El PSOE expulsa a José Luis Balbás jefe de la corriente del PSOE a la que pertenecían los diputados disidentes de la Asamblea de Madrid, Tamayo y Sáez

Estimado José Luis:

En las últimas semanas se han venido realizando declaraciones caracterizadas por las sistemáticas mentiras, falsedades y difamaciones. Las víctimas de dichos comportamientos hemos sido tanto mi familia como mi entorno social y profesional y yo mismo. Los autores intelectuales y materiales habéis sido tú mismo, tu equipo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la maquinaria propagandística que trata desesperadamente de sustentarte.

Frente a este comportamiento, y en aras de una imprescindible transparencia informativa, quiero trasladarte públicamente algunas observaciones y aclaraciones que de paso arrojarán una necesaria luz a la ciudadanía:

PRIMERA: Nuestra relación política comienza en marzo de 2000, cuando Jesús Caldera me transmite las bondades de un diputado de provincias con aspiraciones. Un mes después, mantenemos una comida en un restaurante próximo al Congreso de los Diputados.Y es en el mes de junio de 2000, tras una larga cena hasta las 3 de la mañana en un restaurante de la calle Ayala, cuando se concreta un acuerdo político cuyo objetivo era auparte a la Secretaría General del PSOE en el XXXV Congreso. En esos momentos, eras un simple diputado de provincias que lideraba un pequeño grupo denominado Nueva Vía que contaba con el apoyo de un 5% del partido y que todavía no había decidido ni siquiera si iba a presentar oficialmente un candidato a la Secretaría General del PSOE en el Congreso que se iba a celebrar un mes después.

Los Renovadores de Base, que por esas fechas ya llevábamos trabajando tres meses en un proyecto de cambio moderado pero profundo, sumábamos el apoyo del 10% del partido. Por eso nos buscas y te señalamos claramente cuál debe ser tu estrategia para ganar. Te hacemos ver la realidad, tu escasa fortaleza, la necesidad de alcanzar una masa crítica para poder ser un candidato sólido y lo que necesitas hacer para ganar. Te dejamos bien claro que, o le enseñas los dientes a José Bono en Madrid, o estás absolutamente perdido.Lo empiezas a ver claro y entonces preparamos una estrategia con credibilidad política para que ganemos el Congreso y seas tú el elegido como secretario General. Anuncias tu candidatura el día 25 de junio en León. Apenas un mes después, nuestras predicciones se cumplen y ganas el Congreso.

SEGUNDA: Nueva Vía y el equipo de los Renovadores de Base trabajamos intensamente, ejecutando la estrategia diseñada codo con codo, hasta la mañana del 22 de julio. En ese día, antes de que te dirijas a los delegados del Congreso, te aseguramos que cuentas con la mayoría por un margen de 18 votos.

Tras tu discurso y las votaciones, nos fuimos a comer tú y tu mujer, Pepe Blanco, Alvaro Cuesta y yo mismo. Durante la comida, me preguntas en tres ocasiones cuáles van a ser los resultados de la votación. Te aseguro la victoria en los términos que te había anticipado esa mañana. Eso consigue serenarte, junto con la evidencia de que tu único apoderado, Eduardo Tamayo, está supervisando el proceso de recuento de votos. Minutos después, Tamayo nos comunica la victoria por nueve votos. En ese momento, te levantas de la mesa y me abrazas, me das las gracias y afirmas que nunca me arrepentiré. Horas mas tarde nos aseguras que nunca harías nada en Madrid sin contar con nosotros.

TERCERA: Pasa el tiempo, te vas haciendo con las riendas del partido y seguimos trabajando conjuntamente con tu equipo, que es el nuestro, con una relación fluida y permanente. Nos situamos en la fecha del 12 de marzo de 2002, cuando nos llamas a tu despacho de la calle Feraz de Madrid. Allí nos explicas tu «capricho político» de que sea Trinidad Jiménez la candidata única al Ayuntamiento de Madrid y que, por tanto, como contrapartida sea Rafael Simancas quien complete el cartel electoral como candidato a la Comunidad de Madrid. Allí cerramos un acuerdo, ratificado en el despacho de Pepe Blanco al día siguiente y en presencia de Rafael Simancas. En virtud de dicho pacto entre caballeros, las listas y la asignación de responsabilidades se efectuarían en relación proporcional a los resultados que se habían producido en el IX Congreso de la FSM.

CUARTA: Además del acuerdo de caballeros, te reafirmas en tu discurso de la necesaria regeneración ética interna en la elaboración de las listas en la FSM. Nos aseguras que no habrá presencia de representantes de los distintos clanes inmobiliarios que nosotros entendemos que operan en el entorno de Rafael Simancas, y que son un secreto a voces entre la militancia. Compromiso incumplido por tu parte. Vamos a las elecciones.

QUINTA: El 9 de julio de 2003, recibo una llamada de Pepe Blanco y un encargo de mediación informal con Eduardo Tamayo, quien ha manifestado por activa y por pasiva su disconformidad con la marcha de las negociaciones con IU y con el reiterado incumplimiento del pacto entre caballeros en el que participaba plenamente Simancas.Como es público y notorio, esta mediación informal que me solicita Pepe Blanco fracasa. En ese momento desconozco las intenciones de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez de abandonar el pleno de la Asamblea de Madrid. Incluso, nada mas producirse los acontecimientos, muestro mi disgusto con los mismos a la vez que aconsejo a Pepe Blanco que maneje un tiempo razonable para reconducir políticamente esta situación. En lugar de apostar por el diálogo, tú y Pepe Blanco, por una reacción torpe e histérica, sois presa de un ataque de nervios y dos días después me utilizáis como «cabeza de turco». Hay dos razones para ello:

1. Desviar la atención de las auténticas responsabilidades políticas de Rafael Simancas en esta situación de conflicto político, motivado por sus incumplimientos flagrantes en el seno de la Comisión Ejecutiva madrileña.

2. Apuntando a mi cabeza y difamándome públicamente, Rafael Simancas, su entorno y los intereses que le acompañan, pretenden ocupar nuestro espacio político en la FSM. Una sutil trampa en la que a mi entender caes torpemente, presa de un ataque de nervios.

SEXTA: Encontrado el cabeza de turco, encontradas distintas dianas aleatorias merced a reservas de hoteles y llamadas de teléfono -algunas de ellas obtenidas ilegalmente-, inventáis en cuatro horas y sin prueba alguna una trama inmobiliaria inexistente e imposible. Así lo ha puesto de manifiesto en fechas recientes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. José Luis, lo único que has hecho es engañar, retorcer la realidad y comportarte como Saturno devorando a los que te hemos estado apoyando desde el primer momento.

SEPTIMA: En cuanto a mis actividades profesionales y empresariales privadas realizadas en los últimos 20 años en Madrid, todo el mundo debe saber -tú lo sabes de sobra- que son absolutamente claras, legales y transparentes. Esto es sencillo de comprobar por cualquier persona en los Registros de la Propiedad y Mercantil de Madrid. Jamás he ejercido ningún cargo público. Jamás se me ha adjudicado ninguna parcela de suelo público por Ayuntamiento socialista alguno o por la Comunidad de Madrid. Jamás he concursado para que se me concedieran ninguna adjudicación de las mencionadas.Jamás he ejercido en Madrid funciones de promotor y/o constructor.Tan sólo he efectuado, a través de cuatro empresas familiares, inversiones en el mercado de activos inmobiliarios. Dichos activos gozaban de calificaciones administrativas previas como suelo urbano. Nunca he realizado inversiones en suelo rústico que posteriormente haya sido recalificado.

OCTAVA: La trama inmobiliaria que buscas desesperadamente, y que no puedes encontrar porque no existe, sólo ha aparecido documentada en los medios de comunicación con la firma de Rafael Simancas.Así mismo, hay una larga lista de adjudicaciones de suelo público en ayuntamientos regidos por determinados alcaldes socialistas, publicada en numerosos medios de comunicación, que deberías investigar a fondo. Por cierto, de dicha trama nadie del PSOE ha dado hasta ahora cuentas públicamente.

NOVENA: Después de la no admisión a trámite de la querella presentada por el Partido Socialista ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por falta de indicio de ilícito penal alguno, quiero hacerte un par de preguntas muy fáciles de contestar:

1. ¿Quién va a reparar ahora el buen nombre y el honor de mi familia y mío, de mis amigos, de tanta infamia, injuria, calumnia y mentiras vertidas sobre nosotros?

2. ¿Quién va reparar los daños y la imagen personal, profesional y política nuestras?

José Luis, te requiero públicamente -como sabes bien ya lo he hecho por conducto notarial- para que seas tú quien pida disculpas, restituya nuestro buen nombre y repare adecuadamente los daños antes citados. De no ser así, nuestros abogados iniciarán las oportunas acciones legales.

Pronto cumpliré 30 años como miembro del Partido Socialista. Siempre he pertenecido a la FSM y siempre he estado en activo, participando con intensidad en la actividad del partido dentro y fuera del Gobierno. He trabajado con multitud de compañeros, he coincidido con muchos y he discrepado con unos cuantos; bastantes de ellos -y de ellas, que no se diga- han sido mis amigos y con algunos me he enfrentado; incluso me he enfrentado con algunos que son mis amigos. He sido guerrista y después renovador, amigo de Zapatero aunque apoyé a Bono, del aparato durante mucho tiempo y últimamente en un agridulce exilio interior.

Puede decirse, pues, que nada de lo que ha ocurrido en el PSOE en estas tres décadas me ha sido ajeno. Y hoy, doloridos y humillados como estamos, me queda al menos la satisfacción personal de poder decir que nunca he estrechado la mano de José Luis Balbás. Más que nada, por higiene personal.

Muchas veces he recordado un valiosísimo consejo que me daba mi padre: «Cada cierto tiempo», decía, «hay que hacer un alto en el camino y sanear el entorno». Otro pelo nos luciría a los socialistas si todos actuásemos según esa sabia indicación. Sanear el entorno, cuando se está en política, a veces tiene costes: se pierden apoyos, se pueden ganar enemigos, se ponen en peligro votos que pueden resultar valiosos… y, sin embargo, es tan imprescindible como ducharse con frecuencia. Porque uno siempre termina siendo como es su entorno.

Hoy vive el PSOE su crisis más grave desde los tiempos de Roldán. Y quizá convenga ahora hacer algo de lo que entonces debimos hacer y no hicimos. Por ejemplo, reconocer públicamente nuestras culpas y negligencias.

Admitamos que éste ha sido un episodio inesperado, pero no totalmente sorprendente. Todos sabemos que desde hace años se ha instalado en el seno de la FSM un grupo de oportunistas desaprensivos encabezados por un impresentable (en el estricto sentido literal del término) que, a partir de una cierta porción de poder orgánico, se han dedicado a condicionar todos los procesos internos de reparto de poder mediante prácticas que incluyen el chantaje, la traición, la compra de voluntades y la más absoluta elasticidad en la formación y ruptura de alianzas.

Uno añora los tiempos en que los problemas internos del PSOE tenían que ver con personas como Luis Gómez Llorente, Paco Bustelo o Pablo Castellano. O cuando había que hacer frente a los desafíos de Nicolás Redondo. O incluso el desgarrador divorcio de González y Guerra. Entonces la cosa tenía cierta dignidad. Ahora llevamos años ocupándonos del tal Balbás y otros personajes similares: un síntoma desolador del estado de salud de una organización. Da la impresión de que en los tiempos del descontrol y la manga ancha anidaron en nuestro organismo varios tumores malignos que no hay forma de extirpar. A ratos permanecen silentes, pero de vez en cuando -casi siempre cuando hay botín a la vista- se activan y nos recuerdan que estamos conviviendo con la peste.

Todos los componentes de la banda -singularmente su cabecilla- tienen algo en común: ninguno soportaría ser expuesto durante cinco minutos a la luz pública. Pertenecen a una de esas especies zoológicas que necesitan la oscuridad para sobrevivir. Se esconden en los puestos anónimos de las ejecutivas y de las listas electorales para desde ahí ampliar sus esferas de influencia. Habitan en esa zona oscura de la política que tanto hace sospechar a los ciudadanos, y con razón.

Lo grave es lo siguiente: todos los dirigentes del PSOE son conscientes desde hace años de que tenemos dentro este cáncer. Y las actitudes han sido diversamente irresponsables: desde quienes se han beneficiado claramente de sus manejos o han permitido que otros lo hagan hasta quienes han fingido ignorar su existencia, pasando por quienes simplemente han hecho la vista gorda. Pero ninguno ha hecho lo único que hubiera sido sensato en un caso como éste: ponerse de acuerdo con los demás habitantes de la vivienda para sacar a la calle la basura y depositarla en un contenedor. Siempre han encontrado una oreja dispuesta a escuchar sus ofertas. Con una excepción: Joaquín Leguina, que perdió conscientemente la oportunidad de ser candidato a la alcaldía de Madrid por mandar a paseo al nocturno mensajero del chantaje balbasiano.

Empecemos, pues, por decir las cosas como son: somos culpables por haber presentado a los ciudadanos, con la pretensión de que los votasen, a unos individuos a los que ninguno de nosotros prestaría la cartera durante cinco minutos. Y lo hemos hecho a sabiendas, llevados por el sacrosanto respeto a los equilibrios internos. El día en que seamos capaces de deshacernos de los equilibrios internos y nos limitemos a hacer lo que sabemos que hay que hacer, nos irá mucho mejor. El caso es que los electores tienen derecho a estar indignados: les hemos inducido a votar a unos indeseables. Si no hubieran cometido esta última fechoría, él y ella -y el resto de sus compinches- hubieran permanecido durante cuatro años como respetables diputados socialistas y hubieran participado golosamente en el festín del reparto del poder recién adquirido.

Y esto es lo que resulta más preocupante de lo ocurrido: porque si personajes de esta calaña renuncian a un banquete, sólo puede ser porque les han invitado a otro mejor. Todos los síntomas desprenden un pestilente aroma de connivencia entre los dos pájaros y los beneficiarios directos o indirectos de su maniobra.

Dejemos por el momento de lado las consideraciones éticas. Lo que de verdad desazona es el fondo político de este caso. Porque en el devenir de nuestra democracia falta aún por comprobar cómo abandona el poder el Partido Popular. Ésta es la primera ocasión. Y los signos no es que sean inquietantes, es que son ominosos. Aznar y su equipo de confianza han demostrado ampliamente su accidentalismo democrático, pero en esta ocasión su osadía exige una respuesta firme de defensa de las reglas del juego, algo más que la tibia queja escuchada hasta ahora.

Ya lo decía mi padre: cada cierto tiempo, José Luis, hay que hacer un alto en el camino y sanear el entorno.

La torrentera de artículos, declaraciones, editoriales y comentarios tertulianos sobre la crisis de la Comunidad de Madrid ha producido una inundación en la que todo se ha anegado salvo la histeria inextinguible de la Cadena SER, ventilador que todo lo agita y manipula, hasta los albañales. En medio del naufragio, un político, Ignacio Varela, treinta años militando en el PSOE, subdirector que fue del Gabinete de Felipe González, ha escrito un artículo sobresaliente, publicado (donde menos se espera brinca la liebre) en una página perdida del buque insignia de la Armada Vencible de Polanco. El artículo en cuestión se titula Desahogo y alienta en él un grave acento de verdad.

Sostiene Varela: Hoy vive el PSOE su crisis más grave desde los tiempos de Roldán. Y quizá convenga ahora hacer algo de lo que entonces debimos hacer y no hicimos. Por ejemplo, reconocer públicamente nuestras culpas y negligencias.

Sostiene Varela: Admitamos que éste ha sido un episodio inesperado, pero no totalmente sorprendente. Todos sabemos que desde hace años se ha instalado en el seno de la FSM un grupo de oportunistas desaprensivos encabezados por un impresentable (en el estricto sentido literal del término) que, a partir de una cierta porción de poder orgánico, se han dedicado a condicionar todos los procesos internos de reparto de poder mediante prácticas que incluyen el chantaje, la traición, la compra de voluntades y la más absoluta elasticidad en la formación y ruptura de alianzas.

Sostiene Varela: Ahora llevamos años ocupándonos del tal Balbás y otros personajes similares: un síntoma desolador del estado de salud de una organización. Da la impresión de que en los tiempos del descontrol y la manga ancha anidaron en nuestro organismo varios tumores malignos que no hay forma de extirpar. A ratos permanecen silentes, pero de vez en cuando -casi siempre cuando hay botín a la vista- se activan y nos recuerdan que estamos conviviendo con la peste.

Sostiene Varela: Lo grave es lo siguiente: todos los dirigentes del PSOE son conscientes desde hace años de que tenemos dentro este cáncer. Y las actitudes han sido diversamente irresponsables: desde quienes se han beneficiado claramente de sus manejos o han permitido que otros lo hagan hasta quienes han fingido ignorar su existencia, pasando por quienes simplemente han hecho la vista gorda. Pero ninguno ha hecho lo único que hubiera sido sensato en un caso como éste: ponerse de acuerdo con los demás habitantes de la vivienda para sacar a la calle la basura y depositarla en un contenedor. Siempre han encontrado una oreja dispuesta a escuchar sus ofertas. Con una excepción: Joaquín Leguina, que perdió conscientemente la oportunidad de ser candidato a la alcaldía de Madrid por mandar a paseo al nocturno mensajero del chantaje balbasiano.

Sostiene Varela: Empecemos, pues, por decir las cosas como son: somos culpables por haber presentado a los ciudadanos, con la pretensión de que los votasen, a unos individuos a los que ninguno de nosotros prestaría la cartera durante cinco minutos. Y lo hemos hecho a sabiendas, llevados por el sacrosanto respeto a los equilibrios internos. El día en que seamos capaces de deshacernos de los equilibrios internos y nos limitemos a hacer lo que sabemos que hay que hacer, nos irá mucho mejor.

Sostiene Varela: El caso es que los electores tienen derecho a estar indignados: les hemos inducido a votar a unos indeseables. Si no hubieran cometido esta última fechoría, él y ella -y el resto de sus compinches- hubieran permanecido durante cuatro años como respetables diputados socialistas y hubieran participado golosamente en el festín del reparto del poder recién adquirido.

Sostiene Varela: en el devenir de nuestra democracia falta aún por comprobar cómo abandona el poder el Partido Popular y sostiene además Varlea que ‘los signos no es que sean inquietantes, es que son ominosos’.

El artículo de Ignacio Varela, al que faltan algunos matices y veladuras, responde a la verdad. Es la verdad, la pura verdad. No es toda la verdad porque Valera debería haber sostenido también que otorgar el 50% del poder y de los presupuestos de la Comunidad madrileña a Izquierda Unida, es decir, al Partido Comunista, que sólo obtuvo el 7% de los votos, resulta antidemocrático, desvirtúa la voluntad popular y, por eso, muchos socialistas (no sólo los cuestionados Tamayo y Sáez) sin necesidad de caramelos inmobiliarios, están contra esos porcentajes desmesurados que el pacto regaló gentilmente a la avidez de los comunistas.

Por la transcripción, en fin, del artículo de Ignacio Varela.

A veces en la lotería de Navidad algún desaprensivo reparte participaciones de un décimo que no ha comprado. El que se descubra depende casi siempre de la escasísima probabilidad de que toque el número. Si en la autonomía de Madrid se hubiera mantenido la mayoría absoluta del PP o ganado la izquierda por una mayor diferencia, hoy sería calumnioso dudar de la integridad moral de uno solo de los designados por los partidos para formar sus listas. Importa dejar constancia de un hecho capital que los partidos se han encargado muy bien de mantener en la penumbra, y es que el incidente no hubiera ocurrido con unos resultados menos ajustados. Sólo por esta maldita casualidad hemos podido vislumbrar entre una densa niebla las miasmas de la corrupción. Muchos piensan que se divisa tan sólo la punta del iceberg; mientras que los partidos, en cambio, defienden la honorabilidad de los elegidos en las listas que han confeccionado, aunque reconozcan que sea inevitable que entre tantos no se cuele algún sinvergüenza. Opinión tan convincente como la de afirmar que únicamente han vendido participaciones sin haber comprado el décimo aquellos que han tenido la mala suerte de que les haya tocado.

Lo que más descorazona en esta historia es que los dos diputados díscolos tratasen al principio de justificar su comportamiento, alegando que querían evitar una coalición con Izquierda Unida. En la primera comparecencia ante los medios de comunicación Rafael Simancas desmontó esta explicación, argumentando que, de ser así, debieron haberla esgrimido en el lugar y en el momento oportunos. Digno de consignarse, en todo caso, es que entrara en esta discusión, pese a que el pretexto aducido no se sostenga lo más mínimo; resulta evidente que el que estuviere en contra de una coalición, por lo demás cantada, con Izquierda Unida no podía ir en las listas del PSOE.

A las pocas horas se produjo la mayor sorpresa, al ser expulsados del partido los dos diputados rebeldes, sin darles la oportunidad que pedían de hablar con el secretario general y exigiéndoseles que dimitieran inmediatamente. Cambio tan brusco hubiera parecido tan autoritario como injustificable, a no ser que se barajase ya la sospecha de corrupción, como al día siguiente hicieron explícita varios periódicos y radios. Los diputados rebeldes han intentado luego corregirse, pero ya sin la menor credibilidad, hablando de luchas internas en la federación, de compromisos no respetados, en fin, de querer tan solo reducir la presencia de Izquierda Unida al peso que le dan sus votos.

En un sistema parlamentario en el que los diputados se han convertido en meros autómatas a las órdenes de los dirigentes de los partidos hubiera sido esperanzador encontrar personas que anteponen sus convicciones a la mera obediencia interesada. Que en el Parlamento británico o en el alemán haya diputados que en algunas ocasiones votan en contra, o se abstienen en aquello que decide la dirección, es síntoma de que, pese a todo, algún resquicio queda para la conciencia individual. No se debe denigrar al que aprovecha los medios de que dispone para conseguir lo que en conciencia considera positivo. Frente a la doctrina y práctica que las cúspides de los partidos tratan de imponer es bueno para la vitalidad y decencia de nuestras democracias que haya rebeldes, aunque no tantos que el país se haga ingobernable. Sin la menor duda, se precisa un cierto equilibrio entre disciplina y conciencia; pero para alcanzarlo se requiere instrumentos que, no sólo faltan en España, sino lo que es más grave, ni siquiera se echan de menos. Un aspecto penoso de esta crisis es que, después de lo ocurrido, cada vez será más difícil criticar el principio de que el diputado que no esté de acuerdo con la dirección no tendría más que dimitir y dejar que corra la lista; lamentablemente el escándalo contribuye a que se consolide aún más el poder de las cúspides de los partidos.

La posibilidad de una negociación con los rebeldes, que en pura lógica parlamentaria hubiera sido lo más oportuno -en un grupo integrado por personas libres y responsables siempre hay que hablar y, a menudo incluso, pactar-, acabó en el instante mismo en que se hizo evidente que prevalecían intereses espurios. Pero una vez que los diputados rebeldes quedaron desenmascarados como corruptos, es ya muy difícil que la sospecha no roce a un mayor número. Por más que los partidos insistan en que la corrupción es un fenómeno individual, a la postre inevitable, debido a la naturaleza pecaminosa del ser humano, lo cierto es que siempre se produce dentro de un ambiente, con un amplio espectro de responsables, por activa y por pasiva, en el caldo de cultivo que produce determinadas estructuras sociales y de poder. Más que en la innegable corruptibilidad de la naturaleza humana, imposible de erradicar, hay que poner énfasis en la corruptibilidad del sistema, que siempre cabría corregir.

Una vez que se expande el hedor a corrupción, resulta bastante difícil limitarlo a sus aspectos singulares. Dos corruptos pueden encontrarse en cualquier grupo social, pero ¿por qué se expulsa también al señor Balbás? Dentro de la Federación Socialista Madrileña, en la política de estos últimos años ¿qué ha significado esta corriente, que se dice disuelta sin haber estado nunca formalizada? ¿Acaso los otros diputados elegidos de la misma corriente son trigo limpio simplemente porque para la operación no se necesitaba más que dos? ¿Los pertenecientes a las otras fracciones, renovadores o acostistas, son mejores que los llamados «renovadores por la base»? Si son ciertos los rumores que de estos últimos corren, y que ha corroborado el incidente en la Asamblea, ¿por qué los han integrado en las listas? ¿Quién o quiénes son los que han tomado esta decisión? Y no vale escudarse en los órganos colectivos, como los últimos responsables, ya que al final ratifican lo que han cocinado unas pocas personas en petit comité.

Con todo, lo más escabroso en esta historia es que el tufo alcanza también a los populares. Los empresarios a los que se acusa de haber comprado a los dos diputados del PSOE son afiliados del PP, se habla de reuniones en la calle Génova y se recuerda el pasado del antiguo alcalde de Majadahonda. En suma, la pestilencia llega a los dos grandes partidos mayoritarios; justamente por ello será muy difícil desembrollar la trama y sobre todo el ambiente en que se ha produci-do, máxime cuando desde un primer momento, con reproches mutuos, han acudido a los tribunales, seguros de que hasta que éstos hablen, que tardarán, se podrá mantener la olla sin destapar.

Javier Pradera, en un magnífico artículo publicado en este mismo periódico el 18 de junio, del que el mío pretende tan sólo ser una glosa, ha descrito el estado de ánimo de los militantes y votantes socialistas como el de la familia que ve recaer al hijo drogadicto que creía curado. En efecto, en el PSOE han cambiado las caras, pero el discurso y sobre todo las conductas reproducen cabalmente las de la anterior generación -tampoco en esta ocasión nadie está dispuesto a asumir responsabilidades, recurriendo de nuevo a judicializar la política-, pero con el agravante de que los epígonos están a distancia muy considerable de los modelos que imitan.

El golpe más fuerte para el PSOE es que se ha desvanecido la imagen de un nuevo empezar; para el sistema democrático, que se percibe una malla de corrupción que cubre los dos grandes partidos que tocan poder. En la lucha que en defensa de la democracia se lidia actualmente en el País Vasco, nada podía ser más perjudicial que la sombra de la corrupción cayera sobre socialistas y populares. En Cataluña, CiU ya tiene lema para la próxima campaña electoral: «No vote a socialistas ni a populares, si quiere salvar al país de las miasmas madrileñas», aunque bien pudiera ser que el mayor beneficiario al final fuera Esquerra Republicana.

Escándalos como el ocurrido en la Asamblea de Madrid abochornan e indignan a la mayoría de los ciudadanos, actores, de una u otra forma, de la construcción de nuestra democracia. No menos indignante y preocupante es el efecto que pueden tener en aquellos jóvenes que han participado por primera vez en una consulta electoral. Sólo podremos limitar los daños ya producidos si, antes de las próximas elecciones -que previsiblemente se producirán en plena conmemoración del veinticinco aniversario de nuestra Constitución-, conocemos en detalle la identidad de todos los corruptores y corruptos que han atentado contra el sistema constitucional y han logrado invalidar todo un proceso electoral. Luz y taquígrafos para poder recuperar la soberanía secuestrada.

Pero escándalos graves como el mencionado replantean en la opinión pública el problema de la representación. Si hay prácticas que repugnan a la opinión pública, son las prácticas corruptas conectadas a fenómenos de transfuguismo en todas sus variantes y que se producen de vez en cuando en nuestras instituciones. Cuando esto ocurre, no faltan voces que, alentadas por la indignación general, sugieren cambios profundos, incluso constitucionales, para erradicar tales comportamientos. La expulsión de las Cámaras o la devolución del acta del representante infiel suelen ser algunas de las soluciones que se nos ofrecen alegando que, en realidad, los ciudadanos lo que votamos son unas siglas y no a unas personas concretas. Al defender como solución que el escaño es propiedad del partido y no del diputado infiel o traidor, en el fondo lo que se propone es volver en cierto sentido al mandato imperativo; con la diferencia de que ahora los mandatarios serían los partidos y no los electores. Pues bien, antes de dar pasos en esa dirección, convendría pensárselo más de dos veces, porque tal vez la solución haya que buscarla -y es evidente que hay que buscar soluciones- por otros derroteros.

No es infrecuente encontrarnos con personas que entienden la representación como una relación de delegación, donde el delegado o compromisario no puede tomar decisiones de acuerdo con su criterio y convicción, sino que han de hacerlo siguiendo pura y simplemente las instrucciones de su principal. Para muchos, los parlamentarios deben ser simples delegados, como ocurría antes de la Revolución Francesa. Pero incluso antes de que Edmund Burke pronunciara su famoso Speech to the electors of Bristol contra el mandato imperativo, los parlamentos no se concebían como un congreso de compromisarios que negociaban siguiendo instrucciones de sus mandatarios, sino como asambleas deliberantes de una única nación, con un único interés que no podía ser otro sino el de la búsqueda de lo que Burke denominaba la «razón general colectiva». En las democracias representativas, el parlamentario, pues, representa a la nación soberana y no a sus personales electores o a un partido. Por eso nuestra Constitución, como ocurre en los sistemas representativos, ha prohibido el mandato imperativo.

Junto a estas razones normativas hay otras razones funcionales que explican por qué los diputados ni son ni pueden ser simples delegados de los ciudadanos. En nuestras sociedades modernas los ciudadanos carecemos de la información suficiente como para dirigir con instrucciones a nuestros representantes. Los problemas de la educación, de la sanidad, de la seguridad, de la defensa, de los impuestos… son tan complejos que las soluciones concretas las dejamos en manos de nuestros representantes, a quienes les suponemos más y mejor informados o, al menos, con más posibilidades de buscar y obtener información relevante. Por eso se ha entendido que el diputado tiene y debe tener un amplio margen de maniobra para interpretar lo que en cada caso exige el interés general; por eso el diputado más que un delegado es un agente. Lo que espera el ciudadano de su diputado no es que éste siga todas y cada una de sus opiniones, sino que cuide de sus intereses «como si fueran los suyos propios». Ya lo decía Hegel: la representación se funda en la confianza… y se tiene confianza en una persona cuando se la sabe dotada de la preparación y del ánimo necesario para manejar los asuntos del representado conforme a su mejor saber y conciencia. Es esa confianza la que fundamenta la relación entre representantes y representados.

El problema de nuestras democracias es que no es fácil para los ciudadanos conocer a los representantes que finalmente elegimos. Sólo en comunidades muy sencillas, como los pequeños pueblos, el elector tiene un conocimiento aproximado de las cualidades y condiciones de quienes aspiran a gobernarle. Pero en las grandes ciudades o en las comunidades autónomas o en una nación…, ¿quién puede realmente conocer a sus elegidos? En realidad, elegimos partidos. En tales circunstancias, la lectura de los nombres que componen cualquier papeleta electoral no ofrece garantía alguna de que a quienes votamos serán responsables y gestionarán correctamente los asuntos públicos. Sencillamente, no los conocemos. Y aquí es donde nos encontramos con uno de los problemas de nuestros sistemas representativos; esto es, cómo elegir bien a nuestros diputados en un sistema de partidos.

Dos son, decía Hamilton, los fines de toda constitución política: en primer lugar, conseguir como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; en segundo término, tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su misión. A lo largo de los tiempos la atención se ha puesto en este segundo objetivo, preocupándonos más de establecer controles a posteriori sobre nuestros gobernantes que de imaginar los mejores mecanismos para su selección. Algo se ha hecho en punto a la eliminación de algunas trabas históricas que excluían de la posibilidad de acceder a los puestos de gobierno a ciertos sectores en función de la riqueza, el sexo, nacimiento o religión. Pero nada o muy poco se ha avanzado en punto a establecer las condiciones positivas que deberían reunir nuestros representantes.

Y es aquí -a la vista de la experiencia ya en exceso reiterada- donde se aprecia la insoslayable necesidad de los partidos a la vez que su responsabilidad. Si los partidos, como dice nuestra Constitución, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, lo hacen no sólo articulando programas de gobierno, sino también ofreciendo los equipos que, desde los órganos de representación y gobierno, ejecutarán dicho programa. Tan importante como el programa son las condiciones, cualidades y estilo de quienes se ofrecen para administrarlo. Por eso, una de las funciones capitales que desempeñan los partidos políticos, además de elaborar los programas, es la de asegurar a unos ciudadanos que no tienen tiempo ni posibilidades para conocer el currículo de los aspirantes, que «sus» candidatos reúnen las condiciones que les hacen merecedores de la estima y la confianza ciudadana. El nombre de un partido, el de su líder, el logo, las siglas… son la imagen de marca que ampara lo que hay detrás de las mismas. Los partidos políticos cumplen con el mandato constitucional al certificar la honradez de «sus» candidatos; al ofrecer el aval de que quienes están bajo sus siglas no sólo comparten un programa, sino que, a su juicio y tras el oportuno escrutinio, son personas honorables y dignas de confianza para el ejercicio de la función pública.

Especialmente importante es el desempeño de esta función de seleccionar (bien) los candidatos cuando se aplica un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Tal vez otras fórmulas pudieran mejorar, en teoría, nuestro sistema de representación; pero ello comportaría, en unos casos, una profunda reforma electoral para la que dudo que haya el necesario acuerdo, y en otros, una reforma constitucional que, por otras razones, tal vez no sea ni urgente ni conveniente. Por ello, y en tanto no se modifique el vigente sistema electoral, cuando se producen fenómenos de corrupción (en activa o en pasiva) o deslealtades graves al programa en las filas de un partido, una buena parte de la responsabilidad política es imputable al partido que avaló la honorabilidad y seriedad de quienes, siguiendo su consejo, elegimos como nuestros agentes. Las listas cerradas y bloqueadas suponen un enorme poder en manos de los partidos para determinar el tipo de representación que tenemos; pero también un grado máximo de responsabilidad de los partidos cuando dicho poder se ejerce mal o negligentemente.

Escándalos como el de la Asamblea de Madrid no sólo indignan a la mayoría de los ciudadanos y alejan a los jóvenes de nuestras instituciones, sino que hacen saltar las alarmas y alientan la imaginación de los legisladores con nuevas medidas punitivas de corruptores y corruptos. Tómense este tipo de medidas si se creen necesarias. Pero no son medidas ex post las que más necesitamos. Mejor los controles a la entrada que a la salida. Lo que precisamos son medidas preventivas; procedimientos y mecanismos que vigilen la entrada en la política; buenos guardianes que criben y seleccionen a los aspirantes. Porque la calidad de nuestra representación depende más del escrutinio que hayan realizado los partidos al seleccionar a sus candidatos que de la capacidad -más bien limitada- de los ciudadanos para calibrar la honorabilidad de sus representantes.

Cuenta Aristóteles cómo en la Atenas del siglo IV antes de Cristo funcionaba una institución denominada la dokimasía. Como los cargos de la Administración eran elegidos mediante sorteo -salvo los diez estrategos, que lo eran por votación-, había que proceder previamente al examen de su elegibilidad. Éstos debían responder a cuestiones como su filiación, el demos del que formaban parte, si participaban en algún culto y en qué santuarios, si tenían tumbas y dónde estaban, si pagaban los impuestos o si habían cumplido el servicio militar. No se trataba de calibrar la aptitud o ineptitud profesional para el cargo, sino si el candidato reunía las cualificaciones cívicas y morales. En tales procesos, según explicaba Lisias, el sometido a examen no tenía que defenderse de unas acusaciones, sino que debía «dar razón de toda la vida». Por supuesto que a la salida del cargo debía responder de sus actos; pero antes se preocupaban por todos los medios de controlar la entrada.

No era mala institución esta de la dokimasía, que poco o nada tiene que ver desgraciadamente con el funcionamiento de los comités de listas electorales de los partidos. Pero es evidente que aquella función de «filtro» de la que hablaba Aristóteles corresponde hoy a todos y cada uno de los partidos políticos. Suya es la función y suya es la responsabilidad. Y estoy convencido de que, si se lo toman en serio y se hace con rigor la selección de los candidatos, no será difícil encontrar entre tantos miles de ciudadanos a ese puñado de representantes que, lejos de abochornarnos a todos, permitan celebrar el veinticinco aniversario de la Constitución reconciliando a los jóvenes con la política y recuperando la soberanía hoy secuestrada.