Fracasa la OPA de Gas Natural (La Caixa) sobre Iberdrola, a la que se oponía Repsol YPF

La oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de la eléctrica Iberdrola por la empresa Gas Natural es una operación compleja que no puede interpretarse desde un solo punto de vista. Los hechos son que una empresa que controla el mercado del gas natural en España -considerada como la energía del futuro en los países desarrollados- se dispone a comprar la segunda compañía eléctrica española, cuya producción es en gran parte hidroeléctrica; que la empresa comprada casi duplica en capitalización bursátil a la compradora; que Gas Natural ofrece 6,80 euros y 0,58 acciones por cada título de Iberdrola y condiciona la OPA a obtener el 75% del capital.

No es la primera vez que se pone sobre el tapete esta unión. En 2000, la operación se planteó en términos de igualdad, y hoy se presenta como una oferta de compra. Desde un punto de vista empresarial, pocos reparos pueden hacerse a la operación. Gas Natural es una compañía capaz de generar un elevado volumen de caja, en parte porque controla casi el 80% del gas en España con tarifas fijadas desde el Gobierno. Vive en un mercado seguro y en expansión. Por tanto, y dado que el crecimiento interno de la empresa difícilmente puede acelerarse, con el dinero que genera está en disposición de comprar crecimiento adquiriendo otras empresas. La elegida, Iberdrola, es una opción razonable. Sus actividades son complementarias, la nueva empresa estaría en disposición de ofrecer paquetes de servicios eléctricos y de gas, y además, la compradora se garantiza la incorporación de los nueve millones de clientes de Iberdrola. Dado que el mercado gasístico estaba sujeto a liberalización, Gas Natural se garantiza de un golpe que mantendrá clientes y mercados para una gama de productos más amplia.

La operación, no obstante, tiene varios riesgos. El que se aprecia a simple vista proviene de la resistencia de los accionistas de Gas Natural a suscribir la OPA. Los cuatro consejeros que representan el capital de Repsol en la empresa gasística (24,4%) han votado en contra de la operación, y un consejero independiente ha hecho lo propio. La impresión es que la compra de Iberdrola no encaja en los planes de Repsol ni del BBVA, el accionista común en Iberdrola. Tienen razón los consejeros de Repsol cuando sugieren que un momento de incertidumbre geopolítica y financiera como el actual no es el más oportuno para la operación. Los mercados han castigado a Repsol porque entienden que se verá obligado a asumir una deuda superior a la que ahora lastra sus cuentas de resultados. Pero el entorno geopolítico es también un arma de doble filo. La amenaza de guerra y la incertidumbre energética contribuirán a distraer la atención de la opinión pública y, de paso, proporcionan un argumento de peso para defender empresas energéticas grandes y consolidadas.

Desde la perspectiva de la competencia, los argumentos son ambivalentes. Es cierto que la neutralización mutua de dos competidores potenciales recorta el grado de competencia en el mercado energético; pero hay que reconocer también que el nivel de competencia es muy bajo. Tanto que quizá sea una táctica más rentable aprovechar que la dirección de Competencia debe examinar los términos de la compra para imponer condiciones que aceleren la liberalización real en el mercado del gas. Si la operación se cierra sin sentar las bases para que los consumidores se beneficien de un mercado mejor regulado, será un fracaso político para el Gobierno, aunque sea un éxito para las empresas.

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Mucho y bien tendrá que explicarse la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para justificar por motivos técnicos su oposición a la OPA presentada por Gas Natural sobre la compañía eléctrica Iberdrola. No es fácil encontrar razones para rechazar la OPA si se atiende solamente a los aspectos regulatorios, y por ello es necesario examinar con cuidado los argumentos técnicos que exponga la CNE. En principio, sólo es posible examinar los razonamientos que, según la prensa, se utilizaron en los debates internos de la Comisión, en los que puede apreciarse a simple vista la negativa radical de los consejeros nombrados a instancias del PP.

Dos razones parece estar utilizando el regulador para oponerse a la OPA. Por una parte, apela al riesgo de que la compra de Iberdrola debilite la posición financiera de Gas Natural hasta el punto de que comprometa el programa de inversiones necesario para contruir la infraestructura gasística que necesita el país; por otra, teme la hipótesis de que los recursos obtenidos por actividades reguladas (ingresos por tarifas) se desvíen hacia otros mercados o negocios. El primer argumento invita a la melancolía; si el producto de la unión de dos grandes empresas como Gas Natural e Iberdrola no puede acometer las inversiones necesarias, cabe preguntarse quién podrá. El segundo tampoco se sostiene con demasiada firmeza, porque las compañías eléctricas hoy obtienen ingresos procedentes de actividades reguladas sin que exista el mínimo control sobre el destino de tales ingresos.

Si los argumentos fueran éstos o similares, el veto de la CNE a la OPA constituye un error; no hay razones regulatorias sólidas en contra de la operación por lo mismo que no las había en el caso de Endesa e Iberdrola. Porque la OPA de Gas Natural, se mire como se mire, es una operación legítima, que en principio debería quedar sometida única y exclusivamente a la sanción de los accionistas de Iberdrola y a las cautelas de las autoridades de competencia para evitar el control del mercado. El veto desde la instancia de la Comisión Nacional de la Energía proporciona indicios preocupantes de que el principal motivo de oposición a la OPA es político y que probablemente se está agitando de nuevo en el entorno del Gobierno el espantajo del nacionalismo periférico invasor. Con el agravante de que deja en mal lugar la credibilidad de la Comisión Nacional de la Energía.

En medios económicos y financieros se ha destacado la labor realizada por el consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, en defensa de la compañía frente a la OPA lanzada por el grupo Gas Natural. La Comisión Nacional de la Energía hizo pública ayer su decisión de no autorizar la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola, pues afirma que la operación pone en peligro las inversiones en actividades reguladas del sector energético. Sánchez-Galán ha contado en su trabajo con un gran equipo jurídico dirigido por Jesús Trillo.

La del martes 29 fue una noche para el brindis en Hermosilla 3.Brindis con champagne francés. Ni hablar de cava para la ocasión.Las noticias fluían desbordadas desde la Comisión Nacional de la Energía (CNE) donde, por seis votos a tres, el consejo del organismo regulador había tumbado la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola, el más reciente, que no el último, terremoto que ha puesto en estado de shock el sector energético español.

Muchos hombres felices en la sede de la eléctrica. Empezando por su presidente, Iñigo de Oriol, superviviente de dos asaltos, el que nos ocupa y otro, sumido en la penumbra, protagonizado por Alfonso Cortina (Repsol) con la vista gorda de Rodrigo Rato, que Aznar paró in extremis, más el intento de apareamiento con la Endesa de Martín Villa que frustró Economía. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Feliz también Sánchez Galán, aspirante a un sillón que de pronto creyó perdido por la aparición ante la fortaleza de ejército de tanto porte como el catalán. Intimamente contento Jesús Trillo, jefe de los servicios jurídicos, que ha dirigido la defensa con la ayuda de los bufetes Hermosilla y Gómez-Acebo & Pombo.

En la acera de en frente, Antoni Brufau era aquella noche un hombre al borde del ataque de nervios. Sabedor de que las cosas se habían torcido en la CNE, el presidente de GN se fue al consejo de Repsol con el ánimo alterado y allí se explayó a gusto antes de coger el avión camino de Barcelona para, desde El Prat, ir derecho a la Generalitat a contarle a Pujol el último atropello del centralismo madrileño. El Honorable no ha dicho aún esta boca es mía, que ha visto ya mucha agua pasar bajo los puentes.Sí han salido al corte Homs y el mismísimo Artur Mas, que ni se enteró de la operación al principio ni la ha entendido al final, aunque de nuevo toca asomarse al balcón del victimismo, con vistas al mar del 25 de mayo.

Quienes denuncian la politización de esta OPA, por no hablar del fallo de la CNE, deberían caminar con tiento. Pocas cosas tan políticas como la existencia (Felipe González, Pere Durán Farell) de empresa tan próspera y rentable como es hoy Gas Natural, resultado en buena parte de la venta de la Empresa Nacional del Gas (ENAGAS) por el Estado mediante adjudicación directa, sin publicidad ni concurrencia, al grupo GN. En efecto, en junio de 1994 el entonces INH le vendió el 91% del capital de ENAGAS por 308 millones de euros. El 9% restante le fue adjudicado en marzo de 1997 (Gobierno Aznar) por 84 millones. La operación tenía, además, premio sorpresa: el 29 de febrero de 1996 (estertores del Gobierno González) la SEPI traspasó a ENAGAS (ergo, a GN) su participación en Sogane, titular del contrato de aprovisionamiento de gas con Argelia.

En junio de 2002, y a través de la oportuna OPV, GN colocó en el mercado el 59,1% de ENAGAS, porcentaje por el que ingresó 917 millones de euros, y que supuso valorar el 100% del capital en 1.552 millones. Si tenemos en cuenta, pues, que la cifra total desembolsada por GN para adquirir el 100% de ENAGAS fue de 392 millones, y que la valoración de esta compañía en Bolsa fue de 1.552 millones, llegamos a la conclusión de que el Estado regaló a la firma catalana la bonita suma de 1.160 millones de euros.Menos da una piedra. Además, le otorgó derechos especiales y exclusivos, resumidos en su posición de dominio en toda la cadena de valor del gas natural en el territorio peninsular. En otras palabras: estamos ante un monopolio, o casi, que ha situado las tarifas del gas entre las más caras de Europa (3,81 céntimos por Kwh, frente a los 2,3 y 2,28 de Holanda y Reino Unido, donde los mercados están más liberalizados).

El argumento de fondo que subyace en el dictamen de la CNE no deja, por eso, de tener validez: el gas es una actividad de interés público y, en consecuencia, está regulada, de modo que con la renta del monopolio no puede usted hacer lo que le venga en gana, poniendo en peligro un servicio público como la gasificación del país. Las rentas de una actividad regulada no pueden financiar actividades no reguladas. En roman paladino: no puede usted utilizar la tarifa para comprarse un Ferrari.

El Gobierno ha frustrado todos los intentos previos de concentración en el sector, y era previsible que ahora hiciera lo propio. Rodrigo Rato («no te metas en esto, Josep, que por ahí no voy a pasar») lo tuvo claro desde el principio: «lanzar una OPA hostil desde una empresa titular de un servicio público, con el respaldo de una corporación pública como La Caixa -otro melón que ha abierto esta operación-, es un error de cálculo monumental, y seríamos unos irresponsables si consintiéramos que GN se endeudara, poniendo en peligro las inversiones en el sector, sólo para que los fondos USA le acepten la OPA». Errado o acertado, esta vez Rato no ha engañado a nadie.

Ante panorama meteorológico tan adverso, es de alabar el valor demostrado por Brufau al lanzar el golpe sin negociarlo antes con el poder político, y sin buscar siquiera el respaldo de la Generalitat, arrojo que encontró enseguida el apoyo entusiasta del PSC de Maragall. En el fondo, la operación, como otras previas, viene a poner de manifiesto la crisis estructural de unas empresas que han agotado su modelo de crecimiento y que necesitan de las fusiones para mejorar economías de escala y seguir ganando dinero.El resultado es que continuamos sin tener esa gran empresa energética por la que muchos apuestan, pero tampoco tenemos más competencia y, en consecuencia, precios más bajos para el consumidor.

No deja de resultar llamativo que, en el argumento central de su alegato -rechazar la operación porque podría poner en peligro las inversiones futuras en el sector y, por tanto, el suministro eléctrico- un organismo regulador como la CNE se atreva a opinar sobre las cuentas de una empresa y a evaluar el comportamiento futuro de sus balances y cuentas de resultados como si las conociera mejor que sus gestores, mientras, por otro lado, no dice una palabra de lo que parece obvio, a saber, que mediante los contratos duales -gas y electricidad- la futura sociedad hubiera puesto a la competencia entre la espada y la pared, porque, a través de las centrales de ciclo combinado -80% del suministro en el futuro- y mediante el monopolio del gas canalizado, hubiera podido producir electricidad un 50% más barata que el resto.

Nos hallamos pues, ante un escenario en el que ni GN es empresa genuinamente privada, ni el sector está realmente liberalizado, ni existe libre concurrencia. ¿Resultado? Es el modelo energético entero el que está en cuestión. Para terminar de rematar la faena, el problema entra en el totum revolutum más absoluto, en la politización más grosera, por culpa de la falta de autonomía de los organismos de control, característica esencial de una democracia a medio cocinar como la nuestra, donde no hay separación de esferas de influencia entre el poder político y el económico, entre lo público y lo privado, entre Estado y sociedad civil, entre Gobierno y gobernados. Lo peor que se puede decir de la CNE y su notoriedad de estos días es que lo ha sido por la composición política de sus miembros, tantos de un lado, tantos de otro, y lo que hará fulano teniendo en cuenta su obediencia política, y lo que dirá mengano sirviendo los deseos de quien lo nombró…

Casi resulta una obviedad decir que la salud de un sistema democrático con separación de poderes descansa en la existencia de este tipo de organismos de control (CNE, TDC, CNMV, etcétera.) independientes del poder político. Por desgracia, el Gobierno Aznar ha liberalizado, pero se ha negado a perder los resortes de poder que implica seguir manipulando, vía nombramiento de fieles, los organismos de control encargados al final de asegurar una efectiva competencia.Seguimos siendo un país regulado. Un país donde es más importante llevarse con el Gobierno de turno que hacer las cosas bien, trabajar más que el vecino y competir limpiamente. La consecuencia natural es que empresas y empresarios siguen en manos de conseguidores, como en los mejores tiempos del felipismo. Porque, quienes de verdad han ganado en este episodio, que tantas heridas deja abiertas, ha sido Miguel Roca y un montón de bufetes de abogados, bancos de negocios, gabinetes de comunicación y similares. Y así nos va.

El diestro Rafael ‘El Gallo’ inmortalizó hace ya muchos años la máxima ‘lo que no puede ser, no puede ser y además, es imposible’ cuando la invitaron a lidiar un toro apariencia peligrosa. La frase bien podría aplicarse a la opa lanzada por Gas Natural sobre Iberdrola, a punto de fracasar después de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) haya decidido oponerse a la misma. Desde el principio, los responsables de Gas Natural, con su presidente Antonio Brufau al frente, fueron conscientes de que las formas utilizadas para presentar la oferta entrañaban riesgos que a la postre han podido ser determinantes para hacerla fracasar. En primer lugar, el hecho de que la opa afectase a dos empresas que operan en sectores regulados y que se lanzase a espaldas del Ministerio de Economía suponía un desafío sin precedentes. ¿Cómo una empresa que pocas semanas antes negociaba con el regulador su ‘statu quo’ se permitía luego lanzar un órdago para cambiar el orden establecido en el sector energético puenteando a su interlocutor oficial? La división en el consejo de administración de Gas Natural ha sido otro elemento determinante en el desenlace de la operación. Las posturas irreconciliables de La Caixa y Repsol, principales accionistas de la empresa gasista, añadían más incertidumbre a la opa. Tampoco el mercado recibió bien la oferta de Gas Natural, quizás consciente de todos los obstáculos a los que se enfrentaba y la penalizó desde el principio. Pero si todos estos elementos son en sí importantes, hay uno de los excede: sin pretenderlo, la opa ha terminado por adquirir un cariz claramente político. La cercanía de las elecciones y las posiciones enfrentadas en torno a la operación que han ido planteando determinados responsables políticos han entorpecido un proceso sobre el que a partir de ahora pesará la duda de si hubiera tenido beneficios para la configuración del sector y para los consumidores. Después de esta opa nada será igual. Los diferentes agentes que intervienen en el sector energético tendrán que sentarse a resolver sus diferencias y a suturar las heridas abiertas, lo que con toda seguridad se traducirá en movimientos accionariales y cambio de personas. La única esperanza es que los políticos sean del color que sean, entiendan que el futuro del sistema económico pasa por el respeto al funcionamiento de los mercados y a las decisiones empresariales. Y también por el respeto a las decisiones del regulador, siempre y cuando vengan avaladas por el rigor y la independencia. Si no es así, las empresas y los inversores pueden, como en su día hizo ‘El Gallo’, recibir sus lecciones, perder la confianza y acabar por asumir que ‘lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible”.

La decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre la operación de Gas Natural e Iberdrola confirma los peores presagios respecto a la interferencia de la política en la vida empresarial española. Es vox populi que al Gobierno no le gustaba la opa. Por un lado, porque quienes iban a controlar la empresa fusionada no son personas de su confianza. Por otro lado, porque las personas próximas al Gobierno que dirigen las otras empresas energéticas y financieras también estaban en contra de la operación. Pero el Ejecutivo ha elegido la vía menos inteligente para frenar la operación. Pero el Ejecutivo ha elegido la vía menos inteligente para frenar la operación.

La fusión presenta problemas de competencia lo suficientemente serios como para que el Gobierno pudiese bloquearla simplemente planteando objeciones razonables, a través del Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal, e imponiendo condiciones que llevaran a Gas Natural a renunciar al proyecto. Pero ha caído en la tentación de utilizar como arma la CNE, un órgano en la teóricamente independiente pero en el que, con tres excepciones, todos los miembros han sido nombrados por su lealtad al PP. El ponente, Javier Peón, es un ex diputado del PP, y una de las consejeras fue la que ayudó a Pilar Valiente en el famoso y fallido caso de los 200.00 millones que Solbes “dio a sus amigos”.

A falta de detalles concretos sobre el dictamen, la argumentación de que la empresa fusionada no sea capaz de llevar adelante las inversiones en las actividades reguladas es ridícula cuando además, Gas Natural se adelantó a combatirla proponiendo avalar esas inversiones. Aceptar el argumento de filtración de recursos de actividades reguladas a actividades no reguladas significaría que la normativa de actividades reguladas está mal diseñada. En este caso, no sería un argumento para frenar la fusión, sino para impedir la actividad de las empresas del sector hasta que se cambie la norma.

El informe del Servicio de Defensa de Competencia trasladando la operación al tribunal plantea asuntos que tiene más sentido discutir: los problemas que surgen del aprovisionamiento de gas, del transporte del mismo (si Gas Natural no sale totalmente de Enagás), los de aquellos lugares donde la nueva empresa tiene redes de gas y electricidad o los de comercialización. Discutir estas cuestiones tiene todo el sentido, pero utilizar la CNE para argumentar que hay riesgos en las actividades reguladas desprestigiada a la institución.

La politización de esta operación surge de que el Gobierno popular no hizo una privatización al estilo Thatcher, de separación absoluta entre empresas y política, sino que ha querido mantener controladas indirectamente las empresas privadas a través de personas afines. Esta relación entre política y vida empresarial debería establecer regulaciones pensadas para todos y no decidir sobre actuaciones empresariales según le guste o le disguste a una empresa. Esta forma de actuar atenta contra la economía de mercado y proporciona a España una imagen que debería abandonar cuanto antes.

Tiempos difíciles los que se viven en la todopoderosa Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa). La entidad de ahorro más poderosa del país, con el grupo de participaciones industriales más potente, sufre estos días los efectos de una de las mayores tormentas de su historia, consecuencia de la derrota cosechada con la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola.

Para nadie es un secreto que desenlace tan importante tenía necesariamente que afectar al tradicional y alambicado, casi obra de orfebres, juego de equilibrios que gobierna la institución desde los primeros años de Josep Vilarasau, el gran patrón que dio con la forma de tener ocupados a sus delfines, manteniendo el equilibrio de poderes mediante una sabia división de tareas: uno, Isidre Fainé, entregado a la gestión bancaria; otro, Antoni Brufau, a la vigilancia de sus intereses industriales.

La iniciativa de Brufau planteando esa OPA sin testar la opinión del regulador ha supuesto una ruptura radical con la forma de hacer las cosas en la entidad, siempre partidaria del juego del consenso, nunca proclive a dar tres cuartos al pregonero. El envite, lanzado cuando el Gobierno de Aznar atravesaba uno de los momentos más críticos de la legislatura, despertó en seguida en Madrid un inequívoco aroma político: «este es el canto del cisne de Vilarasau», musitó alguien al oído de Rato por aquellos días, «que busca obligarte a que te mojes personalmente».

Y Rato se mojó desde el principio, aunque al final, temeroso de asumir en primera persona el coste de dar la orden oportuna a Pedro Meroño, tuvo que ser el secretario de Estado de la Energía, José Folgado, quien tirara de teléfono para trasmitir al presidente de la CNE la orden directa de Aznar: «nada de un sí condicionado; un no rotundo, y esto son lentejas». La brutal intervención política, lógica, por otro lado, en un Gobierno que en asuntos energéticos se ha ido metiendo en el callejón sin salida de prohibir todas las operaciones de fusión previas en el sector, ha dejado al mercado sin posibilidad de manifestar su opinión y a los distintos actores del drama con heridas abiertas de difícil cauterización.

Empezando por la propia Caixa, tradicional estanque dorado sometido hoy al oleaje de tormentas parecidas a las que, tiempo atrás, agitaron la vida de organizaciones tan poderosas como el SCH o el BBVA. Es obvio que Isidre Fainé, un prodigio de diplomacia bien visto en prácticamente todos los círculos de poder madrileños, que ha sentido un entusiasmo perfectamente descriptible por esta OPA, sale reforzado del episodio al frente de la primera línea ejecutiva de La Caixa. En Madrid se elogia su savoir faire en la fusión Aurea-Acesa, pactando, integrando, repartiendo balón incluso con Florentino Pérez, un hombre cada día más importante en la corte de los milagros madrileña, en ese Real en cuyo palco se cocinan hoy gran parte de los negocios de mañana. Se elogia a Fainé y, en la misma mano, se censura el estilo agresivo de un Brufau capaz de tomar iniciativas por su cuenta y riesgo, sin pedir antes el nihil obstat del poder político.

En realidad Fainé es el único que obtiene algún rédito de un episodio como esa OPA, en el que la caja catalana, tradicional enemiga de la notoriedad y el ruido, ha perdido muchas plumas.Haciendo almoneda de su innata querencia a la discreción, la entidad se ve hoy sometida a crítica en plaza pública. «Todos los políticos opinando sobre La Caixa, que ha sido precisamente lo que nunca ha querido La Caixa». En ese mismo Madrid no faltan los testimonios que, con pelos y señales, sitúan a Fainé criticando la iniciativa y afirmando que él no hubiera planteado esa operación de la forma en que la ha hecho su colega.

«Si la OPA hubiera triunfado, las felicitaciones hubieran llovido sobre Brufau; como ha fracasado, lo que le llueven son críticas», asegura una fuente de la casa. Pero, a diferencia de otras crisis bancarias resueltas al final con cabezas cortadas de cuajo, en La Caixa no habrá vencedores ni vencidos. En el Paseo de la Diagonal han tocado a rebato llamando a cerrar filas ante el formidable enemigo externo al que esta OPA ha despertado de su sueño. Viene el lobo y es momento de aunar voluntades y dejar para ocasión más propicia el juego de los intereses personales, volviendo a ofrecer la imagen monolítica que tan bien sirvió siempre a los intereses de la entidad.

Es evidente que ni Fainé ni Ricardo Fornesa, nuevo presidente, son ahora mismo los hombres más felices del mundo, pero aquél, siempre propicio a las jugadas a largo plazo, no es partidario de tomar decisiones precipitadas, mientras que el nuevo presidente tiene razones de sobra para tratar de salvar el mágico equilibrio de poderes entre los dos delfines que tan buenos resultados diera a su predecesor en el cargo. Se impone, definitivamente, el cierre de filas y el consenso, la imagen de unidad imprescindible para la defensa de las posiciones alcanzadas en estos años, por un lado, y para afrontar los nuevos desafíos que, desde un Gobierno que parece haber descubierto de repente el poder, excesivo en su opinión, que detentan las cajas, se yerguen para la primera entidad del sector.

El reciente movimiento de Repsol aumentando su participación en GN hasta superar el umbral del 25%, ha sido percibido en La Caixa como un ejemplo más del cambio que viene. Pintan bastos.Fortalecido en su estrategia de oposición a Brufau, Alfonso Cortina se ha apresurado a rentabilizar su victoria nombrando a Ramón Blanco consejero delegado. Es obvio que bajo la elegancia en las formas se esconde un cierto e inevitable ajuste de cuentas.Fue Brufau quien, en los momentos más delicados de la crisis argentina, obligó a Repsol a pasar por las orcas caudinas de vender casi la mitad del paquete que la petrolera mantenía en GN para reducir su elefantiásica deuda. Las tornas han cambiado.Aliviada la presión de las agencias de rating, Repsol intenta recuperar los territorios perdidos con el apoyo del primo de Zumosol, un ministro que ha llegado a propiciar lo nunca visto: una legislación especial (la nueva ley de Opa que permite a Repsol comprar un 6% más de GN sin necesidad de formular OPA), para una empresa especial, presidida por un amigo muy especial.

Esta semana darán comienzo conversaciones encaminadas a resolver el futuro de la mayor alianza financiero-industrial existente en el país, la formada por las participaciones cruzadas de Caixa, Repsol y Gas Natural en la que, en menor medida, participan casas tan importantes como el BBVA o la BBK. Es otra de las consecuencias de la valiente apuesta personal de Brufau. Como lo es el restablecimiento de plenas y cordiales relaciones entre Cortina y Francisco González (BBVA) -dos amigos de Rato que vuelven al común redil-, tan deterioradas tras del escándalo de los fondos de pensiones de Alico. Madrid frente a Barcelona. Tras dirigirse los reproches oportunos, Caixa y Repsol tratarán de establecer en Madrid un acuerdo de mínimos que salve los muebles de esa alianza. Un asunto trascendente, que rebasa los límites de esta crónica, resumido en la importancia de integrar -al contrario de lo que pretenden los vendedores de cierto españolismo rancio- al empresariado catalán en la gestión de la gran empresa española.

A medio plazo, la OPA sobre Iberdrola ha abierto el melón del poder de las cajas -fundamentalmente el de una, para qué nos vamos a engañar- en el tejido empresarial. Súbitamente alarmado por el fenómeno (con la gran banca en retirada, ¿quién, si no las cajas, podría garantizar una cierta españolidad de nuestras grandes corporaciones?), el Gobierno quiere limitar el poder de voto de las instituciones de ahorro en las empresas. El envite es demasiado importante como para que el Ejecutivo actual tome alguna iniciativa al respecto antes de las próximas generales, pero el asunto está sobre la mesa y requerirá los mejores esfuerzos de Fainé y Fornesa para sacar a La Caixa del punto de mira del regulador. El gigante catalán no despertaba los recelos de nadie mientras dormía. Ha bastado un zarpazo sobre la calle Hermosilla para que en Madrid se hayan encendido todas las alarmas. Cosas de la singular democracia española.