Estalla el caso ‘Fondos Reservados’. EL MUNDO desvela que importantes figuras del Estado cobraron sobresueldos

Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, y otros altos cargos del Ministerio del Interior recibían mensualmente un segundo sueldo en dinero negro con cargo a los fondos reservados de dicho Ministerio. Los funcionarios recibían un sobre cerrado con dinero en metálico que, en algunos casos, era equivalente al importe de su nómina mensual.

Este dinero opaco era manejado por Interior sin miedo a dejar rastro alguno en los mecanismos de intervención del Ministerio, ya que este departamento no tiene que justificar ante ninguna institución estatal el uso y destino de los fondos reservados.

Dos ex altos cargos del Ministerio del Interior y otro en activo han confirmado a EL MUNDO, de forma separada, los distintos extremos de esta información.

Entre quienes recibían todos los meses un plus económico equiparable a su sueldo se encontraban Carlos Conde Duque, director general de la Policía, y Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil. Ambos figuran en el organigrama de Interior con la categoría de secretario general, equiparable a subsecretario, y recibían al año unos 12 millones de pesetas. Una vez efectuadas las preceptivas retenciones, eso se traducía en un sueldo de unas 600.000 pesetas netas en catorce pagas. Este periódico ha podido saber que Conde Duque y Roldán recibían otro tanto por la vía del segundo sueldo, con la diferencia de que en este caso se trataba de dinero fiscalmente opaco.

Otros altos cargos percibían otras compensaciones en dinero de los fondos reservados semestralmente o de forma esporádica. El sistema era el mismo: un sobre blanco y cerrado con papel celo.

Entre los beneficiarios se hallaban cargos de primer, segundo y tercer nivel de la Policía y de la Guardia Civil: asesores, jefes de los gabinetes del secretario de Estado, los subdirectores y comisarios generales de la Policía y subdirectores y otros generales de la Guardia Civil.

Según ha podido saber EL MUNDO, el actual ministro del Interior Antonio Asunción ha decidido poner fin a este reparto de dinero negro y controlar personalmente la administración de los fondos reservados, a través de una contabilidad expresa. Asunción ha sido informado de forma genérica sobre lo que sucedía anteriormente y ha adoptado una estrategia de «borrón y cuenta nueva». En el presupuesto de Interior, la partida de fondos reservados aparece bajo el epígrafe «Gastos en Bienes Corrientes y Servicios».

Asimismo, Asunción ha comentado a personas de confianza que ha notado «algunas caras raras» en el Ministerio, refiriéndose al disgusto que esta disminución de sus emolumentos ha podido causar a algunos de los afectados.

INVERSIONES INMOBILIARIAS Luis Roldán, que desde que en 1990 comenzó a percibir dinero en metálico de forma regular, habría ingresado en los últimos cuatro años unos 30 millones de pesetas en dinero negro, sin contar los extras de su etapa como delegado del Gobierno en Navarra y de sus tres primeros años, desde 1986 a 1989, de director de la Guardia Civil. De esta manera, se podría entender de donde consiguió parte del dinero para sus negocios e inversiones inmobiliarias. Además, el ex director general de la Guardia Civil disponía todos los meses de un millón de pesetas para gastos de representación por lo que su sueldo le quedaba materialmente limpio.

Según altas fuentes del Ministerio del Interior la práctica de entregar gratificaciones económicas con cargo a los fondos reservados procede de la época de UCD. Sin embargo, fue durante el mandato de Corcuera cuando esos pagos se convirtieron en complementos estables, a modo de una segunda nómina. En el caso concreto de los directores generales de la Guardia Civil y la Policía, el origen de la decisión se establece en una fallida negociación con el Ministerio de Hacienda para aumentar los emolumentos de los altos cargos del Ministerio: se consiguió en el nivel de director general, pero no en el nivel de subsecretario, rango al que quedaron asimilados los máximos responsables de la Policía y de la Guardia Civil desde el momento en que la Subsecretaría que dirigía Rafael Vera fue elevada a la categoría de Secretaría de Estado.

Fue entonces cuando se produjo la decisión política de reforzar su sueldo con una segunda paga estable, con cargo a los fondos reservados, a modo de un «plus de peligrosidad» concedido de espaldas a la legalidad.

Cuando Corcuera llegó al Ministerio del Interior ya existía la práctica generalizada de premiar a altos cargos y «superpolicías» con dinero de los fondos reservados. Pero es a partir de 1990 cuando las entregas se convierten en mensuales o semestrales. Los generales de la Guardia Civil, que ocupaban los cargos de subdirectores o similares, recibían sus asignaciones semestralmente, en verano y en Navidades. Un alto cargo de la Secretaría de Estado para la Seguridad se desplazaba hasta la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, para entregar personalmente a los generales los sobres con dinero en metálico.

Esta costumbre provocó malestar en los generales de la Benemérita. Se quejaron ante su director general y, un año después, en 1992, los sobres fueron entregados en mano a Luis Roldán, quien más tarde los repartió entre sus colaboradores.

«PLUS DE PELIGROSIDAD» Algunos gobernadores civiles y delegados del Gobierno, principalmente en el País Vasco, también recibían de forma periódica dinero B de los fondos reservados en concepto de «plus de peligrosidad». Según fuentes de Interior, uno de los gobernadores civiles del País Vasco era el encargado de repartir los sobres entre el resto de compañeros. El actual delegado del Gobierno en Euskadi es José Antonio Aguiriano y los gobernadores civiles: César Milano (Alava), José María Gurruchaga (Guipúzcoa) y Daniel Vega (Vizcaya).

Para justificar el sobresueldo en el País Vasco, Interior pone como ejemplo la situación laboral de Julen Elgorriaga. Fue delegado del Gobierno en Euskadi lo que le supuso convertirse en objetivo de ETA. Después pasó a Enatcar, la empresa estatal de transporte por carretera. Pero cuando acabe su labor en esta empresa pública posiblemente tendrá que volver a su trabajo en el Banco Guipuzcoano, donde disfruta en la actualidad de una excedencia. «Cualquier trabajador de este banco que milite en HB puede tocar la tecla y obtener su domicilio con el riesgo que esto acarrea», asegura una fuente de Interior.

La celebración en 1992 de los Juegos Olímpicos en Barcelona generó una gasto especial de los fondos reservados para altos cargos que habían dirigido los programas de seguridad en las instalaciones olímpicas. EL MUNDO ha podido saber de fuentes de la Secretaría de Estado para la Seguridad, que tres altos cargos de la Policía y dos de la Guardia Civil recibieron en metálico un premio especial una vez concluidos éstos.

El Ministerio del Interior en el último año dispuso de una partida de 800 millones de los presupuestos generales del Estado, pero esta cifra se vio aumentada hasta 2.000 millones con transferencias de otras partidas ministeriales, según fuentes de Interior. Como esta cantidad se quedaba corta para cubrir las necesidades del departamento en ocasiones se transfería dinero de otras partidas presupuestarias, de obras o de Tráfico.

TALONES DEL BANCO DE ESPAÑA El responsable de suministrar los fondos reservados del Ministerio era Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, de quien dependían Roldán y Conde Duque. Vera asignaba todos los años una cantidad fija a la Guardia Civil y a la Policía que les entregaba mensualmente a través de talones del Banco de España y controlaba el gasto del resto de los fondos reservados. En Interior sólo tres personas tenían firma para poder acceder a este presupuesto: el propio Vera, un policía, Juan Antonio Mínguez, y un guardia civil, el coronel Primitivo Seivane, que se encuentra destinado en la V Zona de la Guardia Civil en Logroño. Para poder cobrar una cantidad con cargo a estos fondos era preceptivo que los cheques de la cuenta del Banco de España incluyeran dos de estas tres firmas. En la mayoría de las ocasiones firmaban Mínguez y Seivane.

El gasto de partidas de los fondos reservados no deja ningún rastro documental. La propia Secretaría de Estado impartió instrucciones a la Guardia Civil y a la Policía para que destruyeran de forma periódica los recibos, si los había, de las entregas monetarias. Desde el momento que el interventor de Interior autorizaba el pago de una partida ésta ya quedaba justificada.

Con dinero de los fondos reservados se pagan conceptos de lo más dispares: gastos de entierros de funcionarios asesinados en el País Vasco, daños a edificios por atentados terroristas, pagos a delatores y confidentes antidroga o antiterroristas. Lo máximo pagado a un confidente que facilitó una operación antiterrorista de envergadura fueron 30 millones.

Quizá no fuera absurdo que algunos altos mandos del Ministerio del Interior cobraran por su trabajo más que sus homólogos de otros ministerios, del mismo modo que los funcionarios de Policía son recompensados con un plus de peligrosidad por lo especial de su trabajo. Pero, en todo caso, si alguien cree que eso sería lo correcto, debería plantearlo abiertamente, para que se dé una solución justa al caso. Lo que de ningún modo cabe aceptar es lo que hoy cuenta EL MUNDO: que un nutrido grupo de altos cargos de Interior hayan estado cobrando un sustancioso sobresueldo, entregado en dinero negro y a cargo de los fondos reservados del Ministerio. El escándalo -amén de volver a plantear la necesidad de que exista alguna forma de control de la utilización de los fondos reservados- requiere del Gobierno, y en particular de José Luis Corcuera -él ejercía de ministro a la sazón-, una explicación clara y tajante. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo puede ser que en el Ministerio encargado de velar por el cumplimiento de la ley se haya incurrido en prácticas de irregularidad -incluso fiscal- tan llamativas.

La disposición por parte del aparato estatal de fondos reservados -no sometidos a control institucional- es una práctica que no por estar generalizada en todo el mundo deja de resultar inquietante. El caso Amedo convirtió casi en certidumbre la sospecha de que tales fondos pudieron ser destinados a financiar actividades no ya irregulares, sino delictivas. Su supuesta utilización para pagar sobresueldos a los encargados de administrarlos convertiría a los fondos reservados, además, en tapadera de la corrupción. La desconfianza no sólo estaría justificada, sino que obligaría a reconsiderar su existencia o, como mínimo, a reforzar drásticamente las garantías necesarias para considerarlos compatibles con el Estado de derecho.Cualquier utilización de dineros públicos para fines privados repugna la conciencia cívica, pero hacerlo al amparo de la confianza especial que supone la existencia de fondos reservados supone una vileza añadida. Por el ventajismo que implica aprovechar en beneficio propio esa especial confianza concedida a los encargados de administrarlos, y por lo que tiene de burla directa al Parlamento: si éste renuncia al control estricto de esos fondos es precisamente bajo la presunción de que serán destinados a los fines para los que son librados. No hacerlo así supone romper el pacto de confianza que justifica su existencia.

El que fue ministro del Interior entre 1988 y 1993, José Luis Corcuera, ha negado que esa práctica se realizara «periódicamente», si bien ha admitido que ocasionalmente dichos fondos han podido servir para gratificar a algún mando policial por su esfuerzo y dedicación a la lucha contra el terrorismo. De entrada, hay que rechazar que tales fondos puedan servir para compensar esfuerzos y riesgos personales en la lucha antiterrorista, para lo que ya existen las correspondientes partidas presupuestarias. ¿Cómo se va a justificar que el Gobierno pague a funcionarios públicos con fondos fiscalmente opacos?

Precisamente porque los fondos reservados lo son por decisión parlamentaria, las Cortes están legitimadas para investigar su posible mal uso, e incluso para modificar su excepcional régimen presupuestarlo. No existe, pues, obstáculo para que la Comision Roldán investigue los fondos reservados destinados a la Guardia Civil, e incluso podría ser habilitada para investigar los de Interior en su conjunto. El Partido Popular e Izquierda Unida cumplieron con su deber al sollcitar ayer una investigación parlamentaria, bien a través de la propia Comisión Roldán, como parece razonable, bien de otra constituida al efecto.

En contra de lo que a veces parece darse a entender, la normativa aplicable a los fondos reservados (entre otras, la resolución de la Dirección General de Presupuestos de 15 de marzo de 1985) no deja fuera de cualquier control el uso de tales fondos. Lo que establece, dado el carácter y naturaleza de las actividades a que son destinados, es que su régimen de justificación sea distinto del que rige para los gastos ordinarios del Estado, y atribuye al titular del departamento que dispone de estas cantidades (Interior, Defensa, Justicia y Exteriores) la responsabilidad de acreditar que se dedican a los fines para los que son libradas por el poder legistativo.

Corresponde a los ministros de Interior y al anterior secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, a cuyo departamento se destinó la mayoría de los casi mil millones de fondos reservados asignados a Interior, acreditar que no han sido utilizados en beneficio personal de nadie, aunque sea en nombre de la lucha antiterrorista. En el juicio sobre el caso Amedo, Vera manifestó que existía una contabilidad de los fondos reservados, que llevaba personalmente, y aseguró que «con los controles que existen sobre el funcionamiento de tales fondos, que son muy estrictos, es muy dificil desviarlos para cosas ajenas a la seguridad del Estado». Si es así, el Parlamento debe poder clarificar que tales fondos no son una especie de cheque en blanco en manos de aprovechados y desaprensivos.

Si ni siquiera hay garantías de que los encargados de gestionarlos no van a metérselos al bolsillo al amparo del secreto que los cubre, los ciudadanos, y en su nombre los diputados, tendrán que negar al Gobierno autorización para disponer de esos fondos.

Un Estado de Derecho, sobre todo cuando está acosado por una tenaz banda terrorista, no puede luchar con eficacia si el Ministerio del Interior no dispone de fondos reservados para combatir a los que pugnan por quebrar violentamente el orden social reinante. En los Presupuestos de Inglaterra, Francia e Italia figuran correspondientes partidas de fondos reservados. En Alemania, una parte de los fondos reservados incluso escapa al control parlamentario. Naturalmente, esos fondos deben asignarse escrupulosamente a los fines para los que han sido asignados y es responsabilidad del presidente del Gobierno y el ministro del Interior asegurarse de su correcta aplicación, debiéndose investigar hasta el fondo si se produce alguna irregularidad. La actual campaña sobre los fondos reservados, que está bien justificada por presuntas irregularidades, tiene el riesgo de que las cosas se saquen de quicio y se cuestionen esos fondos, lo que sólo beneficiaría a los terroristas. ETA y HB están atizando por todos los medios a su alcance la campaña, puesto que si se quebranta la credibilidad de los mandos de la Guardia Civil y de la Policía, si se suprimieran los fondos reservados o se hiciera transparente su utilización, los principales favorecidos serían los pistoleros y terroristas. Los corresponsales de ABC en el País Vasco pudieron detectar ayer la satisfacción que existe en medios cercanos a HB y ETA ante la extensión de la campaña sobre los fondos reservados. Antonio Asunción ha dicho a nuestro periódico «tampoco el PP podría gobernar sin fondos reservados, aunque hay que asegurar siempre su correcta utilización».

José Luis Corcuera dejó ayer perplejos a los ciudadanos. Por su conocida personalidad cabía pensar que iba a arremeter contra EL MUNDO por la noticia sobre el dinero que cobraban altos cargos de Interior procedente de los fondos reservados y que, por supuesto, iba a desmentir a nuestro periódico. No lo hizo. Su presencia en Radio Nacional fue absolutamente clarificadora: tuvo que reconocer que era cierto que altos cargos del Ministerio y de las Fuerzas de Seguridad han recibido con mayor o menor regularidad cantidades de dinero sin justificar y sin que nadie fiscalice cómo y en qué se gasta. Y, lo que es más grave, llegó a decir que él mismo sería capaz de gratificar a determinadas personas -ofreció todo tipo de argumentos para justificarlo: son funcionarios que no pueden tener otra actividad; tienen una dedicación «fuera de lo normal» a la seguridad del Estado; no disfrutan vacaciones ni festivos-, utilizando ese dinero que de manera discrecional obra en poder del Ministerio. Quien esto dice, no lo olvidemos, ha tenido la oportunidad de poner en práctica sus ideas durante los 5 años que ha estado al frente de Interior.

Que los pagos que recibían Luis Roldán como director general de la Guardia Civil y otros altos cargos puedan considerarse o no «sueldos estables» -como EL MUNDO continúa sosteniendo y estamos seguros de que cualquier investigación demostraría- o pagos para conseguir «fines establecidos» como dice el ex ministro, es lo de menos. No es admisible que la Administración pública pague en dinero negro a determinadas personas que pertenecen al staff de un Ministerio, por más méritos que hayan podido reunir. Como ha dicho el diputado de IU Antonio Romero, ya existen suficientes cauces legales de recompensa como para echar mano de fondos reservados cuya finalidad es otra.

De las palabras de Corcuera cabe deducir que a lo largo de su mandato se han cometido al menos dos presuntos delitos: malversación de caudales públicos y delito fiscal, habida cuenta de que las cantidades pagadas no están justificadas, no figuran en ninguna parte, ni -lógicamente- han sido declaradas al Fisco. Ante este panorama hay que exigir una aclaración en el Parlamento -solicitada ya por la oposición- y la intervención del fiscal general del Estado. Todo el mundo conoce las resistencias que demostró Interior cuando Garzón, como juez, pidió información sobre los fondos reservados en relación a los GAL -por eso el PP ha pedido tan maliciosamente que el secretario de Estado dé su opinión al respecto-. Habrá que buscar una fórmula que permita al Parlamento controlar estos gastos. Además, ahora no estamos ante el uso de dinero público para la lucha contra el terrorismo, por muy ruin que fuera la fórmula utilizada. Hablamos de gentes que se llevaban el dinero para sus casas (nunca mejor dicho en determinados ejemplos). Nunca valió, pero ahora menos que nunca la excusa de la razón de Estado. El lucro personal nada tiene que ver con la seguridad del país. Por eso hacen falta cifras y nombres. Y depurar responsabilidades, tanto entre los dantes como entre los tomantes.