Forzado a dimitir el concejal del PP en Madrid, Jesús Pedroche, tras haber despedido a una empleada por quedarse embarazada en una relación extramatrimonial

La sentencia del Constitucional contra el antiguo consejero de Presidencia del Gobierno de Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid y número seis en la candidatura del Partido Popular a la alcaldía de Madrid, Jesús Pedroche, por haber despedido a su jefa de secretaría al enterarse de que estaba embarazada tras su separación matrimonial, ha tenido un efecto inmediato: la renuncia del cargo electo a su acta de concejal sin esperar a la constitución formal del nuevo Consistorio el próximo día 14.

Los compañeros de partido de Pedroche se han apresurado a valorar su renuncia como un gesto encomiable de responsabilidad política. Pero la realidad es que su continuación en el ejercicio de funciones públicas era políticamente insostenible, una vez que ha trascendido a la opinión publica y se ha demostrado ante un tribunal que su comportamiento fue discriminatorio, contrario a los derechos constitucionales de intimidad y libertad personal y motivado no por razones profesionales, sino por sus particulares creencias religiosas o conceptos morales sobre el matrimonio. La dimisión de Pedroche se ha producido cuando un tribunal ha establecido de forma inapelable la improcedencia de su conducta pública. ¿Cómo podría ser concejal alguien que en el ejercicio de sus funciones confunde sus deberes legales con sus convicciones morales y religiosas y, en caso de conflicto, opta por la segundas, saltando por encima de la Constitución y las leyes, y se considera además legitimado para vulnerar derechos fundamentales de la persona?

El concejal electo dimisionario, socio numerario del Opus Dei, ha negado que sean «en absoluto verdad los motivos expuestos en la sentencia» como causa del despido de su antigua jefa de secretaría en la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, de la que era titular en 1995. Si fueron otros, nunca se los comunicó a la despedida. Y los expuestos ante el Tribunal Constitucional para justificar el despido -continuos errores e incorrecciones en el trabajo y extralimitación en sus funciones- no han sido considerados verosímiles tratándose de una persona que hasta el momento de su cese, y desde su contratación por Pedroche dos años antes, venía trabajando a su plena satisfacción y sin reproche alguno. El caso es que el Constitucional ha establecido una relacion de causa-efecto entre el embarazo fuera de matrimonio de la funcionaria y la decisión de cesarla en su cargo.

El drama humano vivido por esta funcionaria, cesada en sus funciones arbitrariamente, tampoco deja en muy buen lugar la actuación del antiguo equipo de gobierno de Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid, que optó por el silencio ante sus reclamaciones. Y deja malparada la imagen centrista y reformista que Aznar sigue reclamando para el Partido Popular, que no hizo la más mínima investigación interna sobre lo sucedido y permitió que la víctima de un acto arbitrario de un alto cargo del partido -también militante ella misma del PP desde los 18 años- tuviera que recurrir a un costoso e incierto proceso judicial en defensa de sus derechos.