La Audiencia Nacional sentencia el caso PSV: La UGT deberá indemnizar a los cooperativistas con 13.009 millones de euros

El caso de PSV-la cooperativa de viviendas sociales de UGT- ha concluido judicialmente, casi ocho años después de que saliera a la luz, con la condena de Carlos Sotos, máximo responsable del proyecto, a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de apropiación indebida sin enriquecimiento personal. UGT, que puso especial interés en un proyecto que significaba la puesta en marcha de un modelo sindical de servicios, ha sido declarada responsable civil subsidiaria del pago de hasta un máximo de 13.000 millones en concepto de indemnización a los perjudicados.

De todo el lío creado por la crisis de PSV, en especial por su fuerte impacto en la buena fe de los 20.000 cooperativistas que creyeron en el proyecto, sólo quedaban por dilucidar sus posibles efectos penales. Los políticos y sociales hace tiempo que fueron amortizados. Los cooperativistas tienen hoy sus casas, si bien más caras que lo inicialmente convenido, y UGT resolvió el problema de la sucesión de su histórico líder, Nicolás Redondo, al que la crisis de un proyecto basado en la imagen y las siglas del sindicato afectó especialmente, aunque no tuviera responsabilidad directa en lo ocurrido.

La Audiencia Nacional, tras casi un año de juicio y cuatro meses aguardando la sentencia, ha determinado que la gestión de PSV tuvo también una dimensión delictiva. Siguiendo la doctrina sobre apropiación indebida desarrollada por el Supremo en la condena de Mario Conde por el caso Argentia Trust, ha estimado que Sotos cometió este delito, aunque no se lucrara personalmente, administrando como propios los fondos de la cooperativa y destinándolos a fines distintos de aquellos para los que fueron entregados. Los implicados siempre negaron que ‘metieran la mano en la caja’, y así ha quedado establecido en la sentencia. Por ello, la Audiencia absuelve a los otros imputados en la causa -cuatro ex directivos de IGS, gestora de PSV, y dos antiguos secretarios de finanzas de UGT-, pero estima que en el caso de Sotos la apropiación de fondos se produjo por el irregular e indiscriminado uso de los mismos, lo que dio al traste con el proyecto de viviendas sociales.

El antiguo gestor de PSV, que permaneció 13 meses en prisión preventiva al inicio del proceso, ha anunciado que recurrirá su condena. Pero aunque el Supremo revisara su doctrina sobre la apropiación indebida sin lucro personal, los hechos probados no cambiarían. La sentencia de la Audiencia confirma que el fiasco de PSV fue una mezcla de gestión disparatada y total ausencia de controles, aunque reconoce que tanto UGT como Sotos trataron de reparar en lo posible el desaguisado.

Han sido necesarios casi ocho años para que la Justicia fallara sobre el caso PSV, la cooperativa de viviendas de UGT. El paso del tiempo ha contribuido a que la justicia se haya ido haciendo fuera de los tribunales, pues, a día de hoy, la gran mayoría de los cooperativistas tienen su casa -aunque la recibieran con retraso- o han recuperado casi todo su dinero.

La Audiencia Nacional ha absuelto a los cuatro miembros de la dirección de UGT procesados y sólo ha condenado al ex responsable de PSV, Carlos Sotos, a dos años de cárcel por apropiación indebida sin enriquecimiento ilícito. El sindicato deberá hacerse cargo del pago de las indemnizaciones, que aún deben evaluarse individualmente, pero que no podrán sobrepasar los 13.000 millones de pesetas. Los 13 meses que Sotos pasó en prisión preventiva resultan ahora desmedidos, pero es lógico que UGT, como artífice del proyecto, abone las indemnizaciones. Estas se sumarán a los 20.000 millones de pesetas de préstamo que en su día concedió el ICO y que UGT avaló con el patrimonio histórico pendiente de devolución.

El delito por el que se ha condenado a Sotos está más próximo a una mala gestión que al robo o la estafa de que fueron acusados en la plaza pública los líderes ugetistas, incluido Nicolás Redondo. El fiasco de la PSV tuvo su origen en los delirios de grandeza que llevaron a UGT a confiar ciegamente en la capacidad de gestión de quien no la tenía. Pero vistos a la luz de esta sentencia los hechos que acontecieron a partir de la suspensión de pagos en diciembre de 1993, no se puede obviar el agravamiento de la situación que provocó la renuencia del Gobierno felipista a intervenir. Narcís Serra prefirió, por el contrario, instrumentalizar el caso para obtener la cabeza del díscolo líder sindical que había osado romper amarras con el PSOE. Una vez que tuvo la dimisión de Redondo, en abril de 1994, el Gobierno instrumentó a través del ICO los créditos ya citados para que la construcción de las viviendas siguiera su curso. Pero para entonces, las multitudinarias movilizaciones protagonizadas por miles de cooperativistas que creyeron haber perdido su casa y sus ahorros ya habían hecho mella en el sindicato.

En lo tocante a aquellos fantasmas de robos y estafas, el honor de la UGT de Nicolás Redondo queda restituido con la sentencia. Si bien la pésima gestión de más de 50.000 millones de pesetas que habían depositado los ahorradores es un argumento de peso para que la organización desista de acometer proyectos que sobrepasan la actividad propia del malogrado sindicato de servicios en que quiso convertirse.