ETA asesina al magistrado Querol, a su chofer Medina, su guardaespaldas Escudero y el conductor de autobus Jesús Sánchez

Por control remoto asesinaron ayer los terroristas a tres personas en Madrid: un magistrado del Supremo, Francisco Querol; su chófer, Armando Medina, y un policía de escolta, Jesús Escudero. Entre las decenas de heridos hay uno muy grave, Jesús Sánchez, conductor de un autobús municipal. Sólo una pizca de suerte evitó que la matanza fuera aún mayor. Quienes activaron a distancia el coche bomba controlaban visualmente el escenario y nada les importó que un autobús urbano estuviera detenido frente a un semáforo justo al otro lado de la calzada. Se desconocen los nombres de los autores del crimen, pero algún día habrán de responder ante la justicia. Ellos y cabe esperar que también quienes desde la distancia señalaron a las víctimas como merecedoras del destino que ETA les ha asignado.

ETA no aspira a convencer. Al revés: es porque reconoce su impotencia para hacerlo por lo que trata de imponerse por la fuerza. Para ello combina atentados selectivos e indiscriminados. Por una parte, utiliza la táctica medieval de diezmar a sectores de la población previamente señalados como culpables: militares, concejales, periodistas, jueces. Matar a uno para atemorizar a 10 (o a 10.000): en eso consiste la estrategia criminal que algunos comentaristas sensibles consideran inteligente, confundiendo sutileza con falta de escrúpulos.

La amenaza es consustancial al propósito terrorista. Antes de que lleguen los pistoleros han estado los matones que acosan y los confidentes que señalan; los que ponen el nombre de un concejal en el centro de una diana, o escriben en sus panfletos que un político, funcionario, profesor o juez es «cómplice de la represión de nuestros presos». ¿Pediría ayer champaña y tarta el recluso de ETA que lo hizo hace dos años y medio para celebrar el asesinato de un concejal de Pamplona? Juzgado hace semanas en París, el último jefe conocido de ETA, Iñaki de Renteria, llamó «perra fascista» a la fiscal francesa Irene Stoler y lanzó su zapatilla contra los periodistas que asistían a la vista. Era su argumento frente a las acusaciones. Su antecesor en el puesto, Pakito, amenazó el pasado día 10 a los miembros del tribunal que le juzgaba por haber ordenado en 1989 el asesinato de Carmen Tagle con la frase «todos sois Tagle».

Al elegir como víctimas a un magistrado y a sus acompañantes, ETA daba cumplimiento a esa tenebrosa amenaza de quien ordenó asesinar a Yoyes (y a muchas más personas). Pero, a la vez que selectivo, el de ayer fue un crimen expresamente indiscriminado: dirigido contra la población en general. El hecho de que se registrasen 66 heridos, muchos de los cuales viajaban en un autobús público, indica hasta dónde ha retrocedido el límite de lo considerado legítimo por los terroristas. Más que a vencer, aspiran a demostrar que no pueden ser vencidos; que el Estado democrático no es capaz de garantizar la seguridad ciudadana, de impedir una matanza en el centro de Madrid. Para desacreditar al poder legítimo y sembrar la desmoralización. Saben que no faltarán voces que reclamarán soluciones drásticas, por ejemplo, la pena de muerte, y a la vez, incoherentemente, la negociación; o, como hizo ayer un fiscal ofuscado por la rabia, «soluciones», aunque ello suponga «modificar la Constitución».

Que cada cual cumpla con su deber también implica intentar no decir tonterías. La reciente disputa en público sobre qué sector de riesgo tenía más disponibilidad de escoltas ha sido vergonzosa. ETA ha venido a zanjarla de la manera más brutal: matando a la vez a la persona a proteger y a los encargados de hacerlo. Tampoco se entiende bien a qué viene la obsesión por la cadena perpetua cuando se trata de uno de los asuntos que ha resuelto razonablemente el nuevo Código Penal. No se trata tanto de inventar leyes excepcionales como de aplicar con sobriedad la ley común; a ETA y a toda su industria de intimidación social, de la que forman parte, además de los pistoleros, quienes señalan, amenazan y anticipan los argumentos por los que alguien podría ser víctima de ellos. El efecto desmoralizador que provoca el terrorismo tiene mucho que ver con la impunidad con que actúa esa sección del entramado.

Pero también con los mensajes de quienes ponen en tela de juicio el Estado de derecho. ¿No se dan cuenta los portavoces nacionalistas de lo vacías que resultan sus condenas mientras sigan emitiendo mensajes de confraternización a los amigos de los terroristas y considerando que en España no existe un Estado de derecho pleno, o que tienen razón las Madres de Plaza de Mayo al considerar que el Gobierno actúa de forma desalmada con los presos de ETA?