ETA asesina al ex presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en su despacho en la Universidad Autónoma

En no ceder a actitudes que minan la autoridad y legitimidad del Estado «nos va la vida, la del Estado que necesitamos y la nuestra individual, porque Cada vez que matan a un hombre en la calle nos matan un poco a cada uno de nosotros». Cuando Francisco Tomás y Valiente escribió estas líneas, las finales de un artículo póstumo que el lunes remitió a EL PAÍS y que hoy se publica en estas páginas, no sabía que estaba redactando su testamento político. Lo que seguramente sí sabía el ex presidente del Tribunal Constitucional, vilmente asesinado ayer en Madrid, es que con ese artículo estaba interpelando a lo más profundo de la conciencia ciudadana: invitándonos a no ceder frente a quienes buscan con sus crímenes la desmoralización de los demócratas; a evitar sucumbir a esa fatal tentación de pensar que la cosa no tiene remedio o, lo que es equivalente, que el remedio está en que la mayoría se someta al dictado de los pistoleros.Francisco Tomás y Valiente simboliza como pocos españoles contemporáneos la defensa de los valores y libertades constitucionales. La unidad de los partidos democráticos contra el terrorismo, evidente en las declaraciones que siguen a los atentados, tiende a desaparecer tan pronto como se apagan las velas. Ojalá que esta muerte sea percibida por todos los ciudadanos como una voz de alarma, sobre los riesgos que corre la democracia bajo los golpes del terrorismo, y ojalá que su movilización cívica obligue a los partidos y a sus líderes a abandonar esa dinámica que les lleva a supeditar sus convicciones democráticas a consideraciones o intereses particulares.

De eso trata el artículo de Tomás y Valiente: de las razones que han provocado que «en poco tiempo se haya desandado» el camino recorrido contra los terroristas. Por una parte, la guerra sucia -inadmisible, inmoral e inútil-; pero también su utilización oportunista, para intentar debilitar al Gobierno legítimo, por parte de algunos políticos y otras personas influyentes en la opinión pública. Quienes han intentado sacar partido del error -y del crimen- cometido 12 años antes no podrán alegar que desconocían que nadie obtendría de ello tanta. ventaja como ETA. Los GAL no son un problema real de la sociedad española de hoy, mientras que ETA sí lo es. Esta evidente consideración de lo obvio hubiera debido, cuando menos, inspirar actuaciones menos oportunistas.

Pero el retroceso es también consecuencia, como nos recuerda Tomás y Valiente, del discurso deslegitimador del Estado y de la Constitución emanado de una visión concreta del nacionalismo. El autor del disparo mortal, si se atiende a los testigos del asesinato y se confirma la impresión de la policía, ha sido un joven nacido en 1970. Seguramente, al desde su niñez viene escuchando -en las aulas de las ikastolas, en los debates de la televisión autonómica, en algunos discursos del Aberri Eguna- que la voluntad de los vascos está secuestrada, que el Ejército impide el pleno ejercicio de las libertades de Euskadi, que la Constitución española es una continuación de las leyes franquistas, que hay que temer mas a España que a ETA, que la paz pasa por dividir la razón entre los que matan y sus víctimas. Para no hablar del significado ambiguo de algunos sermones y actitudes de la jerarquía católica.

No sólo eso: si el autor es el que se sospecha, se trata de uno de los seis activistas que figuran en los carteles distribuidos a la población por el Ministerio del Interior hace 15 días. Tales carteles merecieron la desautorización insidiosa de algunos medios con el argumento de que su difusión convertía en sospechosos a «miles de ciudadanos normales». No hay miles de ciudadanos que, además de tener la edad y los hábitos reseñados como característicos de los etarras, se parezcan a los de las fotografías. Y la experiencia nos ha enseñado que no es posible acabar con un fenómeno como el, terrorismo de ETA sin que los ciudadanos, y también los partidos, cada uno en su terreno, asuman su cuota de sacrificio o incomodidad.

Naturalmente, luego está lo que se llama el entorno de ETA, la complicidad pasiva o activa de quienes la jalean, el secuestro de las libertades por parte de Jarra¡, el uso de la amenaza, la extorsión y el chantaje en boca de dirigentes de HB, la impunidad con que se mueve KAS y la desgracia objetiva de un país, el vasco, en el que los bandoleros matan a cara descubierta y los policías tienen que ocultar sus rostros por motivos de seguridad.Al asesinar a alguien como Tomás y Valiente, ETA quiere demostrar que nadie está fuera de peligro. Aspira a que los ciudadanos, atemorizados, renuncien a resistir y pasen a exigir al Gobierno que acepte las imposiciones de los terroristas. De paso, ETA vuelve a irrumpir de nuevo, tras el atentado contra Fernando Múgica, en el proceso electoral, seleccionando a sus víctimas, desarmadas e indefensas, entre los. círculos socialistas. Pero el lúcido mensaje dejado por Tomás y Valiente es que si la situación se ha deteriorado en tan poco tiempo ha sido por errores concretos; y que todos ellos son subsanables si no dejamos que nos venza el miedo, la desmoralización o la indiferencia.

Ayer fue asesinado en Madrid Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional y actual miembro del Consejo de Estado. Tres tiros en la cabeza acabaron con la vida de una persona de enorme significación simbólica, pero apartada ya de los centros de poder real. «A orillas del Estado», como él mismo dejó dicho. Porque, en efecto, el Consejo de Estado, en el que había ingresado recientemente para cubrir la vacante de Manuel Gutiérrez Mellado, es un órgano meramente consultivo, dedicado a emitir dictámenes sin carácter vinculante.

Quiere esto decir que ETA no ha pretendido con su muerte atentar contra ningún punto neurálgico del aparato del Estado. El daño que ha querido infligir -y que ha infligido- es, fundamentalmente, de género moral. Trata de mostrar, no sólo a los responsables políticos, sino a la ciudadanía en pleno, que está en condiciones de obligar a nuestra sociedad a vivir de luto permanente, y que lo seguirá haciendo hasta que nos pleguemos a sus condiciones.

Se dice que es su modo de hacer campaña electoral. Pero, en las actuales condiciones, y a diferencia de otros tiempos, la intervención de ETA en periodo electoral no apunta a la captación de más votos para Herri Batasuna. Las elecciones son sólo ya para ella un altavoz con el que amplificar el eco de sus crímenes. Para estas alturas, ETA es consciente de que en el plano electoral tiene la batalla totalmente perdida. La cuota cercana al 20% que lograba hace apenas unos años en el electorado vasco y navarro ya sólo la conserva en Guipúzcoa. En Vizcaya, Alava y Navarra ya se sitúa en torno al 10%. Y sigue bajando. Los sondeos le auguran un nuevo retroceso el 3-M. De hecho, sabe que atentados como el de ayer le restarán aún más votos. Pero se ha despreocupado de eso. Como la zorra de la fábula con las uvas, ha optado por desdeñar las urnas tras comprobar que no logrará nunca vencer en ellas.

Lo electoral no es de hecho sino un reflejo -en el fondo menor- de la otra gran batalla a la que ETA también ha renunciado, tras verla perdida: la de la opinión pública. Ya no le incomoda echarse encima a sectores netamente populares. Lo demostró en el atentado de Vallecas, sembrando la muerte en un histórico barrio obrero. Lo demostró ayer, violando -física y simbólicamente- el espacio de una facultad de Derecho, el espacio de la Universidad, lo que sin duda generará una ola de indignación anti-ETA entre los universitarios de toda España.

A ETA ya sólo le preocupa contar con las raíces sociales suficientes como para asegurar que su obra de destrucción tiene continuidad. Que los activistas detenidos seguirán siendo remplazados al poco por otros. Y cuenta con esa cantera: son esos jóvenes seguidores de Jarrai que ahora mismo hacen ejercicios de insensibilidad, insultando y tirando piedras a los amigos de Aldaya, entrenándose para no vacilar el día de mañana a la hora de hacer saltar por los aires a los clientes de unos grandes almacenes o de pegar un tiro a un padre en presencia de su propio hijo.

ETA ha planteado al Estado español una prueba de resistencia. Una guerra de nervios.

También perderá esa guerra.

No lo decimos como expresión de un deseo, ni como exaltación de una voluntad, sino como resultado de la fría evaluación de la relación de fuerzas. El sistema democrático tiene en España solidez más que suficiente como para aguantar embates de ese género. El propio Francisco Tomás y Valiente, en un trabajo inédito que hoy publica EL MUNDO, lo constató recientemente: «…Se sienten como heridas casi propias los tiros de los asesinos de ETA -escribía-. Pero también se percibe cómo el Estado funciona, cómo el sistema encaja errores y crímenes, delitos y faltas».

ETA busca que aquellos que sustentan los poderes básicos de la sociedad -el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y hasta el llamado «cuarto poder»- pierdan los nervios y amparen el recurso a métodos que, por ser inmorales, acaban siempre finalmente por desmoralizar, en todos los posibles sentidos del verbo. Ayer asistimos a algún penoso espectáculo de ese género, doblemente penoso por proceder de un miembro del Tribunal Constitucional. En el escrito de Tomás y Valiente antes mencionado, el que fuera presidente de ese mismo tribunal afirmaba de modo bien taxativo: «Tanta sangre y tanta rabia producen sus crímenes [se refiere a los de ETA], que han llegado a provocar vituperables reacciones semejantes, que no todos los ciudadanos rechazan. Y ése es el peligro mayor, el riesgo más preocupante de nuestro inmediato futuro». Y añadía: «Si éste [se refería al desafío de ETA] es entendido como guerra, como guerra en la que vale todo, que es lo que quiere ETA, se repetirán recientes experiencias y lo peor será posible». Tomás y Valiente, que fue hombre beligerante a favor del Gobierno González -por lo que EL MUNDO le criticó en diversas ocasiones- y que incluso se opuso abiertamente a que Garzón instruyera el «caso GAL», tenía muy claro este punto crucial: no sólo hay que asegurar que la lucha contra el terrorismo se desarrolle dentro de la legalidad; también que esa legalidad sea plenamente conforme con los principios constitucionales. Y fue fiel a ese principio: de hecho, siendo presidente del TC, este tribunal declaró anticonstitucionales varios artículos de la Ley Antiterrorista y amparó el derecho de los diputados de HB a conservar el escaño aunque no juraran la Constitución.

El combate contra el terrorismo de ETA exige mucha inteligencia, sin duda. Pero también mucha serenidad. Y mucha tenacidad, para perseverar contra viento y marea, sin desmayo, en la defensa del Estado de Derecho, sin salirse de sus límites en ningún momento. Combinando las medidas policiales y las políticas. Sabiendo que no hay soluciones mágicas. Continuando con la labor de aislamiento y repudio social. No dejándose cegar por la rabia. Sabiendo que nunca se vencerá, si primero no se convence.

Si yo viviera en el País Vasco, no sé si tendría valor para escribir artículos tan comprometidos como los que publican, entre otros, Aurelio Arteta, Fernando Savater o Patxo Unzueta, pero creo no engañarme a mí mismo si me imagino en tal supuesto portador cotidiano de un lazo azul. El niño que aún no sabe hablar («infans, qui fari non potest»), el infante, inventa gestos. El adulto que no tiene palabras para decir lo que siente imita al niño. El lazo azul es un gesto que significa rechazo, simpatía y compasión (palabras sinónimas, pero sin embargo diferenciadas en el uso) con el secuestrado o con el familiar de la víctima del último y del primer atentado, y voluntad colectiva de hacer frente, de dar la cara a la violencia. Habla, romanza sin palabras, de fraternidad sin miedo.En una comunidad pequeña como es la del País Vasco, el gesto tiene no sólo valor, sino también eficacia, porque lo ven los otros. Se dirige a quienes también llevan el lazo, en ademán de compañía, y a quienes portan y utilizan la pistola o el amosal. Como es obvio, éstos lo acusan y reaccionan en prueba de la eficacia del gesto, cuyo éxito cesaría si ante las provocaciones de los violentos aumentara el miedo de los pacíficos. Por eso, desde fuera de Euskadi, quienes no nos sentimos amenazados en nuestra individualidad deberíamos llevar también el lazo azul, como ayuda a distancia, mucho menos eficaz porque es mucho menos arriesgado el gesto, pero como intento de romper nuestro silencio, que algunos podrían interpretar desinteresado (es decir, fruto del sentimiento de que no va con nosotros lo que allí pase) , impotente o cobarde. Habrá que llevar un lazo azul por la paz en la sociedad vasca (en la sociedad, digo bien, no sólo en el pueblo vasco, que es otra cosa, como bien enseñó en estas mismas páginas Aurelio Arteta hace pocos días).

Pero ¿sólo un lazo, sólo por esa violencia asesina? Uno de los mayores problemas de nuestro tiempo es la impotencia sentida por el ciudadano del mundo, que se entera al instante de todas las atrocidades que en él cometen sus semejantes y no sabe qué puede hacer, no ya para evitarlas él, simple ciudadano anónimo, sino al menos para demostrar su disconformidad apasionada y racional frente a ellas. ¿Cómo puedo quejarme de que Francia haya decidido reanudar sus pruebas nucleares si ni siquiera pertenezco a esa sociedad política? ¿No deberé respetar el dogma sagrado de la soberanía nacional o popular o estatal? Es claro que no, que no debo silenciar mi repulsa en aras de tal concepto, pero ¿cómo manifestarlo de manera Visible y permanente? No asistir a la fiesta de la embajada, habiendo sido invitado a ella para festejar el 14 de julio, está bien y ya está hecho, pero uno siente que eso no basta, ni siquiera haciéndolo público. ¿Otro lazo azul?

Pero hay más, muchísimo más. En 1991 y primeros meses de 1992 formé parte, junto con los presidentes de otros tribunales constitucionales europeos (los de Alemania, Francia, Italia y Bélgica), de una comisión. arbitral cuya misión. debía ser poner paz entre Yugoslavia, aún no extinta, y las repúblicas todavía en ella integradas, aunque ya en trance de desaparecer, con el derecho como único instrumento.

Sin ejercer de aprendiz de profeta comprendí enseguida el fracaso de nuestro intento, lo comprobé durante unos meses y aprendí algunas cosas respecto al ya entonces cruento drama entre serbios, croatas, bosnios y otras minorías casi innombradas. Se destruirían ante la inación del mundo entero. O mejor dicho: algunos de ellos, los más fuertes, aplastarían a los otros. Los croatas, respaldados por Alemania; los serbios, gozando de la simpatía, que es complicidad, de rusos y franceses, lograrían sus respectivos propósitos, y los bosnios musulmanes sufrirían persecución, limpiezas étnicas, ofensas sin fin y muertes horrendas, porque en el reparto de papeles, en la relación de las dramatis personae, ellos eran los más débiles, quienes menos, o ningún, amigos tenían. Si quienes me acompañaban a París, sede de aquella comisión de arbitraje, y yo mismo comprendimos esto tan pronto, tengo derecho a pensar que los poderosos del mundo lo sabían antes y mejor que yo. Y sin embargo, la macabra y fácil profecía, la resurrección del horror nazi, se cumple día a día y nadie sabe hacer nada para evitarla.

Es difícil hacer algo eficaz para impedir nuevos horrores sin desencadenar males mayores; sin duda lo es. Pero no podemos resignarnos a la impotencia, a la inactividad, más allá de la eficaz, valerosa y positiva ayuda de tales o cuales contingentes de soldados sin armas, de ayudantes pacíficos. No basta, aunque sea noble el esfuerzo, con ayudar a soportar la tragedia a algunas de sus víctimas, porque lo necesario es poner fin ala tragedia misma, ya que no se ha sabido o podido impedir su desencadenamiento. Así pues, ¿no es posible actuar de otro modo? ¿No es hora ya de oponer energía frente a los agresores serbios? ¿Para qué sirve el poder de los Estados, de los Estados democráticos, se entiende? El presidente francés, el mismo que ha ordenado la reanudación de los ensayos nucleares allá lejos, muy lejos de París, pese a ser inocuos, clama ahora en favor de algún tipo de intervención militar abierta contra los serbios. ¿Hasta qué punto trata de recuperar imagen? ¿Hasta qué punto la ONU, la OTAN y los Estados de la Unión Europea van a saber qué hacer, aunque ya sea tarde para los que han muerto y para los que han sufrido, tantos y tanto? ¿Qué podemos hacer o decir los ciudadanos? ¿Nada? ¿Acaso otro lazo azul?

Ya sé que es impúdico y nada recomendable desde los mandamientos de cualquier preceptiva literaria escribir para descargar sentimientos cuando lo que se pide son soluciones e ideas. Ya sé que el ciudadano que enseña su quejosa impotencia puede ser tachado de torpe y vulgar autor de escritos líricos. Pero el silencio es peor. El dolor ante el dolor ajeno se difumina cuando quienes sufren son muchos nombres lejanos y desconocidos: números de una estadística anónima y sin rostro. Pero se hace concreto y pesado, casi inaguantable, ante una fotografía. Por ejemplo, ante la de una mujer huida de Srebrenica que se suicidó colgándose de un árbol en un bosque cercano a Tuzla. Todos deberíamos llevar un lazo azul por ella.

LA JUNTA de Fiscales del Tribunal Supremo considera que el comunicado difundido por Herri Batasuna (HB) tras el asesinato del profesor Francisco Tomás y Valiente pudiera constituir una forma de colaboración con banda armada. A la vista de ese dictamen, el fiscal general ha remitido el comunicado al juez Garzón, que ya instruye un sumario contra HB por el mismo delito de colaboración con ETA. El escrito de HB no sólo justificaba el crimen con argumentos como que «el Estado sólo cambia de actitud cuando se ve forzado» a ello, sino que culpaba del asesinato de Tomás y Valiente al «Gobierno y demás fuerzas políticas» por no acceder a las exigencias de ETA.La iniciativa de la fiscalía se inscribe en el marco de la reacción contra la impunidad del mundo que rodea a HB que parece haberse producido en los últimos meses y cuyo episodio más llamativo ha sido el encarcelamiento de Jon Idígoras. Contra esa reacción se han elevado dos tipos de argumentos. Los virtuosos de la equidistancia advierten que es una ilusión pensar que, «tras 35 años de lucha armada, ésta podrá erradicarse sin más por la vía judicial-policial». Nadie tiene la solución garantizada de la pesadilla del terrorismo. Pero, desde luego, no pasa por la renuncia a aplicar la ley -con todas las garantías democráticas, pero sin bulas-. Otro argumento similar es que «esa vía ya se ha intentado y no ha evitado la continuidad de ETA». Sin embargo, no es cierto que se haya intentado, o al menos no con la suficiente constancia. El franquismo recurrió a la represión, pero la ley es otra cosa. También se ha recurrido a la guerra sucia, pero eso tampoco es la ley. Al mismo tiempo, se ha consentido una impunidad de hecho del entorno de ETA, y eso es lo contrario a la aplicación de la ley.

Un comunicado como el emitido por HB a raíz del asesinato de Tomás y Valiente sería un grave delito en cualquier país democrático. El que sea habitual que declaraciones de esa naturaleza se difundan en Euskadi no significa que sea legal. Sería totalmente anormal que horas después del asesinato del ex presidente del Tribunal Supremo alguien justifique ese crimen públicamente, amenazando con nuevas acciones «cada vez más contundentes» si no se aceptan las condiciones de ETA, y no pase nada. En mayo del año pasado, la Audiencia Provincial de San Sebastián exculpó de cualquier delito a una concejal de HB que había acusado a la policía de asaltar la sede de su partido, y al gobernador, de haber instigado dicha acción. La sentencia argumentaba que acusaciones similares y aún más graves son habituales en la prensa vasca. Se ilustraba reproduciendo varios titulares del mismo número del diario Egin en que se había vertido la acusación contra el gobernador. La conclusión era que «el ciudadano está ya plenamente acostumbrado» a tales expresiones. Elevaba la impunidad previa a coartada para la impunidad,

Para acabar con esa dinámica perversa no hay que recurrir a sentencias ejemplares o cosa semejante. Basta con acabar con la impunidad que ha venido amparando a quienes no sólo se atribuyen el derecho a agredir a los demás ciudadanos, sino que consideran que sus víctimas -ertzainas, políticos, manifestantes por Aldaya, comerciantes- están obligadas a dejarse matar, quemar vivas, linchar, ver destruidos sus establecimientos». Si los dirigentes de HB no pretendían colaborar con ETA justificando sus crímenes y amenazado con más violencia, que lo digan ante el juez. Pero que comparezcan ante él.