Encarcelado el sindicalista de la policía Manuel Novás Caamaño acusado de corrupción por sus propios compañeros

La última escena de la tragicomedia nacional se produjo ayer por la tarde cuando funcionarios nacional de la Policía procedieron a la detención, por una presunta malversación de fondos, del presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP). Al parecer Manuel Novás ha distraído unos catorce millones de pesetas de los fondos del propio sindicato.

Parece que estoy viendo Brigada 21, la película que el pasado viernes nos ofrecía José Luis Balbin en La Clave para prologar un debate sobre las policías en el que participó el propio Novás. La diferencia radica en que Kirk Douglas, al que el guionista del filme tuvo que convertir en difunto para salvar la dignidad del cuerpo, es muchísimo más guapo que el inspector detenido.

¿Qué es, de verdad, lo que nos pasa? Algún raro virus opera entre nosotros para que, de la noche a la mañana, a los policías les dé (presuntamente) por llevarse la caja, a los diplomáticos (también presuntamente) por evadir a Suiza y a todos los demás (en menor grado de presunción) por olvidar valores entendidos como fundamentales en nuestras tradiciones culturales y morales.

Es, dicen algunos, el síndrome de la desconfianza; pero no vale la explicación, porque aquí, en profundidad, nunca ha habido razones para desconfiar.

Es, afirman otros, la corrupción heredada. Tampoco es eso. La corrupción forma parte de la historia de España y ya estaba presente en los mecanismos que condujeron a Isabel a casarse con Fernando. Que se lo pregunten al príncipe de Viana.

Es, señalan los más displicentes, una astucia electoral de los socialistas para distraer la atención de otras cuestiones más graves. De ser así, estamos en un caso claro de sobredosis. No nos entretienen, nos anonadan

UN PRINCIPIO básico de nuestro ordenamiento democrático es el derecho de los ciudadanos a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales. La Constitución garantiza a todas las personas acusadas de comportamientos delictivos un amplio conjunto de derechos. Sin embargo, ese catálogo de garantías procesales resulta infringido en la práctica, con frecuencia, por actuaciones policiales que aplican a los detenidos medidas intimidatorias. Para que la sordera y la ceguera de algunos bien pensantes ante esa situación de deterioro quedaran curadas ha sido preciso que algunas personas de elevada posición social, un prestigioso catedrático y un inspector de policía padecieran irregularidades de ese género en dependencias gubernativas en las últimas semanas. Ahora bien, hay que exigir la extensión de esa alarma a todos los casos en los que la prepotencia o la arbitrariedad policial se ceba en los ciudadanos.En este marco es preciso llamar la atención sobre algunas irregularidades procesales producidas en las últimas semanas, al margen la culpabilidad o inocencia de los acusados en ellos implicadas. Ya fue notable que Manuel Novás fuera detenido por sus compañeros del Sindicato Profesional de Policía (SPP), apartados del servicio activo por sus cargos profesionales, en vez de ser denunciado ante el juzgado de guardia por presunta apropiación indebida. Ya fue sorprendente que Televisión Española fuera convocada para recoger en imágenes la estampa del dirigente policial esposado. Ya fue casual que esa aparición en la pequeña pantalla se produjera pocos días después de que Manuel Novás hubiese criticado, también en televisión, la política del Ministerio del Interior. Ya fue escandaloso que un policía detenido por sus compañeros no contara desde el primer momento con la asistencia letrada que la ley establece. Pero además resulta incomprensible que las autoridades expresen su protesta porque el magistrado Joaquín Navarro, juez de guardia durante ese día, se personara en la Dirección General de Seguridad, acompañado del fiscal y de un agente judicial, para hacerse cargo del detenido y del atestado.

El artículo 286 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que se remonta a 1882, establece que «cuando el juez de instrucción o el municipal se presentaren a formar el sumario, cesarán las diligencias de prevención que estuviera practicando cualquier autoridad o agente de policía, debiendo éstos entregarlas en el acto a dicho juez, así como los efectos relativos al delito que se hubiesen recogido, y poniendo a su disposición a los detenidos, si los hubiese». El argumento de que Joaquín Navarro no era juez de guardia «de detenidos» sino «de incidencias» ese día se vuelve contra quienes lo esgrimen, ya que las actuaciones del hábeas corpus corresponden precisamente al juez de incidencias. Las eventuales responsabilidades penales de Manuel Novás, insistimos, nada tienen que ver con el caso. Y tampoco la posterior decisión del juez Navarro al poner en libertad al detenido guarda relación con su impecable actuación anterior.

De otra parte, los señuelos utilizados por la Brigada de Delitos Monetarios para atraer a sus locales a Eduardo García de Enterría, citado como abogado de Francisco Palazón y sometido luego a interrogatorio como presunto implicado en una evasión de capitales, y a Amparo Lorenzo-Velázquez, su esposa, fueron una manipulación del derecho de asistencia letrada al detenido. La posterior exigencia policial de que el abogado del matrimonio García de Enterría les asistiera corno testigo mudo en la formalización de las declaraciones vacía de contenido a esa garantía constitucional. Las intimidaciones para obligar a Amparo Lorenzo-Velázquez a prestar declaración conculcan abiertamente el derecho de los detenidos a guardar silencio. El Ministerio del Interior no sólo tiene que hacer cumplir las leyes a los ciudadanos. También debe cumplirlas. Y he aquí algunos preceptos, conculcados en este caso, de la ley Orgánica de 12 de diciembre de 1983: la detención debe practicarse «en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio»; toda persona detenida tiene «derecho a guardar silencio no declarando si no quiere» o a manifestar que «sólo declarará ante el juez»; todo detenido tiene «derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración».

Nuevamente no hemos de pronunciarnos sobre el fondo de la cuestión en asuntos que están en manos del juez, sino sobre irregularidades procesales que disminuyen las garantías constitucionales de los detenidos. La destacada personalidad de Eduardo García de Enterría explica que el atropello del que fue víctima diera lugar a una dura nota de protesta de la junta de gobierno del Colegio de Abogados y a que el Defensor del Pueblo abriera una investigación sobre los hechos. La reacción defensiva del Ministerio del Interior, una nota de la Dirección General de Policía y una escandalosa falsedad informativa de Televisión Española obligaron a la junta de gobierno del Colegio de Abogados a una segunda réplica. Pero hay que decir que esa misma junta ha perdido muchas veces la ocasión de protestar ante la burla de los derechos de los detenidos -burla que en algunos casos incluye la tortura-, y que no es justo que la corporación sólo responda cuando un miembro prominente de ella es afectado.

Hay ejemplos de que no se trata sólo de que los funcionarios de la Brigada de Delitos Monetarios deban rendir cuentas por sus eventuales infracciones de la legalidad constitucional en la detención de García de Enterría. Algunos recientes testimonios de lectores de EL PAÍS, cuya valentía y honestidad son dignas de encomio, han explicado, por ejemplo, cómo el actual jefe de la lucha antiterrorista practicaba hace menos de 10 años Métodos salvajes de interrogatorio contra demócratas y sindicalistas. Tal vez al ministro Barrionuevo y a sus ases,ores jurídicos no les importe que uno de los vértices de la organización policial del Gobierno socialista presente tan ominoso historial profesional. Al fin y al cabo, dirán, la amnistía de 1977 ampara no sólo a los actuales ministros del Gobierno, visitantes habituales de las comisarías en los tiempos en que Martínez Torres campaha por sus respetos en los interrogatorios, sino también al señor comisario jefe de la Comisaría General de Inforrriación. Pero es dificil acallar la protesta ante el hecho de que José Barrionuevo elija como hombres de confianza a quienes hicieron su carrera apaleando detenidos que, con su lucha y con su sacrificio, le permiten ahora poner en sus tarjetas el calificativo de ministro.

Ejemplos todos ellos de que la inseguridad ciudadana no es sólo una cuestión de marginados y carteristas y de que procede en ocasiones también de una deficiente organización policial, una conculcación de la ley por determinados policías. y unos criterios morales y políticos de selección del personal que son difíciles de compartir.

La policía española perdió ayer a su hasta ahora único líder, al decretar el juez José Luis Barragán, uno de los más jóvenes y prestigiados magistrados de este país, la prisión incondicional de Manuel Novás por considerarle autor de un delito de apropiación indebida de 14 millones de pesetas. La meteórica carrera de Novás, un hombre con aspiraciones de liderazgo, ha quedado truncada, y la imagen de la policía, últimamente salpicada de continuos escándalos, deteriorada.Novás, a sus 32 años, se había convertido en menos de dos en el hombre reivindicativo de los policías españoles, en una de las pocas voces que exigían en público al Ministerio del Interior que acelerara sus proyectos de cambio en la policía y desvinculara a los colectivos policiales de cualquier control militar. Inspector de segunda, Manuel Novás, pontevedrés, tuvo siempre un poder especial: representar, al menos, al 75% de los 8.500 funcionarios policiales.

La detención de Novás, salpicada de factores aún no aclarados, ha dividido a la policía, ya de por sí dividida, no sólo por cuestiones de tipo sindical, sino por aspectos profesionales. El sindicalismo policial, que empezó a funcionar como tal con Rodolfo Martín Villa, en su época de ministro del Interior, camuflado en una especie de asociacionismo corporativo, ha recibido un golpe del que, según la mayoría de los policías consultados, tardará en recuperarse.

La lectura política del caso Novás, al margen de su supuesto delito, sigue siendo confusa. Las propias contradicciones de las dos partes en litigio en este caso así lo demuestran: tanto Novás como quienes le detuvieron niegan haber sido los convocantes de las cámaras de TVE que filmaron la detención del pasado 18 de febrero, y nadie ha explicado aún cómo se detiene a una persona a la que horas antes se ha permitido, desde su propio sindicato, defender en el programa La clave, ante una elevada audiencia de españoles, sus proyectos de reforma policial.

Diez años de experiencia

Novás, un policía con sólo 10 años de experiencia profesional, destinado en la comisaría del aeropuerto de Barajas, sin grandes medallas y cruces ni historial espectacular, había ganado credibilidad en los últimos años, pese a que sus comienzos en el sindicalismo estaban rodeados de cierta artificiafidad. En la policía se ha hablado estos días de golpe de Estado dentro del colectivo o de montaje para frenar a un hombre que, con unos comienzos conservadores y hasta reaccionarios, estaba aproximándose hacia posiciones más democráticas y acordes con el sindicalismo policial de corte europeo.

Con la detención de Novás y su posterior ingreso en prisión, el sindicalismo policial, con tres colectivos distanciados entre sí en el Cuerpo Superior y otros tantos en la Policía Nacional, entra en una fase de recomposición, «lenta», según todas las partes afectadas. Es previsible que el Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario, cambie de estrategia, como también lo es que el Ministerio del Interior, prácticamente desmantelada la Unión Sindical de Policía, de Modesto García, otro reivindicativo, ceda en su negativa a dialogar y vuelva a tener en consideración la voz, ahora apagada, de los sindicatos.