ETA asesina a Jesús María Pedrosa Urquiza, concejal del PP en Durango y militante del sindicato ELA

El asesinato del concejal de Durango Jesús María Pedrosa fue precedido, como tantas veces, por su señalamiento como víctima por grupos que cada día trazan una raya entre los que tienen derecho a seguir viviendo y los que no. «Pedrosa, tú no eres inocente», decían los carteles colocados por un grupo especializado en defender los derechos de los presos de ETA. A los cinco meses, ETA lo ha matado. Por ser concejal del PP; sólo por eso. Que además estuviera afiliado a un sindicato nacionalista no le ha servido para ser indultado; porque lo han matado por ser concejal del PP.En una reciente entrevista, dos encapuchados de ETA culpaban a los partidos nacionalistas de la ruptura de la tregua, pero les tranquilizaban diciendo que no utilizarían la lucha armada contra ellos; sólo contra los «enemigos del proyecto», es decir, los ciudadanos no nacionalistas. En modo alguno puede considerarse irrelevante ese detalle que define el tipo de nacionalismo excluyente que tratan de imponer ETA y EH.

Los otros nacionalistas, precisamente porque han sido excluidos como objetivos de ETA, están moralmente obligados, si no a compartir la suerte de las víctimas, sí a romper toda relación con los que las provocan y los que aprovechan su proximidad a ETA para chantajear a toda la población. Mientras la mitad de los ciudadanos sea considerada como una posible víctima, mantener alianzas con el brazo político de ETA es inmoral. Una vez rota la tregua, los otros nacionalistas estaban obligados a salirse de Lizarra; entre otras cosas, para hacer ver a ETA y HB que lo que es posible con tregua no lo es sin ella. ETA ha interpretado que la legitimidad del ideal independentista implicaba la obligación de los no nacionalistas de renunciar a su propio ideal, por las buenas o por las malas. El PNV está obligado a deshacer ese equívoco.

El lehendakari se deplazó a Durango, tuvo palabras sin duda sinceras de solidaridad con los familiares y el partido de la víctima. La declaración institucional de su Gobierno está llena de buenos sentimientos y de reflexiones que nadie -ni siquiera EH- discutiría abiertamente. Pero resulta vacía mientras sea compatible con la permanencia en un pacto con quienes ayer se negaron a entrar en «estériles dinámicas de condena» y manifestaron que con el anterior asesinato, ETA se limitaba a «poner sobre la mesa el papel no neutral de los medios de comunicación». Y mientras la ruptura del pacto de legislatura con EH sea compatible con un acuerdo implícito que sirve para prolongar la vida del Gobierno minoritario de Ibarretxe.

Ayer mismo decía el lehendakari que no había alternativa al actual Gobierno PNV-EA. Hay varias, desde un Gobierno de concentración de todas las fuerzas democráticas -a la manera del Consejo General de fines de los setenta- hasta uno de diferente signo salido de unas elecciones anticipadas. Si fuera cierto que su partido está dispuesto a arriesgar en aras de la paz habría optado por alguna de esas fórmulas, pero no lo hace porque cualquiera de ellas supondría pérdida de poder. EH lo sabe, y por eso reitera su chantaje de nueva tregua y apoyo institucional condicionado a cambio de elecciones en términos similares a los planteados por ETA hace un año: en todos los territorios de Euskal Herria, y con un censo purgado de no nacionalistas. Un planteamiento no democrático que se trata de imponer mediante el asesinato de quien se oponga a él y prácticas fascistas de intimidación.

Frente a esa evidencia y a la realidad inapelable de la muerte, qué artificiales resultan querellas entre demócratas como la reciente sobre trasvase de informaciones entre policías, y qué ridículas las coartadas de los equidistantes empeñados en buscar excusas para no enfrentarse a ETA.