Encarcelado el coronel Carlos De Meer de Ribera por mantener trapicheos con el dictador de Libia, Gadafi, y la ultraderecha

La detención del coronel Meer de Ribera y su anuncio con campanillas, utilizando incluso al portavoz del Gobierno en día de Consejo de Ministros, precisamente en plena precampaña electoral, trae irremisiblemente a la memoria los primeros días de octubre de 1982 cuando el agonizante Gobierno de UCD anunció la detención de dos militares por su participación en un presunto golpe de Estado conocido desde entonces como el del 27-O.

Los servicios de información – y hoy el CESID no debe apuntarse en exclusiva la operación Meer-Gadafi – conocían de sobra los movimientos del coronel hoy detenido y sus tendencias ultraderechistas. Era, por lo tanto, un hombre vigilado por las áreas de involución.

Sólo caben dos hipótesis: O bien el Gobierno a través de los servicios de inteligencia, conocía los hechos desde hace tiempo, o bien no ha tenido noticias hasta ahora.

En el primer caos cabe preguntarse por qué no se da la noticia hasta hoy, a un mes escasos de las elecciones. En medios militares se comentaba ayer que los socialistas querían contar este año con el voto del miedo.

Pero en el caso de que el Gobierno no supiese nada es casi peor. Conociendo las actividades pasadas de Meer de Ribera y siendo un hombre vigilado por los servicios secretos, cómo no se detecto su salida de España, con un control de pasaporte, por ejemplo.  Y si los servicios secretos lo detectaron ¿por qué no lo comunicaron al Gobierno hasta pasados varios meses?

Con motivo del 27-O, el hoy vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, exigió las listas del resto de militares implicados. ¿Quién exigirá hoy que se investigue si hay más militares implicados o no los hay?

Hace escasamente una semana otro coronel, de conocida adscripción a los sectores ultraconservadores del Ejército, Luis Cabanas, solicitó rápidamente el pase a la reserva por que no fue ascendido. Cabanas es amigo personal de Meer de Ribera, detenido hoy.

Y por último, se detiene al coronel de Caballería, según las primeras noticias, por una falta militar: abandono de destino. Es decir, que se fue al extranjero sin permiso. Por eso no se encarcela e incomunica a nadie.

El cúmulo de incógnitas que aparecen tras la detención del coronel Meer de Ribera va a tener que ser explicado minuciosamente por el Gobierno. Por qué hace pocos meses se aseguraba tajantemente que no había ruido de sabes, cuando la revista CAMBIO16 denunció una nueva trama golpista. ¿Hay o no hay ruido de sables?

Fernando Reinlein

LA DESARTICULACIÓN de los manejos tejidos por el coronel de Caballería Carlos Meer de Ribera y el consejero de asuntos culturales libio en Madrid figurarían en la historia de las conspiraciones de opereta. Pero ni la personalidad del militar en activo de las Fuerzas Armadas españolas ni la posición del país mediterráneo en la esfera internacional merecen despachar el asunto por los registros de la ironía o la frivolidad.La biografía de Carlos Meer de Ribera conduce al juicio de que no ha sido un decidido defensor del sistema democrático y pluralista, sino que más bien se ha aprovechado de las facilidades que concede el régimen político de libertades para acosarlo y, probablemente, intentar su derrocamiento. La información oficial disponible asegura que la investigación realizada «confirma que se trata de actuaciones personales del coronel Meer vinculadas a actividades de la extrema derecha». Según otras fuentes, los contactos del militar español y de al menos otros dos conocidos dirigentes del sindicato ultraderechista Fuerza Nacional del Trabajo -vinculado a Fuerza Nueva- se celebraron en el extranjero y con líderes libios con vistas a lograr del Gobierno de Muammar el Gaddafi fondos para la creación de un partido que, entre otros fines a cumplir, alentaría la ausencia de relaciones diplomáticas con Israel y la no pertenencia española a la Alianza Atlántica. Todo ello bajo la filosofía de una España opuesta a Europa y con vocación africanista o tercermundista.

La tosquedad de estos planteamientos se corresponde con la no menos descabellada pretensión que en el pasado ha tenido el Gobierno libio de influir en la desestabilización política española financiando empeños de la extrema izquierda o la extrema derecha española, paralelamente al amparo que ha prestado a grupos terroristas de todo signo, con actuación en España o fuera de ella. El Gobierno, al tanto de esta repetida actuación, reconoce haber tenido noticia de la nueva operación desde el pasado mes de enero, pero asegura no haber poseído pruebas fehacientes hasta hace unos días.

Los datos ahora revelados sobre las relaciones entre el militar español y Muammar el Gaddafi procuran nueva luz tanto sobre la naturaleza de la extrema derecha de este país, nada escrupulosa para buscar alianzas en cualquier parte, como sobre la misma. naturaleza del régimen libio, muy equivalente en su comportamiento político. Y no deja de ser paradójico que un cualificado militante de la extrema derecha, que se ha hartado de proclamar que nuestro país es continuamente víctima de una conjura extranjera, no dude -a la hora de buscar auxilio a sus propósitos- en recabar apoyo de quien es considerado paradigma de la subversión izquierdista mundial y probado fiador de grupos terroristas.

El episodio que se ha empezado a saldar con esta detejición, y que no puede considerarse policialmente cerrado, posee, sin embargo, todos los caracteres, según la apreciación oficial, de un inal ensayo conspiratorio en manos de un puñado de visionarios. Tanto por la categoría de los implicados como por su número y la debilidad de su apoyo, el asunto no ha parecido producir ninguna inquietud gubernamental. Pese al própósito desestabilizador de este grupúsculo, la flaqueza y sinrazón de su intento no afecta en nada a la normalidad democrática interior. Otra cosa, sin embargo, es el posible daño que se produzca para la imagen española en la escena internacional, donde no siempre es fácil entender las proporciones de la nueva realidad de nuestro país tras 40 años de dictadura. Ciertamente, el episodio pone de relieve la continuidad, más o menos activa, de una trama civil que no fue suficientemente investigada tras el golpe del 23-F. Pero indica a la vez la absoluta impotencia de esos residuos para influir sobre la sociedad española, y en particular sobre sus Fuerzas Armadas.

Finalmente, no pocas posiciones que orillan sus voces en las proximidades políticas del coronel Meer encontrarán en este asunto una buena excusa para acusar de debilidad al Gobierno socialista en sus relaciones con Libia y de no haber sabido mantener una posición coherente en el reciente bombardeo norteamericano sobre Trípoli y Bengasi. Pero, precisamente, lejos de constituir una contradicción o tener el perfil de una ligereza, la actitud del Gobierno español ante el bombardeo de la fuerza aérea de EE UU representa un claro ejemplo de los valores formales y sustantivos del.régimen democrático, tanto en el orden doméstico como en el ámbito de las relaciones internacionales. La fuerza de la razón no puede estar nunca emparejada con el uso de la violencia, ni tampoco con el.de la trampa. La investigación que el Gobi erno socialista tenía en curso cuando unilateralmente el presidente Reagan decretó la acción bélica sobre Libia no le facultaba para sumarse al coro de los aplausos de una iniciativa que llevaba la guerra a las puertas de la casa de Europa. Precisamente, al terrorismo del visionario Gaddafi se le combate efectivamente con desenmascaramientos como los realizados por el Gobierno de Felipe González.

LA ADMINISTRACIÓN norteamericana ha alabado la decisión española de expulsar de nuestro país a varios diplomáticos libios y denunciar públicamente las conexiones entre el régimen de Muaminar el Gaddafi y grupos terroristas o desestabilizadores, insinuando incluso la posibilidad de que esa actitud, interpretada como favorable a las posiciones de Ronald Reagan respecto a Libia, fuera a traducirse de inmediato en la ruptura formal de relaciones diplomáticas de España con el país norteafricano. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español han desmentido esa última hipótesis.La posibilidad de que esa ruptura pueda producirse es, con todo, digna de ser tomada en consideración. La expulsión ayer de Trípoli de 36 diplomáticos de la Co munidad Europea, dos de ellos españoles, es un nuevo paso en la escalada de reproches entre los dos países. No parece normal, en efecto, que en nada afecte a las relaciones entre dos Estados soberanos el hecho de que uno de ellos se dedique a alentar _y probablemente financiar_ conspiraciones orientadas a acabar con el régimen democrático existente en el otro. Sin embargo, dista de ser evidente que la ruptura unilateral de relaciones de España con Libia fuera, en el momento actual, la medida más eficaz desde el punto de vista de los intereses nacionales, y es dudoso que lo fuera desde la perspectiva de contribuir a evitar un aumento de la tensión _y de los evidentes riesgos de conflicto bélico_ en el área mediterránea. Tal consideración nada tiene que ver con la condena que, tanto desde el punto de vista del derecho internacional como de la defensa de los valores democráticos en general, merece la actitud del régimen de Gaddafi. Sólo la ingenuidad o la falta de perspectiva histórica explica la sorpresa con que en determinados medios de nuestro país han sido acogidas las revelaciones sobre la generosa laxitud con que el iluminado líder compaginaba el amparo a terroristas de extrema izquierda con la simpatía hacia aventuras conspirativas de la ultraderecha. Ambas manifestaciones como hemos tenido sobrada ocasión de comprobar en nuestro país en los últimos años, se complementan perfectamente en el común objetivo desestabilizador, y, por ello, nada más coherente, dentro de la peculiar lógica que preside las actuaciones del régimen libio, que apoyar ambas indistintamente. Ahora bien, de la necesidad de adoptar medidas contra esas actuaciones no se deduce automáticamente que cualquier medida, siempre que contribuya al aislamiento de Gaddafi, pueda considerarse acertada. El bombardeo norteamericano de Trípoli y Bengasi, que provocó decenas de víctimas civiles y suscitó la indignación de todo el mundo árabe, pero también de la mayoría de los países europeos, es un ejemplo de medida posible_ y, algunos la considerarán eficaz en un cierto sentido inmediato_ y, sin embargo, totalmente desacertada.

En el actual escenario internacional, minado por el entrecruzamiento de intereses hegemánicos de las grandes potencias, la prudencia por parte de los países como España y la CEE en su conjunto es más que recomendable a la hora de arriesgar iniciativas individuales que, por justificadas que estén en un sentido general, pueden servir para alimentar una escalada de consecuencias imprevisibles y sobre la que carecerían de cualquier posibilidad de control. Mientras se mantenga el riesgo de un conflicto bélico en el Mediterráneo _e ignorar que ese peligro existe revelaría un optimismo tan ciego como el del avestruz_, Europa occidental está obligada a aprovechar los resquicios de autonomía que, pese a todo, conserva para tratar de encontrar una vía de acuerdo con el mundo árabe que actúe como efecto disuasor de la escalada. Una ruptura unilateral de relaciones con Libia tendría probablemente un alto coste económico para nuestro país (la deuda libia con España supera actualmente los 10.000 millones de pesetas) y difícilmente contribuiría a afianzar esa autonomía europea de la que en importante medida depende la paz en el Mediterráneo. Por lo demás, la idea según la cual Estados Unidos estaría sacrificándose, asumiendo la responsabilidad de plantar cara en solitario al terrorismo para compensar el egoísmo de Europa, cuya superior dependencia energética del mundo árabe le llevaría a renunciar a la batalla, revela, ante todo, cierta hipocresía. Todavía hoy, grandes compañías norteamericanas llegadas a Libia en los años del rey Idriss Senusi (Conoco, Marathon Oil, Occidental Petroleuni y otras) siguen extrayendo y comercíalizando una parte sustancial del petróleo del que Gaddafi obtiene sus divisas y con las que eventualmente financia a los que urden tramas involucionistas. España tiene derecho a adoptar, en el ejercicio de su soberanía, medidas diplomáticas contra Libia. Pero adelantarse a tomar la más grave que en ese terreno contemplan los usos internacionales, la ruptura formal de relaciones, dificultaría, más que favorecería, la posibilidad de un acuerdo global entre Europa y el mundo árabe, muchos de cuyos componentes están interesados en neutralizar a Gaddafi, sin que por ello tengan que aprobar acciones de tipo militar contra su régimen. La ruptura unilateral no sería, pues, en las actuales circunstancias, una medida inteligente, sino más bien imprudente.

LA ABSOLUCIÓN por un consejo de guerra del coronel de Caballería Carlos de Meer ha venido a culminar una serie de actuaciones judiciales que han dejado en mala situación al Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y al propio Gobierno. Los tribunales no han encontrado pruebas suficientes contra este militar de extrema derecha, acusado de golpismo por los servicios de información de la defensa.Esta historia puede tener su segunda edición en el caso del capitán de la Guardia Civil Gil Sánchez Valiente, que ha regresado a España tras su huida al extranjero al día siguiente del intento golpista de febrero de 1981. Tras su equívoca actuación en el Congreso de los Diputados en la noche del 23-17 y su fuga inmediatamente posterior con un maletín en el que se suponían ocultos los secretos de la intentona, la autoridad judicial militar estimó que sólo había indicios de un delito de abandono de destino y residencia. No obstante, su vuelta a España hace inevitable que se le pregunte a este antiguo hombre de los Grupos Operativos de los Servicios Secretos de Información (GOSSI) -que protagonizaron la guerra sucia contra los demócratas en los últimos años de Franco y en la transición política- sobre el papel exacto que desempeñó en el golpe de Estado del 23-F, pues él mismo ha descrito ese papel como de enlace entre los golpistas que estaban dentro del Congreso y los que estaban fuera. La justicia militar u ordinaria están obligadas a investigar estas cosas antes de dejar todo reducido a un simple abandono de destino.

En el caso del coronel De Meer, lo que fue presentado como una conspiración de elementos de la extrema derecha en connivencia con Libia contra el sistema democrático español ha quedado todo finalmente en un abandono de residencia. Con anterioridad, un juzgado de la Audiencia Nacional había archivado las diligencias abiertas por presunto delito de conspiración para la rebelión militar. Situado el tema en ese nivel, a los españoles ya les era indiferente que el viaje de De Meer a Libia en enero de 1986 para visitar a Gaddafi hubiera durado un mes, un año o los cinco días que el Código Penal Militar establece como límite para que la ausencia de un militar de su domicilio sin el debido permiso no constituya delito.

Ante el consejo de guerra que le ha absuelto, el coronel De Meer ha tenido ocasión de calificar su detención y encausamiento como un caso de «linchamiento moral» y se ha presentado como «víctima de una maquinación». También Gil Sánchez Valiente declaraba en 1982 que no había en España ninguna autoridad legitimada para juzgarle y que, en todo caso, quien debía constituirse en juzgador era él. Uno y otro pretenden ignorar con estas manifestaciones las facilidades que para sus actuaciones les otorga el sistema democrático y que son impensables en un sistema político como el que públicamente ellos propugnan.

Es obligación de la policía y de los servicios de seguridad del Estado, a todos los niveles, trabajar en la búsqueda de evidencias y pruebas en las que basamentar las acusaciones que se hacen contra los sospechosos. El coronel De Meer, que ocupó cargos de gobernación con el franquismo, conoce bien que durante el régimen que él amó esto no era esencial. Una declaración arrancada o inventada en comisaría fue suficiente para enviar a miles de españoles a la cárcel, al exilio o incluso al paredón. Hoy las leyes de la democracia protegen por igual a los demócratas que a quienes no lo son. Ése es el triunfo de la libertad y la miseria de quienes conspiran contra ella.