9 diciembre 1997

La sentencia, dictada por el juez García Calvo, considera que el hecho de que Batasuna entregara a ETA su espacio electoral prueba de su vinculación con la banda

El Tribunal Supremo condena a 7 años de cárcel a los 23 miembros de la dirección de Herri Batasuna por colaborar con ETA

El Tribunal Supremo condena a 7 años de cárcel a los 23 miembros de la dirección de Herri Batasuna por colaborar con ETA

Hechos

En diciembre de 1997 se hizo pública la sentencia dictada por el juez el Tribunal Supremo, D. Roberto García Calvo, contra todos los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna a 7 años de cárcel .

Lecturas

El 1 de diciembre de 1997 se hace pública la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condena a los 23 integrantes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) a siete años de prisión y 500.000 pesetas de multa por persona, como autores de un delito de colaboración con banda armada. Entre los condenados figuran sus principales portavoces, Jon Idígoras Gerrikabeitia, Florencio Aoiz Monreal, Karmelo Landa Mendibe, José María Olarra Agiriano y el sacerdote Anastasio «Tasio» Erkizia Almandoz. La resolución, fechada el 29 de noviembre, culmina un procedimiento iniciado en febrero de 1996 por la decisión de la dirección de HB de ceder a ETA sus espacios gratuitos de propaganda electoral en radio y televisión, correspondientes a las elecciones generales del 3 de marzo de aquel año. La condena no supone la ilegalización de Herri Batasuna como formación política, sino la imposición de penas individuales a quienes el tribunal considera responsables de una decisión adoptada por su órgano de dirección.

El origen del caso se encuentra en la denominada Alternativa Democrática, una propuesta política presentada públicamente por ETA el 26 de abril de 1995, que plantea el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskal Herria, su territorialidad y determinadas condiciones para poner fin a la actividad armada. A finales de enero de 1996, la organización terrorista remite a HB dos grabaciones en las que tres encapuchados, armados y situados ante una ikurriña y el emblema de ETA, explican su propuesta. El 5 de febrero, la Mesa Nacional acuerda impulsar su difusión y utilizar para ello los espacios electorales de la coalición. Se prepara una versión abreviada para televisión y una cuña radiofónica. El 12 de febrero, HB entrega el material a los medios públicos para su emisión durante la campaña. La intervención del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Real, que prohíbe la difusión y ordena la entrega de las cintas, impide que el mensaje llegue a emitirse en los espacios electorales previstos. La dirección de HB insiste en defender la iniciativa y envía ejemplares de las grabaciones al rey Juan Carlos I y al presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.

La actuación se produce en un contexto de especial tensión por la violencia de ETA. El 6 de febrero de 1996, la organización asesina en San Sebastián al abogado y dirigente socialista Fernando Múgica Herzog; el 14 de febrero, mata en Madrid al antiguo presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Herri Batasuna difunde comunicados que atribuyen la persistencia de la violencia a la negativa del Estado a aceptar una negociación política y presentan la propuesta de ETA como una oportunidad para alcanzar la paz. Esos textos se incorporan al procedimiento judicial como elementos para valorar la actitud de la dirección de HB, aunque el núcleo de la acusación es la cesión de espacios electorales a una organización terrorista. El fiscal sostiene que la coalición no se limita a informar de una propuesta ajena, sino que pone recursos propios de propaganda política al servicio de ETA y contribuye a difundir su mensaje en un contexto electoral.

La investigación comienza en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por Garzón, pero pasa posteriormente al Tribunal Supremo por la condición de aforados de algunos integrantes de la Mesa Nacional. Durante la instrucción se examinan las grabaciones, los comunicados, las decisiones del órgano directivo y la participación individual de sus miembros. El juicio oral comienza el 13 de octubre de 1997 ante la Sala de lo Penal del Supremo. Los procesados rechazan la acusación y defienden que la difusión de la Alternativa Democrática constituye una actuación política amparada por las libertades de expresión e información. Sus abogados argumentan que no existe prueba suficiente para atribuir a cada acusado una decisión concreta de colaboración terrorista y denuncian que se pretende castigar penalmente una actividad de propaganda política.

Roberto_Sanpedro D. Roberto Sampedro

Una de las cuestiones más controvertidas es la atribución de responsabilidades dentro de la Mesa Nacional. La defensa sostiene que la decisión operativa de preparar y remitir las cintas corresponde a Roberto Sampedro, responsable del Área de Comunicación de HB, fallecido antes del juicio. La Sala considera inverosímil que una actuación de semejante trascendencia política y electoral pudiera ser decidida autónomamente por el responsable de comunicación sin conocimiento ni autorización del máximo órgano directivo. Para fundamentar su conclusión, examina los estatutos de la coalición, los comunicados de febrero de 1996, las declaraciones de los acusados y las pruebas documentales y audiovisuales. Los magistrados consideran acreditado que la Mesa asumió colectivamente la iniciativa y que sus miembros participaron en la formación de esa voluntad. No obstante, la responsabilidad penal individual será precisamente uno de los puntos más discutidos en el posterior recurso de amparo.

TC_Garcia_Calvo D. Roberto García Calvo.

La Sala del Tribunal Supremo que juzgó a los 23 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna estaba formado por el presidente de la Sala Penal, D. José Augusto de Vega (Progresista), D. Ramón Montero (Progresista) y D. Roberto García Calvo (Conservador), fue este último el autor material de la sentencia, en la que fue respaldado por sus dos compañeros. La sentencia impone a cada acusado siete años de prisión por colaboración con banda armada, además de la multa y de la suspensión de cargo público y del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. La resolución rechaza que los hechos permitan condenarlos por pertenencia a ETA o por apología del terrorismo, delimitando el castigo a la colaboración consistente en facilitar medios de difusión electoral. La pena es inferior a los ocho años solicitados por la Fiscalía, pero suficiente para provocar el ingreso en prisión de los condenados. La desaparición de la antigua Mesa Nacional de la primera línea política obliga a Herri Batasuna a reorganizar su dirección. El proceso culminará en febrero de 1998 con la elección de una nueva Mesa en la que adquirirán protagonismo Arnaldo Otegi Mondragón, Joseba Permach Martín y Xabier Alegría Loinaz, representantes de una generación que desplaza de la portavocía habitual a Idígoras, Aoiz y otros dirigentes históricos.

La condena, sin embargo, no cerrará definitivamente el procedimiento. Los 23 afectados recurren ante el Tribunal Constitucional, que el 20 de julio de 1999, mediante la sentencia 136/1999, declara vulnerado su derecho fundamental a la legalidad penal y anula las condenas. El Constitucional considera desproporcionada la aplicación de una pena de siete años de prisión a la conducta enjuiciada, atendiendo a la amplitud del tipo penal de colaboración y a su incidencia sobre el ejercicio de derechos políticos y de expresión. La decisión no significa que el tribunal niegue la existencia de la cesión de los espacios electorales ni que considere constitucionalmente protegida cualquier forma de cooperación con ETA. De hecho, rechaza las alegaciones de los recurrentes sobre la insuficiencia de pruebas y la vulneración de la presunción de inocencia. La anulación se fundamenta en la desproporción de la respuesta penal, una distinción esencial para comprender el desenlace de un proceso que había situado por primera vez a toda la dirección de Herri Batasuna ante una condena de prisión por colaboración con una organización terrorista.

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H. BATASUNA: «TENDRÁ CONSECUENCIAS GRAVES»

aoiz Floren Aoiz

Poco antes de ingresar en prisión, uno de los portavoces de Herri Batasuna, Floren Aoiz, dio una rueda de prensa en la que advirtió que la sentencia ‘tendría consecuencias graves’.

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LOS 23 CONDENADOS:

abc_HBAdolfo Araiz Flamarique
Florencio Aoiz Monreal
Itziar Aizpurua Egaña
José María Olarra Agiriano
Tasio Erkizia Almandoz
Koldo Castañeda Vallejo
Alberto de Lorenzo Goikoetxea
Juan Pedro Plaza Lujanbio
Carlos Rodríguez González
Rufino Etxeberria Alberdi
Gorka Martínez Bilbao
Koldo Celestino Samper
Amaia Bao Gómez
María José Andueza Ortega
Juan María Olano
Antton Morcillo Torres
Mikel Arregi Urrutia
Joseba Martín Hernando
Matilde Iturralde Martínez de Lizarduy
Karmelo Landa Mendibe
Joseba Álvarez Forcada
José Luis Elkoro Unamuno
Juan Cruz Idígoras Gerrikabeitia

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Protagonistas del Juicio:

Interviniente Identidad y función
Presidente del tribunal José Augusto de Vega Ruiz
Magistrado ponente Roberto García-Calvo Montiel, redactor de la sentencia
Tercer magistrado Ramón Montero Fernández-Cid
Instructor en el Tribunal Supremo José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez
Ministerio Fiscal José María Luzón, que solicita ocho años de prisión para cada acusado
Acusación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Solicita penas de hasta 22 años de prisión
Acusación particular del PSE-PSOE Solicita ocho años de prisión y multa
Acusación particular de la familia de Fernando Múgica Herzog Mantiene la petición de ocho años y multa
Defensa de los acusados Entre sus letrados figuran Jone Goirizelaia Ordorika, Kepa Landa y José María Elosúa

1997_Idigoras 1997_Aoiz Momento de las detenciones de Jon Idigoras y Floren Aoiz.

EL GOBIERNO TEME UNA OFENSIVA DE ETA CONTRA CONCEJALES DEL PP

El ministro de Interior, D. Jaime Mayor Oreja, temió que la sentencia contra Herri Batasuna sería respondida con asesinatos de ETA al PP. Sus palabras no tardaron en hacerse realidad.

Cronología del procedimiento judicial y sus consecuencias políticas

Fecha Acontecimiento
26 de abril de 1995 ETA presenta públicamente su denominada Alternativa Democrática.
Finales de enero de 1996 ETA remite a Herri Batasuna dos grabaciones para difundir su propuesta.
5 de febrero de 1996 La Mesa Nacional de HB acuerda impulsar la difusión de las grabaciones, incluida su utilización en espacios electorales gratuitos.
12 de febrero de 1996 HB remite el material audiovisual para su emisión durante la campaña de las elecciones generales.
15 de febrero de 1996 Baltasar Garzón interviene judicialmente y ordena impedir la difusión de las grabaciones.
Febrero de 1996 Se abre el procedimiento por colaboración con banda armada. Jon Idígoras es detenido e ingresa en prisión provisional, con posibilidad de eludirla mediante fianza.
13 de marzo de 1996 El Tribunal Supremo comienza a examinar su competencia sobre el procedimiento, dada la condición de aforados de algunos investigados.
Enero-febrero de 1997 Los integrantes de la Mesa Nacional son citados a declarar como investigados ante el Supremo.
25 de junio de 1997 La Sala Segunda asume el enjuiciamiento de la causa.
6 de octubre de 1997 Se plantean cuestiones previas y la recusación del presidente del tribunal.
13 de octubre de 1997 Comienza el juicio oral, cuya actividad probatoria efectiva se desarrolla después de resolverse las cuestiones previas.
29 de octubre de 1997 La Fiscalía eleva a definitiva su petición de ocho años de prisión por acusado.
3–4 de noviembre de 1997 Los abogados defensores solicitan la absolución y denuncian la falta de pruebas individuales.
29 de noviembre de 1997 El Supremo dicta sentencia condenatoria contra los 23 procesados.
1 de diciembre de 1997 Se hace pública la condena a siete años de prisión y multa de 500.000 pesetas por persona.
Diciembre de 1997 Los condenados ingresan en prisión y recurren en amparo al Tribunal Constitucional.
14 de febrero de 1998 HB elige una nueva Mesa Nacional en Berriozar. Arnaldo Otegi y Joseba Permach pasan a ocupar posiciones destacadas.
25 de marzo de 1998 El Constitucional rechaza suspender cautelarmente la ejecución de las condenas.
2 de septiembre de 1998 La izquierda abertzale impulsa Euskal Herritarrok, nueva fórmula electoral para concurrir a los comicios autonómicos vascos.
20 de julio de 1999 El Tribunal Constitucional estima parcialmente el amparo, anula las condenas y permite la excarcelación de los dirigentes encarcelados.

 

Eduardo Haro Tecglen

03 Diciembre 1997

¿Ermua?

Eduardo Haro Tecglen

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En todo el siglo nunca ha ido a la cárcel la dirección de un partido, como ocurre ahora con HB. Excepciones: dirigentes republicanos en la cárcel, cuando el 14 de abril se proclamó la República fueron sacados en volandas para formar gobierno. Otros republicanos, especialmente socialistas, encarcelados por el «bienio negro» de Lerroux-Gil Robles por Asturias, también liberados por las eleccionesdel Frente Popular. En la guerra civil pasó de todo, pero esa monstruosidad no se puede poner como precedente de nada. Creo, y tengo mi derecho civil, que una condena colectiva por delitos muy dudosos para mí aunque no para el Supremo, no responden a un espíritu democrático. Parece que en estos casos hay que hacer una profesión de fe contra el terrorismo, para no ser inculpado por los sayones de la buena prensa, o para que el recorte para el ministro del Interior no sea incriminado, aunque en mí son redundancia: odio el terrorismo; odio especialmente el de ETA por cómo se perpetra y contra quiénes; odio los nacionalismos, sin excluir al vasco ni al español. Hubiera aceptado la exclusión de HB por la continuidad de sus actos contra la democracia, aunque no estoy seguro de que la democracia deba perseguir a los partidos antidemócratas, como nunca creí que la República debiera perseguira los monárquicos, ni éstos a los republicanos.. Creo que «el espíritu de Ermua» o el de toda España, que se alzó contra los actos vandálicos de ETA, no pedía nada de lo que se ha hecho: la conversión en caza de brujas de un partido político legal y, peor aún, de militantes o simpatizantes de HB, hasta en su vida privada, bajo la tremenda excusa de que un demócrata no puede convivir con un antidemócrata. Claro que puede vivir: si no le mata el antidemócrata, como tantas veces. Lo que no puede ser es que se convierta en antidemócrata ante sí mismo. Lo que entendí de la oleada de manifestaciones espontáneas fue que se requería del Gobierno dos acciones inmediatas y fuertes: una, la de la actuación dura y sin más límites que los legales contra ETA; otra, la profundización en negociaciones de paz con esos mismos criminales para que dejaran de matar. No creo que esta condena sirva para nada, ni para el prestigio de la justicia y su independencia, ni para progresar en la pacificación del País Vasco. Me parece, en cambio, que la aprobación del Gobierno, los partidos políticos de toda clase y los editorialistas de los periódicos hiere el sentido de la democracia.

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

02 Diciembre 1997

El Supremo pone la ley sobre la Mesa

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El Tribunal Supremo ha condenado a siete años de cárcel a cada uno de los 23 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) por considerarlos culpables de un delito de colaboración con banda armada. La sentencia estima que los dirigentes de HB cometieron ese delito al ceder sus espacios electorales a ETA en la campaña de 1996. Rechaza, en cambio, que haya materia penal en la difusión de sendos comunicados en los que justificaban implícitamente los asesinatos por ETA de Fernando Múgica y Francisco Tomás y Valiente. La condena es, desde luego, dura y se prestará a polémica en la medida en que las personas juzgadas constituyen, en su conjunto, la dirección de una organización política legal. Pero la sentencia está sólidamente fundada, y, además, la alternativa no sería más que la impunidad: que un colectivo, alegando identidad de fines, pudiera ayudar a una organización terrorista a imponerse a la sociedad sin que hubiera consecuencias penales.La sentencia es compleja, llena de matices. No rehúye entrar en el fondo de las cuestiones. La argumentación, impecablemente jurídica, es clara y acorde con los valores democráticos. El Tribunal parte de la consideración de que, si bien el sistema democrático permite la disidencia, incluso la más radical, la ley no puede amparar la utilización de los instrumentos de participación política para la difusión de actividades ilegales. Al ceder sus espacios electorales a ETA, los dirigentes de HB estaban cooperando al cumplimiento de los objetivos de los terroristas.

Contra la visión reduccionista que limitaría la cooperación con banda armada a la ayuda prestada para la realización de actos violentos, la sentencia considera que también se colabora al ofrecer a los terroristas la posibilidad de dirigir su mensaje a la población: del mismo modo, por ejemplo, que coopera quien da dinero a los terroristas. Por ello, la responsabilidad penal no derivaría propiamente del contenido del vídeo -la exposición de la llamada alternativa democrática de ETA-, sino de su difusión en un espacio electoral. Pero el contenido no puede considerarse una excusa, pues, pese a presentarse como alternativa de paz, el mensaje central consiste en advertir cuál será la «alternativa a la alternativa»: si no se acepta ésta, habrá más violencia; la presencia de pistolas sobre la mesa subraya, en opinión de los magistrados, ese mensaje. Según la sentencia, HB ha «cooperado con ETA en su objetivo de imponer sus ideas o reivindicaciones por medio del terror».

El Supremo desestima, en cambio, la posibilidad de que la difusión de los comunicados de HB tras los asesinatos de Múgica y Tomás y Valiente pueda considerarse delito de apología del terrorismo. No porque la libertad de expresión ampare cualquier manifestación, sino porque el nuevo Código Penal exige para que se produzca este delito que las expresiones apologéticas constituyan «una incitación directa a cometer un delito». Para incurrir en responsabilidad penal no bastaría, pues, defender la actividad delictiva ya realizada, sino que se precisa que las concretas manifestaciones estén encaminadas a provocar nuevos delitos. El Tribunal desestima que esto sea aplicable a tales comunicados, pero los toma en consideración para ilustrar la línea de comportamiento de HB» en relación a las acciones de ETA.

Para llegar a la sentencia condenatoria, el Tribunal ha tenido que desactivar la principal estratagema procesal planteada por los abogados de HB: la de la eventual inconstitucionalidad del precepto del nuevo código sobre cooperación con banda armada, dada su indeteminación en la descripción de los comportamientos delictivos. El Supremo argumenta que ni siquiera es planteable el asunto, dado que no se aplica el nuevo, sino el viejo código, por resultar más favorable a los procesados.

Algunas de las reacciones producidas ayer tras conocerse la sentencia son deplorables. Cuestionarla con el argumento de que puede «encrespar los ánimos» equivale a otorgar a HB una bula para incumplir la ley. Los criterios de oportunidad política tantas veces invocados sólo han servido para que, a cada desafío sin respuesta, HB corresponda aumentando la dosis de la provocación. Frente a la estrategia de intimidación de ese mundo, nada resulta tan desmoralizador como la impunidad de que han venido disfrutando los dirigentes de HB. Esa formación prestó sus espacios electorales a unos pistoleros que colocaron sus armas sobre la mesa para ilustrar el sentido de su oferta: o la mayoría se pliega a sus exigencias o seguirán matando y secuestrando. La justicia ha colocado la ley sobre esa mesa, y el resultado ha sido una condena de siete años para cada uno de los integrantes de la dirección de HB. Una sentencia dura, pero ajustada a la ley.

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

02 Diciembre 1997

HB, una mesa a la sombra

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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Sobre el Tribunal Supremo (TS) recae el deber de dictar sentencias que, en ocasiones, tienen gran significación política. Lo hemos comprobado hace bien poco, tras su resolución sobre el caso Filesa. Lo volveremos a comprobar dentro de unos meses, cuando haya de fallar en relación al caso Marey.

Lo mismo cabe decir de la sentencia que dictó ayer, por la que condenó a siete años de cárcel a los 23 integrantes de la Mesa Nacional de HB por un delito de colaboración con banda armada.

Pero al Tribunal Supremo no le cumple considerar las consecuencias políticas de sus resoluciones: sólo dictarlas de acuerdo con la Ley.

El TS ha decidido que el intento de difusión de un vídeo de ETA dentro de un espacio televisivo electoral de HB merece ser tipificado como delito de colaboración con banda armada. La sentencia pone buen cuidado en dejar sentado que no juzga las opiniones políticas de la Mesa de HB, ni su sintonía con la llamada «alternativa democrática» expuesta por ETA. Lo que considera punible es, exclusivamente, la colaboración material que representa la cesión del espacio electoral, utilizado por ETA para, con exhibición coactiva de armas de fuego y demás parafernalia propia de la banda, reiterar sus amenazas contra el Estado de Derecho. Como subraya la sentencia: «La reivindicación del hecho diferencial vasco desde la perspectiva de la autodeterminación como fórmula política… encaja como planteamiento presentable en el seno de una estructura democrática. Por tanto, no es el contenido de la llamada alternativa democrática, en sí mismo, el que genera responsabilidad penal… Ha sido la estructura de su difusión a través de los referidos vídeos a partir de la decisión de ceder un espacio electoral televisivo gratuito a una organización terrorista… lo que genera tal responsabilidad para los componentes de la Mesa Nacional de HB».

La condena se basa en la legislación penal, que -tanto a través del artículo 174 bis a) del viejo Código como del 576 del vigente- subraya el carácter delictivo de toda «forma de cooperación, ayuda o mediación… con las actividades de [estas] bandas o elementos». Como subraya la sentencia, si HB hubiera querido defender las ideas contenidas en la llamada «alternativa democrática» de ETA, hubiera podido hacerlo directamente, sin incurrir en delito. Es la colaboración material prestada a la consecución de los fines de ETA la que traspasó la frontera de la legalidad. Y la que ha sido castigada.

Otro aspecto importante de la sentencia del TS es el que se refiere a la determinación de la autoría del hecho tenido por punible. En este punto, la justificación de lo resuelto por el tribunal resulta menos convincente. El Derecho Penal español excluye la responsabilidad colectiva: para condenar, hay que demostrar la participación del procesado en el delito, sea como autor, sea como cómplice. El TS ha optado por considerar coautores del hecho a la totalidad de los miembros de la Mesa Nacional de HB basándose, de un lado, en las propias manifestaciones solidarias de éstos y, de otro, en su total ausencia de colaboración con el propio Tribunal a la hora de dilucidar y precisar las responsabilidades -o irresponsabilidades- individuales. Es una opción discutible.

Pero, con independencia de los aspectos jurídicos de la sentencia, también merecen consideración sus eventuales repercusiones políticas, y el eco que lo resuelto por el TS tendrá en la opinión pública.

Mayoritariamente, a escala de toda España, es indudable que la ciudadanía verá con satisfacción que los continuos viajes de la dirección de HB por la cuerda floja de la ley hayan acabado en un batacazo tan contundente.

Más matizada será -ya está siendo- la consideración del hecho en el País Vasco. El PNV ha manifestado su «sorpresa», pero prefiere estudiar en detalle la sentencia antes de tomar postura. Eusko Alkartasuna la ha considerado «una barbaridad». Izquierda Unida-Ezker Batua habla de «paso atrás». Los matices existentes entre las declaraciones del coordinador de IU-EB, Javier Madrazo, nada amables hacia la sentencia, y las efectuadas por Rosa Aguilar, mucho más cautas, ilustran bien sobre las diferentes sensibilidades que pueden manifestarse a uno y otro lado del Ebro.

Más llamativa es, en cambio, la reacción del sindicato nacionalista ELA, que se refirió ayer a la sentencia como «un éxito de Mayor Oreja y del Gobierno español» -lo que no parece una muestra acabada de fe en la plena independencia de la Justicia-, tildándola, ya de paso, de «agresión sumamente grave», no se sabe a quién.

En el País Vasco se ha ido forjando en los últimos meses una estimable dinámica pacificadora, que debe seguir adelante y demostrar sus virtualidades, si las tiene. Pero, en un Estado de Derecho, nadie puede pedir a ningún tribunal que dicte sus sentencias en función de tal o cual dinánica política.

Tampoco en este caso.

El Análisis

Una cosa es juzgar a los dirigentes de HB y otra al partido

JF Lamata

A finales de 1997, pocos observadores de la política vasca pueden ignorar la estrecha vinculación política entre Herri Batasuna y ETA. La coalición ha defendido reiteradamente las propuestas de la organización terrorista, ha presentado en sus candidaturas a numerosos presos y miembros de ETA —entre ellos Juan Carlos Yoldi Múgica, candidato a lehendakari en 1986— y ha justificado o contextualizado atentados que la inmensa mayoría de los partidos condena sin reservas. El asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, en julio de 1997, ha reabierto con especial intensidad el debate sobre la conveniencia de mantener legal una formación que actúa como interlocutora política de una organización armada. Sin embargo, conviene distinguir entre una conclusión política y una responsabilidad penal. El Tribunal Supremo no está juzgando a Herri Batasuna como partido ni resolviendo si debe seguir existiendo legalmente: está juzgando a 23 personas por su participación en una decisión concreta, la cesión de espacios electorales a ETA. Que la relación política entre ambas organizaciones sea evidente no exime a la acusación de demostrar los elementos del delito y la responsabilidad individual de cada procesado. Tampoco corresponde a los jueces suplir mediante interpretaciones expansivas las limitaciones de una legislación sobre partidos que muchos consideran insuficiente. Si el legislador entiende que una organización que ampara sistemáticamente la violencia terrorista no debe poder concurrir a las elecciones, corresponde a las Cortes Generales —y, políticamente, a fuerzas como el PP y el PSOE— establecer unas nuevas condiciones legales compatibles con la Constitución que impidan la presencia de HB. Mientras no se modifique ese marco jurídico, la respuesta judicial debe ajustarse a las leyes vigentes, incluso cuando sus resultados resulten políticamente incómodos. La posterior anulación de las condenas por el Constitucional recuerda precisamente que la gravedad del terrorismo no permite prescindir de las garantías del Derecho penal.

JF