Felipe González forma un nuevo Gobierno sacando a Solchaga y a todos los guerristas y prescindiendo del juez Baltasar Garzón

El nuevo Gobierno elegido por el presidente González, que debe realizar el pregonado cambio sobre el cambio, ha supuesto una ruptura contundente con lo que se denomina aparato del partido, que no está representado en él. Apuesta por una nueva estructura, de poder en la familia socialista: tanto porque agrupa a representantes de las distintas corrientes renovadoras y de las baronías territoriales cuanto porque concita la adhesión de un número no despreciable de independientes, y todo ello bajo la égida del vicepresidente Narcís Serra, que acumula más amplias cotas, de poder. Al mostrar un perfil en general de ministros técnicos, plantea algunos interrogantes’sobre la necesaria energía en la nueva conducción de la política económica.La lista de los componentes del nuevo Ejecutivo no deja lugar a dudas en cuanto al distanciamiento con el guerrismo. Ni uno solo de los ministros que se habían vinculado al ámbito de influencia del vicesecretario general del PSOE forma parte del nuevo Gobierno. Sí están, en cambio, destacados miembros de las tendencias renovadoras, independientes de prestigio en sus respectivas áreas de trabajo y militantes de probada lealtad al secretario general. Con la elaboración de la lista del Gabinete, Felipe González culmina un proceso de cambio dentro del propio partido socialista, que ya había iniciado antes de los últimos comicios, cuando decidió participar activamente en la elaboración de las listas electorales -recuérdese la inclusión de tres candidatos independientes tan significados como la catedrática de Ética Victoria Camps y los jueces Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mar¡ño-, pese a las dificultades que oponían quienes hasta entonces habían controlado la selección de candidatos: el aparato guerrista. Un proceso que continuó con la propuesta de Carlos Solchaga como portavoz del grupo parlamentario, en contra, naturalmente, de quienes veían perder su influencia en el ámbito legislativo.

Otra ausencia, esta vez no deseada, es la de los nacionalistas vascos y catalanes, a los que González ofreció gobernar en coalición. La eventualidad de un acuerdo futuro para enmendar la negativa del PNV y CiU, sin embargo, no debe implicar considerar al nuevo Gobierno como de transición. Aunque así fuera en alguno de sus componentes, los ciudadanos debemos exigir al nuevo Gabinete que afronte sin cortapisas los retos más urgentes. Más aún cuando un nuevo intento de coalición se revela como muy complejo, entre otras razones porque su iniciativa debería partir, lógicamente, de quienes han rechazado incorporarse al Ejecutivo.

Tan significativa como las ausencias del guerrismo y de los nacionalistas en el Gabinete es el equilibrio de las presencias, nuevas o consolidadas. Casi todos los componentes territoriales del socialismo están incorporados al nuevo equipo, en su versión renovadora, formando, sin embargo, un conjunto armónico, aunque de perfil discreto: los catalanes (mediante el reforzado papel de Narcís Serra, instigador del nuevo equipo), los vascos (Corcuera y Eguiagaray, que no había encontrado acomodo en las listas electorales), los valencianos de Lerma (Alborch, Albero) y los andaluces de Chaves (Griñán, Amador), la renovación madrileña (Rubalcaba y Solana) y los canarios (Saavedra). Todo indica que, en su lectura interna, este Ejecutivo puede ser un paso más hacia el desbloqueo de los problemas que vienen atenazando a la familia socialista. O, dicho de otra manera, este ministerio parece ser un instrumento pensado para afianzar una nueva hegemonía de signo más aperturista en el próximo, 33º congreso del PSOE, estructurada desde las federaciones y los notables más que desde el aparato central del partido.

La decisión del presidente González no es, empero, una simple cuestión interna del PSOE. Es también, y muy fundamentalmente, una nueva apuesta a favor del cambio en el gobierno de todos los ciudadanos y en la cúpula parlamentaria socialista en uno de los peores momentos de la coyuntura económica.

Lo primero, la recesión

Frente a datos tan espantosos como el aumento progresivo del paro -con unas cifras que doblan las de la media de la CE-, un descenso del 1,1 % del PIB en el primer trimestre de 1993 -el peor de los últimos 25 años, lo que agrava aún más la posibilidad de recuperación de la economía- o la persistencia de la inflación en una coyuntura de estancamiento no es posible aplazar la ineludible toma de decisiones políticas ni, evidentemente, obstaculizar su apoyo parlamentario. No es un problema de capillas, grupos o banderías, sino de afrontar con coherencia y rigor una situación económica desastrosa. El mismo González reconoció ayer, en la presentación de su nuevo Gabinete a la ejecutiva del PSOE, que la coyuntura es pésima y, lo que es peor, que ésta se agravará en los próximos meses. Además, y en el mismo día, el director general de Previsión del Ministerio de Economía describió en cifras provisionales este sombrío diagnóstico.

Así pues, si el envite económico es la principal apuesta del nuevo Gobierno, y de todo el país, conviene plantearse con qué instrumentos se afronta. En este ámbito se abre el capítulo de los interrogantes sobre el nuevo equipo que sólo las medidas y los hechos contrastados podrán ir despejando: ¿cuál es la política económica esperable? El reciente debate de investidura ha planteado algunas líneas generales que vienen concitando un consenso social básico: pacto soc¡al para el empleo; reformas estructurales contenidas en el plan de convergencia; reforma del mercado laboral para flexibilizarlo; contención presupuestaria que procure preservar los actuales niveles de prestaciones y bienestar social. Faltan ahora las concreciones, las prioridades y los matices, cuestiones tan urgentes e importantes como las orientaciones globales.

El nuevo equipo económico está hegemonizado por Serra, que, además de la vicepresidencia del Ejecutivo, ha conseguido la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Este nuevo esqueina instrumental debe foguearse repartiendo los papeles de cada uno con eficacia funcional. Serra afronta sus nuevas responsabilidades con un crédito importante: el que le otorgan la silenciosa reforma militar, su papel como primer ejecutor de la renovación socialista propugnada por González y su fluida comunicación con empresarios y sindicatos, básica para el intento de pacto social. Solbes ha manejado la agricultura en una de sus épocas más dramáticas y, sin embargo, ha evitado más conflictos que cualquier mandato anterior. De modo que las cualidades de gestores responsables y buenos componedores están acreditadas.

El interrogante, más bien, surge desde otra perspectiva. ¿Cuál es el discurso económico detallado que propugnan los nuevos mandatarios? ¿Cuáles son sus matices -los matices son decisivos en estas cuestiories- a la política económica practicada en los últimos años? Más aún: la conducción de la política económica exige planteamientos rotundos, aunque sean aplicados flexiblemente. Exige también capacidad de iniciativa en momentos como los que vivimos. Y requiere, finalmente, autoridad implacable para las coyunturas en las que el consenso se revele imposible.

Las cualidades de buenos componedores, la capacidad de diálogo y de síntesis acreditada por el nuevo equipo económico, no conllevan que simultáneamente se atesoren esas otras virtudes. Por esa razón resulta lógica la expectativa de la ciudadanía en un asunto tan decisivo como la política para combatir la crisis económica. Porque la crisis es un asunto de largo alcance, pero su dramatismo actual alcanza tales niveles que se necesitan signos claros, en las primeras jornadas de trabajo del nuevo Gabinete, para saber al menos si los primeros 100 días estarán enfocados correctamente.

«¿Y para esto hemos muerto un millón de españoles?», preguntaba un alcalde franquista, decepcionado del escaso avance del fascismo en España. «¿Para esto me han ofrecido el cambio sobre el cambio?», se puede preguntar cualquier decepcionado votante de Felipe González. Ese votante y los demás españoles estaban esperando un milagro: las caras nuevas, tantas veces prometidas; los nuevos talantes, tantas veces insinuados; un relevo de gobernantes, porque la politica la hacen las personas. Había tanta esperanza de «movida», que un periodista le preguntó al presidente si iba a remover al 95 por ciento de su Consejo. Vana ilusión, como el propio presidente sugirió. De un total de diecisiete ministros, nueve ya lo eran. Otros cuatro tenían altos cargos en la Administración. Sólo cuatro de los nuevos proceden de la independencia, aunque sea una independencia progresista. La primera impresión que produce el Gobierno es, por tanto, de decepción. Y no porque el Gabinete sea malo, sino por las expectativas que su formación había despertado. El cambio de actitud personal de Felipe González no es correspondido con el primero de sus grandes hechos. ¿Qué sucede? ¿Que Felipe González es incapaz de probar equipos totalmente nuevos? En parte, sí. Ya se ha visto en crisis anteriores. Pero tiene que haber dos razones más. La primera, que está satisfecho con la labor realizada por su anterior gobierno. El castigo electoral recibido el 6 de junio se refiere, en su mentalidad, a las formas, y eso es lo único en que podemos esperar alguna variación sustancial. La segunda, que no hay más cera de la que arde. Toda la capacidad de González para sacar de la chistera conejos personales se ha reducido al juez Baltasar Garzón en la campaña electoral. A partir de ahí, según hemos podido ver, se acaban las sorpresas: rostros que ya hemos visto, nombres que suenan a escasa disposición a la novedad y el riesgo, y una leve propina femenina, para que no se diga y pagar la cuota comprometida. La gran clave es puramente socialista. Los importantes quizá no sean los nombrados, sino los ausentes. Si algo llama la atención para el análisis, es que en este Gabinete del 93 no hay guerristas. Matilde Fernández, que defendía a Guerra como se defiende un dogma, ha sido cesada. Virgilio Zapatero, que adora a Felipe, pero le pone velas a Alfonso, es cesado. Ese es el gran valor de Felipe González: ha dado el último y gran paso para ponerse al frente de la renovación organizada. De forma recíproca, para ponerse en contra del guerrismo militante. Y ése es también su gran riesgo. Puesto a no hacer coalición, no la quiso hacer siquiera con la tendencia díscola de su partido. Está condenado a medir nuevamente sus fuerzas en el próximo Congreso del PSOE. Ahí se verá la capacidad de respuesta del guerrismo. Pero se verá, sobre todo, si en España está naciendo un nuevo concepto de socialdemocracia. De forma inevitable, se alumbra un conflicto entre partido y Gobierno. González ha proclamado otra vez su autonomía para organizar el Gabinete. Pero, como lo hizo de modo excluyente, falta por saber si será respetada. El guerrismo, que se considera con tanta fuerza en el partido, no aceptará fácilmente que la política bascule sobre estas dos piezas: Serra, en el Gobierno; Solchaga, en el grupo parlamentario. La letra «s», en cualquier caso, es la más fortalecida en este equipo político más afín a González. Si antes había tres, en estos momentos tenemos cuatro. Solbes es la última incorporación. Esta es la voluntad de Felipe González, que ha renunciado a lo espectacular y se ha quedado con lo técnico. Es un equipo de técnicos, hecho a la medida del presidente y que busca la eficacia. El barco más importante de la nueva flota es, naturalmente, Pedro Solbes, un hombre tranquilo, que no mostrará ninguna agresividad ante la nueva frontera del pacto social. Estamos ante lo que se llama un «eurócrata», muy distinto y distante de la carga ideológica de Carlos Solchaga. A continuación, por su atractivo, hay que situar a las tres mujeres. Van a carteras que se pueden considerar de segundo nivel; pero están en el círculo de las féminas que acudieron a ayudar a González en la campaña electoral. Se pierde a Rosa Conde en las medas de prensa, pero la gana el presidente para la tarea más diaria, como gran persona de confianza, asesora y organizadora de su vida oficial. Juan Alberto Belloch tiene características importantes para este momento: conoce el entramado vasco, importante para este momento del terrorismo; es bandera visible del progresismo en la Justicia, y es quien resulta más sugestivo para los medios de comunicación. Es curioso que Felipe González, en poco más de un mes, ha «retirado» del aparato judicial a tres importantes jueces. No es una anotación mala en sí misma; pero estamos ante el sector profesional al que el felipismo hizo más guiños de poder. Ignoro si Garzón habrá visto decaído su entusiasmo ante esta designación. Al margen de estas intenciones, el Gobierno naciente no suscita entusiasmos. Hay muchos nombres de «más de lo mismo», aunque cambien de despacho. Hay personas muy conocidas y respetadas, pero sin más ,patrimonio público que el progresismo, sin otros méritos intelectuales. No hay un solo ideólogo conocido por sus obras o por sus aportaciones al debate político de este tiempo. Falta, la provocación «aire fresco, se dijo entoncesde un Jorge Semprún, y todo se queda en la busca de la eficacia sobre un paisaje gris. Es gente trabajadora, leal, afecta al régimen del felipismo, que no planteará problemas ni inquietudes. La comodidad de González en el Consejo de Ministros está garantizada. Las otras, la del Congreso, la de Ferraz, la de la opinión pública, habrá que conquistarlas con los hechos. A esto se le debe llamar un gabinete de gestión. Eso sí: la gestión mayor, que es la económica, se queda en manos de personas que pueden recibir el beneficio de la esperanza por parte de Pujol y de la patronal. Sólo me queda una duda: ¿cuál de los ministros de hoy tendrá que dejar su puesto a un catalán o un vasco, si al final hay coalición? Ese es el pecado original con que nacen todos los ministros. Y ésa será su angustia.

LA APROBACIÓN por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la memoria sobre las necesidades de la Administración de justicia que cada año eleva a las Cortes Generales ha coincidido casi en el tiempo con el nombramiento de uno de sus vocales, Juan Alberto Belloch, como ministro de Justicia. La coincidencia no puede ser, en principio, más afortunada. Uno de los autores de la memoria -conocedora a fondo, por tanto, de los problemas de la justicia- tiene ahora en sus manos la posibilidad de resolverlos o, por lo menos, de impulsar las políticas y voluntades necesarias para alcanzar ese objetivo.Además, la personalidad y la trayectoria profesional del nuevo ministro reúnen elementos suficientes como para augurarle éxito en la tarea: Belloch es un juez que ha demostrado tener al menos tanta vocación política como jurídica. Es decir, junto a su labor estrictamente jurisdiccional ha desarrollado una actividad pública (en el marco de la asociación Jueces para la Democracia primero y como vocal del CGPJ después) que se ha caracterizado sobre todo por la aportación de ideas y de propuestas globales para erradicar los males que aquejan a la justicia.

Lo que hace falta ahora es que lo que se predica como bueno en la sede del CGPJ se predique también en la del departamento ministerial de la calle de San Bernardo, y sobre todo que esta visión pueda acoplarse a la global del Gobierno sobre la política judicial y las relaciones entre el poder político y los jueces. La experiencia muestra cuán distintas se ven las cosas de la justicia desde las responsabilidades del Gobierno y desde las del CGPJ, a pesar de que ambos sean órganos políticos del Estado y, por tanto, obligados a tener perspectivas esencialmente convergentes sobre los objetivos de la justicia y el desarrollo del Estado de derecho.

El que al inicio de la cuarta legislatura socialista los problemas de la justicia se manifiesten casi con la misma fuerza que al inicio de la primera, hace más de 11 años, muestra que, o bien han opuesto una resistencia más fuerte de la esperada a los tratamientos aplicados, o bien éstos no han sido los más adecuados. De todo ha habido en estos años. En todo caso, la exasperante lentitud de la maquinaria Judicial -el problema que resume todos- sigue en los niveles de antaño, si no peores, originando unas listas de espera al menos socialmente tan insoportables como las sanitarias. Y ello a pesar del aumento sustancial del número de jueces (más de 1.000 hasta llegar a los 3.036 actuales, casi la media europea), de la mayor productividad de la oficina judicial y de los intentos llevados a cabo para imprimir más celeridad a los procedimientos. El caso es que, como reconoce la memoria referida al año 1992 que acaba de aprobar el CGPJ, a 31 de diciembre de ese año los tribunales tenían pendientes de resolver 1.767.065 asuntos.

Pero además de este problema crónico, que no han logrado erradicar los aumentos presupuestarios y las mejoras organizativas (aparte de que los españoles gozan de derechos que antes no tenían, y, lógicamente, litigan más), la justicia de los años noventa se enfrenta a nuevos problemas, que en algún caso suplantan a los viejos y en algún otro se les añaden. Alcanzar la media europea de jueces por habitante ha propiciado una alarmante baja de calidad en la producción judicial que es necesario corregir cuanto antes. En bien de las garantías del justiciable, pero también de la justicia. Ésta puede quedar burlada si el juez no está preparado para enfrentarse a la cada vez mayor complejidad de muchos de los asuntos (delincuencia organizada y de cuello blanco) que llegan a los tribunales. De ahí que sea urgente, y parece que más coherente, que el CGPJ se haga cargo (le una tarea -la selección y formación de jueces- que el Gobierno no ha sabido o podido realizar con éxito.

LOS NOMBRAMIENTOS de los principales altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda y las primeras manifestaciones públicas de su titular, Pedro Solbes, constituyen dos signos precisos, y positivos, sobre los nuevos aires que el Gobierno pretende imprimir a la política económica de esta legislatura.El perfil de los nuevos dirigentes económicos es susceptible de suscitar la confianza de los agentes económicos, de las fuerzas políticas y de la sociedad en general, por cuanto aúnan calificación técnica, experiencia en la gestión y algunas características personales que en principio parecen adecuadas para afrontar correctamente la actual crisis económica. La trayectoria profesional del nuevo secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, un catedrático de Economía y consejero del Banco de España que ha tenido responsabilidades en el sector público (en el INI y en la empresa ENHER), internacionales (en el Banco Mundial) y en el sector privado (Instituto de la Empresa Familiar), es la de un economista de notable bagaje teórico, al mismo tiempo que familiarizado con la problemática de la economía real.

El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, que accede al cargo desde la subsecretaría del mismo departamento, acumula una larga experiencia de responsabilidades en el control de las finanzas públicas: es seguramente uno de los profesionales que mejor conocen la problemática de la fiscalidad en el Estado autonómico, al haber sido director general de Coordinación de Haciendas Regionales. Finalmente, el subsecretario, Juan Antonio Blanco Magadán, acreditó en Presidencia y Agricultura (donde ostentó igual cargo) cualidades de gestión en asuntos conflictivos.

Subrayar estos perfiles tiene un interés que desborda el ámbito personal, en estos momentos en que la formulación de la política económica para la presente etapa de recesión debe hacerse con signos e ideas claras, bien ensambladas en un programa de actuación. Las primeras manifestaciones de Pedro Solbes sobre la orientación de su estrategia -en relación a la prioridad otorgada a la lucha contra el déficit público; la necesidad del pacto social y la contención salarial; la revisión de algunos aspectos del programa de convergencia y la permanencia en el Sistema Monetario Europeo- revelan un planteamiento riguroso y al mismo tiempo flexible.

Resulta urgente que estos primeros pasos se concreten, cuantifiquen y articulen en un verdadero programa de actuación, tanto para contribuir a eliminar algunas de las incertidumbres que pesan sobre la economía española en estos días de turbulencias monetarias como para que la ciudadanía pueda disponer cuanto antes de la carta de navegar sobre la que establecer su propia ruta.