23 febrero 2001

Los equipos directivos de Martín Villa y Oriol responsabilizan al Gobierno de haberla obstaculizado

Fracasa un intento de fusión entre las eléctricas Iberdrola y Endesa

Hechos

El 5.02.2001 las compañías eléctricas Ibedrola y Endesa anunciaron que no se fusionarían en contra de lo aprobado por sus respectivos consejos de administración.

06 Febrero 2001

Políticas y eléctricas

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Al final, los intereses empresariales se impusieron a los imperativos políticos. La ruptura de la fusión entre Endesa e Iberdrola, decidida ayer por los consejos de administración de ambas compañías eléctricas, se debe, según explicaron ambos presidentes, a que las condiciones impuestas por el Gobierno para autorizar la fusión son más duras de lo que podían soportar las empresas como criterio de rentabilidad aceptable para sus accionistas. Ésta es una de las pocas lecturas favorables que pueden hacerse de esta fusión abortada: tanto Endesa como Iberdrola han pensado al final en los intereses de sus accionistas (que desde el anuncio de la operación les habían castigado sistemáticamente en Bolsa) antes que en la conveniencia de sus directivos o de los beneficios en abstracto de una concentración empresarial.

Martín Villa y Oriol explicaron ayer públicamente por qué tenían que renunciar al proyecto. La razón principal es que las condiciones de competencia marcadas por el Consejo de Ministros del pasado viernes ‘modifican la ecuación de canje de la operación’ en detrimento de los accionistas. La explicación es plausible, pero éste no es el único flanco posible de análisis. Hay que preguntarse, por ejemplo, cómo es posible que los responsables de Endesa e Iberdrola no tuvieran en cuenta desde el comienzo de la operación que el Gobierno estaba obligado a imponer limitaciones severas en nombre de la competencia. Si la fusión estaba diseñada con márgenes tan estrechos de viabilidad, en términos políticos y meramente empresariales se merecía el fracaso que finalmente ha cosechado.

Pero el peor sabor de boca de este episodio lo deja la extraña confusión de la política de competencia seguida por el Gobierno. Es probable que ahora se esgriman argumentos maquiavélicos para explicar cómo se utilizó el argumento de competencia para frustrar la fusión. Pero quedan en pie dos hechos contra los que cabe escasa argumentación: que el Gobierno autorizó una operación que el Tribunal de Defensa de la Competencia había rechazado en primera instancia y que suavizó las condiciones que el TDC consideraba exigibles para dar luz verde a la fusión. Pocos podrán decir hoy con precisión cuál es el criterio del Ejecutivo de Aznar en lo que a competencia se refiere. La confusión de sus principios y decisiones ha sido tan evidente que no es de extrañar que Endesa e Iberdrola aludan a la inseguridad jurídica como otra de las grandes causas del fracaso de la concentración.

Un fracaso de esta envergadura debe pasar facturas, políticas y empresariales. Porque hay evidencias suficientes para asegurar que el presidente del Gobierno patrocinaba la fusión que ha resultado frustrada. Endesa e Iberdrola también tendrán que pagar parte de los costes. Sobre todo Iberdrola, que queda ahora como el eslabón débil de la cadena, presa fácil para una OPA bien estudiada. La situación de su presidente, Íñigo Oriol, no es precisamente cómoda.

06 Febrero 2001

Martín Villa y Oriol pierden una ‘oportunidad irrepetible’ Mundo

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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No habrá macro fusión eléctrica los Consejos de Endesa e Iberdrola decidieron ayer por la tarde dar macha atrás al considerar que las condiciones impuestas por el Gobierno hacen “inviable y desvirtúan” el sentido económico y estratégico de la operación.

Las razones esgrimidas por Martín Villa e Íñigo Oriol, presidentes de las dos sociedades fueron tres. En primer lugar, argumentan que el decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros supondría la pérdida de unos ingresos de medio billón de pesetas por los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC). La nueva fórmula establecida por el ejecutivo obligaba a las dos empresas a descontar los CTC de las plusvalías fiscales obtenidas en la revalorización de activos, algo que los dos presidentes valoraron como extremadamente lesivo y discriminatorio.

La segunda de las razones para abandonar la fusión se centra en que las empresas no están de acuerdo ni en los porcentajes de desinversión establecidos por el Gobierno, que calificaron de inasumibles, ni en la composición de los activos de los que deberían haberse desprendido.

Y la tercera es que, según afirmaron Martín Villa y Oriol, el sistema de subasta, el plazo y el régimen legal establecido por el Ejecutivo impedía vender los activos a su precio de mercado y creaba inseguridad jurídica ya que ambas empresas perderían el control del proceso a favor de una autoridad independiente.

¿Qué van a decir ahora quienes se hartaron de denunciar desde la oposición socialista que la fusión era ‘un apaño’ de un Gobierno que actuaba con oscuros móviles políticos o quienes llegaron a jalearla con guiños de complicidad desde la vieja derecha dirigista? ¿Qué pueden alegar hoy los que hasta ayer mismo insistían en que el Ejecutivo iba a regalar casi un billón de pesetas a Endesa e Iberdrola?

La ruptura de la fusión demuestra que el Gobierno ha actuado como tenía que actuar, anteponiendo los intereses de los consumidores y la defensa de la competencia a la lógica empresarial de la operación. Y pone de relieve que Aznar no es una marioneta en manos de los grandes grupos financieros de este país. Las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros eran duras, muy duras. Pero no hacían imposibles la fusión.

Han sido los presidentes y los Consejos de Endesa e Iberdrola quienes han optado por mantener el actual statua al poner en la balanza las ventajes y los inconvenientes. ¿Se ha equivocado? Desde luego, el futuro de Iberdrola, sobre la que existía la amenaza de una OPA hostil, es hoy mucho más incierto que ayer. Dicho con otras palabras, Martín Villa y Oriol han preferido mantener el pájaro en mano de los CTC que arriesgarse a coger ciento volando. Ambos reconocieron ayer que han perdido ‘una oportunidad irrepetible’ para crear un grupo eléctrico español con proyección mundial. El tiempo dirá si no tienen que arrepentirse.

11 Febrero 2001

Lecciones de un fiasco

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El fracaso de la fusión entre las dos grandes compañías eléctricas españolas, Endesa e Iberdrola, ha conmocionado alguno de los pilares de la economía nacional, menos firmes de lo que parece a primera vista. Tanto quienes estaban a favor de la fusión por razones de eficiencia empresarial como los que se oponían a ella en virtud del abuso de posición dominante que generaba están ahora de acuerdo en que la quiebra de la operación ha introducido grandes dosis de desconcierto en el Gobierno y en los mercados de valores, aunque sea por distintas causas.

Mientras el Ministerio de Economía debe estar calculando todavía cuánto más tenía que haber suavizado las limitaciones de generación eléctrica, distribución y comercialización recomendadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) para que la unión de ambas empresas hubiera sido posible, los inversores se preguntan si la economía española tiene un marco fiable y duradero en el que las empresas puedan desarrollar su negocio, arriesgar su dinero a cambio de una expectativa de rentabilidad y apostar por operaciones de concentración con la certeza de que las normas no cambiarán a voluntad del Gobierno en el momento menos oportuno.

El fiasco de la gran operación eléctrica, que sus mentores vendieron como la solución áurea para aumentar la competencia en el mercado eléctrico, ha dejado en evidencia al Gobierno. Su presencia en la trastienda de la fusión ha sido excesiva e indiscreta, primero como gran valedor político de los planes de Rodolfo Martín Villa e Íñigo Oriol y después como aprendiz de brujo aplicando a discreción unos imprecisos criterios de competencia para ablandar las muy estrictas condiciones impuestas por el TDC. Defender con una mano una concentración eléctrica en un mercado muy cerrado con el fin de aumentar el poder empresarial de una empresa amiga (Endesa) y con la otra, principios estrictos de competencia, es un ejercicio de funambulismo político que no puede salir bien, salvo como excepción.

La imagen del Ministerio de Economía, soslayando de entrada que el dictamen del TDC había considerado improcedente la fusión en primera instancia e intentando después aproximar las condiciones fijadas in extremis por el tribunal a las exigencias de las compañías, es un espectáculo político deplorable. Viene a demostrar que el TDC es hoy una institución prescindible, un lujo administrativo con vistas a la galería; y también que el Gobierno tiene que rehacer rápidamente su política en materia de defensa de la competencia, que ahora mismo es un modelo de arbitrariedad, y apostar por instituciones reguladoras independientes, dotadas de poder real, de iniciativa para actuar y construidas sobre el acuerdo de los partidos políticos para que sean instrumentos del Estado, y no meros apéndices administrativos de los caprichos del Gobierno de turno.

El papel de los responsables de Endesa e Iberdrola no resulta más airoso. Rodolfo Martín Villa e Íñigo Oriol tuvieron el acierto inicial de plantear una operación ventajosa, sobre todo para Endesa, que encerraba un grave problema -fusión de las dos empresas más grandes que operan en un mercado cerrado- y al mismo tiempo la solución teórica a ese problema -la posibilidad de que con la venta de activos excedentes pudiera aumentar el número de operadores-. Pero a partir del enfrentamiento de Oriol con una parte de los accionistas de Iberdrola, que exigían que el consejo examinara también la oferta de compra presentada por Gas Natural, la credibilidad de los gestores se esfumó y quedó en evidencia su incapacidad para pilotar una operación tan compleja.

El fracaso de esta fusión es, en primer lugar, el fracaso de los equipos empresariales que la impulsaron. Sus efectos sobre la estructura del sector serán probablemente drásticos y duraderos. Si el mercado actúa de forma consecuente, sin impedimentos políticos, Iberdrola pagará el error desapareciendo como empresa independiente y Endesa tendrá que competir en el mercado nacional con grupos eléctricos europeos. El sueño de gestionar cómodamente el oligopolio eléctrico del mercado español con operaciones a medida empieza a desvanecerse. Para el Gobierno, corresponsable del fracaso, debe resultar desconcertante comprobar que hace falta algo más que su autorización y su apoyo para que se cierre con éxito una operación empresarial. La moraleja más plausible de esta historia es que los accionistas también importan; a ver si es posible que en el futuro importen más que los directivos y el Gobierno.

04 Febrero 2001

Un hombre a los pies de los caballos

Jesús Cacho

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El Gobierno sorprendió al respetable adelantando en una semana su decisión sobre la fusión Endesa-Iberdrola. Las condiciones impuestas a la operación son tan duras que difícilmente podrá salir adelante. El recorte de los CTC, la puntilla con la que ni Martín Villa ni Oriol contaban. El de Iberdrola queda en una posición muy delicada.

El jueves 1 de febrero resultó un día agitado en la intensa vida de Rodolfo Martín Villa. Después de haber despachado asuntos mil y haber viajado a Sevilla, en compañía de Íñigo Oriol, para vender las bondades de la fusión ante Manuel Chaves, el presidente de Endesa tuvo a las 11 de la noche una llamada telefónica que no desearía haber recibido. Un alto funcionario le anunciaba que, con toda probabilidad, el Consejo de Ministros del viernes iba a dictaminar sobre la fusión Endesa-Iberdrola. “Y esa noche, harto de dar vueltas por los vericuetos del problema, llegué a desear el fracaso de la operación, porque la verdad es que me encuentro muy cansado”.

Y ante el convencimiento de que iban a verse obligados a dar cerrojazo al proyecto, dadas las limitaciones impuestas al mismo, ambos presidentes alertaron el viernes por la mañana a los miembros de sus respectivos consejos de administración, al objeto de celebrar mañana lunes sendas reuniones en las que santificar el desistimiento.

Tanto Martín Villa como Oriol parecían dominados por las peores sensaciones cuando, al atardecer del martes 30 de enero, abandonaban el despacho de Rodrigo Rato en Castellana 162 –por fin, el ministro de Economía ha dejado el caserón de Alcalá 7 en manos de Cristóbal Montoro–. Oriol argumentó que en las condiciones impuestas por el TDC, no podía presentar la operación ante sus accionistas en Junta General. “Yo soy un empresario, no un loco”. Martín Villa, por su parte, se lamentó de que el Gobierno no hubiera entendido la fusión. “Haced lo que queráis, pero perdéis una oportunidad única para introducir de verdad competencia en el sector”. El ministro, por su parte, razonó que el Ejecutivo no podía ignorar los dictámenes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). “Esto es lo que hay…”

La suerte parecía echada. “La fusión rompe el modelo”, dicen en Economía, “no cabe en el marco de liberalización impulsado por el Gobierno para el sector”. Pero ¿de qué modelo hablan? De uno en el que el Ejecutivo sigue manejando la tarifa a su antojo. ¿De qué liberalización? De una que ha permitido bajar el precio de la energía en un 28% en los últimos cuatro años… a golpe de decreto.

Tanto Martín Villa como Oriol conocían de sobra las estrictas limitaciones impuestas por el TDC tanto en generación como en distribución y comercialización. Lo que ambos desconocían –lo supieron en la noche del jueves– es que el Gobierno había decidido, además, pasarles factura a través de los famosos Costes de Transición a la Competencia (CTC), detrayendo de la cifra total a cobrar por ambas casas la parte correspondiente a los activos a enajenar de acuerdo con el TDC.

El Gobierno, tratando de ahorrarse el coste político de una semana de especualaciones, adelantó efectivamente el examen de la operación al Consejo de Ministros del viernes, aunque imponiendo unas condiciones tan duras a la misma que dejan la patata caliente, en realidad una bomba de relojería, en el tejado de ambas empresas.

La fusión tenía un sentido empresarial evidente: hacer una gran empresa eléctrica con dimensión suficiente para competir en un mundo globalizado. ¿Cómo? Con el dinero obtenido a través de un proceso de desinversiones en el mercado interior, y la aplicación de esos fondos a la expansión exterior. La operación, sin embargo, pierde su sentido empresarial si, a cuenta de la obligada defensa de la competencia, el Ejecutivo recorta a la empresa fusionada su posición en España, le hace perder el mercado interior, viaje para el que no hacían falta alforjas.

En la búsqueda del equilibrio entre la dimensión empresarial y la defensa de la competencia, el Gobierno Aznar se ha quedado clavado en la segunda premisa, chapoteando en el barro de los ayatolás de la competencia, tras cerrar los ojos a objetivos esenciales para la economía española, incluso a obvios intereses de Estado.

La cuestión es que se ha puesto en marcha un proceso que nadie va a poder parar. Porque si el lunes Martín Villa y Oriol decidieran acogerse al tópico fue bello mientras duró, lo que restaría saber es qué grupo europeo se quedará con Iberdrola, titular de activos estratégicos tan importantes como los saltos del Duero, productores de energía hidráulica, la más limpia y barata. Y después de Iberdrola, qué grupo se quedará con Endesa. Y el paso siguiente consistirá en saber qué grupo multinacional se zampará Repsol. Porque el problema español radica en cómo defender la españolidad, en capital y gestión, de una serie de empresas estratégicas.

¿Aceptarán los promotores de la fusión las condiciones impuestas por el Ejecutivo? La respuesta a tamaña pregunta estaba el viernes en el almario de Iñigo Oriol, un hombre a los pies de los caballos del BBVA en caso de optar por volver, cautivo y desarmado, a sus cuarteles de invierno de la calle Hermosilla. La posición de Oriol –“no diré una palabra hasta el lunes”–, se antoja tan comprometida que no hay que descartar en absoluto que finalmente termine aceptando el trágala que le ha propuesto Rodrigo Rato.

Martín Villa, por su parte, dolido por “el trato tontamente discriminatorio que hemos recibido”, lo tiene más claro. “No podemos aceptar estas condiciones. Cuando accedí a la presidencia de Endesa, los CTC, que ahora nos quitan nada menos que por decreto–ley, formaban parte del patrimonio de esta empresa. ¿Cómo podría voluntariamente malbaratarlo? ¿Cómo explicar al accionista que me meto en un bodrio de este calibre, que crea situaciones jurídicas distintas entre empresas?”

Los promotores de la operación estiman que las limitaciones impuestas al proyecto –CTC incluidos– tendrían un coste para la empresa resultante de casi un billón de pesetas en números redondos. ¿Cómo presentarse en estas condiciones antes los respectivos accionistas?

El corolario político del fiasco parece indicar que José María Aznar se ha plegado a la opinión de su ministro de Economía o, cuando menos, no ha querido desautorizarlo como ocurriera en la frustrada operación Fenosa-Cantábrico.

Ese mismo corolario habla también de la actitud negativa del Ejecutivo hacia las novedades. Contrariamente a lo que ocurría en la primera Legislatura, este es un Gobierno dominado por una cierta pereza mental –unida a la incompetencia en algunos casos– que hace que gente dedicada a gestionar el día a día se moleste cuando alguien le plantea operaciones que rompen su rutina y le obligan a estudiar, primero, la operación, y después a arriesgar en la toma de decisiones.

Un Gobierno que dejaría de ingresar, por cierto, en torno a los 750.000 millones de pesetas en impuestos derivados de esas ventas de activos, cifra que le vendría de perlas para atender contingencias como la de las vacas locas y otros pedriscos de similar porte. Pierde también Manuel Pizarro, el heredero de esta fusión. Hay quien sostiene que don Manuel se ha metido en un agujero, sobre todo después de que Felipe González arremetiera en El País contra la fusión, pero uno se niega a aceptar actitud tan medrosa en turolense tan recio.

Llega la hora de Gas Natural, hagan juego, la hora de Repsol, a quien en Hidrocantábrico, que hoy preside Oscar Fanjul, consejero del BBVA y ex presidente de Repsol, algunos veían como la amenaza, el emboscado a quien la aparición de Cajastur del brazo de la portuguesa EdP ha frustrado la operación que en secreto preparaba Alfonso Cortina.

La destemplada aparición en escena de Rato, desautorizando la operación en razón del carácter público (31%) de EdP, ha causado asombro en el Principado. Sin embargo, ni Rato ni la CNMV han hecho el menor comentario sobre la presencia en este juego de la alemana RWE, con un 37% de capital público, que esta semana ha protagonizado una auténtico raid especulativo en Bolsa. Y bien, ¿cuáles son las reglas del juego?, ¿son iguales para todos? Y todo ello, dicen en Asturias, con Alicia Koplowitz fuertemente invertida en Hidrocantábrico.

06 Febrero 2001

Endesa Iberdrola, la gran frustación

EXPANSIÓN (Director: Miguel Ángel Belloso)

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El plan de fusión entre Endesa e Iberdrola, la operación empresarial más ambiciosa de los últimos años, fue abandonado ayer, con gran sorpresa general, por decisión unánime de sus dos principales promotores, Rodolfo Martín Villa e Íñigo Oriol. La cancelación del proyecto provoca una gran frustración. La eventual fusión reunía, sobre el papel, visos de generar una empresa eléctrica ligeramente mayor que Endesa y capaz, por tanto, de tanto una dimensión internacional de primera división; podía propiciar un aumento de la competencia interna en España, auspiciando la aparición de al menos dos nuevas compañías de entidad en el mercado, y abría la puerta a una reordenación general del sector eléctrico en busca de un funcionamiento más eficiente que el actual. Nada de esto será ya posible a corto plazo, y la pregunta obvia es por qué. Quizá la respuesta más sencilla, quizá también la real, es que todos los actores implicados más directamente en el proceso han fallado estrepitosamente. Los promotores y gestores de la integración, por haber creído desde el principio que, juzgando las virtudes y oportunidades de la unión, el Gobierno impondría las condiciones a la misma que la empresa consideraban mínimamente aceptables. Pero también el Gobierno, que estableciendo las limitaciones aprobadas el pasado viernes pensó, sinceramente, que facilitaban la continuidad de un proyecto del que también ha apreciado su capacidad para alumbrar una empresa global con marca española. Las cosas, sin embargo, pueden verse de otra manera. Quizá los actores más involucrados en la operación han actuado finalmente como debían, sin darse cuenta de que, en tal tesitura, era muy difícil encontrar el punto de encuentro deseado. El Gobierno estaba obligado a velar por los intereses de los consumidores, tratando de hacerlos compatibles con los de las empresas y aunque suavizó las leoninas cuotas de mercado aconsejadas por el Tribunal de la Competencia para la nueva sociedad, aprovechó para establecer límites rigurosos en la mezcla del negocio de generación y distribución, al tiempo que alteró radicalmente el sistema de compensaciones a las eléctricas por los denominados CTCs, que están desde hace tiempo bajo el escrutinio de Bruselas y tienen poco futuro en las actuales condiciones. Las dos empresas afectadas, por su parte, llevan también mucho tiempo bajo la severa vigilancia de los mercados de capitales, que siempre han recelado de las ventajas que implicaba la integración para los accionistas. El canje fijado para la fusión ha estado en entredicho desde que Repsol-Gas Natural amagó con una oferta superior, y los últimos movimientos en torno a Hidrocantábrico han aflorado comparaciones pocos favorables al plan Endesa-Iberdrola, sobre las que incidían aún más negativamente las condiciones del Gobierno. Dentro del marco general de frustración, se puede ver algo positivo. El Ejecutivo ha tratado de defender los intereses generales; los empresarios, los de los accionistas. Para eso les pagan a los dos, aunque quizá se hayan equivocado ambos.

06 Febrero 2001

Confusión eléctrica

CINCO DÍAS (Director: Félix Monteira)

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Los máximos ejecutivos de Endesa e Iberdrola, de común acuerdo, decidieron ayer renunciar a la fusión de las dos compañías eléctricas, aprobada con condiciones el pasado viernes por el Gobierno. Rodolfo Martín Villa e Íñigo Oriol optaron por proponer a sus respectivos consejos la renuncia a la operación antes de enfrentarse a un posible veto a la misma por parte del consejo de Iberdrola. Pese a los serios motivos explicados ayer por ambos presidentes, surgen muchos interrogantes sobre la marcha atrás a una operación estratégica, cuidadosamente preparada y negociada desde hace siete meses, en la que Martín Villa y Oriol habían empeñado toda su influencia.

La fusión frustrada impide la formación de la cuarta eléctrica mundial en generación y la primera en número de clientes. Si en España, Endesa e Iberdrola, aceptaban limitarse al tamaño de la primera, unidas iban a sumar todo su potencial en América Latina y otras áreas. Además, con el dinero procedente de la venta de centrales, mercados y otros activos, por una cantidad estimada en cerca de tres billones de pesetas, aspiraban a entrar con fuerza en el negocio eléctrico del resto de Europa, sanear sus cuentas y diversificar su actividad.

El Gobierno, en contra del dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia, autorizó la fusión. Las condiciones impuestas en topes de generación, distribución y comercialización se acercaban mucho a los mínimos planteados en el plan industrial de las empresas. Desde la óptica de crear una compañía con capacidad de liderazgo internacional no hay razones para el rechazo. El vicepresidente, Rodrigo Rato, estaba a favor y la operación urdida por Martín Villa y Oriol contó desde el principio con luz verde en La Moncloa.

El no oficial a la fusión se basa, sobre todo, en la falta de garantías para escoger la mezcla de centrales a mantener y la discriminación frente a otras compañías en comercialización. Endesa ya avanzo el viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, su disgusto por el decreto ley que revisa el régimen de costes de transición a la competencia, el llamado billón de ayudas eléctricas (en realidad, 1,7 billones como máximo) por perjudicarles en todos aquellos activos que se verían obligados a vender. Algunas fuentes hablan de una ‘pérdida de valor para los accionistas’ próxima en conjunto a 900.000 millones. Pero cuesta creer que Martín Villa haya dejado este asunto crucial tan abierto como para hacer naufragar la operación.

En ese caso se entra de lleno en el tema clave del perjuicio para los accionistas como el elemento decisivo que llevó ayer por la mañana a las cúpulas de las dos compañías a proponer a los respectivos consejos de administración que el matrimonio entre las dos empresas se veía frustrado por las condiciones impuestas por el Gobierno. Muchas fuentes apuntan a que el problema principal no radicaba en Endesa, sino que procedía del seno de Iberdrola. El posible lucro cesante del más de millón y medio de accionistas que suman las dos empresas pesó, pero no fue determinante como no fue disuasorio el escaso interés de las Bolsas. Influyó más la oposición que iban a plantear accionistas institucionales con peso determinado en la eléctrica vasca, como es el caso del BBVA y de la BBK. Así se explica que Caja Madrid, accionista de referencia en Endesa, reafirmara ayer por la mañana su apoyo a la fusión.

Esta operación frustrada tendrá consecuencias sobre planes futuros de expansión empresarial, en el que ciertos enfrentamientos personales desempeñan un papel de bloqueo. Pero, pese al fracaso, va a significar un después para el sector eléctrico, que vive una OPA sobre la compañía más pequeña (Hidrocantábrico). El proyecto ha servido para que analistas y fondos de inversión se interesen por un sector en proceso de liberalización y con un precio atractivo. Endesa vale en el mercado 3,38 billones de pesetas, pero cuenta con el escudo defensivo de la acción de oro del Gobierno. Iberdrola cuenta sólo 2,2 billones. Algunos criticaban que si era absorbida perdiera su central en Bilbao. ¿Podrá alguien evitar que su sede acabe en Nueva York u otra ciudad extranjera?