Escándalo Abu Ghraib: la CBS desvela que sus soldados en Estados Unidos vejaron y torturaron a presos iraquíes encarcelados en esa prisión

El escándalo de las torturas a presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib tiene como protagonistas a tres mujeres y cuatro hombres que son un ejemplo de la América profunda. El miércoles comenzará en el Centro de Convenciones de Bagdad el primer consejo de guerra contra uno de los siete miembros de la compañía 372 de la Policía Militar implicados. Ayer se anunció el procesamiento de otros dos militares, los sargentos Javal Davis, de 26 años, e Ivan L. ChipFrederick II. Los abogados de los acusados aseguran que recibieron órdenes y fueron víctimas de la presión de los servicios de inteligencia. El escándalo está poniendo en evidencia que ser soldado en Estados Unidos es, en la mayoría de los casos, la última opción que tiene la gente poco preparada y de bajo nivel educativo para asegurarse un porvenir.

EL FOTÓGRAFO

Jeremy Sivits, de 24 años de edad, mecánico, será el primero en pasar por el consejo de guerra. Es el que inmortalizó las imágenes que están dando la vuelta al mundo y por ellas está acusado de conspiración con los torturadores y de negligencia a la hora de proteger a los detenidos. En la ciudad de Hyndman, en el condado de Bedford (Pensilvania), no pueden creérselo y dicen que si lo hizo fue porque fue sometido a una fuerte presión por parte de sus mandos. Sivits nunca causó problemas, dicen sus amigos, y destacan que formó parte del consejo de estudiantes de su instituto. El alcalde de la ciudad, Thomas Cunningham, veterano de guerra, lamenta que sólo se esté involucrando a reservistas en este escándalo, a los «muchachos». Su padre, Daniel, afirma en este sentido que si está metido en este lío es porque le dieron órdenes para fotografiar los abusos.

LA PISTOLERA

Al estadounidense medio no le extraña que Lynndie England, de 21 años y embarazada de cinco meses, sea de Fort Ashbiy, en West Virginia, un Estado con reputación de tener gente poco lista. Era una antigua empleada en una planta de tratamiento de carne de pollo y en la cárcel de Abu Ghraib era la responsable de tomar las huellas dactilares de los detenidos. De ahí pasó a ser la gran protagonista mediática del escándalo de las torturas.

Sus manos haciendo de pistolas y apuntando sin dejar de sonreír hacia los genitales de los presos han roto todas las reglas del mundo musulmán. En enero llamó a su madre, Terrie, para contarle que algo terrible había sucedido. Le quedaban cuatro meses para salir del avispero iraquí y entonces ya sabía que su juego de fantasía erótica le iba a acarrear serios problemas. Sus familiares y amigos niegan la evidencia y no aceptan su culpabilidad. «No es nuestra Lyn», dicen, y arremeten directamente contra el Gobierno federal por estar dando la espalda a su «pequeña criminal de guerra».

EL NOVIO

Charles Graner, de 35 años de edad y divorciado, es de Uniontown. Antes de alistarse en la Army era funcionario de prisiones en Pensilvania. Es el novio y padre del hijo que espera Lyn England. Garner posee un historial muy violento. Su ex mujer le denunció en varias ocasiones ante la policía por maltratos. Llegó a amenazarla de muerte con una pistola. Ella dijo que no quería verlo cerca porque le tenía miedo. Una noche la sacó de la cama de los pelos y la tiró después por las escaleras. Incluso colocó una cámara oculta en casa para espiarla. Los abogados de Charles Garner dicen que actuó en Abu Ghraib bajó la órdenes de los servicios secretos.

EL JEFE

Ivan Frederick, de 37 años, era el sargento de la unidad. Al igual que Garner, fue funcionario de prisiones y por ello debía saber cómo gestionar la situación. Se le acusa de haber forzado a los presos iraquíes a adoptar las posturas sexuales y de pegar con fuerza a uno de ellos hasta casi causarle la muerte. Frederick mandó cartas y mensajes electrónicos antes de ser acusado de tortura explicando que oficiales de la CIA y del servicio de seguridad privado eran las «fuerzas que dominaban» dentro de la cárcel. Además, afirma que les instruyeron para tratar a los presos de esa manera y que los mandos le felicitaron por los resultados.

LA CRIMINÓLOGA

Sabrina Harman, de 26 años, es originaria de Alexandria, en el Estado de Virginia. La reservista trabajaba antes de ir a Irak como adjunta a la responsable en una pizzería. Creció en un entorno en el que los crímenes formaban parte del día a día. Su padre era detective de homicidios y solía llevar a casa las fotos de las autopsias y de las escenas de los crímenes. Soñaba con seguir sus pasos tras su experiencia en la Policía Militar. Pero se ha convertido en una de los siete protagonistas que se deleitaron con las pirámides de hombres desnudos en la cárcel de Abu Ghraib. Harman está acusada de tomar fotografías, de ser la autora del vídeo cuya existencia fue desvelada por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ante el Congreso, de saltar sobre los prisioneros y de decirles que se electrocutarían si se caían de las cajas en las que estaban obligados a permanecer sin moverse. Su madre, Robin, dice que tomó las fotos para tener evidencias de las torturas.

LOS DESCONOCIDOS

De Javal Davis, sargento de 26 años de edad, originario de Maryland, se saben pocos detalles de su vida fuera de la cárcel de Abu Ghraib. Está acusado de pegar a los presos y era consciente de que estaba haciendo cosas de «dudosa moralidad». Y, como los otros compañeros, dice que recibieron órdenes. Megan Ambuhl es la tercera mujer acusada por las torturas, también de Maryland.

Hay un octavo nombre en la lista, el del comandante de la unidad Donald Reese, de 39 años de edad y original de New Stanton. Reese no está acusado de nada, de momento, aunque fue relegado de su puesto.

¡Cuántas cosas hemos aprendido estos días! Nombres extraños: Abu Ghraib (la cárcel de la infamia), Lynndie England (la muchacha con cara de niña, cigarro en la boca y soga en la mano que lleva como perros a prisioneros desnudos), Seymour Hersh (el periodista que está abriéndonos los ojos desde las páginas de The New Yorker.Convenios y acuerdos internacionales: los de Ginebra (cuatro nada menos desde 1949) que regulan el trato que se debe dar a los prisioneros; el de Nueva York, en 1984, contra la tortura y tratos inhumanos y degradantes. Excusas: son unos pocos casos excepcionales, falló la cadena de mando, recibirán un castigo ejemplar. Revelaciones que echaban por tierra esas excusas: los hechos habían sido denunciados hace tiempo; no era que a los carceleros les había dado un calentón, tenían instrucciones de ablandar a los prisioneros.

No hemos tenido tiempo de aburrirnos. A la foto repugnante de un día, le seguía otra peor. Al escándalo de la CBS le sigue el del mundo entero, y por fin el del mismísimo Rumsfeld (que ya se sabe que pertenece a otro mundo). Y al día siguiente llega Aznar a Washington con la esponja de lavar la cara: «Es un error que la democracia puede corregir».

Y en éstas, con todos mira que te mira para otro lado, perplejos ante lo que hacen esos malos que quieren pasar por buenos, contentos de que quede en vergüenza la soberbia de quienes han ido a evangelizar infieles con la democracia occidental, asoma Mertxe Agúndez -que hace de Ararteko aunque no lo es porque el Parlamento Vasco, mezquinamente, le ha dado el curro pero no la confianza-, y nos espeta a cuantos mirábamos escandalizados las barbaridades que hacen por ahí, que nosotros, aquí, en esta comunidad vasca que presume de niveles europeos, tenemos cárceles de «tercer mundo»: hacinadas, sin presupuesto para la calefacción, con la enfermería hecha un desastre, con extranjeros, mujeres y pobres pagando el pato de serlo, en condiciones, en una palabra, indignas de una sociedad moderna y progresista.

Pues ya lo ha dicho, y como Agúndez no escribe en el New York Times ni habla en la Asamblea General de la ONU, como si no lo hubiera dicho. 48 horas después no he captado eco alguno. ¿Será que ya lo sabía todo el mundo y no le ha extrañado a nadie? ¿Que la Ararteko en funciones es una exagerada y se le oye como quien oye llover? ¿Que nos ha causado tal impacto que nos ha dejado a todos sin palabra?

También puede ser que después de oír lo que nos cuentan de otros sitios, lo de aquí nos parece peccata minuta. Pero no lo es.Es también una vergüenza.

Las denuncias de torturas contra la Administración de Bush han vuelto a coincidir con un acto atroz, fotografiado para ser difundido: el degollamiento a manos de activistas de Al Qaeda en Arabia Saudí de un ciudadno de EE UU, el ingeniero Paul Marshall Johnson, contratado por los militares para dar servicio a los helicópteros Apache. La tortura parte de negar la condición humana al torturado. El asesinato quita la vida; y esta manera de hacer busca revolver los estómagos y dar la sensación de que no hay límites en la maldad. Pero ni la tortura justifica el asesinato ni el asesinato la tortura. El pulso de atrocidades debe cesar.

En condiciones de detención clandestina los abusos en los interrogatorios «no sólo son posibles, sino inevitables», según un portavoz de la organización Derechos Humanos Primero (HRF, por sus iniciales en inglés), que ha denunciado la existencia de al menos 13 centros secretos de detención de Estados Unidos en diversos países y en buques militares. La denuncia se produce días después de conocerse que la Administración de Bush se ha negado a entregar al Senado de EE UU sendos informes de los departamentos de Justicia y Defensa, de los años 2002 y 2003, en los que se defendería la legalidad y legitimidad, en determinadas circunstancias, de la tortura aplicada a terroristas.

Estas noticias sobre las torturas tienen una raíz común porque el secreto es consustancial a esta manera de actuar. Un argumento de la Administración estadounidense contra el régimen de Sadam fue que torturaba a sus oponentes. Cuando aparecieron las fotografías de los suplicios y tratos degradantes practicados por los soldados de la potencia ocupante en la prisión de Abu Ghraib, se dijo que una diferencia era que, al menos, esa situación podía denunciarse, lo que no ocurría en el Irak de Sadam. Es cierto, pero la diferencia no se debe a la voluntad de las autoridades de EE UU, que han tratado de mantener en secreto no ya las torturas, sino la existencia misma de instalaciones para prisioneros. Hay centros, como Guantánamo y varios en Afganistán, de los que ya se sabía que habían sido escenario de tratos inhumanos; pero lo que ahora se denuncia son lugares no reconocidos, secretos, en los que se encuentran bajo custodia estadounidense cientos o miles de detenidos sin posibilidad de control alguno.

La lucha contra el terrorismo plantea a la democracia dilemas morales de los que no se puede escapar sólo con buena conciencia o apelaciones a la superioridad moral. Esos dilemas son más agudos cuando enfrente hay personas cuyo fanatismo les lleva a considerar deseable la muerte propia si implica la de otros muchos, como en los atentados suicidas. Hoy sabemos que hay situaciones en las que es inevitable establecer ciertas restricciones de derechos y libertades para evitar un mal mayor. Pero esas restricciones tienen que estar sometidas a control: judicial, y de la opinión pública; y no pueden sobrepasar ciertos límites más allá de los cuales el Estado de derecho deja de existir.

La tortura es uno de esos límites. Admitirla como un mal necesario es claudicar ante el fanatismo; es la forma más eficaz, como se está viendo, de prolongar la cadena del odio y la venganza. Su eficacia para evitar ciertos males provoca otros mayores. Establecer excepciones al criterio general, como al parecer pretendió la Administración de Bush con los documentos que se niega a entregar al Senado, es una invitación a la impunidad, es decir, a la generalización de la excepción. Especialmente si no ya tales prácticas, sino el lugar mismo en que se realizan, es secreto: sin posibilidad de control.

Las torturas y malos tratos a presos en la tenebrosa cárcel de Abu Ghraib, en Bagdad, han dañado tanto o más que la propia invasión de Irak la imagen de EE UU, muy especialmente en el mundo árabe. Las dudas sobre las responsabilidades no se despejarán con el informe independiente político, elaborado por un panel encabezado por el ex secretario de Defensa James Schlesinger. Es, sin embargo, el primero que critica al mando político y militar por su «responsabilidad indirecta», pues conocía estos hechos que constituyen una negación de la humanidad de los prisioneros. Pero el informe afirma rotundamente que no hubo ninguna «política de abusos».

Su publicación viene a coincidir con los interrogatorios preliminares en la base norteamericana en Mannheim (Alemania) a cuatro de los soldados y suboficiales acusados de estos malos tratos y abusos. Los juicios marciales propiamente dichos habrían de celebrarse en Irak, donde, sin embargo, no se dan unas mínimas condiciones para ello. Uno de los acusados, el de mayor rango, el sargento Ivan Frederik, se ha declarado culpable. Se espera que otro informe que debe ser hecho público, del general Fay, sobre el papel de los servicios de inteligencia militar en estos abusos, amplíe el círculo de los implicados en ellos y ponga de relieve actos sádicos contra adolescentes presos en Irak y el hecho, contrario al derecho internacional, de haber sustraído a algunos presos al escrutinio de organizaciones internacionales humanitarias como la Cruz Roja. Mientras, en Guantánamo, la base de EE UU en Cuba, se han empezado a ver, sin garantías procesales suficientes, algunos de los casos de los prisioneros retenidos en un llamado limbo legal -más bien un infierno- desde la invasión de Afganistán.

Pese a algunas instrucciones emitidas por el propio secretario de Defensa de EE UU, Donald Rumsfeld -a quien un juez militar en Mannheim ha eximido de declarar ante la falta de pruebas y que encargó el informe hecho público ayer-, al corregir un memorándum sobre técnicas de interrogatorios a prisioneros con abusos, humillaciones y dolores, y que se han utilizado tanto en Irak como en Afganistán o en Guantánamo, el Informe Schlesinger niega que se hubiera autorizado este tipo de actuaciones.

No es creíble que este uso de la tortura -hay 300 casos abiertos, según el informe, y no se limitan a Abu Ghraib- se presente como simples deficiencias de organización, mando, formación, falta de medios e insuficiente supervisión, resultado del caos que sin duda reinó en Abu Ghraib en los primeros tiempos tras la toma de Bagdad, o que se pare al nivel de brigada. Faltas y delitos ha habido en la cadena de mando, ya sea de acción o de omisión. Los responsables deben rendir cuentas. Estados Unidos no se puede permitir tal impunidad, so pena de una pérdida total de autoridad moral que necesita en este mundo tanto como su enorme superioridad militar. No es ésa la manera de hacer efectivo el designio de «exportar democracia» del que habla la Administración de Bush.

La condena a 10 años por un tribunal de Tejas de un soldado [Charles Graner] cabecilla de los malos tratos a los presos en Abu Ghraib  es un paso justo, pero ni mucho menos suficiente ante lo que fue una violación sistemática, y no un caso aislado, de las leyes internacionales y del mínimo sentido de humanidad, por parte de las fuerzas de EE UU y empresas privadas que participan en las operaciones de Irak y Afganistán. O en Guantánamo, un régimen carcelario sin juicio que acaba de cumplir su tercer vergonzante aniversario. Estados Unidos va entregando con cuentagotas a sus países de origen a algunos de ellos, pero la mayoría, unos 550, permanecen aún allí, aunque abogados en su nombre han recurrido más de sesenta de estos casos ante tribunales estadounidenses en reclamación del derecho básico del hábeas corpus.

En Afganistán, EE UU ha puesto en libertad a 81 presos talibanes. Pero los planes de la Administración, filtrados por The Washington Post, de llevar a algunos de los presos en la «guerra contra el terrorismo» a cárceles en Afganistán, Arabia Saudí o Yemen, fuera del escrutinio internacional o de los propios tribunales de EE UU, indican que, lejos de corregirse, Washington persiste en estas aberraciones. Bush considera que, al reelegirle, los votantes han legitimado en las urnas su actuación en la guerra de Irak. Pero la legitimidad política en las urnas de su país, que nadie puede discutir, no implica la legitimidad en sus acciones internacionales.

La organización Human Rights Watch ha puesto el dedo en la llaga al considerar que lo ocurrido en 2004 en la cárcel de Abu Ghraib, en Guantánamo y en la crisis de Darfur ha bajado el listón de la protección de los derechos humanos en el mundo. El genocidio en Darfur ha echado a la papelera de la historia las buenas palabras del «nunca más» pronunciadas no ha mucho tras otras matanzas en África o en Europa. Y los malos tratos propiciados por EE UU a los prisioneros en Irak, Guantánamo u otros lugares son aprovechados por regímenes como el egipcio, el malayo o el ruso para justificar las detenciones indefinidas sin juicio y otros excesos. Debido a estas políticas, todos estamos hoy más desprotegidos.