Estalla el caso Gescartera: la CNMV denuncia un ‘agujero’ de 13.000 millones en la sociedad de valores

Los datos que hoy revela EL MUNDO acerca de la «desaparición» de al menos 13.000 millones de pesetas que los inversores depositaron en Gescartera permiten concluir que estamos ante una de las mayores estafas cometidas por una sociedad de este tipo. El chiringuito de Gescartera operaba dentro de la legalidad, pero los métodos empleados para intentar engañar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) son tan burdos como inconcebibles. Desde presentar falsos certificados del BSCH y de la Caixa hasta encargar en una imprenta un sello imitando al de Caja Madrid. Pero hay más. Existen suficientes evidencias como para pensar que Gescartera era un enorme escondite de dinero negro. Si el agujero detectado asciende a 13.000 millones y los inversores únicamente han reclamado hasta el momento unos 4.100, es porque algunos no están en condiciones de acreditar la procedencia del dinero.

El último dato insólito de esta historia es que los inversores eran captados con el señuelo de rentabilidades fijas para su dinero que en algunos casos ascendían al 9% y en otros lo superaban. Hay que ser un cliente muy ingenuo para creer que el dinero va a multiplicarse tanto en un momento de caídas bursátiles generalizadas. Por eso resulta increíble que sea precisamente el secretario de Estado de Hacienda, Ernesto Giménez-Reyna, uno de los que cayeran en la trampa e invirtiera su dinero en este chiringuito -no sabemos en su caso bajo qué condiciones- que habría despertado las sospechas de cualquiera menos avisado de lo que se supone que debe estar el número dos de Hacienda.

Si sólo fuera por eso, la situación de Giménez-Reyna sería únicamente embarazosa. Pero es que la presidenta de la agencia era su hermana, que hoy declarará ante la juez como imputada, y que ejercía como una especie de banquera del pueblo, aprovechándose del apellido.

Y el dato definitivo, el que convierte la situación del secretario de Estado en insostenible es su condición de presidente de la Agencia Tributaria, organismo encargado de la persecución del fraude y del dinero negro que, según los datos, se escondía en cantidades abundantes en Gescartera. Algunos ministros salieron ayer en su defensa, pero Giménez-Reyna no está en condiciones de garantizar que la Agencia Tributaria perseguirá con el rigor ejemplar que requiere el asunto a los socios y colaboradores de su hermana.

Se termina el caso Gescartera, que durante cinco meses ha encandilado a periodistas y políticos. Hasta ahora, al margen de lo que pueda descubrir el juicio abierto en la Audiencia Nacional, se ha puesto de manifiesto el espantoso funcionamiento de la CNMV, a todos sus niveles –desde los dos ex presidentes hasta la mayoría de los consejeros, sin olvidar la catástrofe de los servicios de inspección, con Vives y con Botella–, la responsabilidad de Enrique Giménez-Reyna, en cuanto promotor, defensor y garante del equipo directivo de Gescartera y la incalificable conducta de personajes como Luis Ramallo, que desde su puesto en el Consejo de la CNMV actuó como protector de la agencia de valores, con quien intercambió regalos y para quien actuó profesionalmente al abandonar su cargo público, en lugar de abstenerse, que es lo que debería haber hecho. No creo que las responsabilidades políticas se extiendan más allá, por más que el PSOE intente hacer responsables a Aznar, Rato, Montoro y a la propia Ana Botella.

Hasta ahora se ha desarrollado el juicio de responsabilidades políticas de Gescartera, pero desconocemos absolutamente todo del modus operandi que ha utilizado el equipo gestor de Gescartera para defraudar 18.000 millones de pesetas de dinero declarado y una cantidad indeterminada de dinero negro. Es de esperar que la instrucción de la juez Palacios tenga más éxito que la prensa y la Comisión de Investigación del Congreso para desvelar las claves de la estafa.

Las empresas familiares de Rato

Lo que también ha surgido, inopinadamente, es el tema de las participaciones accionariales del vicepresidente Rodrigo Rato y las relaciones de las empresas familiares en las que participa con sus financiadores y algunos de sus clientes. Un tema que no tiene nada que ver –excepto que se demuestre lo contrario– con Gescartera. La legislación vigente permite a los miembros del Gobierno, a los diputados y senadores, mantener su patrimonio e incluso gestionarlo, en tanto no se produzca un conflicto de intereses con el ejercicio de la función pública. Obliga también a declarar cuáles son los bienes personales y las actividades económicas que se pretenden llevar a cabo en el momento de la toma de posesión. Rodrigo Rato parece haber cumplido esos requisitos, y además ha declarado que no tiene poderes en ninguna de las sociedades familiares en que participa, aunque su mujer parece ser que es consejera de alguna de esas sociedades.

Es evidente que cualquier actividad económica de las sociedades en las que participan políticos con responsabilidades públicas –y el vicepresidente sería el máximo representante de este tipo de casos– puede despertar todo tipo de recelos, en particular si se trata de la concesión de créditos bancarios. ¿Se habrían concedido determinados créditos bancarios si la sociedad fuese de cualquier otro ciudadano? ¿Se exige por la banca el mismo tipo de garantías a unos y otros? Probablemente no, pues si hay un sector intervenido y monopolizado es el sector financiero y no es lógico que los responsables de esas instituciones financieras quieran molestar a políticos con enormes poderes de decisión en el ámbito económico. Aunque tampoco son los políticos a los únicos a los que los banqueros tratan con deferencia; hay otros grupos que suelen recibir un trato de favor, como, por ejemplo, los periodistas y los medios de comunicación en general.

Creo que la oposición está en su perfecto derecho de intentar aclarar si en la actividad económica de las sociedades que son propiedad de políticos con responsabilidades concretas y efectivas se ha forzado, o conseguido, un trato de favor por parte de financieros, proveedores o clientes, lo que sería absolutamente inadmisible. Estos conflictos de interés no son sólo españoles. En los últimos meses hemos asistido al intento de resolver un conflicto inconmesurablemente mayor que el vivido en España: el de los intereses del Sr. Berlusconi. Parece que se resolverá, con el apoyo de la mayoría del Parlamento italiano, con el nombramiento de una comisión de notables que vigilará que no se produzcan interferencias entre el imperio mediático de Berlusconi y su cargo de primer ministro.

En los Estados Unidos el actual secretario del Tesoro, Paul O’Neill tomó posesión con una enorme cartera de valores cotizados en Bolsa –creo que, básicamente, Alcan o Alcoa–, que consiguió en su anterior actividad profesional. En contra de la opinión mayoritaria de comentaristas y políticos, pretendió mantener sus inversiones asegurando que no habría influencia alguna en su actuación. Al final, tuvo que ceder y vender esas participaciones e imagino que habrá comprado títulos de deuda pública y entregado su posición a un “fondo ciego”, es decir, a un fondo gestionado por un grupo de personas que no actúan por instrucciones del interesado sino siguiendo su propio criterio y que con cierta periodicidad informa al inversor sobre su situación patrimonial. Otro caso más reciente aún es el del Sr. Bloomberg, dueño de la sociedad del mismo nombre y que acaba de ser elegido alcalde de Nueva York. El nuevo alcalde ha manifestado que baraja dos posibilidades, vender su sociedad, la menos probable, o entregar su gestión a un fondo ciego, con la esperanza de que la manejen con perspicacia.

Creo que nuestro vicepresidente debería de haber analizado –aunque no le obligue la ley vigente– alguna de estas alternativas para gestionar sus intereses patrimoniales personales. En su caso, la venta de participaciones en una sociedad familiar es casi imposible, a menos que la sociedad disfrute de una extraordinaria liquidez, que los otros accionistas lleguen a la conclusión de que la mejor forma de emplear esa liquidez sea comprar esas acciones para autocartera y después para amortizarlas, o que los otros accionistas quieran y tengan los fondos suficientes para comprar directamente el paquete accionarial de nuestro político. Ante la dificultad del caso, creo que nada habría impedido que se delegara la representación política de esas participaciones a un fondo ciego, aunque ni el concepto ni las actuaciones de dicho tipo de fondos está suficientemente desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico.

La declaración de bienes de Pilar Valiente

Para terminar, quiero hacer mención, también, a otro tema que ha surgido al socaire del caso Gescartera, la declaración de patrimonio de Pilar Valiente, filtrada a la prensa nada más llegar al Congreso y presentada demagógicamente por el diario El Mundo como una incoherencia fiscal por parte de la susodicha –que es, además, inspectora fiscal–, en la medida en que supuestamente minusvaloraba su patrimonio, ilegalmente, para pagar menos por el impuesto sobre el Patrimonio. Pilar Valiente se ha visto obligada a dirigir una carta pública en la que detalla cómo ha llegado a valorar su patrimonio de la forma que lo ha hecho. Sus argumentos son irrebatibles. Lo sorprendente del caso fue la declaración del PSOE, que concluyó tras leer la primera desinformación que había que reabrir el caso Gescartera. Un buen ejemplo, para periodistas, del valor de la prudencia y la reflexión antes de emitir opiniones descalificadoras sobre las actividades y actuaciones de cualquier político.

La intervención de la sociedad Gescartera, ocurrida el 15 de junio, debe ser interpretada en principio como una medida de seguridad. En Gescartera, cuya presidenta es Pilar Giménez-Reyna, hermana del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, se ha descubierto un agujero de 13.000 millones de pesetas y de resultas de esta turbia operación pueden quedar afectadas las cuentas de más de 2.000 clientes de la sociedad.

La intervención refuerza el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como garante de los inversores. Este aval institucional no asegura, por supuesto, la devolución del dinero a los damnificados, porque en España no existe un fondo de garantía para las inversiones en sociedades o agencias de valores; pero demuestra que el control a que están sometidas es relativamente eficiente, porque no hay que olvidar que, si bien las prácticas fraudulentas pueden explicarse en el caso de los llamados chiringuitos, es menos explicable una desaparición patrimonial en una sociedad registrada.

Por lo demás, se echa en falta una explicación más detallada de las prácticas a través de las cuales se evaporaron los 13.000 millones depositados por los clientes. En su función de proteger a los inversores la CNMV debería precisar mediante una información pública los pasos a seguir por parte de los clientes para reclamar su dinero. Y ahora, a esperar una pronta decisión de la Audiencia Nacional, sobre la querella criminal que ha presentado la propia Comisión.

Fraude fiscal, dinero negro, abuso de poder, información privilegiada. Los datos sobre el escándalo Gescartera, a la espera de otros peores, no dejan lugar a dudas sobre la catadura social de los principales protagonistas de este culebrón de casino, ni sobre los mecanismos por los que esta sociedad de valores reclutaba a sus muy importantes clientes. Entre éstos se encuentra la Iglesia católica en cantidades que, por ahora, suman 2.500 millones de pesetas. Al menos el Arzobispado de Valladolid y las diócesis de Palencia, Cuenca y Astorga, además de varias órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza, la ONG Manos Unidas, gobernada con mano firme por la Conferencia Episcopal, y hasta el Domund, encargado de recaudar fondos para las misiones, entregaron una parte importante de sus ahorros a la sociedad intervenida por la CNMV.

Si el dinero que la Iglesia confió a Gescartera hubiera sido producto de sus bienes y negocios, o de los mínimos ingresos del cepillo, y si lo hubiese entregado de forma transparente, nada cabría objetar. Pero en España la mayor parte de los ingresos de la Iglesia procede del erario público: de los Presupuestos Generales del Estado -21.750 millones este año- o de generosas subvenciones que compensan la tarea de miles de eclesiásticos en servicios sociales o en la enseñanza, la sanidad, los cuarteles y las cárceles. El Estado, constitucionalmente laico, incluso paga religiosamente la nómina de más de 13.000 profesores de religión contratados cada año por los obispos para los colegios públicos.

¿Tanto dinero sobra a los prelados, que pueden distraer miles de millones para especular en Bolsa? Algunos políticos de izquierda, al hilo del monumental escándalo, han cuestionado estos días el sistema de financiación de la Iglesia, que aceptó jubilosa en 1987, después de una larga negociación con el Gobierno socialista, el llamado impuesto religioso, mediante el cual sus fieles asignarían voluntariamente el 0,5239% de su cuota en el IRPF para las arcas eclesiásticas, y presumió, además, de que el citado impuesto iba a bastar y sobrar para el sostenimiento del clero y culto católicos en España.

Conviene recordar que los obispos, muy felices con aquel acuerdo de autofinanciación, pactaron un periodo transitorio de adaptación de tres años en el que el Gobierno les garantizaría una cantidad fija -14.000 millones de pesetas en el ejercicio presupuestario de 1988-, caso de no cubrirse con la recaudación del IRPF. El plazo terminó en 1991. De entonces acá, el dinero que reciben de más, vía Presupuestos del Estado, está fuera de lo convenido. El Estado laico no tiene la culpa de que sólo el 35% de quienes se dicen católicos destine a la Iglesia la parte de sus impuestos que otorga la ley. Claro que comportamientos como los que algunos eclesiásticos han demostrado ahora, jugando a ricos y especuladores, pueden acrecentar esos generalizados recelos fiscales.