Caso de los EREs en Andalucía: Encarcelado Francisco Javier Guerrero, ex director de Trabajo y ‘cerebro’ de la trama

La Junta de Andalucía se ha visto salpicada por un caso de corrupción que la policía empezó a investigar en Mercasevilla y que ha revelado la concesión de jubilaciones anticipadas irregulares. El mecanismo consistía en incluir como trabajadores de empresas en dificultades a personas sin relación con ellas, de modo que pudieran beneficiarse de un fondo público creado para contribuir a la financiación de los expedientes de regulación de empleo. Hasta el momento, la operación se ha saldado con una docena de detenidos, relacionados con 39 prejubilaciones fraudulentas.

El Gobierno andaluz está dispuesto a colaborar con la justicia. El exresponsable de política local de Baeza, en Jaén, es el único dirigente socialista detenido y hay indicios contra el antiguo director general de Empleo de la Junta, Javier Guerrero. Todavía podrían aparecer otros implicados, vinculados o no a la Administración andaluza o al partido socialista. Sea cual sea la dimensión del caso, la justicia debe depurar hasta las últimas responsabilidades. Pero ni el estadio actual de la investigación ni el peso de los dirigentes bajo sospecha legitiman la estrategia que ha adoptado el Partido Popular.

Como fuerza mayoritaria de la oposición en Andalucía, corresponde al PP ejercer el control del Ejecutivo regional. En lugar de ello, ha trasladado el asunto al Congreso para utilizarlo como pantalla frente a los avances judiciales del caso Gürtel. El principal imputado en esta trama no es un cuadro local, sino el presidente de la Generalitat y máximo dirigente del PP en Valencia. Tampoco la cuantía de lo defraudado es comparable, además de que un presunto delito se refiere a enriquecimientos personales y otro se encamina hacia la financiación ilegal del PP.

Al oponer el caso de Andalucía al que les afecta en Valencia, los populares están haciendo, en el fondo, un implícito reconocimiento de culpabilidad. Sobre todo porque, a diferencia de la Junta, han decidido cargar contra la justicia en lugar de comprometerse a colaborar con ella. El mensaje que los populares están transmitiendo es que se sienten cómodos ante un panorama en el que todos los partidos, y no solo el suyo, tengan ilegalidades de las que responder. Es un mensaje peligroso, no solo porque da a entender que la fuerza política que se configura como alternativa es condescendiente con su propia corrupción e implacable con la ajena, sino también porque desprestigia la actividad política.

La política andaluza sigue enfangada en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Mientras el socialista José Antonio Griñán habla de la transparencia en la respuesta de la Junta que él preside, el líder de los populares en la comunidad, Javier Arenas, reclama un listado de dimisiones que alcanzan, incluso, al Gobierno central. Entretanto, la juez encargada del caso, Mercedes Alaya, ha imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y puede que adopte la misma decisión con otros titulares anteriores del departamento. El PP andaluz ha anunciado, además, que en los próximos días formalizará una querella contra varios responsables de la Junta en los juzgados de Sevilla.

La manera en la que se está tratando este caso ilustra mejor que cualquier otro cómo la corrupción ha llegado a formar parte del panorama político español, hasta resultar irrelevante en el voto de los ciudadanos. La desaforada respuesta de los populares andaluces, erigidos en insólitos paladines de la moralidad pública, hace que la investigación y eventual condena de una práctica corrupta sea vista por sus dirigentes como un nuevo terreno de batalla política, en el que importa menos conocer los hechos y prevenirlos que extraer todos los réditos electorales posibles. Desde la Junta, la perspectiva es exactamente la contraria, colocándose a la defensiva.

El escándalo de los ERE andaluces está enrareciendo el clima en el que debería trabajar la justicia, además de ahondar en el descrédito de la política que cunde entre los ciudadanos. Por las investigaciones desarrolladas se sabe que ha existido corrupción y que, por consiguiente, tanto los tribunales como la Junta deberán depurar las responsabilidades que correspondan, penales en un caso y políticas en el otro. Esto es lo que no acepta el Partido Popular, cuya estrategia consiste en provocar la máxima tensión anunciando querellas más propagandísticas que necesarias cuando el procedimiento judicial sigue abierto, y acorralando a la Junta con motivo o sin él.

Con los sondeos ampliamente a favor, y con un caso de corrupción que les ha estallado a los socialistas en el peor momento, los populares andaluces no necesitaban esta exhibición de malas artes políticas, sobre todo cuando, como bien saben, tienen el tejado de cristal. Tanto, que la recuperación del viejo discurso regeneracionista que el PP usó en 1993, y en el que destacó el celo de Javier Arenas, resulta ahora preocupante y sospechoso.