Golpe a Tenerife: El Parlamento de Canarias aprueba la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acabando con el liderazgo de la Universidad de La Laguna

Apenas unas horas después de que, por las calles de esta capital, se repitiera el clamor del pueblo tinerfeño, canario, en pro de la Universidad regional de La Laguna, ayer, en el Parlamento regional se atentaba contra el primer centro docente e investigador de Canarias. Contra la unidad del Archipiélago.

Nuestros estimados lectores tendrían  que profundizar en el alcance y significación de lo acontecido. Les invitamos a ello. Y no dejarse engañar más por las falsas versiones de algunos políticos que, conscientemente, levantaron su brazo para que la Universidad regional de La Laguna perdiera su integridad; su capacidad de desarrollo. A fin de arrebatarle a la fuerza, sus centros en Las Palmas.

EL ilegal expolio, acaso anticonstitucional a todas luces, está servido. O casi culminado.

Lo de ayer, no fue sólo una jornada de esperpentos. Ni se produjeron meros episodios o una simple sucesión de anécdotas, como pod´ria opinar algún torpón de la política.

La fecha del 19 de abril de 1989 pasará a la Historia de las Islas, entre otras causas, porque se entronizó el insularismo grancanario. El provincianismo más insolidario y ridículo. A cargo de los partidos que, impropia y cínicamente se autodenominan regionalistas.

El día de ayer, triste jornada, entrará en la Historia de las Islas, también, porque hubo diputados de Tenerife, de otras Islas de esa Provincia, que, a nuestro entender, abusaron de su representatividad. No tenían el mandato popular para destrozar la autonomía universitaria; para vejar a uno de los escasos símbolos seculares de todo el Archipiélago.

Y lo hicieron. Colocaron el interés de sus aparatados partidistas por encima de la soberanía popular. Sacrificaron al electoralismo de Las Palmas la voluntad de nuestro pueblo. Pisotearon las urnas de Tenerife.

Nos duele muy profundamente, que la santacrucera calle de Teobaldo Power tuviera que ser el escenario de una comedia política, tan vergonzosa como bufa. De un acto lamentable, indigno, intolerable.

Ayer, no salió adelante una reorganización universitaria de Canarias. Lo que quedó consagrado fue el Parlamento de Las Palmas. La hegemonía de una ciudad que, de hecho, domina y decide, arbitrariamente, lo que ha de hacerse en todo el archipiélago.

No pudieron atajar las AIC, ni AHÍ, ni el PP de la provincia tinerfeña el desastre. Ni sus intervenciones ni votos bastaron para defender la región, el concepto de unidad regional.

De un modo excepcional, valoramos la honesta y honrada conducta política de un socialista y tinerfeño, canario hasta la médula. Que determinados compañeros suyos, totalitarios y guardias pretoriana de Saavedra, no nos impidan tributar un justo homenaje a Maximino Jiménez Fumero. El señor Jiménez Fumero dio un alto ejemplo de coherencia y de compromiso popular. Al parecer, le obligaron a dimitir como diputado por Tenerife por votar de acuerdo con su conciencia.

Naturalmente, ni el señor Martín – palmero, grancanario – , ni el señor García Déniz – de Lanzarote – ni el señor Brito – grancanario – ni la señor Palliser – grancanaria – siguieron la conducta de Maximino Jiménez Fumero. Ellos son diputados por la isla de Tenerife, pero antes que a esta Isla, por lo visto, se deben al PSOE grancanario. Están a años/luz de las convicciones socialistas y del amor a toda Canarias, también a Tenerife, del señor Jiménez Fumero.

Debemos aplaudir, asimismo, el que ejercieran el derecho de veto Tomás Padrón Hernández y Juan Padrón Morales, de AHÍ. Fue un gesto que honra a El Hierro y a toda Canarias. De algún modo, sustituyeron lo que el señor Fernández Martín – por fortuna, ex presidente, del Centro de Suárez, palmero – y los parlamentarios socialistas impidieron que planteara la Isla de Tenerife.

Ayer, en fin, se abrió una nueva época en Canarias.

Ya sabemos aquí quién es quién. Y, de no prosperar el cambio de Estatuto a favor de los Cabildos, ya conocemos lo que nos espera.

La soberanía popular no estuvo ayer en el Parlamento de Canarias. Insistimos en que el Parlamento se transformó ayer en Cámara de Las Palmas. ¿Hasta cuándo? ¿Lo va a permitir nuestro pueblo? ¿Qué responder a los que ya proclaman se acabó la región de Canarias?

Sólo los tribunales y las urnas pueden enmendar la catástrofe.

Mientras, ¿por qué las AIC no estudian su abandono de este Gobierno y de este Parlamento de Las Palmas?

¿Consentiremos los canarios de Seis Islas que nos mangoneen y nos esclavicen cuatro politicastros, criados del Sanedrín de Las Palmas?

La Universidad de Las Palmas ya es una realidad legal. Poder decirlo así, sencillamente, sin teórica, ha costado muchísimos años y un esfuerzo de convicción sin precedentes en la moderna historia de nuestras islas. Ahí está el empeño primordial de esta larga marcha: convencer, sumar voluntades, asumir colectivamente los fracasos, las cerrazones, los retrocesos y las maniobras de oportunidad, pero también alimentar incansablemente las ilusiones, ratificar las certezas, y contrastar sin tregua la justicia de lo reivindicado con la inviabilidad de cualquiera de las soluciones alternativas que salieron a debate durante todo el proceso.

Los dos tercios de la cámara regional que ayer aprobaron la Ley de Reorganización Universitaria traducen el triunfo de la convicción. Sentirse vencido es, en este caso, una reacción errónea porque no hay guerra posible en el territorio de la razón y del espíritu: tan sólo ideas y valoraciones discrepantes que no tardarán en ceder porque – sinceras o no – han girado en torno a una información insuficiente y sesgada, al numantinismo de injustos privilegios e intereses, o a la sana pero equivocada defensa de una institución tan querida y respetable como la Universidad de La Laguna.

La Universidad de Las Palmas es ahora una realidad de derecho. Cuando lo sea de hecho podrá demostrar a todos los canarios de buena voluntad que sus temores y reservas carecían de porqués, fijando límites a una resistencia contra toda razón que no podrá sostener por mucho más tiempo su dimensión insolidaria y egoísta. Convencidas las dos terceras partes de la sociedad regional representada en el Parlamento, la tarea irrenunciable es convencer al resto.

LA PROVINCIA ha vivido y participado en primera línea todo el acontecer de estos 17 años defendiendo inequívocamente lo que ayer alcanzó su culminación legal. Sabemos bien cómo se ha trabajado, la excepcional calidad de los valores puestos en juego y la íntima satisfacción moral por un resultado que, siendo de todos los que lo hicieron posible a lo largo de casi dos décadas, aún deberá extender su capacidad de convencimiento a la generalidad de la ciudadanía canaria.

Aunque  se equivoquen, los promotores de recursos e impugnaciones tienen a su disposición todos los procedimientos del Estado de Derecho. Negarles la legitimidad de esas vías sería ponerse al nivel de quienes trataron de ilegitimar al Parlamento o coaccionar a sus miembros. Pero es imprescindible una actitud transparente del Gobierno de Canarias, responsable del cumplimiento de la Ley, que sólo puede traducirse en respuestas jurídicas inmediatas apelando a todas las venias de urgencia abiertas por las leyes de procedimiento para impedir la táctica de la dilación indefinida; convocando los servicios de los juristas más eficaces; y renunciando a toda dejación que mueva a la ciudadanía a valorar actitudes personales en los miembros del Gabinete, que podrían no reproducir simétricamente la mayoría expresada en la Cámara y alentar la tentación de diferir políticamente lo que parlamentariamente es un hecho sin vuelta de hoja.

En ese menester parece muy importante separar la defensa lagunera de los derechos fundamentales que crean vulnerados – es decir, aquellos que ampara la Constitución y puedan llegar al Tribunal Constitucional – de otras disquisiciones legalistas que el moderno Derecho Administrativo tiene muy claras: en primer lugar, que las leyes orgánicas – como la LRU, que tanto se esgrime en defensa de la autonomía universitaria – son distintas por su ámbito pero no superiores en jerarquía a las leyes territoriales, y carecen de mayor rango normativo. Como fuente de derecho, la soberanía del Parlamento de Canarias es exactamente igual que las de las Cortes Generales, por lo que cualquier recurso o impugnación en instancias distintas del Tribunal Constitucional carecerá de fundamento jurídico y deberá ser objeto de réplicas fulminantes que recaben su inmediata desestimación. Y todo ello a mayor abundamiento en la certeza de que la Ley aprobada no conculca en modo alguno la autonomía universitaria.

El de ayer fue un día histórico, que hoy rubrican al menos dos tercios de la sociedad regional con profunda alegría por el progreso de la igualdad en la democracia y con el corazón lleno de gratitud hacia todos los diputados que lo hicieron posible cumpliendo con su deber político en medio de zozobras y pesadumbres. Un día que preludia otros muchos plagados de dificultades, pero con motivos reales para proyectar la esperanza hacia un futuro de unánime convencimiento en la necesidad y la oportuna de la Ley aprobada. Y un día, por fin, que deja en la memoria nuevas heridas, como el rechazo de una declaración institucional en defensa de la propia Cámara; o el voto negativo de quien fuera presidente de Canarias, Fernando Fernández, decantado ya sin disimulo contra la Universidad de Las Palmas en su declaración literal de que ‘la aprobación de la Ley supone un triunfo de los intereses de Gran Canaria a costa de los de Tenerife”.

Será difícil convencer algún día a quienes, disponiendo de toda la información precisa y conociendo privilegiadamente la realidad, optan por perpetuar la incomprensión y la insolidaridad. Pero serán cada vez menos, porque la más alta misión de nuestra Universidad va a cifrarse en hacer indestructible la fraternidad de todos los canarios.

Hoy es, sin duda, la hora de la verdad. Atrás quedan pronunciamientos, manifestaciones, polémicas, titulares, amenazas, dimisiones y tragicomedias. Hoy, en el salón de plenos del Parlamento de Canarias, la inútil guerra que podía haber sido una ley más de la Comunidad Autónoma de Canarias, será rematada con la puntilla de la mayoría grancanaria sustentada en los diputados del ultrainsularimso y en los disciplinados y obedientes votos de algunos diputados por Tenerife.

Después de siete días de cansancio, hoy se vota la Ley de Reordenación Universitaria de Canarias. Y puede parecer que, lejos ya del fragor de las voces, hemos olvidado la voz del pueblo de Tenerife. Pero quien lo crea yerra. Como en el Teide, bajo el aspecto tranquilo de una montaña late la lava caliente de la indignación, esa ira sorda de la injusticia que se ve alentada y apoyada por quienes fueron nombrados para labrar la paz y se han transformado en valedores e instrumentos de la discordia y la desunión.

Hay que decir una vez más que si hoy se agravia, que nadie se extrañe si hay agraviados. Si hoy se humilla, que nadie se sorprenda de la existencia de humillados. Si hoy se pisotea la razón en función de los intereses de una parte del todo, y se somete el todo de Canarias a la parte de Las Palmas de Gran Canaria, que nadie venga luego – mañana mismo tal vez – con llantos plañideros por una región desconyuntada. Porque hoy, esta mañana, se estará apuñalando la convivencia regional en Canarias.

Los diputados tendrán que votar en libertad. En esa falsa libertad que sólo existe hasta el límite de la imposición de sus partidos. Por encima de la isla, el partido. Por eso tal vez en las próximas elecciones tendrán que pedir sus votos al partido, en lugar de a su isla. Pero en libertad.

En la misma libertad que tendrá que reflexionar ATI sobre su papel en este Gobierno, consciente de que un abandono puede dejar al Ejecutivo en manos de Las Palmas, pero consciente también de que no puede consentir, como si tal cosa, que Tenerife sea otra vez pasto de la dentellada grancanaria, y que si CDS y PSOE pueden gobernar con los votos de la mayoría de Gran Canaria, más vale que lo hagan a cara descubierta, sin la coartada de un partido tinerfeño para lavar las manos del Pilatos de turno.

También tendrá que reflexionar sobre su permanencia en el partido esa minoría socialista tinerfeña que naufraga una y otra vez en la aplastante evidencia de que el PSOE en Canarias se ha puesto al servicio exclusivo del interés de Las Palmas y de ese político grancanario llamado Jerónimo Saavedra.

Hoy es, sin duda, el día de la verdad. Y con la verdad por delante, a cara descubierta, sin histerismos ni amenazas, vamos a conocer todos dónde estamos y a quiénes defendemos. Y después de esto, seguro, nada será igual.

DIARIO DE AVISOS

LA UNIVERSIDAD tinerfeña de La Laguna no ha comenzado las clases a estas alturas del curso. El motivo de esta anómala situación, que afecta a más de 18.000 estudiantes, es el conflicto desencadenado a raíz de la promulgación de la ley de Reorganización Universitaria de Canarias (LRUC), aprobada por el Parlamento autónomo del archipiélago el pasado 1 de julio.Hasta la promulgación de dicha ley, las islas contaban con una universidad de estudios técnicos, con sede en Las Palmas, y otra de carácter tradicional (estudios científicos y humanísticos) en el municipio tinerfeño de La Laguna. La conflictiva norma legal confiere a la nueva universidad de Las Palmas, que ya no se limitará a los estudios de ingeniería, el carácter de universidad completa, al tiempo que establece la adscripción de todos los centros universitarios al rectorado más próximo. Con este salomónico trueque, la universidad de La Laguna se ve desposeída de una parte de su patrimonio. Ello motivó la dimisión de su junta de gobierno y que el claustro decidiera, casi por unanimidad, paralizar la actividad académica.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite recientemente un recurso contra dicha ley a instancias del Tribunal Superior de Canarias. Ya antes de su aprobación, el Consejo Consultivo de Canarias apreció indicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley, pese a lo cual la norma fue aprobada. Entre tanto, el Ministerio de Educación y Ciencia, con el argumento de respetar la autonomía del Gobierno canario, no se decide a plantear ante el mismo conflicto de competencias, pese a que la universidad de La Laguna así viene demandándolo desde el instante mismo de que se aprobara la ley.

Esos 18.000 alumnos que todavía no han comenzado el curso no pueden seguir pagando los platos rotos de una ley que ya produjo, en su día una grave crisis del Gobierno del archipiélago. Una ley que ha tenido la penosa virtud de dividir aún más de lo que lo estuvo nunca (por culpa, precisamente del ya viejo pleito universitario de las islas) a la sociedad canaria.

La justa reivindicación de una Universidad (completa) en Las Palmas sufrió un sabotaje de muchos años por parte de la Universidad de La Laguna, ubicada en Tenerife. La presión de Las Palmas había conseguido, con enormes esfuerzos sociales y políticos, un Colegio Universitario limitado a carreras técnicas o científicas con un crecimiento sofocado por La Laguna, que impedía el ritmo exigido por la realidad socioeconómica de Las Palmas. Después de innumerables gestiones y expresiones populares, en 1982 estaba la ciudadanía insular concienciada para responder masivamente a la convocatoria de una manifestación en la calle. Más de 300.000 ciudadanos de todas las ideologías concurrieron a ella bajo el lema de “Universidad, ya”), que en principio consiguió dos efectos: convertir el asunto en reivindicación colectiva de las tres islas de Las Palmas y exacerbar el politiqueo en contra de Tenerife y su provincia, temerosos del cariz que adquiría en un contexto de libertad y democracia. Pasaron otros seis años, con estas tensiones en alza, hasta que en 1988 recorrió Las Palmas otra manifestación de similar magnitud y consignas más apremiantes. El siguiente año, 1989, firmó Lorenzo Olarte, entre dimisiones de consejeros tinerfeños del gobierno autónomo que èl presidía, el decreto de creación de la Universidad de Las Palmas, con plenos poderes para incorporar las carreras y currículos que considerase necesarios y plena autonomía de La Laguna.

Obviamente, la posición de EDITORIAL PRENSA CANARIA fue de apoyo y estímulo a este proceso histórico, así como altavoz de todas las personas y entidades de relieve que quisieron opinar. Por supuesto, los periódicos tinerfeños desarrollaron una brutal campaña en contra, que fue tan estéril como la de los políticos  tinerfeñistas (ATI).

En pocos años quedó de manifiesto que la Universidad de Las Palmas no supuso merma alguna para La Laguna, sino un elemento estimulante para ambas. Hoy conviven y colaboran con recíproca confianza-