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La sentencia considera acreditado que el promotor Antonio Cuart entregó 50 millones de pesetas a Cañellas y a José Antonio Berastain en 1989 para la financiación ilegal del PP balear

Los tribunales absuelven al ex presidente de Baleares, Gabriel Cañellas, de cohecho por prescripción en el caso ‘Túnel de Soller’

HECHOS

El 24.07.1997 se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que absolvía a D. Gabriel Cañellas y a D. José Antonio Berastain del delito de cohecho.

UNAS OBRAS BAJO SOSPECHA

TuneldeSoller_1995 El Sr. Cañellas estaba acusado de haber recibido comisiones a las empresas adjudicatarias de las obras del Túnel de Soller, el dinero podría haberse utilizado para financiar al PP en la comunidad de Baleares. Pese a ser absuelto por prescripción, el caso le obligó a abandonar la presidencia de Baleares y también la presidencia del PP regional.

EL TRIBUNAL SUPREMO CERTIFICA LA PRESCRIPCIÓN DEL CASO:

juez_martin_pallin En el Tribunal Supremo el juez progresista D. José Antonio Martín Pallín fue el encargado de revisar la absolución a D. Gabriel Cañellas. El magistrado ratificó la absolución de los delitos por haber prescrito.

30 Junio 1997

Los peajes del túnel de Gabriel Cañellas

Andreu Manresa

«¿Es para EL PAÍS esta foto? Entonces pondré cara de corrupción o me colocaré de perfil». En mayo de f995, cuando era presidente de Baleares y del Partido Popular (PP) del archipiélago, Gabriel Cañellas aludía así las informaciones sobre sus escándalos. Dos meses después, tras haber ganado las elecciones por cuarta vez en 12 años, José María Aznar le obligó a dimitir. Un juez había documentado un episodio oscuro de las finanzas del PP, vinculado a los supuestos abusos del sistema de poder conservador: el cobro de comisiones a cambio de una concesión injusta, el túnel de peaje de Sóller. Por aquella causa, hoy el Tribunal Superior de Baleares comienza a juzgar a Cañellas y a dos de sus ex consejeros, acusados de prevaricación y cohecho. La fiscalía anticorrupción afirma que Cañellas percibió 50 millones de pesetas tras beneficiar a un amigo, el empresario del túnel, Antonio Cuart, que también se sienta en el banquillo.El ex presidente balear -que aún es diputado y dirigente del PP-, por ambos delitos de prevaricación y cohecho, afronta una petición de pena de un año de prisión, 18 de inhabilitación, multa de 100 millones y el retorno de los 50 millones cobrados. El ex consejero de Obras Públicas, Jerónimo Saiz -que controló el concurso del túnel-, puede ser condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación El tercer político imputado es e¡ ex secretario general del PP José Antonio Berastain, que fue consejero de Función Pública. Es considerado encubridor del cohecho y el fiscal pide para él cuatro meses de arresto,, tres años de inhabilitación y 50 millones de pesetas de. multa; está acusado de manejar las finanzas irregulares y de repartir las dádivas.

Antonio Cuart, abogado y financiero, es señalado como el autor de los pagos a cambio de los supuestos favores políticos. Cuart está imputado por prevaricación y cohecho, y se reclama para él una pena de un año de prisión, nueve de inhabilitación 100 millones d multa. Cuart entregó , en 1989 un cheque de 50 millones que el PP, según la acusación, dispersó en 10 nuevos talones y luego en múltiples fragmentacioñes bancarias.

La acusación particular que ejerce Izquierda Unida (IU), in crementa la solicitud de penas hasta tres años de prisión para Cañellas y dos para Cuart. La defensa dice que los hechos han prescrito y que, en todo caso, la acusación penal es indemos trable.

La fiscalía detalla que la partida de dinero recibida por el PP sirvió, supuestamente, para financiar a las organizaciones insulares y para pagar parte de las campañas electorales de 1989. El partido retribuyó a agencias de publicidad, imprentas, salas de espectáculos, organizadores de actos públicos, pastelerías, ágencias de viajes, gestores de equipos de sonido y una empresa de buzoneo. Cañellas ingresó cerca del diez por ciento de la dádiva en su fundación privada Illes Balears.

Dos políticos tránsfugas, que ayudaron al PP, figuran como beneficiarios de una parte de las comisiones. Un cuñado de un alto cargo del PP descontó un cheque. La mitad de los 100 perceptores de los talones usados en la maniobra de distracción del dinero no han sido identificados. Falta saber quién cobró un maletín con 72 millones desviados de la empresa de Cuart.

El caso Sóller es la segunda gran causa penal -tras el caso Calviá, de 1992- que atañe a la presunta trama de corrupción política del PP de Baleares. Los conservadores conquistaron la presidencia autonómica en 1983 y desde entonces la desempeñan. El sumario, iniciado en 1994 por el juez Pedro Barceló y concluido en 1997 por el magistrado Juan López Gayá, tiene 3.000 folios. La vista durará dos semanas y hay citados 60 testigos.

25 Julio 1997

Un delito demostrado

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares lo ha dicho claro: Gabriel Cañellas, ex presidente del Gobierno de Baleares, es autor criminal responsable de un delito de cohecho por aceptar una comisión de 50 millones de pesetas del empresario Antonio Cuart a cambio de la concesión de las obras del túnel. La sentencia confirma además que el ex gerente del PP José Antonio Berastáin es encubridor de este delito. Aunque el tribunal absuelve finalmente a Cañellas y al resto de los, acusados por el caso del túnel del Soller, debido a que el delito ha prescrito, la sentencia establece su culpabilidad, que en términos políticos significa que el PP recurrió también a donativos ilegales para financiarse.El propio Cañellas ha confundido la gimnasia con la magnesia al afirmar que su honor no ha quedado en entredicho. Por el contrario, es lo único que la sentencia pone en cuestión, puesto que considera probado el delito de cohecho, aunque el tiempo transcurrido le impide actuar contra el patrimonio o la libertad de los acusados. Si han resultado absueltos no es por inexistencia de delito, sino porque éste ha prescrito al haberse superado con creces los cinco años que establece el nuevo Código Penal. No cabe, pues, que el ex presidente de Baleares o su partido se vanaglorien de la sentencia, salvo en el sentido de que al primero le ha evitado ir a la cárcel.

Hace tiempo que resultan poco creíbles los intentos de los partidos políticos para desligarse de la corrupción. atribuyendo a grupos localizados de militantes la iniciativa delictiva de «pasar el platillo», por utilizar la chusca expresión del delegado del Gobierno en la Zona Franca de Barcelona, el popular Enrique Lacalle, autoinvolucrado en el caso de las aportaciones financieras de Javier de la Rosa a su partido. Dicho lo cual, también hay que reconocer que la escasa eficacia de los tribunales para tratar los casos de financiación fraudulenta de los partidos está produciendo en la opinión pública un cierto desánimo. Si en el caso Filesa -la red de recaudación fraudulenta del PSOE- el número de acusados se ha reducido de forma sustancial y se ha extendido la fundada sospecha de que la instrucción del caso ha sido insuficiente, la absolución de Cañellas y de todos los acusados es otra decepción que viene a sumarse a una lista importante de fracasos. Las dificultades de la justicia para castigar a los autores de este tipo de delitos incita a una reflexión seria.

Aunque la decisión judicial pueda resultar frustrante para quienes defienden que los partidos tienen los medios suficientes para financiarse dentro de la ley, lo cierto es que la sentencia supone un golpe moral y político para los acusados. Después de la sentencia del caso Sóllerresulta evidente que la financiación mediante comisiones ilegales y cohechos no es una práctica aislada. Más bien parece una actitud extendida y que puede ser extremadamente peligrosa para la transparencia democrática. La clave principal es que los partidos cumplan a rajatabla las leyes que ellos mismos han aprobado, y que, en el caso de que se deba investigar un nuevo asunto de financiación ilegal, el Estado y el sistema judicial agilicen los trámites para que el delito no se escape entre las rendijas de las normas.

25 Julio 1997

Cañellas debe irse

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó ayer una sentencia absolutoria para los cuatro imputados en el caso Sóller, entre los cuales destaca Gabriel Cañellas, presidente durante 12 años de la Comunidad Balear.

A juicio del Tribunal no se ha podido probar, a pesar de los múltiples indicios y sospechosas casualidades, que la concesión de la obra del túnel de Sóller a un socio del propio Cañellas, fuera decidida de forma irregular. Cañellas ha sido absuelto del delito de prevaricación.

Sin embargo, sí que se ha considerado probado que fue autor criminal de un delito- aunque prescrito- de «cohecho impropio» al aceptar 50 millones de pesetas de Cuart para el PP y bolsillos particulares. El Tribunal abunda en que el PP no registró además ese ingreso en su contabilidad. Por ese motivo Cañellas, es considerado autor criminal del cohecho. Sólo el plazo prescriptorio para este delito fijado en el Código Penal le ha salvado de no tener que responder a las sanciones previstas.

El comportamiento del ex presidente balear no es admisible ni ética ni socialmente. El PP debe obrar en consecuencia y pedirle su dimisión como diputado autonómico y como dirigente regional. Su actuación le hace incompatible con la permanencia en la política.

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