La Dictadura de Fidel Castro ejecuta a tres ciudadanos que trataron de secuestrar una barca con el objetivo de exiliarse a Florida

La ejecución de tres ciudadanos cubanos que intentaron secuestrar un lanchón para dirigirse a Estados Unidos supone un gravísimo salto cualitativo del régimen comunista cubano. Esta misma semana acaba de dictar severas sentencias contra un grupo de disidentes, a los que los tribunales castristas consideran culpables de conspirar con Estados Unidos. El crimen de los 78 opositores ha sido encontrarse regularmente con diplomáticos de la Oficina de Intereses estadounidense en la isla.

Que después de 43 años de poder absoluto, y al amparo de la guerra en Irak, Fidel Castro haya desatado la mayor oleada represora en una década muestra hasta qué punto teme por la supervivencia del petrificado régimen que encarna y hasta dónde desprecia la opinión internacional. Su recurso a métodos propios de las etapas más oscuras del comunismo es un recordatorio brutal de que con Castro vivo cualquier posibilidad de democratizar Cuba es sólo un sueño.

¿Qué amenaza exactamente a Castro en un país donde el partido único lo controla todo, incluidos los medios de comunicación? La oposición condenada esta semana a penas descabelladas es un grupo de pacíficos periodistas, intelectuales y defensores de los derechos humanos, la mayor parte de ellos desconocidos fuera de Cuba, que ha tenido la osadía de recoger las firmas de 20.000 ciudadanos pidiendo una democratización del régimen dentro de la Constitución, el llamado Proyecto Varela.

Con el desplome del comunismo y el progresivo aislamiento de Cuba, Fidel Castro ha venido utilizando su tolerancia hacia la inofensiva oposición como moneda de cambio para mantener sus relaciones económicas con el mundo capitalista y su particular tira y afloja con Washington. Las ejecuciones y las condenas de esta semana señalan una ruptura absoluta con este modelo contemporizador, pese al estado agónico de la economía de la isla. Ruptura que augura una escalada con EE UU de imprevisibles consecuencias, atizada en el último mes por el secuestro o intento de secuestro por ciudadanos cubanos de seis aviones que pretendían desviar hacia Florida.

El autócrata que fuera revolucionario ha decidido que el control político de la isla, su objetivo único y vitalicio, ha de mantenerse a cualquier precio, aunque ello le cueste el apoyo que pudiera quedarle entre los países democráticos. La UE, que iba a estudiar la inclusión de Cuba en el acuerdo preferencial de Cotonú, debe tomar nota de cómo entiende La Habana el respeto de los derechos humanos y las libertades.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU no fue capaz el jueves de condenar la oleada represiva desatada desde hace un mes en Cuba. Los equilibrismos habituales en ese organismo, más la bula de que goza el régimen castrista en algunos países, se tradujo en unas votaciones que sólo a Castro pueden satisfacer.

Cuarenta de los 79 disidentes detenidos en marzo ya han sido condenados a penas de entre 10 y 27 años por actividades como escribir para una revista digital, entrevistarse con diplomáticos extranjeros o recoger firmas en apoyo de la celebración de un referendum sobre el cambio político. La marea represiva, culminada con el juicio y ejecución sumaria de tres de los once secuestradores de una embarcación con la que pretendían huir a Estados Unidos, es la respuesta del régimen a las peticiones de sectores opositores moderados para que sea el propio Castro quien inicie un proceso de apertura. El más antiguo dictador del mundo (Sadam era probablemente el segundo) no está dispuesto; como gritó patéticamente hace unos años, «marxismo-leninismo o muerte».

La movilización contra la guerra de Irak ha sido aprovechada ahora para presentar como «lacayos del imperialismo» a los opositores internos. Esa utilización oportunista y siniestra de la opinión pública internacional merecía una reacción clara de quienes han respaldado las movilizaciones. Así lo exigió Aznar el pasado sábado, emplazando en particular a los socialistas a condenar las ejecuciones de Castro con tanta energía como las muertes de iraquíes. Es cierto que la izquierda española ha sido en el pasado muy tolerante con la dictadura castrista, pero no más que el fundador del PP, Manuel Fraga, y coincide que en esta ocasión fueron precisamente los socialistas quienes, en un debate sobre la guerra de Irak, celebrado el mismo día en que se conocieron las sentencias contra los disidentes, hicieron una expresa condena en el pleno del Congreso.

Al igual que otros dictadores de menor cuantía, como Obiang, Castro lleva años utilizando la causa de los derechos humanos como moneda de cambio en sus relaciones internacionales. Por ello, este nuevo alarde merecía también una reacción inequívoca de parte del organismo de la ONU supuestamente especializado en la defensa de los derechos humanos. Pero la comisión, que preside nada menos que la Libia de Gaddafi, se ha limitado a aprobar una resolución que se conforma con pedir a Castro que autorice la entrada en la isla de una comisionada ya designada hace meses y a rechazar una enmienda que exigía la liberación de los disidentes. En resumen, un flaco favor al sistema de Naciones Unidas, a la causa de los derechos humanos y a quienes sufren la opresión de la bota castrista.