imposible, por otra sencilla cuestión: Porque jamás, me prestaría a escribir un capítulo tan feo en mi vida.

No es mi estilo como mujer, ni como periodista. Y, por otra parte, intuyo que, el fiscal Stampa quizá, a estas alturas, también lo haya percibido.

Pero si es significativo que, cuando alguien pretende desprestigiar a una mujer, acuda con recurrencia a vejar con el despecho sobre las relaciones personales o profesionales.

Parece que nos ‘inculcan’ una sociedad de mujeres despechadas, pero no de hombres tan despechados.

Parece que nos inculcan que es la mujer la ‘oculta’ en las pasiones, la que se revira cuando se expresa públicamente, pero parece que, el hombre público es intocable, si lo dice un hombre, ‘cierto es’, mientras la mujer, puede quedar salpicada por las suspicacias de relaciones sexuales que no ha mantenido, pero que podrían dañar su imagen profesional.

JAMÁS CRUZAMOS UNA MIRADA, NI UNA PALABRA, NI NOS ROZAMOS EN UN ENCUENTRO FURTIVO

Como me consta que, desde el Ministerio del Interior, se me tiene en alta estima, por mi permanente búsqueda de la verdad, mi trabajo incansable apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no he dudado, ni por un segundo, en hacer público, con el respaldo de mis amigos, que mejor que nadie, conocen todos mis desvelos en mi profesión como periodista, la verdad sobre mi relación con el fiscal Ignacio Stampa.

La verdad es que jamás cruzamos una mirada, ni una palabra, ni nos rozamos en un encuentro furtivo.

Dicho esto, espero que el fiscal Stampa, cuando lea esta carta –que la leerá– practique conmigo la caballerosidad, pues, si comparte la empatía conmigo, será consecuente consigo mismo como hombre, ni creo que fuera capaz de refrendar semejante teoría sobre nuestra relación. Espero firmemente que, defienda mi honor, tanto como su honor.

No se si alguna vez les ha ocurrido, alguien con quien no tuviste ni media palabra, pero que, por extrañas circunstancias de la vida, mantienes una relación intensa a través de la vida pública, -sin contacto privado-, porque vivimos en tiempos donde la gente destapa conversaciones, relaciones íntimas, medias verdades…

Quizá, sea un símil, con el ‘vínculo’ que rodea las circunstancias entre el fiscal Stampa y yo, que es el ‘vínculo’ del caso ‘Tándem’ o caso ‘Villarejo’, donde jamás coincidimos en el palacio de justicia, pero sobre el que ambos, escribimos ríos de tinta, como diría la sociedad.

Solo que, el fiscal Ignacio Stampa, obtuvo un destino muy diferente en el caso ‘Tándem’.

Tras los escándalos de los chats de Podemos, que pusieron en entredicho su contacto con miembros de este partido político, más las declaraciones del entonces teniente fiscal Luis Navajas, muy contrarias al supuesto ‘compadreo’ en estas situaciones, Stampa no renovó su plaza como fiscal anticorrupción.

En este sentido, he de realizar un ejercicio de honestidad. Reconocer que fueron situaciones muy complicadas. Pero igualmente, es complicado comprender cómo fue posible tanto ‘bocazas’ en Podemos, en los chats en relación al fiscal Stampa.

O cómo fue posible que Stampa pudiera llegar a ‘creer’ que había una conspiración exterior contra su trabajo.

Quizá, en relación a alguna ‘conspiración personal’, este fiscal hubiera debido ‘vigilar’ a los ‘lumbreras’ de Podemos, pues el tiempo ha levantado lo que son capaces de hacer o decir, sin calibrar las consecuencias.

Esta reflexión sobre Stampa me lleva a preguntarme si en algún momento, realizó algún esfuerzo en conocerme, entender mi prisma de trabajo en el “caso Tándem”.

Mi respeto a la justicia.

Si de verdad, le interesaban las investigaciones que publicamos en su día, o si por el contrario, tenía un patrón de mujer prefabricado sobre mí, que le impedía ver la realidad.

La realidad era sencilla, la verdad es siempre fácil de entrever, la verdad es como la mirada de un niño, o como acertadamente, reza la ‘navaja de Ockham’, pocos elementos hubieran sido suficientes, para apreciar lo evidente.

Si el fiscal Stampa, me conociera de verdad, advertiría con detenimiento, que no se encontraría ante una mujer a derribar, codiciar, o ligar furtivamente, sino, probablemente, tomaría en consideración, a una mujer real, que jamás, hubiera expuesto su imagen, como hicieron otros, de una manera tan burda.

Por ende, en cuanto a mi imagen, no consiento que nadie perjudique mi credibilidad.

Si el fiscal Stampa, me invita alguna vez a tomar un café –soy una profesional, si tengo que verme con Iglesias, con Echenique o con Pablo Hasel no tengo ningún inconveniente–, podrá comprobar que estoy hecha de la misma materia que el resto de los seres humanos y que lo único que me mueve es la búsqueda de la verdad y hacer justicia.

Lo mismo que él, ¿o no?