El Tribunal Supremo ‘legaliza’ a Herri Batasuna y ordena su inclusión en el registro de partidos políticos del ministerio del Interior tras 3 años de litigio

Tras otras cuatro sentencias judiciales similares, todas ellas recurridas por la Administración, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del fiscal contra la decisión de la Audiencia Territorial que declaró que Herri Batasuna debería ser legalizada como asociación política. Contra esta sentencia no cabe apelación alguna, por lo que el Ministerio del Interior habrá de inscribir definitivamente, y en el plazo de veinte días, a esta coalición política en el correspondiente registro de Asociaciones.

El Texto de la sentencia es jurídicamente irreprochable: según el tribunal presidido por Escudero del Corral, y que ha fallado por unanimidad, la posible ilicitud penal que justificaría la no inscripción en el registro habría que deducirse ‘del examen de la documentación presentada”, es decir, del acta notarial suscrita por sus representantes y de los estatutos por los que habrá de regirse la coalición. Y puesto que en esta documentación no aparecen indicios de ilicitud, la inscripción debe realizarse. Dos años de pleitos han sido necesarios para que la Administración española se percatase de esta evidencia.

Algunos prohombres de la derecha – Segurado entre ellos – en una extraña coincidencia de puntos de vista con el PSOE, que quizá sea la única de la campaña electoral, han manifestado ayer mismo su extrañeza por una sentencia, que, al cabo no hace sino reconocer el derecho de libertad de asociación política, y elevar a la categoría de normal – en famosa frase suarista – lo que es normal en la sociedad. Es bien evidente que una cosa es el reconocimiento del derecho a formar un partido político, y otra muy distinta el juicio, ético o a la luz objetiva del derecho, que merezca el comportamiento de sus miembros, individual o corporativo.

A la luz de los Contenidos, que precisamente invocan algunos para oponerse a la legislación, es perfectamente lícito que exista un partido secesionista o separatista. Lo ilícito sería que ese partido vulnerara el ordenamiento jurídico o no respetara la Constitución para conseguir sus fines. Pero del mismo modo que no es ilegal ser republicano, tampoco lo es tener una idea de España distinta de la actual.

Por lo demás, nadie que no esté políticamente ciego puede negar la conveniencia de que Herri Batasuna, el radicalismo abertzale, tenga cauces para expresarse y para participar políticamente. Históricamente – y ahí está, para quien quiera verlo, el caso del Partí Quebecois, formado por los independentistas de Quevec en Canadá – los nacionalistas violentos se han reconducido hasta

En este sentido, la legalización de HB es un factor de paz y una esperanza para Euskadi, en contra de lo que afirman quienes sólo ven la situación vasca a través de una deformante simplificación. Porque el aberzalismo independentista es una realidad que tiene, en el País Vasco, más de cien mil votos y negar voz y presencia a este colectivo es enquistar el problema, dejándolo a merced de la cirugía. Algo que en política democrática constituye un error garrafal. Un error que se ha obviado gracias, esta vez, a la ecuanimidad de un tribunal.