Estalla el ‘Tamayazo’: Dos diputados del PSOE madrileño, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, abandonan el pleno en la votación a la mesa de la Asamblea causando el bloqueo de la Comunidad

Hicieron bien Zapatero y Simancas al pedir excusas a los ciudadanos por lo ocurrido ayer en la Asamblea de Madrid. Dos diputados electos por las listas socialistas impidieron que fuera elegido presidente de esa Cámara el candidato avalado por la mayoría que en teoría formaban PSOE e IU. Tanto el secretario general del PSOE como el de la Federación Socialista Madrileña excluyeron cualquier motivación política en el comportamiento de esos dos diputados, insinuando que las razones habría que buscarlas en algún interés personal poco confesable. Pero si es así, alguna responsabilidad tendrá el partido que se dejó engañar y los incluyó en sus listas.

Los pretextos invocados en declaraciones a diversos medios por uno de los protagonistas de la jugada, Eduardo Tamayo, son insustanciales y desvergonzados. Alega que él y María Teresa Sáez están en desacuerdo con que el PSOE haya pactado con IU para formar Gobierno en la Comunidad de Madrid, e informan a la opinión pública de que habrían preferido que su partido gobernase en minoría con su propio programa. Aparte de que eso es imposible, porque sin el respaldo de IU gobernaría el PP, la forma de expresar su desacuerdo sería renunciar al escaño, no ausentarse de la votación para que ganase la candidata del PP. Desde luego, su expulsión está justificada. Lo estaría incluso si hubieran defendido su punto de vista en los órganos internos del partido, como sostuvo el propio Tamayo y negaron Simancas y Zapatero.

Ambos pidieron públicamente a los dos diputados que renunciaran al escaño para evitar un daño mayor, ya que, expulsados o no, el escaño es personal, según doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, y nadie puede obligarles a renunciar al mismo. Si mantienen su actitud, Simancas no saldrá elegido presidente de la Comunidad. A no ser que el PP renuncie a aprovechar la oportunidad. Es improbable, porque sus portavoces han venido argumentando que su partido había sido el más votado; pero su candidata, Esperanza Aguirre, reconoció en un momento dado que la alianza PSOE-IU tenía mayoría.

La actitud de estos dos diputados daña, sin lugar a dudas, a los dos partidos que se disponían a gobernar conjuntamente la Comunidad, aunque el mayor perjuicio se lo ocasionan al PSOE y a su equipo dirigente. Pero también daña a la dignidad y al crédito de la política y sitúa al PP ante sus responsabilidades, y más teniendo en cuenta el espíritu, si no la letra, del compromiso contra el transfuguismo suscrito en 1998 por los principales partidos democráticos. Aquel acuerdo se refería exclusivamente a los ayuntamientos, pero incluía el compromiso de «impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de gobierno en las instituciones». Los dos diputados que ayer se ausentaron de la votación no son técnicamente tránsfugas, porque no se pasaron a otro grupo o votaron a otro candidato. Pero el efecto de su actitud es muy similar.

Zapatero pareció descartar, o no querer especular, con la posibilidad de que el PP estuviera detrás de lo ocurrido. Aunque parece poco verosímil, tal vez no haya que excluir la de particulares interesados en evitar que gobierne la izquierda. Los antecedentes invitan a no perder de vista que en la negociación sobre carteras se daba por probable que Urbanismo y Vivienda fuera para IU. La experiencia indica una relación frecuente entre transfuguismo y corrupción. La propia Asamblea de Madrid cuenta con antecedentes penosos en ese terreno.

Los dos protagonistas de la jornada pertenecían a una corriente de la Federación Socialista Madrileña [Renovadores de la Base de José Luis Balbás] especializada en negociar compensaciones a sus variables apoyos a unos u otros en las batallas internas. Aunque lo mismo ocurre en otros partidos, es un dato que afecta a la credibilidad de Simancas, a quien se había concedido el mérito de haber pacificado a la federación. Y también es un duro golpe para Zapatero, que pondrá a prueba su capacidad para gestionar la crisis más grave desde que accedió a la secretaría general del PSOE.

Pronto cumpliré 30 años como miembro del Partido Socialista. Siempre he pertenecido a la FSM y siempre he estado en activo, participando con intensidad en la actividad del partido dentro y fuera del Gobierno. He trabajado con multitud de compañeros, he coincidido con muchos y he discrepado con unos cuantos; bastantes de ellos -y de ellas, que no se diga- han sido mis amigos y con algunos me he enfrentado; incluso me he enfrentado con algunos que son mis amigos. He sido guerrista y después renovador, amigo de Zapatero aunque apoyé a Bono, del aparato durante mucho tiempo y últimamente en un agridulce exilio interior.

Puede decirse, pues, que nada de lo que ha ocurrido en el PSOE en estas tres décadas me ha sido ajeno. Y hoy, doloridos y humillados como estamos, me queda al menos la satisfacción personal de poder decir que nunca he estrechado la mano de José Luis Balbás. Más que nada, por higiene personal.

Muchas veces he recordado un valiosísimo consejo que me daba mi padre: «Cada cierto tiempo», decía, «hay que hacer un alto en el camino y sanear el entorno». Otro pelo nos luciría a los socialistas si todos actuásemos según esa sabia indicación. Sanear el entorno, cuando se está en política, a veces tiene costes: se pierden apoyos, se pueden ganar enemigos, se ponen en peligro votos que pueden resultar valiosos… y, sin embargo, es tan imprescindible como ducharse con frecuencia. Porque uno siempre termina siendo como es su entorno.

Hoy vive el PSOE su crisis más grave desde los tiempos de Roldán. Y quizá convenga ahora hacer algo de lo que entonces debimos hacer y no hicimos. Por ejemplo, reconocer públicamente nuestras culpas y negligencias.

Admitamos que éste ha sido un episodio inesperado, pero no totalmente sorprendente. Todos sabemos que desde hace años se ha instalado en el seno de la FSM un grupo de oportunistas desaprensivos encabezados por un impresentable (en el estricto sentido literal del término) que, a partir de una cierta porción de poder orgánico, se han dedicado a condicionar todos los procesos internos de reparto de poder mediante prácticas que incluyen el chantaje, la traición, la compra de voluntades y la más absoluta elasticidad en la formación y ruptura de alianzas.

Uno añora los tiempos en que los problemas internos del PSOE tenían que ver con personas como Luis Gómez Llorente, Paco Bustelo o Pablo Castellano. O cuando había que hacer frente a los desafíos de Nicolás Redondo. O incluso el desgarrador divorcio de González y Guerra. Entonces la cosa tenía cierta dignidad. Ahora llevamos años ocupándonos del tal Balbás y otros personajes similares: un síntoma desolador del estado de salud de una organización. Da la impresión de que en los tiempos del descontrol y la manga ancha anidaron en nuestro organismo varios tumores malignos que no hay forma de extirpar. A ratos permanecen silentes, pero de vez en cuando -casi siempre cuando hay botín a la vista- se activan y nos recuerdan que estamos conviviendo con la peste.

Todos los componentes de la banda -singularmente su cabecilla- tienen algo en común: ninguno soportaría ser expuesto durante cinco minutos a la luz pública. Pertenecen a una de esas especies zoológicas que necesitan la oscuridad para sobrevivir. Se esconden en los puestos anónimos de las ejecutivas y de las listas electorales para desde ahí ampliar sus esferas de influencia. Habitan en esa zona oscura de la política que tanto hace sospechar a los ciudadanos, y con razón.

Lo grave es lo siguiente: todos los dirigentes del PSOE son conscientes desde hace años de que tenemos dentro este cáncer. Y las actitudes han sido diversamente irresponsables: desde quienes se han beneficiado claramente de sus manejos o han permitido que otros lo hagan hasta quienes han fingido ignorar su existencia, pasando por quienes simplemente han hecho la vista gorda. Pero ninguno ha hecho lo único que hubiera sido sensato en un caso como éste: ponerse de acuerdo con los demás habitantes de la vivienda para sacar a la calle la basura y depositarla en un contenedor. Siempre han encontrado una oreja dispuesta a escuchar sus ofertas. Con una excepción: Joaquín Leguina, que perdió conscientemente la oportunidad de ser candidato a la alcaldía de Madrid por mandar a paseo al nocturno mensajero del chantaje balbasiano.

Empecemos, pues, por decir las cosas como son: somos culpables por haber presentado a los ciudadanos, con la pretensión de que los votasen, a unos individuos a los que ninguno de nosotros prestaría la cartera durante cinco minutos. Y lo hemos hecho a sabiendas, llevados por el sacrosanto respeto a los equilibrios internos. El día en que seamos capaces de deshacernos de los equilibrios internos y nos limitemos a hacer lo que sabemos que hay que hacer, nos irá mucho mejor. El caso es que los electores tienen derecho a estar indignados: les hemos inducido a votar a unos indeseables. Si no hubieran cometido esta última fechoría, él y ella -y el resto de sus compinches- hubieran permanecido durante cuatro años como respetables diputados socialistas y hubieran participado golosamente en el festín del reparto del poder recién adquirido.

Y esto es lo que resulta más preocupante de lo ocurrido: porque si personajes de esta calaña renuncian a un banquete, sólo puede ser porque les han invitado a otro mejor. Todos los síntomas desprenden un pestilente aroma de connivencia entre los dos pájaros y los beneficiarios directos o indirectos de su maniobra.

Dejemos por el momento de lado las consideraciones éticas. Lo que de verdad desazona es el fondo político de este caso. Porque en el devenir de nuestra democracia falta aún por comprobar cómo abandona el poder el Partido Popular. Ésta es la primera ocasión. Y los signos no es que sean inquietantes, es que son ominosos. Aznar y su equipo de confianza han demostrado ampliamente su accidentalismo democrático, pero en esta ocasión su osadía exige una respuesta firme de defensa de las reglas del juego, algo más que la tibia queja escuchada hasta ahora.

Ya lo decía mi padre: cada cierto tiempo, José Luis, hay que hacer un alto en el camino y sanear el entorno.

¡Por fin, esta semana, una noticia política de auténtico interés! No cabe duda de que para los socialistas del aparato la traición de dos de sus correligionarios ha caído como una bomba, pero justamente la explosión ha otorgado al sistema una importancia incalculable: ha potenciado el peso de la política y su olvidado movimiento de aventura, ha vigorizado su enérgico quehacer frente al tedio de los pactos, ha elevado la curiosidad frente a la rutina de los programas inspirados en sondeos previos y promesas homologadas.

En primer lugar, el llamado «diputado traidor», señor Tamayo, ha rendido honor a su apellido montando la escena y alterando, de un golpe, las reglas de la representación convencional. Consecuentemente, la clave estos días no fue la representación electoral, sino la representación total: la representación de la rebeldía feroz, de la deslealtad ominosa, del delirio extravangante o del desmedido amor al dinero. Un partido político, una coalición, una Asamblea, la supercomunidad de Madrid frente a un individuo y su pareja. He aquí la situación óptima para la épica, el escándalo vistoso y el arrobo del espectador. Muy pronto, la política recurrirá deliberadamente a estos formatos con el apremiante objetivo de ganar audiencias. Gracias a la incorporación de las reglas de la dramaturgia, la política será entonces mejor representable y apta, sobre todo para lograr la categoría mediática necesaria hoy a cualquier actividad para obtener visibilidad, viabilidad o existencia verdaderas. Hasta el martes pasado, el proceso constitutivo de la Comunidad madrileña era sólo formalismo, acontecer de bajo nivel. Pero, después, tras la irrupción de la pareja Tamayo-Sáez, el desmayado argumento se fue encarnando y encarnizando. La vida política sin otro guión que su pautado devenir interno no merecía más atención que la de los corresponsales especializados, pero la intervención escénica de Tamayo y compañía ha hecho vibrar a toda la profesión, al público indolente y a la casi totalidad de los espacios de noticias. Significativamente, la política, gracias al hecho «increíble», ha abandonado su carácter de ficción. O viceversa: ha logrado su punto de máxima realidad gracias a trasvestirse como espectáculo.

Los ciudadanos progresistas de Madrid, que a juzgar por los resultados de las pasadas elecciones son mayoría, venían ya muy trabajados antes de las elecciones con el tema del Prestige y lo de la guerra. En aquellos momentos ya habían dejado sus ocupaciones diarias en más de una ocasión, para participar activamente en la política del único modo con el que les dejaron hacerlo: en la calle.

Luego, después de que acudieron a los colegios electorales el 25 de mayo a ejercer de un modo más normalizado su soberanía a través del voto, fueron sometidos a la incertidumbre de quién había ganado qué, durante tres largos días.

Y ahora esto: lo de los dos de la lista del PSOE que, sin mediar ninguna explicación a sus compañeros, han detenido el proceso de puesta en marcha de un Gobierno de progreso en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ante esta situación, los ciudadanos progresistas pueden tomar dos posiciones.

La más comprensible es la de encogerse de hombros, pensar que ya está bien de molestarse por la política, de salir a la calle para que nada cambie, de depositar el voto para que los socialistas dirijan el Gobierno regional… para encontrarse con el chasco de que, a la primera vez que el socialismo madrileño toca poder, se le abren las filas en el primer minuto del partido. La frase «ya no os vuelvo a votar» es la conclusión lógica de esta reacción comprensible.

La segunda posición es más racional y a la vez más compleja. Consiste en darse cuenta de que es muy difícil poner en pie un Gobierno de progreso en Madrid, es decir, en la más floreciente región de toda España.

Conozco a Simancas desde hace muchos años. Y confieso que, a pesar de que me pareció muy pobre el proceso de su elección como candidato, me gustó sin embargo su discurso: un discurso fuerte frente a los especuladores, un discurso recio en el que se traslucía que el poder político, por una vez, iba a intentar poner algún coto, como debe hacer la política, a los poderes económicos regionales. Pues eso, ha cundido el miedo entre los poderes fácticos. Y algunos representantes de estos poderes han encontrado un eslabón débil, y le han prestado gasolina y apoyo.

Los ciudadanos progresistas que coincidan con este análisis comprenderán la conclusión racional que se deriva del mismo. Parece que se ha tornado muy difícil la formación de un Gobierno de progreso en Madrid; que todo se le ha vuelto dificultades a Simancas desde la misma noche electoral. Si esto es así, los ciudadanos progresistas racionales, en vez de mirar para el otro lado, deberíamos activarnos y arrimar el hombro. ¿Cómo? Quizá, ahora, organizando una gran ola de presión ciudadana para exigir que estos dos tránsfugas nos devuelvan nuestra soberanía renunciando a sus actas de diputados. Ésta es la única salida democrática al conflicto ocasionado por estas dos personas, puesto que realizar unas nuevas elecciones significará devaluar el voto soberano que ya hemos ejercido. Y, en cualquier caso, si ni aun así se consigue el respeto a la voluntad ciudadana, votando más y votando otra vez progreso en una hipotética reelección dentro de unos meses…

Y hay un tercer elemento inescapable en esta reflexión de color ciudadano. No basta con pedir disculpas porque dos diputados electos hayan salido ranas. Los dirigentes socialistas, como los de todos los demás partidos, deben cambiar drásticamente sus métodos de selección de candidatos. No es de recibo que los ciudadanos voten a partidos y, por tanto, no conozcan el perfil personal de los elegibles, pero que, cuando éstos pasan a ser elegidos puedan hacer personalmente lo que quieran con su mandato. O cambia la ley electoral, hacia las demarcaciones unipersonales o las listas abiertas, de modo que elijamos a los mejores en las urnas, o cambian los métodos internos de elección de candidatos, de modo que los partidos nos presenten, a ciencia cierta, a los mejores en sus listas. Y como lo primero nadie lo va a querer cambiar por ahora, habrá que urgir lo segundo.

De hecho, en el PSOE ha habido voces que arreciaron en el congreso en el que fue elegido Zapatero, pidiendo que los candidatos presenten un currículo político a la atención de los afiliados en sus demarcaciones electorales, y que sean efectivamente elegidos en listas abiertas. No se ha hecho caso hasta ahora. Hoy el tema se ha convertido en un problema que exige una obligada y perentoria solución.

Esta reflexión hay que hacerla, es inescapable. Pero no es aún el momento.

Lo que urge ahora es que los ciudadanos nos demos cuenta de lo difícil que es un Gobierno de progreso en Madrid, y perseveremos en conseguirlo por todos los medios democráticos.

La torrentera de artículos, declaraciones, editoriales y comentarios tertulianos sobre la crisis de la Comunidad de Madrid ha producido una inundación en la que todo se ha anegado salvo la histeria inextinguible de la Cadena SER, ventilador que todo lo agita y manipula, hasta los albañales. En medio del naufragio, un político, Ignacio Varela, treinta años militando en el PSOE, subdirector que fue del Gabinete de Felipe González, ha escrito un artículo sobresaliente, publicado (donde menos se espera brinca la liebre) en una página perdida del buque insignia de la Armada Vencible de Polanco. El artículo en cuestión se titula Desahogo y alienta en él un grave acento de verdad.

Sostiene Varela: Hoy vive el PSOE su crisis más grave desde los tiempos de Roldán. Y quizá convenga ahora hacer algo de lo que entonces debimos hacer y no hicimos. Por ejemplo, reconocer públicamente nuestras culpas y negligencias.

Sostiene Varela: Admitamos que éste ha sido un episodio inesperado, pero no totalmente sorprendente. Todos sabemos que desde hace años se ha instalado en el seno de la FSM un grupo de oportunistas desaprensivos encabezados por un impresentable (en el estricto sentido literal del término) que, a partir de una cierta porción de poder orgánico, se han dedicado a condicionar todos los procesos internos de reparto de poder mediante prácticas que incluyen el chantaje, la traición, la compra de voluntades y la más absoluta elasticidad en la formación y ruptura de alianzas.

Sostiene Varela: Ahora llevamos años ocupándonos del tal Balbás y otros personajes similares: un síntoma desolador del estado de salud de una organización. Da la impresión de que en los tiempos del descontrol y la manga ancha anidaron en nuestro organismo varios tumores malignos que no hay forma de extirpar. A ratos permanecen silentes, pero de vez en cuando -casi siempre cuando hay botín a la vista- se activan y nos recuerdan que estamos conviviendo con la peste.

Sostiene Varela: Lo grave es lo siguiente: todos los dirigentes del PSOE son conscientes desde hace años de que tenemos dentro este cáncer. Y las actitudes han sido diversamente irresponsables: desde quienes se han beneficiado claramente de sus manejos o han permitido que otros lo hagan hasta quienes han fingido ignorar su existencia, pasando por quienes simplemente han hecho la vista gorda. Pero ninguno ha hecho lo único que hubiera sido sensato en un caso como éste: ponerse de acuerdo con los demás habitantes de la vivienda para sacar a la calle la basura y depositarla en un contenedor. Siempre han encontrado una oreja dispuesta a escuchar sus ofertas. Con una excepción: Joaquín Leguina, que perdió conscientemente la oportunidad de ser candidato a la alcaldía de Madrid por mandar a paseo al nocturno mensajero del chantaje balbasiano.

Sostiene Varela: Empecemos, pues, por decir las cosas como son: somos culpables por haber presentado a los ciudadanos, con la pretensión de que los votasen, a unos individuos a los que ninguno de nosotros prestaría la cartera durante cinco minutos. Y lo hemos hecho a sabiendas, llevados por el sacrosanto respeto a los equilibrios internos. El día en que seamos capaces de deshacernos de los equilibrios internos y nos limitemos a hacer lo que sabemos que hay que hacer, nos irá mucho mejor.

Sostiene Varela: El caso es que los electores tienen derecho a estar indignados: les hemos inducido a votar a unos indeseables. Si no hubieran cometido esta última fechoría, él y ella -y el resto de sus compinches- hubieran permanecido durante cuatro años como respetables diputados socialistas y hubieran participado golosamente en el festín del reparto del poder recién adquirido.

Sostiene Varela: en el devenir de nuestra democracia falta aún por comprobar cómo abandona el poder el Partido Popular y sostiene además Varlea que ‘los signos no es que sean inquietantes, es que son ominosos’.

El artículo de Ignacio Varela, al que faltan algunos matices y veladuras, responde a la verdad. Es la verdad, la pura verdad. No es toda la verdad porque Valera debería haber sostenido también que otorgar el 50% del poder y de los presupuestos de la Comunidad madrileña a Izquierda Unida, es decir, al Partido Comunista, que sólo obtuvo el 7% de los votos, resulta antidemocrático, desvirtúa la voluntad popular y, por eso, muchos socialistas (no sólo los cuestionados Tamayo y Sáez) sin necesidad de caramelos inmobiliarios, están contra esos porcentajes desmesurados que el pacto regaló gentilmente a la avidez de los comunistas.

Por la transcripción, en fin, del artículo de Ignacio Varela.

El desleal comportamiento de los dos diputados autonómicos socialistas que rompieron la disciplina de voto en la elección de la presidencia de la Asamblea de Madrid ha hecho aflorar una sórdida historia cuyo argumento central es la presunta existencia de un contubernio entre especuladores inmobiliarios y cargos electos no sólo del PSOE sino también del PP. Como respuesta a las primeras informaciones periodísticas, socialistas y populares se han dedicado a proyectar los focos sobre la basura ajena y a ocultar la mugre propia, olvidando que se halla en juego algo tan importante para el sistema democrático -y para ambos partidos- como es la autonomía de la política respecto a los dictados de oscuros grupos de presión que pretenden corromperla e instrumentalizarla. La opinión pública, sin embargo, tiene derecho a conocer en toda su complejidad el conjunto entrelazado de irregularidades que la fiscalía y los tribunales empiezan ahora a investigar; sólo los militantes fanatizados de uno y otro partido pueden llegar a la disparatada conclusión de que la corrupción política es un pecado ontológico y exclusivo del bando contrario: populares y socialistas deben establecer una tregua para combatir de manera conjunta una amenaza que les afecta por igual.

¿Quién ha escrito este folletín? De no ser por las noticias posteriores, la económica hipótesis del calentón tal vez hubiera podido explicar satisfactoriamente por sí sola los hechos: al diputado Tamayo se le habría ido la mano tanto cuando formuló el chantaje (la amenazadora exigencia para su grupo de una consejería relacionada con el urbanismo) como al instrumentarla (la salva de aviso disparada en la Asamblea fue un cañonazo a la línea de flotación del PSOE). Pero las investigaciones periodísticas -iniciadas por la Cadena SER- no sólo han descubierto los nexos que vinculan a los socialistas tránsfugas con una red de negocios inmobiliarios y de juego madrileña; también amplían las fronteras de la oscura trama hasta algunos ayuntamientos controlados por el PP y mencionan al actual secretario general de los populares de la región -ex alcalde de Majadahonda- como contacto de los conseguidores. Si esa hipótesis se confirmara, estaríamos frente al teratológico caso de una red de corrupción político-mafiosa que cruzaría de forma transversal ambos partidos.

La lógica de la confrontación partidaria entre PSOE y PP ha desembocado en un estrepitoso intercambio de acusaciones y querellas. Es obvio que la operación desestabilizadora emprendida por los diputados tránsfugas se proponía impedir la llegada al poder del PSOE y el cambio del actual statu quo urbanístico de la región; la conclusión lógica de esa premisa era abrir al PP las puertas del Gobierno de par en par. Pero no resulta imprescindible remontarse hasta los centros de decisión últimos de los populares para descubrir la fuente de la maniobra: bastaría con esa red mafiosa de especuladores asociada de manera transversal con cargos electos -socialistas y populares- instalados en un segundo nivel cuyos comportamientos sus jefes toleran por un injustificable patriotismo de partido.

A pesar de todas las enseñanzas históricas y de todas las precauciones intelectuales para evitar sorpresas sobre la condición humana, sobre nuestra estructura moral desfalleciente, como diría el decano Hauriou, y sobre las limitaciones de nuestro altruismo, hechos como la ruptura de las reglas del juego limpio, que han protagonizado los dos diputados traidores que han abandonado la disciplina y han faltado a su palabra como militantes socialistas, nos han sorprendido primero, indignado después y más tarde nos han sumido en perplejidad a casi todos. Lo cierto es que han conseguido paralizar el proceso democrático, que es el núcleo de la racionalidad laica esencial de los sistemas de libertad bien ordenados.

La sensación de debilidad y de vulnerabilidad que tales hechos han producido entre los ciudadanos, en el año en que conmemoramos el vigésimo quinto aniversario de la Constitución, incide en una de las claves del funcionamiento del sistema político que es la noción de seguridad, y también en los valores de libertad e igualdad que están en la raíz del estatuto de ciudadanía y de la legitimidad de las constituciones. Es un hecho muy grave con consecuencias que deterioran seriamente los principios y las normas de un ordenamiento democrático. Alcanzar tan importantes y destructivos objetivos, con pocos medios, sin ruido de sables, sin ejercicio de la fuerza bruta -como el 23 de febrero de 1981-, aunque con el uso masivo de euros, y conseguir desanimar, desesperar y desilusionar a los votantes, especialmente a los más jóvenes, es un éxito de los organizadores y de los autores de la enorme fechoría, que quizás ni siquiera ellos pudieron concebir. En todo caso, la idea de «claro y presente peligro» en nuestro sistema no ha concitado la solidaridad entre los partidos, ni ha evitado el bombardeo de posiciones fraccionalistas, ni tampoco la poco edificante conclusión de que se ha tratado de obtener ventaja del suceso, con olvido del interés general y del bien común.

Escribo desde un velo de ignorancia sobre esos intereses que impiden ver con lucidez los principios. Quizás por eso evito plantear el tema desde la dialéctica de los buenos y los malos, y también esa odiosa actitud que ha proliferado tanto en estos días, de disimular las propias faltas y de exagerar y agrandar las ajenas. No quiero decir que todos se hayan comportado igual ni que dé lo mismo lo uno que lo otro, pero esa misma convicción me conduce a ser más exigente en la autocrítica que en la crítica a los demás.

Por eso me parece que debemos empezar analizando los comportamientos del Partido Socialista y de sus dirigentes, antes y después de que estupefactos e incrédulos conociésemos la inicua actitud de los traidores diputados electos, y ya, desgraciadamente, diputados con todos los derechos. No sigo con detalle el funcionamiento de la Federación Socialista Madrileña en estos últimos años, pero sí tengo cauces de comunicación e información solventes, y amigos, además de compañeros, que sí actúan y trabajan políticamente en sus agrupaciones. Mi convicción es que la sospecha de que personas de este grupo de «los renovadores por la base» no tenían un comportamiento claro y regular estaba muy extendida entre los sectores más solventes de los militantes madrileños. La sensación de una necesidad de cambio y de limpieza era tan grande antes del último Congreso Regional que me permití reunir en la Universidad a un numeroso grupo de notables, la mayoría retirados como yo, pero con un prestigio y un crédito muy alto entre los compañeros, y además no insertos en las llamadas corrientes internas. La coincidencia de todos fue que la situación de la Federación era poco estable y que se debía animar a personas serias y solventes que conocíamos para que dieran el paso adelante necesario. Algunos lo hicieron y no tuvieron apoyo, sino más bien la desconfianza del aparato regional y estatal.

Después del bochornoso espectáculo que han dado estos dos diputados tránsfugas, no cabe duda de que existe una culpa in vigilando y una culpa in eligendo, y que alguien que fuera responsable debió pagar con su dimisión, porque no se puede de ninguna manera afirmar que estamos ante un suceso inesperado que no se pudiese prever. Sin esa actitud de limpieza de nuestras propias filas, perdemos mucho crédito ante la opinión pública para reclamar a los demás, y damos una mala señal al adversario para que siga el mismo camino. También se puede dudar de nuestra coherencia política y del daño irreparable que puede sufrir. No sé si aún estamos a tiempo de remediarlo, aunque las dudas y titubeos nos van a perjudicar seriamente.

A mi juicio, hay un reproche muy serio al Partido Popular y a sus dirigentes ante esta crisis, que es su incomprensión, su falta de solidaridad ante la petición socialista de que se uniesen y reforzasen la justa reclamación para la devolución de las actas de los diputados tránsfugas. Me parece de una hondura y de una gravedad, casi como un pecado de lesa democracia, que esconde además una seria laguna en los principios con los que los dirigentes de ese partido abordan la comprensión de la democracia. No estamos ante un problema del Partido Socialista, ni todo se agota con la responsabilidad que acabamos de examinar en la selección de las listas de candidatos: tiene una dimensión externa que afecta a todo el sistema, porque lo desvirtúa, lo arruina y traiciona la voluntad popular expresada en las urnas, y eso forma parte de la ética pública del sistema político y jurídico, de las reglas de juego que a todos toca proteger. Es una parte del bien común y del interés general. Es una interferencia externa, probablemente con corrupción económica, que rompe el sagrado equilibrio de la voluntad general inclinándola de manera torticera, de manera no querida por el pueblo soberano. Disminuir la importancia y el valor del hecho y desembarazarse de la responsabilidad olvida la necesidad de la amistad cívica en el juego limpio de la vida democrática, y supone volver a la dialéctica amigo-enemigo y pensar que todo lo que daña al adversario es bueno para nosotros. El Partido Popular contrae una grave responsabilidad y es creador de un agravio que no sólo daña al Partido Socialista, sino a todo el sistema democrático y a su credibilidad.

Unirse a la petición de los socialistas era simplemente rechazar que esas dos personaspudieran arruinar unas elecciones y restablecer el sentido auténtico de la voluntad popular, y no se puede entender una postura insolidaria ni la insistencia en convocar inmediatamente elecciones, porque esto, que acabará siendo inevitable, supone aceptar el daño sin resistencia e incluso recompensar la acción de los dos ausentes maliciosos. Probablemente, ese apoyo a los valores democráticos habría evitado la mala impresión que el Partido Popular ha producido al votar con los dos tránsfugas para la Diputación Permanente.

En ese contexto de desvarío y de pérdida de rumbo se entiende una resolución de la Mesa de la Asamblea y de la Junta de Portavoces del día 16 de junio pasado, declarando como el primer periodo de sesiones el que transcurre entre el propio día 17 y el día 23 del mismo mes de junio. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con las normas que rigen el funcionamiento de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, se señalan como periodos ordinarios de sesiones los que van desde septiembre a diciembre y de febrero a junio, aparece claro que estamos, con ese ridículo periodo de sesiones de cinco días, ante un golpe de mano, ante un fraude de ley que sólo pretende llevar adelante, forzando los términos, una convocatoria de nuevas elecciones que, sin esperar a que sea la única solución, consolidan el golpe de Estado incruento en vidas humanas pero muy cruento para la democracia. Ya con este paso se compromete a la recientemente elegida presidenta de la Asamblea, la señora Dancausa, que nunca, desde su puesto institucional, debió consentir esta arbitrariedad. Se contamina así la salida normal, que serían esas nuevas elecciones, pero dejando que los procedimientos se agoten, por si a estos dos diputados les vuelve el sentido común, recuperan la dignidad moral y deciden, en el plazo de dos meses, devolver sus credenciales para que sean ocupados los escaños por dos parlamentarios leales al Partido Socialista. Acelerar las elecciones es hacer que esa posibilidad se convierta en imposible.

Por fin, me produce serias dudas la posición jurídica del presidente en funciones, señor Ruiz-Gallardón, que se mantiene contra viento y marea, cuando lo sensato era haber dejado esas funciones a los consejeros que no estaban ni en la lista del propio y actual alcalde ni en la de la Asamblea de Madrid. Aunque sea en funciones, no es compatible con el cargo de alcalde de Madrid, como deja claro el artículo 6 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo, en esa situación, va el presidente en funciones a disolver la Asamblea? Añadimos ilegalidad tras ilegalidad, y comprometemos al alcalde, que está iniciando un mandato que ha obtenido con una cómoda mayoría absoluta. Si, como parece, los actos del presidente son inexistentes, nulos de pleno derecho, la disolución de la Asamblea padecería ese mismo pecado de origen. No es que no tenga como presidente esa competencia de disolución, es que tiene prohibida la referida competencia fuera del caso en que actúe ex lege, es decir, en el ámbito previsto en el Estatuto de la Comunidad de Madrid, artículo 18.5, pero para ello debe transcurrir, sin obtenerse resultados, el plazo de dos meses, que es la propuesta más razonable del candidato socialista. Ése es también el sentido de su anuncio de presentar la candidatura a presidente, pero dejando claro que no piensa gobernar con el apoyo de los dos traidores. Me ha tranquilizado saber, del propio presidente Ruiz-Gallardón, que comparte esta tesis de que sólo puede actuar en una disolución ex lege.

Si en este tema hay una culpa in eligendo e in vigilando que debe traer consecuencias para los socialistas que sean responsables, a partir de ahí el cúmulo de errores del Partido Popular en la gestión de la crisis es impresionante. No ha comprendido que debió atender la petición del Partido Socialista para que le ayudase a recuperar esos dos escaños, ni ha orientado bien los pasos a seguir, complicando en sus errores a la Presidencia y a la mayoría de la Mesa de la Asamblea. Ya decía Sófocles en Antígona que el mayor mal que puede golpear a un mortal es convertir a la razón en sinrazón. Por eso se necesita un cambio de dirección.

Con sosiego, sin saltarse plazos, después de los dos meses establecidos en el Estatuto, se puede impulsar una nueva consulta, aun sabiendo que su mera convocatoria es ya una victoria de los dos golpistas. La lucidez del electorado dirá si también los resultados de las nuevas elecciones son igualmente una victoria para esos dos y todos los intereses que están detrás. En todo caso, la decisión de Rafael Simancas de no permanecer inerte en ese plazo y presentar su programa en la investidura es también una buena noticia.