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A efectos prácticos la absolución no sirve de nada a Garzón que ya ha sido expulsado de la carrera judicial en otro procedimiento por pinchar las conversaciones de los abogados de las personas a las que investigaba

El Tribunal Supremo sentencia que Garzón no cometió prevaricación al intentar juzgar a Franco 40 años después de su muerte

HECHOS

El 27.02.2008 el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia que absolvía a D. Baltasar Garzón del delito de prevaricación por intentar procesar al General Francisco Franco.

Seis magistrados votaron a favor de la absolución y sólo uno (el juez D. José Manuel Maza) a favor de la condena.

LAS CARAS DEL PROCESO

juez_Carlos_Granados El ex Fiscal General del Estado, D. Carlos Granados, fue el encargado de presidir el juicio contra D. Baltasar Garzón.

abogado_Joaquin_Ruiz_Infante El abogado D. Joaquín Ruiz Infante, en representación del sindicato ‘Manos Limpias’ y de la asociación ‘Libertad e Identidad’, ejerció la acusación particular y pidió para el juez la pena de 20 años de inhabilitación. El TS no atendió su solicitud.

abogado_gonzalo_martinez_fresneda El abogado D. Gonzalo Martínez Fresneda ejerció la defensa de D. Baltasar Garzón en este caso, argumentando que una resolución sobre la que podía haber dinstintas interpretaciones.

luciano_varela El juez D. Luciano Varela fue el instructor de aquel caso.  Él sí apreció delitos de prevaricación, pero la sala del TS no le dio la razón.

juez_Jose_Manuel_Maza El juez D. José Manuel Maza, uno de los siete miembros del TS que juzgó a Garzón, él sí consideró que era culpable, puesto que dirigía su proceso contra personas fallecidas.

GaronExiliadoFranquimo El Grupo PRISA (diario EL PAÍS, Cadena SER) se convirtió en una plataforma de apoyo al juez Garzón durante todo el proceso. El juez, en una entrevista a EL PAÍS se autocalificó como ‘la última víctima del franquismo’ por tener que trabajar como asesor fuera de España.

 

28 Febrero 2012

Una sentencia demoledora que retrata a Garzón

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

BALTASAR Garzón puede decir sin faltar a la verdad que ha sido absuelto por el Tribunal Supremo del delito de prevaricación en la instrucción de la causa de los crímenes del franquismo. Pero también es cierto que el Supremo le asesta un durísimo varapalo jurídico al considerar que se equivocó en aspectos esenciales de la aplicación del Derecho como la doctrina de la prescripción, sus propias competencias como instructor y la calificación de los delitos.

Cualquiera que leyera los fundamentos jurídicos del fallo sin pasar a la parte dispositiva podría deducir que el Supremo se iba a inclinar por una sentencia adversa, pero al final los magistrados le absuelven por seis votos contra uno. Alegan que el ex juez no puede ser condenado por prevaricación, ya que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió su decisión e impidió los posibles efectos negativos de la causa. Añaden también que la actuación de Garzón, aunque equivocada, no es absurda desde el punto de vista jurídico.

Antes de comentar el contenido del fallo, hay que recordar que esta sentencia cierra los tres casos abiertos por el Supremo contra el ya ex juez: fue condenado, en primer lugar, a 11 años de inhabilitación por escuchas ilegales a los abogados de Gürtel; en segundo término, fue archivada la investigación de los cursos en la Universidad de Nueva York por prescripción del delito y, por último, ha sido declarado inocente en la causa de la llamada memoria histórica. Por tanto, es difícil sostener que el Supremo ha actuado con animosidad contra él, dado que los tres asuntos han sido fallados de manera muy distinta. El magistrado Miguel Colmenero, ponente de la sentencia de las escuchas, ha votado a favor de la absolución de Garzón en este último caso.

Hay que insistir que los magistrados señalan en el fallo que Garzón no ha actuado con dolo, pero le dan un soberano repaso como instructor hasta dejarle como un completo ignorante. Si la sentencia fuera la nota de un examen de Derecho, podríamos decir que los magistrados le calificarían con un cero.

Dice la resolución que Garzón no tiene ni idea de lo que es el proceso penal, que se orienta a dilucidar la responsabilidad de personas concretas y no a establecer la verdad histórica, que corresponde a los historiadores.

Señala que la tipificación de los delitos es incorrecta, puesto que no puede haber detención ilegal sin ofrecer razón del paradero de la víctima y luego le reprocha ampararse en «construcciones formales» que no existen en las leyes españolas.

Apunta también la sentencia que los delitos han prescrito y que es público y notorio que los responsables del levantamiento de 1936 habían muerto cuando se abrió la causa. El fallo le reprocha también a Garzón incurrir en una transposición arbitraria de los convenios de derecho internacional cuando el sistema jurídico español posee un método establecido para determinar su aplicación en el procedimiento penal y luego le acusa de interpretar esos tratados de forma retrospectiva.

Y, por último, el Supremo señala que la Ley de Amnistía de 1977 sigue estando en vigor y fue refrendada implícitamente por la Constitución, por lo que no es posible exigir responsabilidades penales ni al franquismo ni a las autoridades de la República.

En suma, Garzón queda retratado como lo que ha sido: un juez que no creía en el Derecho y que ha aplicado la ley de forma arbitraria para conseguir fines que nada tenían que ver con la Justicia. Afortunadamente, Garzón ya ha sido expulsado de la carrera judicial, lo que resulta tranquilizador a juzgar por el contenido de esta demoledora sentencia del Supremo.

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