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La noticia, aireada por EL PAÍS y EL MUNDO ha causado una investigación interna en el seno de la Audiencia Nacional

Escándalo judicial: uno de los autores materiales del 11-M había sido condenado a 14 años de cárcel en 2001 y liberado en 2002

HECHOS

  • Los jueces de la Audiencia Nacional, D. Francisco Castro Meije, Dña. Ángela Murillo y D. Luis M. de Salinas tuvieron que responder en noviembre de 2004 por haber puesto en libertad a Lamari, uno de los siete implicados en la matanza del 11-M que se suicidaron en Leganés.

LOS JUECES QUE LIBERARON A LAMARI:

seccion_tercera Los jueces D. Francisco Castro Meije, Dña. Ángela Murillo y D. Luis M. de Salinas formaban parte de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que condenó a Allekema Lamari a 14 años de cárcel el 26.06.2001 y lo liberaron el 29.06.2002.

EL JUEZ GÓMEZ BERMÚDEZ: «FUE UN ERROR»

juez_Gomez_Bermudez El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional realizó un extenso informe sobre la exarcelación de Lamari concluyendo que fue ‘un error’ haberle puesto en libertad tan pronto.

21 Octubre 2004

Retraso nefasto

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

La actuación judicial en el proceso seguido contra Allekema Lamari -uno de los radicales islamistas que se suicidaron el pasado 3 de abril en Leganés-, tras su detención en abril de 1997 y su condena por pertenencia a banda armada, constituye una buena radiografía del normal funcionamiento de la justicia en España. Todas las disfunciones estructurales y funcionales que aquejan a la organizacion judicial -dilaciones, incumplimiento de plazos procesales y organización de los tribunales como compartimentos estancos- se dan cita en este caso. Pero cuando entre las rendijas de este desajustado artefacto se escurre quien presumiblemente fue el máximo responsable de los atentados del 11-M en Madrid, el asunto es grave.

Lamari, condenado por la Audiencia Nacional tras un largo proceso de cuatro años de duración a un total de 14 años de prisión en junio de 2001, fue puesto en libertad el 29 de junio de 2002 por la tardanza del Supremo (de un mes y un día) en comunicar un fallo que confirmaba la condena, aunque rebajaba la pena a nueve años. La Audiencia Nacional consideró que, a falta de la decisión del Supremo sobre el recurso de casación interpuesto por el condenado, su obligación era ponerlo en libertad por cumplir en esa fecha el máximo de cinco años de prisión preventiva. Una decisión formalmente legal, pero radicalmente injusta: el 29 de junio de 2002, Lamari ya no era un preso preventivo, sino un condenado en firme. Y que tuvo como efecto poner en circulación nuevamente a un fanático islamista que se dedicó a partir de entonces a preparar el atentado terrorista más terrible jamás habido en España.

Ni el Supremo ni la Audiencia Nacional actuaron con la diligencia y la cautela exigibles. El Supremo debió notificar de inmediato su sentencia al tratarse de una causa con preso acusado de terrorismo y, por tanto, con riesgo de ser puesto en libertad por cumplimiento de los plazos legales de prisión preventiva. Y la Audiencia Nacional, que sabía que la causa estaba recurrida ante el Supremo, debió hacer algún tipo de indagación antes de tomar una decisión tan arriesgada. ¿Habría puesto en libertad a Lamari el 29 de junio de 2002 de haber sabido, aunque fuera extraoficialmente, que el Supremo lo había condenado en firme tres semanas antes? Sin duda que no. No tiene justificación, y de ahí el escándalo que produce esta falta de comunicación en el seno de la justicia con efectos a veces tan funestos. Cuando la Audiencia reaccionó, era demasiado tarde: Lamari estaba fuera del alcance de la policía y la orden de busca y captura no sirvió para nada.

25 Octubre 2015

Tras la pista de Lamari

Casimiro García-Abadillo

El caso Lamari ilustra bien a las claras algunos aspectos relevantes que contribuyeron a permitir que la masacre del 11 de Marzo se llevase a cabo.

El primero de esos aspectos es la chapuza y el segundo, la irresponsabilidad; es decir, que cada uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad y estamentos judiciales trate de echarle las culpas de los fallos propios a los otros.

El País está siendo el medio predilecto para llevar a cabo las maniobras de ocultación y/o difamación.

El pasado lunes, el citado diario acusaba al Ministerio del Interior (de la época del PP, claro) de hacer caso omiso a los reiterados avisos del CNI sobre la peligrosidad de Allekema Lamari, el argelino que puede considerarse jefe del comando operativo que perpetró los atentados del 11-M.

Nadie puede negarle al CNI el acierto a la hora de señalar a Lamari como un hombre clave en la trama terrorista. Para probarlo no hay más que leer sus informes del mes de noviembre de 2003.

En efecto, el servicio de inteligencia español había valorado en su justa medida el peso específico de un fundamentalista miembro del GIA que unos meses antes de la fatídica fecha del 11 de Marzo ya había dejado caer entre los radicales de su entorno su deseo de provocar una matanza en España.

Rastreando a Lamari, el CNI localizó al marroquí Mohamed Afalah, que hacía las veces de conductor y escolta del argelino y cuyas huellas fueron encontradas en el Skoda Fabia localizado en las cercanías de la estación de Alcalá de Henares.

El CNI también detectó en el entorno de Lamari a otro marroquí, Mohamed Belhadj, que fue la persona que alquiló el piso de la calle de Martín Gaite en Leganés que saltó por los aires el 3 de abril de 2004.

Según fuentes solventes, los servicios secretos también seguían la pista, antes del 11-M, al también marroquí Abdelmajid Bouchar, que fue el joven atleta que echó a correr cuando se percató de la presencia policial en las inmediaciones del piso de Martín Gaite el mismo 3 de abril, y que avisó del peligro a los siete terroristas que se encontraban en la vivienda en ese momento y entre los cuales figuaraba el propio Lamari.

Las mismas fuentes apuntan que los servicios secretos españoles, en el curso de dicha investigación, detectaron la presencia en el círculo cercano a Lamari de Said Berraj, otro hombre clave en la preparación del 11-M y probablemente uno de los autores materiales de los atentados.

Pues bien, Afalah, Belhadj, Bouchar y Berraj se encuentran actualmente huidos y junto a Mohamed Haddad (detenido el 17 de marzo por la policía marroquí en virtud de una orden de detención de la policía española y posteriormente puesto en libertad de forma inexplicable), conforman el núcleo de una célula que, según informes de la UCIE, estaría preparando una «venganza» en forma de atentado por lo ocurrido el día 3 de abril en el piso de Leganés.

Según fuentes policiales, las llamadas de atención del CNI sobre Lamari siempre fueron genéricas, nunca hubo un sólo dato preciso para que se llevara a cabo su detención. De ser ciertas las acusaciones filtradas a El País por parte de los servicios secretos, los altos mandos policiales deberían comparecer ante los tribunales por no colaborar con la Justicia, ya que, desde el 18 de julio de 2003, Lamari estaba en busca y captura en virtud de una orden dictada por la Audiencia Nacional.

Nadie ha acusado hasta ahora al CNI de falta de diligencia por haber estado tras la pista de al menos cinco implicados en el 11-M y no haberse enterado de lo que se estaba cociendo delante de sus narices. Y tal vez, si alguien lo hiciera, sería injusto con el trabajo llevado a cabo por los agentes secretos españoles.

Ahora bien, ¿por qué se produce esa maniobra de culpabilización sobre la policía?

El 11-M ha desatado una dramática guerra de cuerpos. Tanto el CNI, como la policía y la Guardia Civil, disponían de información suficiente como para que una coordinación adecuada hubiera podido prever la masacre de los trenes de cercanías en Madrid.

Todos quieren escurrir el bulto. Incluso dentro de los propios cuerpos, los mandos se echan la pelota unos a otros, como puso de relieve la comparecencia del jefe de la UCO, Félix Hernando y la de los responsables de la Guardia Civil en Asturias a cuenta de la trama de los explosivos.

Sin embargo, parece como si el Gobierno actual en su obsesión por responsabilizar al PP por la imprevisión ante el riesgo de atentados terroristas de origen fundamentalista, hubiera decidido dejar desguarnecida a la policía, el cuerpo más vulnerable, permeable y menos homegéneo.

Como prueba de ese trato discriminatorio, sólo hay que recordar que en la primera lista del PSOE de comparecientes a la Comisión de investigación parlamentaria no había ni un sólo miembro de la Guardia Civil, ni, por supuesto, ningún miembro del CNI que no fuera su anterior responsable, Jorge Dezcállar.

Es una simplificación un tanto ingenua. Centrar las responsabilidades en la policía es, para el Gobierno, como corroborar la ineficacia del PP en su lucha contra el terrorismo.

Cualquiera que mire con un poco de distancia lo ocurrido tras el 11-M convendrá en que la actuación de la policía a través de sus distintas unidades (UCIE, UCAO, Tedax, etc.) fue fundamental para detener en tiempo récord a gran parte de los terroristas que partiparon en la matanza, sin que ello signifique que la Guardia Civil y el CNI no hayan trabajado con similar diligencia.

Pero, volvamos a las maniobras de ocultación. El martes 19 de octubre, El País publicó que la Audiencia Nacional había ordenado la detención de Lamari ocho meses antes del atentado. Al día siguiente, acusaba al Tribunal Supremo de permitir la excarcelación del jefe del comando operativo del 11-M por su tardanza en notificar la sentencia condenatoria.

En su afán por ocultar su propia falta de celo, la Sección Tercera de lo Penal (Francisco Castro Meije, Angela Murillo y Luis Martínez de Salinas) había decidido poner el acento en un retraso administrativo para justificar la puesta en libertad de un terrorista que, de haberse cumplido la ley, tendría que seguir en prisión.

Lamari fue condenado por la Audiencia Nacional el 26 de junio de 2001 a 14 años de cárcel (había sido detenido el 7 de abril de 1997 en Valencia). El 29 de junio de 2002 Lamari salió en libertad dado que la Sección Tercera entendió que ya había cumplido la mitad de su condena como preso preventivo. La citada Sala, como ha puesto de manifiesto una investigación interna de la propia Audiencia Nacional, aplicó el criterio sobre la pena principal de 10 años (por pertenencia a banda armada) a la que fue condenado el terrorista, en lugar de hacerlo sobre el total de la pena (14 años).

Ese fallo permitió a Lamari salir de prisión, como mínimo, dos años antes de lo que le hubiera correpondido.

El 18 de julio de 2003, cuando la Audiencia Nacional dictó orden de busca y captura contra Lamari por quebrantamiento de condena, el argelino ya tenía en mente llevar a cabo un gran atentado en España.

Poco después de esa fecha, el CNI detectó diversas conversaciones en las que se ponía de manifesto que se estaba preparando un atentado.

Los agentes del CNI hicieron su trabajo de rastreo y, en efecto, localizaron a los citados Afalah, Belhajd, Bouchar y Berraj.Uno de ellos, Afalah, vivía justo a 150 metros de la vivienda de Martín Gaite. Cuando la policía detectó la existencia del piso de Leganés, los agentes del CNI ya estaban en las inmediaciones.Su pista era buena, pero, cuando reaccionaron, ya era demasiado tarde. Poco después, Lamari hizo saltar todo por los aires.

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