Forzado a dimitir el Director de Comunicación de la Generalitat, David Madí, acusado de manipular encuestas a favor de CiU

El conseller en cap del Gobierno catalán, Artur Mas, admite que su departamento ha cometido «errores y omisiones en algún caso» al informar sobre las encuestas que encarga la Generalitat, aunque descarta que pueda hablarse de «manipulación». En una carta dirigida al presidente del Parlament, Joan Rigol, Mas afirma: «Es evidente que nuestra voluntad es que estos errores no se repitan y la reestructuración del área de estudios de la Dirección General de Evaluación y Estudios responde a este objetivo», concluye.

La carta es una respuesta a la petición de información planteada por el presidente del Parlament, al que el portavoz del Grupo Socialista, Joaquim Nadal, pidió amparo como consecuencia de los «errores» cometidos por el equipo del conseller en cap al enviar las encuestas al Parlament. En enero de 2001, el Ejecutivo remitió a la Cámara tablas con datos falsos, que beneficiaban a Mas en perjuicio de los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla y del democristiano Josep Antoni Duran, quienes vieron rebajada su valoración. Estas modificaciones requirieron alterar unos 150 registros de la encuesta, cuya muestra era de 800 personas.

El barómetro anterior, elaborado en plena carrera en Convergència i Unió (CiU) por la sucesión de Jordi Pujol, se envió sin las valoraciones de Mas, Duran y el hoy líder del PP catalán, Josep Piqué. El dirigente conservador doblaba en julio de 2000 al delfín de Pujol en grado de conocimiento, mientras que la valoración de Duran superaba incluso la de Maragall. Dos años antes, en febrero de 1998, el Ejecutivo ocultó que el líder socialista tenía mejor nota que Pujol.

Todos los partidos, salvo la federación nacionalista, han criticado con dureza el uso que el equipo de Presidencia hace de los sondeos oficiales. El Partido Popular (PP) ha pedido la comparecencia de Mas, mientras que los socialistas e Iniciativa reclaman el cese de David Madí, secretario de Comunicación del Gobierno catalán.

«Sin credibilidad»

En su respuesta al Parlament, fechada el 7 de febrero, Mas hace un repaso sobre la legislación vigente y asegura que su departamento tiene voluntad de consenso: «Confío en que quede clara la voluntad del Departamento de Presidencia de facilitar toda la información que el Parlament requiera sobre los estudios», escribe.

Las explicaciones no convencieron al Partit dels Socialistes (PSC), la formación que acudió a Rigol en busca de amparo. El diputado socialista David Pérez dijo que Mas «ha perdido toda credibilidad». «Una persona que se equivoca tan a menudo y todos los errores y omisiones benefician siempre a los mismos no puede continuar siendo el responsable de las encuestas públicas», afirmó Pérez. Y añadió: «Mas es el responsable de todo este pastel».

El conseller en cap del Gobierno catalán, Artur Mas, ha admitido «pequeños errores» en los sondeos públicos, pero los considera «muy poco trascendentes». El secretario general de la Presidencia, Carles Duarte, acepta que ha habido «errores y omisiones». Y también el secretario de Comunicación del Gobierno catalán, David Madí, cuya dimisión reclaman insistentemente socialistas e Iniciativa, dictó en su día un comunicado a las agencias en el que reconocía «un error que subsanar al facilitar los datos» de uno de los barómetros de la Generalitat. No obstante, los tres altos cargos de Presidencia, departamento del que dependen los sondeos, se muestran tajantes al descartar que pueda hablarse de manipulaciones en las encuestas públicas, a pesar de que la cascada de errores que EL PAÍS ha puesto de manifiesto siempre beneficia al Ejecutivo de CiU y a menudo al conseller en cap.

Los «errores involuntarios» reconocidos por escrito por Mas en varias respuestas parlamentarias arrancan de lejos, pero se han acentuado desde que su equipo de asesores se hizo cargo, a principios de 2000, de la difusión de los barómetros elaborados por Line Staff. Tras su ajustada investidura de finales de 1999, Jordi Pujol diseñó un Ejecutivo con dos polos muy fuertes, dirigidos por los dos aspirantes de CiU a la sucesión: el convergente Artur Mas, que asumió Economía y fue designado portavoz del Gobierno, y el democristiano Josep Antoni Duran, quien se situó al frente del nuevo Departamento de Gobernación.

En teoría, ambos políticos se enfrentaban en igualdad de condiciones, pero las cartas parece que estaban marcadas: los barómetros de Line Staff -hasta entonces bajo la supervisión directa del entorno más cercano a Pujol- pasaron a depender del equipo de Mas, quien asumió la difusión de los datos.

En los barómetros hechos públicos durante la carrera para suceder a Pujol, los «errores» cometidos beneficiaron los intereses de Mas y perjudicaron a todos sus rivales: los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla, el democristiano Josep Antoni Duran y el popular Josep Piqué.

El 9 de enero de 2001, sólo dos días antes de que Pujol anunciara su designación como conseller en cap -y, por tanto, fuera ungido delfín en detrimento de Duran-, Mas presentó un barómetro cuyas tablas enviadas al Parlament estaban llenas de datos falsos. Se alteraron 150 registros -de una muestra de 800 personas- y se modificó completamente el paisaje del estudio original: se rebajaron las valoraciones de Maragall, Montilla y Duran y se fabricó la nota de Pujol, quien apareció como líder mejor valorado.

El barómetro anterior fue enviado a la Cámara sin las valoraciones de Mas, Duran y Piqué en uno de los momentos álgidos de la competición en CiU para suceder a Pujol. Los resultados dejaban a Mas en una situación complicada: Duran obtenía una valoración superior y se situaba incluso por encima de Maragall. Además, un líder del PP -Piqué- obtenía una valoración inusualmente buena en Cataluña y doblaba a Mas en grado de conocimiento.

En 2001, Presidencia envió al registro público de encuestas otro sondeo mutilado. El estudio original, elaborado por el Instituto Opina, ponía de relieve que los ciudadanos reprobaban la política eléctrica del Departamento de Industria de la Generalitat y secundaban al Ayuntamiento de Llagostera (Gironès), que se oponía a la instalación de una línea de alta tensión en Les Gavarres.

La literatura y el cine han glosado extensamente la figura del sirviente que atrapa al dueño en una red de dependencias hasta invertir la situación de dominio. Con la confianza y la abnegación como coartada, el sirviente poco a poco se va haciendo imprescindible: primero, fascina al dueño por su eficiencia y lealtad; después, influye cada vez más en la toma de decisiones hasta que llega un momento en que es difícil saber quién tiene la última palabra; y, finalmente, vacía al dueño por dentro, toma posesión de su voluntad. Cada día que pasa, al dueño le es más difícil desembarazarse del sirviente, hasta tal punto la relación se ha invertido. Casi siempre estas historias acaban mal.

Del frío mundo de la aristocracia inglesa a los intrigantes universos palaciegos del antiguo régimen, de las esferas del poder económico de las grandes familias a los aledaños del poder totalitario, hay infinidad de escenarios para recrear el juego de la toma de posesión del dueño por parte del sirviente. Un juego que a menudo termina con la destrucción de las dos partes. También el quehacer cotidiano de la política democrática ofrece remakes -a menudo más propios de una comedia de Carlos Arniches que de una película de Joseph Losey- de estas historias de enredo entre dueño y sirviente. Desde que el asesor de imagen se convirtió en acompañante inseparable del hombre público y empezó a hacer estragos en la política, la figura del sirviente ha recibido un nuevo impulso. Los responsables de comunicación son las hadas de nuestro tiempo, que prometen convertir en oro todo lo que tocan.

Sin ir más lejos, el conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, parece atrapado por una de estas hadas salvadoras. Mas tiene un sirviente: David Madí. Un sirviente eficiente y dispuesto, entregado al servicio de su jefe, con la promesa de que si me das los recursos necesarios te hago presidente. Cualquier duende que hubiese querido hechizar a Mas habría intentado ganárselo con la misma promesa. Mas, en un ambiente difícil para sus propósitos, con clara desventaja en las encuestas y con dudas entre los suyos, necesita una hada que le asegure que es el más guapo de la fiesta y que, sin duda, conseguirá la prenda deseada. Cuando un sirviente tiene la sensación de que dispone de vía libre con tal de que apunte al buen fin, empieza a hacerse peligroso para su dueño. El sirviente sólo se detiene si es frenado a tiempo; es decir, antes de que posea el cuerpo y el alma de su amo.

Hace tiempo que en Convergència se oían voces que sospechaban que Madí conducía y Mas obedecía. Y temían algún derrape. De pronto, ha aparecido la noticia de que desde el entorno de Mas se facilitaban a la opinión pública y a los señores diputados encuestas manipuladas, encuestas falsas, documentos mutilados. Es un hecho grave porque vulnera la obligación de transparencia y veracidad en la información oficial que exige la elemental lealtad democrática. Los jueces dirán si hay responsabilidades penales. Pero políticamente es un asunto muy serio porque revela una idea patrimonial del servicio público; por desconsideración a la ciudadanía y a los señores diputados que la representan y tienen derecho a acceder a la documentación oficial sin trampas ni engaños; incluso, por falta de respeto a sus compañeros de coalición, porque algunas informaciones manipuladas tenían obviamente en el punto de mira a Unió, socio de Convergència. El uso del engaño por parte del poder para conseguir minúsculos réditos en la lucha electoral denota una concepción muy mezquina de la política.

Poco importa si ha sido una venganza de los socios de Unió, si ha sido habilidad de la oposición o si se debe a la humana tendencia a abandonar el barco antes del naufragio lo que ha causado esta fuga de información desde la cúspide de la Generalitat. Lo grave es la sensación de que el fin -la elección- justifica saltarse a la torera las normas más elementales. Lo grave es la sensación de impunidad que emana de este tipo de conductas. La Generalitat como institución merece mayor respeto. Hacer trampas de jugador de parchís no dice nada bueno sobre la idea que se tiene de la institución a la que se representa. Y si el motivo de tanta impunidad fuera que Mas y los nacionalistas catalanes se sienten tan propietarios de la Generalitat que se lo pueden permitir todo porque nadie debe echarles de ella, sería muy preocupante.

Pero volvamos al punto en el que estamos. El escándalo ha estallado. La oposición pide responsabilidades. Jordi Pujol busca un acuerdo para que el PP le ayude a salvar la cara. Y Mas lo estropea: no quiere entregar la cabeza de Madí. Cierra una oficina y se da por satisfecho, como si la culpa fuera de los muebles y los ordenadores. José María Aznar se desprendió de Miguel Ángel Rodríguez, a pesar de que éste le había ayudado activamente a ganar las elecciones, aplicando el principio del poder que dice que el sirviente cae cuando con su desgracia puede salvar al jefe. Mas, de momento, opta por lo contrario: ser leal a su sirviente. ¿Es un reconocimiento de su propia responsabilidad, lo cual le honraría, o es que el sirviente ya es más dueño que el dueño y éste no es capaz de echarle?

En un momento en que la ciudadanía protesta por los modos distantes y arrogantes con que se ejerce el poder, este sórdido espectáculo de la miseria del poder obliga a preguntarse si es una consecuencia del reiterado empequeñecimiento de la política en estos veintitantos años de hegemonía convergente. En una política como la catalana, tan encerrada sobre sí misma, sólo faltaba la vuelta de tuerca de estas mezquindades con las que se pone en juego el crédito personal para conseguir nimios dividendos en la lucha electoral.

Curiosamente, en el mismo momento en que el caso de las encuestas falsas domina la vida política catalana, dos correligionarios de Mas, Ignasi Guardans y Xavier Trias, han tenido, en el Congreso de los Diputados, una aportación de primer nivel en los debates sobre la guerra. El tono y la calidad de las intervenciones de Guardans merecería probablemente la mejor nota de cuantos han intervenido en el Parlamento sobre el conflicto internacional. Ello indica que quizá lo que conviene a la política catalana es abrir puertas y ventanas, mirar al exterior, y acabar con esta cacofonía que parece condenarla a morir de asfixia por los hedores de cierta mediocridad.

David Madí, responsable de las encuestas falseadas de la Generalitat y hombre fuerte del conseller en cap y delfín de Pujol, Artur Mas, hizo ayer efectiva su dimisión para evitar convertirse en «excusa» para la «erosión» de su formación, CiU. A renglón seguido, los dos grandes partidos en Cataluña, nacionalistas y socialistas, tal como estaba previsto, dieron de consuno carpetazo a la comisión parlamentaria de investigación sobre los sondeos.

Gracias al desenlace provisional de este escándalo, las administraciones catalanas se han comprometido a incrementar la transparencia de sus encuestas, y el responsable de los sondeos manipulados desaparece del mapa público, aunque ahora se refugie en la cocina electoral de su partido. En democracia, a veces con dificultades, quien la hace la paga. Los partidos minoritarios en Cataluña (Esquerra, Iniciativa y PP) lamentan que su cese no fuera acompañado de una honesta asunción de responsabilidades concretas. Pero este argumento tiene escaso fundamento, ya que en un régimen parlamentario se asumen responsabilidades políticas dimitiendo ante el Parlamento.

Los argumentos esgrimidos para la dimisión, en cambio, son muy endebles. Madí, su patrón y los medios afines han señalado que las graves manipulaciones, censuras y falseamientos en las encuestas, siempre en beneficio de Mas, eran meros «errores», un asunto «irrelevante», catapultado por una conjura «mediático-política» de intereses espurios. Excusas patéticas y efímeras. Ya Pujol advirtió que el desaguisado era obra de «un tonto o un inútil».

Quedan abundantes sombras en este desenlace. El carpetazo a la comisión de investigación secuestra a la ciudadanía el conocimiento cabal del alcance completo de las falsedades -de las que las reveladas constituyen sólo una muestra-, de los procedimientos utilizados y de la nómina de coautores, cómplices y encubridores. En vez de tanta retórica, le hubiera bastado al Gobierno de CiU con abrir los archivos de las encuestas, sus tablas y sus fichas de microdatos. Han sido pagadas por los contribuyentes y deberían estar disponibles al escrutinio público.

La dimisión de Madí se cierra, así, parcialmente en falso. Es lógico que la CiU de Mas lo auspiciase para sajar la gangrena. Pero resulta más preocupante que el PSC de Pasqual Maragall se avenga a lo que los minoritarios califican, ahora con toda la razón, de «pasteleo», presuntamente para «tapar las vergüenzas» concomitantes de las administraciones socialistas y, en concreto, la opacidad en sus encuestas. ¿Significa que el cambio que se augura quedará a medias?