20 septiembre 2005

Gas Natural – controlada por La Caixa – presenta una OPA hostil para hacerse con el control de Endesa

Hechos

El 6.09.2005 la empresa Gas Natural presentó una Oferta Pública de Adquisición del 100% de las acciones de Endesa.

Lecturas

– La OPA

El 5.09.2005 se presentó oficialmente la OPA por parte de Gas Natural a la totalidad de acciones de Endesa. Gas Natural tenía como accionista de referencia a La Caixa (35%) y a Repsol (30%, donde también era accionista La Caixa). Por su parte en Endesa el accionariado estaba más repartido, puesto que el mayoritario era Caja Madrid con apenas un 9%).

– Pizarro se moviliza en contra de la operación

El consejo de Administración de Endesa presidido por D. Manuel Pizarro rechazó oficialmente la operación el 6.09.2005.

– Entrevista Polémica

El 9.09.2005 el presidente de La Caixa, D. Ricardo Fornesa, concedió una entrevista a LA VANGUARDIA donde defendió la bondad económica de que Gas Natural se hiciera con el control de Endesa. «Algunos fuera de Cataluña, adoptan actitudes excluyentes, como si no fuéramos españoles». La entrevista era polémica porque el Sr. Fornesa estaba reconociendo lo que era un hecho: que era una operación de La Caixa para hacerse con Endesa, y no presentarlo como que era una cosa de Gas Natural. En esa misma entrevista reconocía que antes de presentar la OPA fue informado el ministro de Industria, D. José Montilla (líder del PSC).

– La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apoya la OPA y Endesa les demanda

D. Manuel Conthe, presidente de la CNMV

El 12.09.2005 el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), D. Manuel Conthe, envió una carta pidiendo al presidente de Endesa, D. Manuel Pizarro que ‘no pertubara’ la OPA de Gas Natural. El día 16.09.2005 el presidente de Endesa, D. Manuel Pizarro, anunció que demandarían a la CNMV por considerar que al mandar esa carta «había conculcado cinco derechos fundamentales recogidos en la Constitución».

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El Consejo del Tribunal de Defensa de la Competencia votó en contra de la OPA en una votación en la que se posicionaron a favor de D. Luis Berenguer (Presidente), Dña. Pilar Sánchez, D. Antonio Castañeda y el voto en contra D. Miguel Cuerdo, D. Emilio Conde, D. Fernando Torremocha, D. Miguel Comenge, D. Javier Huerta y D. Antonio del Cacho.

Fue polémico el voto de D. Miguel Comenge, que a pesar de ser un consejero nombrado a propuesta del PSOE, votó en contra de la OPA al contrario que los otros socialistas que votaron a favor, por lo que fue considerado ‘trásnfuga’. El Sr. Comenge fue ‘cesado’ el 17 de marzo de 2006 al no ser renovado por el Gobierno.

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EL MUNDO Y LA COPE SE MOVILIZAN CONTRA LA OPA

15 Septiembre 2005

El papel de la electricidad, de La Caixa y de la Opa de Gas Natural (I)

Alberto Recarte

Leer

I. Introducción

¡Vaya momento ha escogido el Gobierno socialista para hacer política en el sector eléctrico! El sector, en su conjunto, se enfrenta a una situación muy complicada, parecida aunque, por fortuna, mucho menos grave que la que tuvo lugar a finales de los años setenta. En esa ocasión, la resistencia de los gobiernos de la época a trasladar a precios la subida del precio del petróleo resultó en la práctica suspensión de pagos del sector y, finalmente, en una brutal subida del precio de la electricidad, que se produjo entre 1979 y 1982 y que reflejó, simplemente, el aumento de los costes de producción, la subida de los tipos de interés y la moratoria nuclear.

En la actualidad, el sector se encuentra a medio camino entre la liberalización y la competencia, por una parte, y la hiperregulación gubernamental por otro. A pesar de lo que se habla de competencia, tan solo el 35%, aproximadamente, de las ventas finales de electricidad –y en retroceso– se hacen a precios libres, negociados con los consumidores. El resto, en torno al 65%, se vende a precios fijos, a tarifa, determinadas por el gobierno español. Y no crean que todo el mundo paga lo mismo. Hay industrias, como la siderurgia, el aluminio y los fertilizantes que la pagan a un precio inferior al 50% del coste de producción. Una situación, aunque no tan extrema, es común en otros sectores industriales, sometidos –o agraciados con– a otras tarifas gubernamentales. Por su parte, las familias pagan precios sólo ligeramente superiores a los costes promedio de producción. En conjunto, en 2005, el total de lo que recauden las empresas eléctricas por sus actividades de generación, distribución y comercialización, generará un déficit – denominado “de tarifa”– del orden de los 3.000 millones de euros –según la apreciación de Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola–, que asumirán, por decreto, las grandes empresas: Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, básicamente; con la esperanza de que el gobierno de turno les compense. Una situación que puede adquirir rasgos muy políticos, porque nadie puede obligar al gobierno a que compense a estas compañías. Peculiaridades de la regulación del sector. Lo que ocurre es que, de una u otra forma, se sigue considerando que el suministro de electricidad es un servicio público, al que los principales distribuidores –que son los principales generadores eléctricos, por otra parte– se ven obligados a los precios que decida el gobierno. Consecuencia: es difícil que el sector hable públicamente de sus problemas, pues el poder arbitrario del gobierno puede tener efectos deletéreos en unos u otros, a elección, y gusto, del ministro de industria de turno. Ocurre que, a pesar de la relativa liberalización, el sector eléctrico sigue siendo un sector enormemente regulado hasta tal punto que, por poner ejemplos, tanto sus inversiones como sus redes de distribución e, incluso, el tipo de energía que utilizan las empresas dependen del visto bueno, o de la no oposición, del gobierno.

II. De la congelación de las tarifas a la hiperregulación con liberalización

En los últimos años, y sobre todo a partir de 1996, tuvieron lugar una serie de hechos que han transformado el sector eléctrico español tanto que, por decreto, fue posible rebajar las tarifas oficiales del orden del 30% en términos nominales, sin que se resintiera la salud financiera de las empresas eléctricas. Hasta 2002 esa política fue posible por varios factores: el primero, el descenso de los tipos de interés a partir de 1996, un dato determinante en el caso del sector, pues tanto la generación como la distribución necesitan, en las épocas de fuerte inversión, hacer uso de voluminosos créditos. Sin embargo, en segundo lugar, esas grandes inversiones, cuando se amortizan, hacen disminuir drásticamente sus costes financieros. Algo que también ocurrió a partir de principios de los noventa. En tercer lugar, en esos años no era necesario prever nuevas inversiones, pues había un gran exceso de capacidad de producción de energía, tras la tremenda crisis del 75 al 85, y que, de hecho, se extendió después, desde 1990 a 1994. Consecuencia: cualquier aumento de la demanda se pudo cubrir sin nuevas inversiones. En cuarto lugar, a partir de 1985 se desplomaron los precios del petróleo y de todos los productos capaces de generar energía. En 2001/2002, hace apenas tres años, el precio del barril del petróleo alcanzó promedios en torno a los 12-15 dólares. Como consecuencia de estos hechos, y a pesar del descenso de las tarifas que impusieron los sucesivos gobiernos del PP, las compañías eléctricas fueron capaces –sobre todo cuando la economía española empezó a crecer ininterrumpidamente, y con un aumento más que proporcional de la demanda de electricidad–, de generar ingresos suficientes para reducir su deuda. Algunas de las grandes compañías como Endesa, por su parte, no se quedaron quietas sino que aumentaron su tamaño, buscando economía de escala y precios más remuneradores que los españoles en otros mercados, tanto europeos como iberoamericanos.

Con el petróleo a 60 dólares/barril, el carbón a un precio que dobla el de hace tres años, y con el precio del gas natural ligado al del petróleo, el precio de la electricidad debería estar subiendo con rapidez, tal y como ocurre con combustibles como las gasolinas y el gasóleo. Aunque esa subida no tiene que ser tan drástica para el conjunto de la economía española, porque nos protege el mix de producción: el 20/25% de la electricidad es de origen nuclear y es obvio que sus costes de producción no han subido. Cerca del 20/25% de la electricidad es de origen hidráulico, que tampoco se ve afectada por la situación del petróleo, aunque sí por la presencia o ausencia de agua embalsada. Un porcentaje alto, del orden del 30 %, mayor en Endesa que en otras empresas, se produce con carbón que, aunque ha subido de precio, no lo ha hecho tanto como el petróleo y el gas. Pero cada vez más energía eléctrica se produce con gas natural, en ciclos combinados, a precios del combustible cada vez más altos, aunque la inversión en equipamiento industrial sea menor que si se utilizaran otros sistemas de generación. Una cantidad reducida, básicamente en Canarias y Baleares, se produce con fuel oil, que también se usa, a altísimo coste, en toda la península cuando la demanda se dispara. Y cerca del 6% tiene origen eólico, cuyo coste fijo de producción dobla el promedio del de todos los otros. Si en un año, como en 2005, confluyen factores como la sequía y las averías o recargas en algunas plantas nucleares, hay que acudir más que antes al fuel oil y al gas natural con una consecuencia lógica, el aumento de los costes de producción y el “déficit de tarifa”. Y el panorama es complicado, pues nuestro gobierno sigue diciendo que va a cerrar las plantas nucleares y restringir el uso de carbón. Todo se hará depender, en un futuro, según los planes oficiales, que aprobó el PP y ha ratificado el PSOE, del suministro de gas natural y de su precio en los mercados internacionales, lo que significa volatilidad e incertidumbre, pues España tiene pocos suministradores estables desde un punto de vista político (los principales son Argelia y Nigeria). Por otra parte, y como todos ustedes conocen, sólo hay un gasoducto y cuatro plantas regasificadoras más dos en construcción en toda España.

Con este panorama, influido económicamente por el precio del petróleo y el del gas, y sobre la base de decisiones políticas incoherentes, como decir no sólo que no se van a hacer nuevas plantas nucleares, sino que se van a cerrar las existentes a medida que se vayan amortizando, y conscientes de que de la salud del sector dependen muchos otros sectores económicos y que nuestra competitividad internacional también está afectada por el nivel de precios de la electricidad, el actual gobierno encargó un Libro Blanco a un grupo de expertos supuestamente independientes, para que le propusieran políticas de futuro. Una de las propuestas más claras de dicho documento ha sido la de que hay que evitar la concentración de empresas. Otra, y con razones sólidas, era analizar si era mejor continuar el proceso de liberalización diseñado por el gobierno del PP, pero nunca finalizado, o re-regular, para asegurar un nivel de inversión y de calidad suficientes del suministro de electricidad. En definitiva, se trataría de dar garantía al sector, a los inversores institucionales y al mercado de que podría invertir sin temor, porque se le aseguraría una rentabilidad adecuada vía precios de venta oficiales, es decir, vía tarifas.

Para finalizar con este capítulo de intervencionismo público, no está de más recordar los continuos pronunciamientos del gobierno en el sentido de que hay gestores, presidentes y consejeros en muchas empresas privatizadas que no le gustan y que intentará, como ya ha hecho en otras muchas empresas, cambiarlos por otros de su confianza es decir, nombrando a sus amigos: políticos y de pupitre, competentes e incompetentes.

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Los movimientos empresariales: Opas y contraopas

Durante el gobierno del PP hubo diversos intentos de Opas en el sector, unos consentidos y otros no. El gobierno del PP rechazó, por ejemplo, la fusión de Hidrocantábrico con Unión Fenosa y la de Endesa con Iberdrola. El motivo, en ambas ocasiones, fue asegurar la competencia tanto entre generadores de energía como entre distribuidores y comercializadores de energía. Un argumento insuficiente, porque ese mismo gobierno no fue capaz de culminar la liberalización. De hecho, mantuvo las tarifas para más del 65% de la demanda final de energía eléctrica. También fue rechazada la Opa de Gas Natural sobre Iberdrola, por las mismas razones. Todos esos intentos empresariales de concentración se produjeron en un contexto de energía barata y sobre la base de que, en un momento determinado, habría precios libres para todo el mundo. Y todas las grandes empresas generadoras, en concreto, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa y las que podrían serlo, como Gas Natural y Repsol, querían que, cuando se llegara a esa situación de libertad, su esquema de costes de producción fuera el mejor posible. En libertad, el tamaño es imprescindible, tanto para generar economías de escala como para diversificar los ingresos, garantizando un mayor equilibrio a largo plazo de la cuenta de resultados; una estrategia en la que Endesa, creyendo en que esa liberalización se produciría en algún momento, ha invertido sustancialmente en dinero y dedicación; y con gran éxito, del que intenta apropiarse ahora, pero sin pagarlo, La Caixa.

Pero ¿qué sentido tiene, en una situación eléctrica como la que hemos descrito, con un problema de tarifas, que Gas Natural haga una Opa sobre Endesa? ¿Por qué se ha sumado o por qué ha participado, desde antes del principio, Iberdrola? ¿Hay una lógica empresarial en esa Opa o es sólo una operación política? Y si es una operación política ¿cuál es el objetivo político que persigue el gobierno? Intentaré, con los datos que tenemos, dar respuesta a esos interrogantes.

a) Un mercado con déficit de tarifas

En estos momentos, el gobierno debería estar pensando en o bien subir todas las tarifas, o en liberalizar totalmente los precios de electricidad. Cualquiera de esos dos movimientos es imprescindible para asegurar que España va a seguir contando con un sector eléctrico capaz de suministrar electricidad a una economía que sigue creciendo a tasas superiores al 3% anual, mientras la demanda de electricidad lo hace en torno al 6%, también anual. Ya hemos adelantado que en 2005 se va a producir un déficit de tarifas del orden de 3.000 millones de euros. Si en 2006 se repite la situación de sequía y el precio del gas, en concreto, sigue subiendo como el del petróleo, y no se incrementan suficientemente las tarifas, ese déficit puede ser muy superior. El sector eléctrico en su conjunto, y las grandes empresas en particular, con diferencias entre ellas, tendrían un serio problema financiero y de rentabilidad. Por supuesto, nadie quiere que suban las tarifas: ni los consumidores, ni el gobierno del PSOE –por repercusiones electorales–, ni los responsables de la política económica del gobierno, pues la repercusión en el IPC sería inevitable; aunque, por otra parte, esos mismos encargados de la política económica saben que retrasar la subida es una gravísima irresponsabilidad. Como siempre, para un gobierno débil, subir tarifas es un problema delicado.

Desde un punto de vista empresarial, una Opa sobre una empresa cuyos ingresos dependen en parte de las tarifas en estos momentos, no parece una decisión lógica en una situación regulatoria tan incierta como la actual. Excepto si ocurre que la situación de la propia Gas Natural fuera mucho más delicada de lo que parece. Analicémoslo. Por una parte, el virtual monopolio del suministro de gas natural, la única fuente energética contemplada tanto por el anterior como por el actual gobierno para incrementar la oferta de energía eléctrica, lo tienen Gas Natural y Repsol, empresas ambas controladas por La Caixa. En el caso de Gas Natural, su monopolio de oferta de gas podría no servirle de nada si el actual gobierno congela los precios de venta de electricidad, para lo cual lo único que tiene que hacer es no modificar las tarifas. Gas Natural podría encontrarse con mucho gas, comprado en terceros países, posiblemente a precios altos, a precios de mercado; pero sólo podría beneficiarse de esa situación si las empresas generadoras de energía se lo compran. Pero ¿para qué se lo van a comprar si la generación de electricidad produce pérdidas? o ¿por qué no hacer más plantas generadoras sobre la base de carbón, a pesar de Kioto, cuando el efecto medioambiental de estas tecnologías esta minimizándose? Gas Natural depende, en consecuencia, mucho más que las otras empresas del sector, de la política tarifaria del gobierno.

Mucho más que Endesa, por ejemplo. Y cuando uno es débil, como lo es Gas Natural, lo mejor es unirse a los más fuertes. Pero en lugar de proponer una unión, Gas Natural comienza una guerra, desde la debilidad que significa su monocultivo del gas, para quedarse con la empresa más grande del sector, Endesa. Seguimos con el análisis, pero no olviden dos datos: Gas Natural podría encontrarse en una situación muy débil y es muy consciente de su dependencia del gobierno.

La posición de Endesa es mucho más fuerte, en particular en un mercado con déficit de tarifas. Su producción de electricidad por medios nucleares no sufre de problemas de aumento de costes. Tiene un porcentaje significativo también de generación hidroeléctrica, que depende de la lluvia, pero no del gobierno. Tiene inversiones significativas en Portugal, Italia y Francia, países sin problemas tarifarios y regulatorios de esa intensidad. Tiene inversiones considerables en Iberoamérica, en mercados difíciles, pero más rentables que el español y donde ya se han ajustado los valores de inversión. Tiene una parte importante de la producción de electricidad ligada al carbón, nacional y de importación. Y los precios del carbón, al menos el internacional, se fijan por la oferta y la demanda de este producto que, por supuesto, resulta afectada por la falta de oferta suficiente de petróleo, pero sus precios de adquisición son sustancialmente más bajos que los del petróleo y hay garantía de cierta estabilidad en el futuro. Tiene una deuda reducida. Tiene gran tamaño –es una de las grandes europeas y mundiales–, economías de escala y capacidad de gestión reconocida. Lo único que podría afectar negativamente a Endesa, si el gobierno congela las tarifas, sería la operación de los ciclos combinados con gas natural y la producción eléctrica en las islas, que se hace básicamente con fuel oil. Pero su posición global es muy sólida, incluso aunque la debilidad del gobierno se traduzca en congelación de tarifas.

Si la Opa tuviera éxito, los actuales accionistas de Endesa se encontrarían con algo de liquidez y con dos tercios de su anterior inversión en acciones de Endesa en acciones de Gas Natural, una empresa, esta sí, dependiente de las tarifas del gobierno, por más que, aunque sería dueña de Endesa, sería una Endesa disminuida en lo nacional y lo internacional y, por tanto, en su capacidad de generar economías de escala y beneficios para los accionistas del nuevo conglomerado. Y dependiente de Argelia, de Marruecos y de Nigeria.

b) La participación de Iberdrola

La diversificación productiva de Iberdrola es similar a la de Endesa, aunque tiene más energía hidroeléctrica, y menos carbón. Una posición, hasta hace poco, mejor que la de Endesa. Pero en un entorno de altos precios del petróleo y del gas natural y con poca agua, su situación es de mayor debilidad. Y mayor dependencia del gobierno. Pero si, empresarialmente, se le garantiza que va a poder quedarse, a un precio pactado con los gestores de Gas Natural, con una serie de activos de su competidora Endesa, situados tanto en España como en el extranjero, y que esa compra la convierten en la primera empresa eléctrica de España y que, además, tiene detrás al gobierno, su reacción lógica es la de sumarse a la Opa. Aunque quizá se equivoque; máxime si ayuda a poner en marcha un proceso en el que quien controlará todo no serán el equipo gestor de Iberdrola y el de Gas Natural, sino el de La Caixa, que, además, en un momento determinado, será sustituido por otro nombrado directamente por el tripartito catalán y el gobierno socialista español. Su posición sería, o bien la del que se beneficia de una buena racha inesperada o bien la del conspirador que cree que puede controlar al gobierno español, al tripartito catalán y, en su caso, a los nacionalistas del PNV. Es lo que se denomina vulgarmente intentar cabalgar sobre un tigre.

c) La opabilidad de Endesa y la de Gas Natural

Endesa es una empresa que siempre podrá ser opada. Un 85% de sus accionistas son particulares o fondos, nacionales o extranjeros, que buscan rentabilidad a su inversión. Por el contrario, una empresa como Gas Natural es difícilmente opable. Entre La Caixa y Repsol controlan el 65 % del capital, y, a su vez, Repsol es controlada por La Caixa. ¿Se mueve La Caixa por criterios de rentabilidad, como cualquier otra entidad financiera, incluso, me atrevería a decir, como la mayoría de las cajas de ahorro? La respuesta es negativa. Es notoria la ramplona gestión del negocio puramente bancario de La Caixa, que detenta bajos ratios de eficiencia y baja rentabilidad. Donde sí se ha posicionado bienLa Caixa es en el mercado del trapicheo político. Cada vez, desde la transición, que alguien en el gobierno español llegaba a la conclusión de que podría comprarse a los nacionalistas catalanes, antes de Pujol y ahora del tripartito y del PSC, La Caixa recibía un pago en forma de participaciones empresariales. Por esta vía se han hecho dueños de un enorme paquete de participaciones en toda España. Analicen sus balances y comprobarán que las compras de esos paquetes de acciones de empresas, siempre a bajos precios, se llevan a cabo no con los beneficios de las actividades bancarias habituales, sino que son fruto de pactos políticos en momentos determinados.

No es una situación exclusiva del nacionalismo catalán. En el caso del País Vasco, el intento de comprar la lealtad de los nacionalistas a la Constitución se llevó a cabo en dos fases: en la primera, en el momento de la aprobación de la propia Constitución, se fijó un cupo fiscal, que permitía al País Vasco pagar menos impuestos que cualquier otra autonomía, pobre o rica; en la segunda, –época de los gobiernos del PP– ese cupo se fijó definitivamente. Ya no habrá que renegociarlo cada cierto número de años.

Es un error suponer que las cajas de ahorros no tienen accionistas ni dueños. Las cajas son propiedad –mayoritariamente– de los partidos políticos, que nombran a sus consejeros en función de su peso político en ayuntamientos y autonomías, con alguna notable y meritoria excepción, en algunas cajas, como en Caja Madrid, donde hay consejeros generales y miembros del Consejo de Administración de asociaciones independientes elegidos por votación entre los impositores, además de representantes de sindicatos y asociaciones no políticas. Desde la transición hasta el 11-M –el día del atentado político que cambió, por ahora, el destino de España–, en general, los políticos, y las personas que han designado estos como administradores y gestores de la mayoría de las cajas, han hecho un buen trabajo. De hecho, se han gestionado mejor las cajas que muchos bancos privados, que ya han desaparecido, tanto por la dura competencia como por errores propios. Las cajas han estado sometidas a la misma competencia que los bancos y han tenido muchos menos problemas, porque las cajas han tenido hasta ahora, gestores rigurosos. La razón de ese buen hacer hay que buscarla en el buen funcionamiento del sistema de reparto de poderes establecido por la Constitución. Los políticos de las distintas autonomías han sido conscientes de que las cajas no se podían utilizar para hacer política de partido, ni para financiar un desarrollo regional autónomo, ni para financiar aventuras empresariales de grupos ligados a ellos. La misión de las cajas, respetada hasta hace poco por todos, era conseguir beneficios y, con ellos, realizar una ingente labor social, benéfica y cultural. A los gestores de las cajas se les ha dejado, en general, manos libres, para que gestionaran los depósitos que les confían, y les han confiado, los españoles, para que los invirtieran libremente y para que compitieran con las demás entidades financieras, tanto dentro como fuera de España. Su gestión, con algunas lagunas, ha sido positiva. Hay casos llamativos de favoritismo empresarial y político, de créditos injustificados, de nombramientos sin apoyo en la formación y experiencia. Pero en su conjunto, el sector se ha comportado excepcionalmente bien. Hasta ahora.

Hasta ahora en que, a instancias de los nacionalistas catalanes y de los del PNV y Batasuna, e impulsados por el gobierno español, La Caixa ha roto las reglas del juego. La Caixa ha pasado de ser el receptor de las exacciones políticas del nacionalismo catalán a los diferentes gobiernos españoles, a ser el financiador de la ruptura de España. Las cajas corren el peligro de convertirse, con un gobierno que no respeta la Constitución, con un presidente del gobierno que sueña con reiniciar la guerra civil para ver si esta vez ganan los suyos, en un instrumento de los poderes políticos. Y las cajas, en manos de políticos secesionistas, pueden convertirse en instrumento de la ruptura de España.

Es el caso que analizamos. Si alguien lanzara una Opa sobre Gas Natural, fuera cual fuese el precio, probablemente no tendría éxito, pues la inversión de La Caixa, directa e indirecta, es política. Responde al deseo nacionalista de controlar la energía eléctrica y el suministro de gas, tanto a Cataluña como a las tierras que se consideran por los catalanistas los “países catalanes”. Por el contrario, dada la composición accionarial de Endesa, el que siga siendo una sociedad independiente dependerá del precio que se esté dispuesto a pagar por ella; al margen de si la concentración que se pretende vulnera o no las normas de competencia españolas y comunitarias. Y de si el procedimiento de Opa iniciado ha respetado, o no, otras normas legales.

Los estatutos que se están elaborando en Cataluña y País Vasco son inconstitucionales. La utilización de los medios financieros de las cajas de ahorro de esas autonomías para financiar la secesión es consecuencia directa de ese planteamiento rupturista. Las cajas de ahorros han jugado un papel fundamentalmente positivo en el desarrollo del sistema financiero español. Han contribuido decisivamente a modernizar la economía española y a financiar a las familias españolas. Han contribuido a que, en su lucha por conseguir clientes, los tipos de interés sean más bajos en España que prácticamente en todo el mundo. Lo que nadie podía prever es que se convirtieran –en algunas autonomías controladas por los nacionalistas– en instrumento de la secesión territorial. Ha terminado otra fase del desarrollo de las cajas. No pueden seguir dependiendo, directa ni indirectamente, de los partidos políticos pues, desgraciadamente, hay partidos que no respetan la Constitución; y el poder económico que puede ejercerse utilizándolas torticeramente no está previsto en los estatutos de las propias cajas ni en la propia Constitución.

d) ¿Operación política o empresarial?

Al margen de lo que ya he expuesto, hay otras razones de peso que ahondan el carácter político de la operación; en primer lugar, el precio que ofrece Gas Natural y la participación de Iberdrola. Al precio anunciado, que según los gestores de Gas Natural no será modificado, Gas Natural se haría con el 100% de Endesa entregando a los actuales accionistas de Endesa acciones de Gas Natural y 7.500 millones de euros. Pero como Iberdrola compra activos por valor de entre 7.000 y 9.000 millones, sin ningún desembolso, en un sistema “gratis total”, los gestores de Gas Natural serían capaces de controlar la empresa fusionada. Mejor dicho, la controlarían La Caixa y el tripartito nacionalista catalán, con el visto bueno del gobierno rupturista de Zapatero. En aras del supuesto respeto a la legislación española sobre competencia, la operación podría ser todavía mejor para Gas Natural oLa Caixa, pues los nuevos gestores estarían más que dispuestos a enajenar todavía más activos de la actual Endesa. No pierdan de vista la posibilidad de dar un peso relevante a las cajas andaluzas –controladas por el PSOE– en una nueva Sevillana de Electricidad. O los posibles pactos de Zapatero con Kirchner, al que quizá devolviera –a bajo precio- las compañías argentinas que hoy controla y explota Endesa. El acuerdo puede extenderse a la totalidad de Enersis, pues si el partido socialista chileno volviera a ganar las elecciones quizá le gustaría recuperar esa empresa, aunque no fuera más que para vendérsela a otra empresa extranjera.

Otro factor avala el carácter político de la operación. El momento elegido es el del anuncio de la falta de acuerdo en el nuevo estatuto catalán. La compensación que ofrece el gobierno español al PSC y a Esquerra aparece al día siguiente: se llama Endesa y, una vez más, se entrega a La Caixa. Al margen de lo que crean los gestores de Gas Natural. Hay otros muchos datos que avalan el carácter político de la operación: lo anunciado contradice lo expuesto en el Libro Blanco sobre la energía, al que se ha hecho referencia. Aún peor, las reacciones oficiales del gobierno español han sido de alabanzas a la Opa; sin molestarse en explicar lo que ven en ella de positivo o negativo. No han tenido siquiera la prudencia de mostrarse neutrales, al menos hasta que se hayan pronunciado todas las instancias legales.

Pero en la Cataluña política, controlada y corrompida por el nacionalismo, la operación se vende bien. Se recupera la antigua FECSA, desaparecida por la mala gestión de sus anteriores accionistas, básicamente miembros de la burguesía nacionalista designados por cajas y bancos catalanes, que fueron quebrando por su mala gestión como, por ejemplo, la Banca Catalana de Jordi Pujol. Hace pocas semanas apareció en La Vanguardia un documento revelador. Un grupo de empresarios y financieros, supuestamente moderados, supuestamente cercanos al partido popular, supuestamente ilustrados, pedían, ellos también, un nuevo estatuto. Pedían nuevas competencias para su autonomía, sin detenerse en si eran constitucionales o no. Lo importante para ellos era, y es, no sentirse marginados de la marea nacionalista que lo envuelve todo en Cataluña. Una violencia inconstitucional que en el País Vasco ha producido una generación de valientes que luchan y mueren por su libertad y por la de todos los españoles y en Cataluña ha dado lugar a una burguesía cobarde, deseosa de participar en el poder corrupto del nacionalismo. Es esa burguesía que gusta de distinguir entre el nacionalismo maleducado de ERC y el supuestamente moderado del PSC y de CIU. Son los hombres que se identifican con Piqué, que de tanto travestirse políticamente a lo largo de su vida, ya no saben qué defienden, ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en el resto de España.

e) El objetivo final

Un primer objetivo es comprar Endesa, con un sistema “gratis total” para los accionistas de Gas Natural. Un segundo objetivo es dar a La Caixa el control de toda la energía producida en Cataluña. Un tercero, sería recolocar al nacionalismo vasco en la gestión de Iberdrola, aunque sus actuales gestores no lo crean posible, por más que el mayor accionista de esta empresa sea la BBK, que ahora quiere fusionarse con las otras dos cajas vascas para hacer, ellas también, un banco vasco para preparar la independencia. Un cuarto objetivo sería aumentar el peso económico y financiero de La Caixa, que crecería todavía más, no sólo en Cataluña sino en el resto de España, con la ayuda del gobierno de Zapatero. ¿Cómo va a haber un país independiente –piensan los nacionalistas catalanes y vascos– sin un banco nacional, máxime si, probablemente, habría un problema de tiempo de acomodo con la Unión Europea y el propio Banco Central Europeo? (no un problema definitivo, por supuesto. Francia velará porque España se desintegre con rapidez en el seno de las instituciones europeas). Pero, en esa tesitura, tener una institución que pueda hacer de banco nacional se considera positivo por todos los nacionalistas, máxime si los depósitos y los beneficios se consiguen con inversiones en la fenecida España, antigua nación, mañana sólo Estado confederal.

Y después, en algún momento, hablaríamos de los temas propiamente eléctricos. De las tarifas, que habría que discutir con el gobierno. De los precios para industrias determinadas, que habría que discutir tanto con el gobierno catalán como con el vasco. Se modificarían las leyes de competencia, algo relativamente sencillo en un sector que nadie quiere liberalizar totalmente, a imagen y semejanza de lo que siempre ha hecho Francia. Y contaríamos con la colaboración ilustrada de esa parte de la burguesía catalana y vasca, acomodadas al nacionalismo y dispuestas siempre, según sus propias manifestaciones, a discutir –eso es todo– con los nacionalistas radicales, para que la ruptura con España se plantee moderadamente. Aunque al día siguiente se persiga y expulse a los no nacionalistas.

Un nuevo sector eléctrico, acoplado a nuevas naciones, con precios diferentes para proteger determinadas industrias de esas nuevas naciones. En el contexto de un estado confederal español, porque España ya no será una nación pues, como dice Zapatero, ese es un concepto muy difuso y él no acaba de entenderlo, por más que su socio y mentor Maragall no pare de hablar de la nación catalana.

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Conclusión

Las consecuencias de una Opa politizada, como la que hemos analizado, nos ha llevado muy lejos. Quizá disparatadamente lejos. Pero hay una forma de suprimir las sospechas y temores de los españoles que nos amparamos en la Constitución y nos declaramos constitucionalistas, tanto dentro de Cataluña y del País Vasco, como en el resto de España; y es modificar los términos de la Opa y adquirir una serie de compromisos por parte de La Caixa, el gobierno tripartito catalán y el gobierno español.

1º) El precio inicial que se ofrece estaría en consonancia con las estimaciones de valor de la mayoría de los analistas de bancos de inversión, que se mueven en torno a los 21- 23 euros por acción.

2º) Todo el precio se pagaría en dinero. En otro caso, habría que analizar cuidadosamente el valor de Gas Natural. Según su actual asesor para la Opa, el UBS, a finales de enero de 2005, consideraba –si no me equivoco– que Gas Natural estaba sobrevalorada en un 19%; nada más y nada menos.

3º) Se respetarían, escrupulosamente, sin coacciones, las decisiones de todas las instancias legales competentes: Comisión Nacional de la Energía, Servicio de Defensa de la Competencia, Tribunal de Defensa de la Competencia y Servicios de Competencia de la Unión Europea.

4º) Si, cumplidos todos esos trámites, la Opa fuera admisible, comenzaría el proceso de defensa, o de aceptación de la misma, por parte de los administradores y accionistas de Endesa, momento en que la propia compañía, u otra, estaría legitimada para defenderse, planteando otras alternativas, que considerase mejores para los accionistas de Endesa.

5º) Los activos que, en caso de éxito de la actual Opa decidiera vender la nueva gerencia, se subastarían entre todos los interesados, e Iberdrola no debería concurrir, para evitar un exceso de concentración.

6º) En su caso, y alternativamente a las condiciones anteriores, el gobierno español liberalizaría inmediatamente todas las tarifas, renunciando, de esta forma, a su capacidad de presión sobre los que ahora gestionan, a los que pueden gestionar en un futuro y a los actuales accionistas de Endesa –en particular a los fondos de todo tipo, que pueden temer que un enfrentamiento con el actual gobierno determine importantes pérdidas, dada su capacidad de fijar tarifas arbitrariamente y de modificarlas en uno u otro sentido.

7º) Despolitización, en cualquier caso, de las cajas de ahorro, que perderían su dependencia de los partidos políticos en autonomías y ayuntamientos. Se iniciaría inmediatamente el proceso de venta de participaciones, sin dejar de estudiar su privatización.

Si se cumplen estas últimas condiciones, en particular la sexta, es irrelevante quién sea el accionista de referencia en Endesa. Incluso el precio de las acciones podría ser inferior al que he mencionado. Cualquier precio que aceptaran los accionistas de Endesa sería un precio de mercado. Pero sin coacciones, sin chantajes, sin servir de tapadera a acciones políticas de mayor envergadura.

España necesita un sector eléctrico fuerte, saneado, eficiente y capaz de invertir. España necesita un gobierno responsable, que tenga en cuenta esas obligaciones a la hora de regular el sector. España se merece transparencia por parte de todos, empresarios, políticos y financieros. Lo que España no puede ni debe soportar son operaciones como la Opa que comentamos, que está repleta de incertidumbres para el futuro de todos.

Alberto Recarte

07 Septiembre 2005

La gran OPA eléctrica

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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La oferta pública de adquisición (OPA) de Gas Natural sobre Endesa, lanzada el lunes, exhibe un enorme calado. Financieramente, es la de mayor envergadura en la historia de España. Y empresarialmente, la resultante sería una compañía con 30 millones de clientes en 11 países, la cuarta de Europa por tamaño, lo que multiplicaría su competitividad en un medio globalizado. Implicaría una reordenación del mapa energético español, incluyendo el acuerdo inicial de su principal competidora, Iberdrola, para adquirir los activos de los que deba desprenderse la nueva sociedad por razones de competencia. Y se produce, aparentemente, sin un indebido intervencionismo público, pues el Gobierno (a diferencia del anterior Ejecutivo del PP, que ejerció diversos vetos políticos sobre proyectos similares) ha mostrado ante ella una imparcialidad benevolente, independientemente de la sintonía de fondo que pueda existir entre sus promotores y los ministerios competentes.

Con esta ambiciosa apuesta, el mapa energético español debería mejorar: la adquisición de activos reforzaría a Iberdrola, le permitiría entrar más a fondo en el gas y posibilitaría su proyección internacional; a Endesa le brindaría un horizonte claro, tras varios ejercicios en que le cuesta dibujar un futuro a largo plazo, como empresa radicada en una ciudad en la que carece de mercado; y, por supuesto, consolidaría la añeja ambición de Gas Natural de convertirse en un gran operador en todos los escalones energéticos.

Pero se trata de una operación cuya complejidad corre pareja con su envergadura. Empresas e instituciones deben hilar fino para que el resultado sea de una mayor, y nunca inferior, competencia en el mercado energético, en favor de los consumidores, a través de un mayor acceso al gas de todos los actores. Algunos de los modestos (Hidrocantábrico) deben también poder crecer. Y sería saludable que la «OPA no solicitada» se trocase en «amistosa», no en «hostil».

Pero un baile pacífico necesita de dos. La respuesta negativa formulada ayer por el consejo de Endesa, que calificó de «hostil» la operación, se basa en argumentos que suenan a una defensa corporativista de su cúpula. Así, la supuesta insuficiencia de la oferta contrasta con una prima alta comparativamente con otras operaciones; el inédito acuerdo previo con Iberdrola cortocircuita las alegaciones sin exhibir contraindicaciones. El pequeño accionista ya es bastante mayor para decidir sobre sus intereses. Más parece un envite de tanteo que una respuesta en toda regla.

06 Septiembre 2005

OPA Hostil del Lobby Catalán

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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Hace pocos días, denunciábamos en estas páginas la existencia de un lobby catalán que, encabezado por el ministro de Industria y primer secretario del PSC, José Montilla, había bloqueado la concesión de un segundo canal en analógico a TELEMADRID para favorecer precisamente a un grupo de comunicación afín a su partido. Lo que no podíamos imaginar era que ese mismo lobby tenía preparado ya el asalto a la primera eléctrica española. La OPA hostil que Gas Natural pretende lanzar sobre el 100% de Endesa podrá ser bien recibida por los fondos americanos y los accionistas minoritarios. Pero, a diferencia de otras fusiones y adquisiciones, esta operación tiene un claro trasfondo político y consecuencias que van mucho más allá de lo meramente empresarial. Gas Natural está controlada por La Caixa, mientras que en Endesa domina Caja Madrid. La operación urdida por Antoni Brufau – cuya sintonía con el PSC no es ningún secreto – favorece claramente , por tanto, los intereses del tripartido catalán, frente a los de la Comunidad que gobierna Esperanza Aguirre.

Lo más inquietante, sin embargo, es la actitud del Gobierno central. En primer lugar de Montilla, quien se comporta como el delegado del PSC en Madrid en lugar de como el ministro de Industria de todos los españoles. Pero también de Zapatero, que al paracer pretende compensar el posible fracaso de la reforma del Estatuto catalán, otorgando a Maragall el control del sector energético español. Lo cual es una extraordinaria irresponabilidad. Máxime cuando el Libro Blanco para la reforma eléctrica encargado por el propio Gobierno advertía ya acerca de la gran concentración del mercado energético en nuestro país. Es la misma advertencia que planteó el presidente de la Comisión Nacional de la Energía, Pedro Meroño, cuando hace unos meses se desataron los primeros rumores de una OPA de Gas Natural sobre Endesa, lo cual le valió su sustitución, como no, por una ex diputada del PSC.

Pero, además, Zapatero se equivoca radicalmente si piensa que los empresarios catalanes están al margen del debate político. Se han convertido en peones activos de quien pretenden alumbrar una nueva nación a costa de la Constitución y de la unidad de España. Hace unos días, una veintena de destacados empresarios catalanes – entre ellos el propio director general de La Caixa, Isidre Fainé – remitieron una carta a Maragall pidiendo una nuevo Estatuto ‘cuanto antes’. Esta forma frívola de entender un proceso que afecta nada menos que a nuestro marco de convivencia es también la de la directiva del Barça que ha anunciado que su equipo defenderá la aprobación de un nuevo texto el próximo domingo en el terreno de juego.

Estamos, pues, ante una auténtica OPA hostil del lobby catalán vinculado al PSC sobre los intereses del conjunto de los españoles. Esperemos que todos los implicados sepan responder en los términos que la ocasión lo merece.

08 Septiembre 2005

La regulación energética

LA RAZÓN (Director: José Alejandro Vara)

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La nueva batalla eléctrica generada a raíz de la OPA presentada por Gas Natural sobre Endesa constituye un episodio que, no por repetido, deja de sorprender en las actividades corporativas de las grandes entidades españolas y, sobre todo, dentro del sector energético. Otras ofertas análogas y anteriores corrieron con escasa suerte en el entramado empresarial español, donde hasta el momento nunca ha prosperado una OPA que el destinatario haya definido con el calificativo de hostil. Éste es el caso de la propuesta realizada por la empresa gasista sobre la primera compañía eléctrica, un intento del pez chico por comerse al pez más grande del mercado, lo que ha suscitado una viva polémica política y está dejando en segundo plano otros aspectos no menos importantes.

El gran debate de la regulación energética reside en determinar si la apertura y liberalización del mercado permite el impulso de nuevas unidades de negocio más fuertes y capaces de atacar los mercados internacionales, pero también más peligrosos para el desarrollo de la libre competencia en el mercado doméstico. Éste es el debate secular que todavía no han resuelto los poderes públicos y que ahora debe implicar al Gobierno para desvelar de una vez por todas las reglas del juego, de modo y manera que todos los agentes del sector sepan a qué atenerse. De lo contrario, las sempitemas batallas de intereses encontrados se prolongarán en la travesía de un desierto de normativas ineficaces y que tan sólo sirven para inducir guerras intestinas en sectores estratégicos. La situación del mercado energético español, abocado a un nuevo paradigma como consecuencia de la crisis del petroleo, exige una rápida toma de decisión del Mercado de Industria. La regulación del mercado eléctrico, con o sin Libro Blanco, es una asignatura pendiente que la OPA de Gas Natural sobre Endesa ha desvelado en toda su crudeza. Aprobarla se ha convertido en una tarea acuciante.

08 Septiembre 2005

Acoso político a Endesa

Luis María Anson

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Mientras Piqué se dedicaba a pastelear como Maragall manda, Eduardo Zaplana, una vez más, explicaba a la opinión pública la verdad sobre la OPA de Gas Natural contra Endesa. Como ocurrió con Repsol y no ocurrió con el BBVA por la firmeza de FG el Gobierno Zapatero quiere liquidar de Endesa a Manuel Pizarro, considerado como uno de los empresarios más serios y prestigiosos de España, al que siempre acompañó el éxito, un hombre, en fin, que es ejemplo de equilibrio y moderación. Pero el puesto en el que ha hecho una ingente labor positiva lo ocupó en tiempos de Aznar. Eso resulta abominable para algunos socialistas. Así es que hay que escabecharse a toda cosa. Montilla en la penumbra, maneja los hilos con esta idea nodriza: “Todo el poder para la Caixa”.

Zaplana ha denunciado la operación como ‘tremendamente sospechosa’. Ha asegurado el Gobierno está pagando una nueva factura al tripartito y que los intereses de un diminuto grupo independentista se imponen sobre la conveniencia general. No quiero entrar en el fondo de la cuestión, que expertos hay para decidir si resultará positiva la fusión entre las dos grandes empresas que se alzaría como un gigante mundial. Asusta tanta concentración de poder. Pero eso es otro problema. La OPA de Gas Natural a Endesa no se puede simplificar. Hay varias causas que la han generado. Pero la principal y la que hoy yo denuncio es la operación política que subyace tras ella y la alarma creciente de la ciudadanía por un Zapatero genuflexo ante Carod Rovira y el tripartido.

Luis María Anson

17 Septiembre 2005

La cruzada de Endesa

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Una operación tan compleja como la OPA de Gas Natural sobre Endesa requiere, para llegar a un desenlace razonable, que los directivos de las compañías implicadas acepten sin reservas las normas del mercado, que los reguladores apliquen con rapidez las de competencia y transparencia bursátil, y que unos y otros eviten la extravagancia y las guerras personales.

Las reacciones públicas de los protagonistas se están precipitando, sin embargo, hacia el despropósito. Tras el pintoresco símil del semen y el embarazo empresarial empleado por el presidente de Gas Natural, el presidente de la CNMV, Manuel Conthe, ha enviado al de Endesa una carta en la que le recuerda la obligación de no articular posiciones accionariales defensivas contra la OPA; más tarde, el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, y Conthe se han enredado en una disparatada pugna verbal: el primero anunció la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional para exigir una actuación imparcial de la CNMV; el segundo respondió afirmando que «cualquier jurista se ríe de ese recurso» y dejándose arrastrar a una polémica chocarrera impropia de un regulador financiero.

La trifulca, alentada por quienes tildaron de política una operación que se explica perfectamente por razones económicas, revela inquietantes sombras de desconocimiento y visceralidad en sectores empresariales cobijados hasta el año pasado bajo la protección del Gobierno del PP. En una compañía con un accionariado tan diversificado como Endesa, Pizarro debería ser más prudente a la hora de invocar el interés de los inversores. Por definición, una OPA es una oferta que una empresa hace a los accionistas de otra; el papel del Consejo de Administración de la empresa opada es convocar un Consejo que decida si la oferta es aceptable o no, informar a los accionistas y permitir que éstos decidan. Invocar la adhesión del paisanaje aragonés en contra del comprador y escudarse detrás de la Constitución para explotar el grosero malentendido entre la libertad de expresión, que nadie le ha negado, y su obligación de mantenerse neutral ante sus accionistas son astracanadas de mal gusto.

El presidente de la CNMV, por su parte, no ha estado muy oportuno. El regulador financiero tiene la obligación de velar por el cumplimiento escrupuloso de las leyes que protegen a los accionistas, perseguir cualquier acción punible e investigar eventuales maniobras ilegales contra cualquier transacción en el mercado. Sus cartas a Endesa, Iberdrola y Gas Natural se han convertido en munición para los directivos de Endesa que se niegan a ser neutrales ante la OPA y para los abanderados de la tesis política de la oferta.

Es una lástima que torpezas y salidas de tono dificulten el análisis reposado de las ventajas e inconvenientes de la operación. Entre las primeras cabe destacar la oportunidad que se abre para romper la estructura actual del mercado eléctrico, dominado por empresas en régimen casi de monocultivo (Endesa, con carbón y nucleares; Iberdrola, con agua) y organizarlo con grupos empresariales que compitan vendiendo gas y electricidad de generación mixta. Entre los problemas destaca el carácter dudoso del pacto previo para la venta de activos de Endesa y Gas Natural a Iberdrola, pensada paradójicamente para disminuir la concentración de mercado resultante de la OPA, o el riesgo de monopolios regionales. Las autoridades de la competencia deberán velar contra esos y otros riesgos para el consumidor, pero deberían poder hacerlo con serenidad y objetividad. Justamente lo que no sobra en estos momentos ni en Endesa ni en la CNMV.

04 Enero 2006

Obediencia política

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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La tramitación legal de la OPA de Gas Natural sobre Endesa está revelando la determinación del Partido Popular de convertir una operación que debería moverse en el ámbito estrictamente financiero en un circo político de dudosa honorabilidad. Sirva como ejemplo el espectáculo organizado el lunes por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), que decidió recomendar al Gobierno el rechazo de la operación. Los seis consejeros nombrados por el PP en el Tribunal durante su etapa de Gobierno hicieron honor a su obediencia al partido que los designó y votaron en contra del informe elaborado por los técnicos de la institución, que proponía razonablemente aprobar la OPA con severas condiciones para mantener la competencia. Resulta evidente que el primer partido de la oposición se ha propuesto abortar la integración de Endesa en Gas Natural por encima de cualquier otra consideración, sea ésta un criterio de estricta competencia en el mercado -ninguna propuesta de compraventa o concentración debe ser vetada o impedida si mediante otro tipo de restricciones se garantiza la competencia en su mercado-, sea el respeto debido a la independencia de los organismos reguladores que garantizan el buen funcionamiento de los mercados.

A la espera de conocer el dictamen razonado de la dudosa votación del lunes, los hechos apuntan a que el PP ha convertido su oposición a la OPA de Gas Natural en una obsesión que amenaza con socavar la credibilidad de los organismos reguladores españoles. Fue una conducta indigna convertirse en grupo de presión ante las autoridades comunitarias para que la OPA fuese tramitada en Bruselas, con la esperanza de que la dureza de las condiciones europeas impidiera su aprobación, sin cuidarse de las sospechas de parcialidad que tal empeño arrojaba sobre la Comisión de la Energía, el TDC, y la propia Comisión Europea. Ahora, parece haberse propuesto utilizar todos los resortes creados durante sus años de Gobierno en forma de consejeros de las instituciones reguladoras para impedir una OPA que consideran una operación política de agresión, presumiblemente de Cataluña contra España, y un intento de desalojar a los responsables de la compañía que nombró el PP durante su etapa de Gobierno.

Esta práctica indeseable, apoyada desde ciertos medios de comunicación que se dedican a distribuir infamias personalizadas, socava la credibilidad de los árbitros económicos; es el precio que el PP parece dispuesto a pagar a cambio de incomodar al Gobierno. Los inversores nacionales e internacionales acabarán por no confiar en instituciones que simplemente votan al dictado de los partidos políticos, en contra de la racionalidad económica que les proponen los informes técnicos. Desdichadamente es lo que ha sucedido en el TDC. Es más, sus consejeros han decidido no hacer público el informe técnico que aprobaba la fusión; tal vez porque temen quedar en evidencia.

El informe del TDC no es vinculante; por tanto, el Gobierno puede muy bien decidir lo contrario. Sobre todo si cuenta con informes, como el de la CNE, que compaginan razonablemente la creación de un grupo integrado de gas y electricidad con las exigencias para garantizar que el mercado energético español no se convierte en un jardín oligopolístico. Al margen de la incomodidad, quizá sea el momento de preguntarse si el método de poblar los organismos reguladores con consejeros directamente recomendados por los partidos políticos no lleva a clausurarlos por inutilidad manifiesta.

07 Enero 2006

Dictamen infundado

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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La lectura detallada del dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) que recoge el rechazo de la OPA de Gas Natural sobre Endesa ratifica sobradamente la impresión de que los seis consejeros que se opusieron a la operación se guiaron más por el criterio de obediencia debida al Partido Popular que los nombró que por la invocada defensa de los consumidores o por supuestos criterios de economía competitiva. El dictamen de la mayoría, del que discrepan los votos particulares del presidente Luis Berenguer y los consejeros Pilar Sánchez y Antonio Castañeda, es una apoteosis de vaguedades y retórica desde el momento en que, tras declarar que los efectos de la OPA «alteran gravemente la dinámica competitiva existente en los mercados de gas y electricidad», descarta de un plumazo, sin exponerlas o criticarlas, las medidas que podían haber sugerido para restaurar esa dinámica. Primero se vota con el criterio de obediencia debida y después se buscan deprisa y corriendo los fundamentos del voto.

El dictamen de la mayoría llega a la conclusión tremendista de que la compra de Endesa por Gas Natural ocasionaría «daños irreversibles» al mercado energético imposibles de restaurar con medidas «razonables, realistas y proporcionales». Resulta difícil concebir una concentración empresarial en un mercado maduro, como el del gas y electricidad, con tan letales consecuencias. De hecho, la fusión de Endesa e Iberdrola -obedientemente aprobada por varios de los consejeros del TDC que ahora se han pronunciado en contra- recortaba la competencia en el mercado eléctrico de forma mucho más severa que la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Por tanto, la declaración de irreversibilidad no pasa de ser retórica de baja calidad. La suposición de que la compañía resultante podría establecer una especie de dictadura sobre los precios del gas debido a que se anula la competencia de Endesa con Gas Natural es un argumento pueril. Puesto que la presencia de Endesa en el mercado del gas no ha contribuido a reducir los precios para el consumidor -su cuota de mercado es irrelevante en relación a la de Gas Natural-, la presunción de que su desaparición contribuirá a elevarlos carece de sentido.

El fondo de la cuestión de competencia en esta OPA es que las condiciones que recomendó la Comisión Nacional de la Energía y las que adicionalmente sugirió la ponencia del TDC -la venta de Carboex, la empresa que transporta el gas de Endesa- bastan para garantizar un mercado energético competitivo; y que en la decisión del Gobierno deben pesar más los informes fundamentados -como los de la CNE- que la desmayada retórica del dictamen del TDC. Quienes desde el PP o Endesa insisten enfáticamente en que si el Gobierno aprueba la OPA debería hacerlo de forma «argumentada» olvidan que la recomendación con menos argumentos es precisamente la que ellos patrocinan.

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