Jaime Campmany (ÉPOCA) demanda al presidente del Grupo PRISA, Jesús Polanco por usar los fondos de los abonados de CANAL PLUS

De dinero y santidad, la mitad de la mitad. Basta consultar los balances y cuentas de resultados de la Sociedad de Televisión CANAL PLUS S. A. entre los años 89 y 95, ambos inclusive, para saber que alcanzó un beneficio acumulado, después de impuestos, de 516 millones de pesetas, una cifra muy pobre teniendo en cuenta la inversión de 30.000 millones efectuada por los socios.

Desde 1991, CANAL PLUS ha enmascarado su situación financiera utilizando una sociedad paralela – Sogecable – cuyos accionistas, en las mismas proporciones, son los de CANAL PLUS, con lo que obviaba la obligación de consolidar y de revelar la verdadera situación del grupo resultante.

El 31 de agosto del 91, CANAL PLUS traspasó a Sogecable la totalidad de sus descodificadores (5.348.7 millones) y las fianzas constituidas por los abonados (2.482,2 millones) procediendo a cancelar de su contabilidad los depósitos recibidos hasta esa fecha. Teniendo en cuenta que los contratos de abono estaban suscritos por CANAL PLUS S. A. y no por Sogecable, y que el concepto del pago era el de depósito de garantía, se puede afirmar que la sociedad de Polanco et altri ha vivido esos años inmersa en una grave irregularidad contable que le ha permitido presentar una situación financiera distorsionada, además de vulnerar el artículo 1.767 del Código Civil, que prohíbe al depositario servirse del depósito sin permiso del depositante. Esta situación se regularizó en enero del 96, fecha en que CANAL PLUS adquirió el 100% de Sogecable.

A 31 de diciembre del 95, Sogecable presentaba una situación financiera lamentable, ya que en las pérdidas acumuladas habían reducido la aportación real de los accionistas, deducidos gastos de establecimiento a 144,6 millones de pesetas.

Un somero examen de las cuentas del 95 revela que el beneficio de 1.110,9 millones declarado ese año fue ficticio, ya que si la compañía no hubiera pasado el periodo de las amortización de los descodificadores de 5 a 7 años, la dotación hubiera sido superior en 2.054 millones a la contabilizada, con lo que el resultado del ejercicio hubiera sido de – 943 millones. La compañía no incluyó en su memoria (auditada por el inevitable Arthur Andersen) el efecto de ese cambio en los criterios contables, en contra de lo dispuesto en el art. 38 del Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad.

Sogecable financió todas sus inversiones con las fianzas de los abonados a CANAL PLUS, que a 31 de diciembre del 95 ascendían a 20.926 millones. La cobertura financiera real de esas fianzas está representada por una cartera de valores a corto plazo de 4.411,4 millones (21,08% del total). La cobertura del 79,2% restante es puramente contable y, por tanto, inservible a efectos financieros, ya que está materializada en activos necesarios para mantener la actividad de la compañía, cuyo valor de realización además, puede ser inferior al contable.

Si a los resultados acumulados de CANAL PLUS (516 millones) se suman las pérdidas acumuladas por Sogecable, incluyendo gastos amortizables (-3.335 millones) resulta una pérdida total de 2.838,8 millones, que sería de 4.893 millones si no se hubieran modificado los criterios de amortización en el año 95.

No obstante lo cual CANAL PLUS repartió un dividento de 879 millones en el 91, de 4.200 en el 95 y de 6.859.7 en el 96 (con cargo al ejercicio 95) Es decir, 11.938,7 millones de pesetas ¿De dónde salieron? Misterio. En todo caso, alguno se acordará del caso de la famosa ‘banquera del pueblo’ portuguesa, aquel prodigio de ingeniería financiera capaz de retribuir con el 50% y hasta el 100% de interés el dinero de los depositantes. ¿Cómo? Pagando las imposiciones viejas con las entradas de capital nuevo, en la conocida técnica de la bola de nieve.

A Polanco le han tocado el trigémino con el IVA, pero el gran puyazo ha consistido en la obligación de constituir en depósito las fianzas de los descodificadores. ¿Qué quería el señor Polanco? Pues seguir engordando a expensas de las nuevas fianzas – que ya no se llamarán tales – es decir, coger las 60.000 pesetas por barba de 1,5 millones de abonados previstos, y hacer virguerías con 90.000 millones de pesetas. Álvarez Cascos, hijo, me temo que has dado la diana. Cuídate mucho. Te perseguirán hacia la tumba.

Jesús Cacho

La empresa Sogecable, propietaria de CANAL PLUS, demandará ante los tribunales al reportero Jesús Cacho, a la revista ÉPOCA y al diario EL MUNDO por sus afirmaciones en el sentido de que han existido irregularidades contables en la citada compañía.

Las cuentas y balances de Sogecable han sido auditadas desde su comienzo por Arthur Andersen, que puede dar fe de la falsedad de las imputaciones hechas por el Sr. Cacho. Este miente cuando dice que se ha presentado una situación financiera distorsionada además de vulnerar el artículo 1.767 del Código Civil, que prohíbe al depositario servirse del depósito sin permiso del depositante. Miente cuando dice que el beneficio declarado en el ejercicio de 1995 ‘fue ficticio’. Miente cuando insinúa que los dividendos pagados a los accionistas no se corresponden con los beneficios de la empresa. Y miente cuando acusa a ésta de apropiarse del dinero del IVA en detrimento del erario público o del bolsillo de los abonados de CANAL PLUS.

Sogecable quiere poner de relieve que, desde el comienzo de sus operaciones a aquellos abonados de CANAL PLUS que se dieron de baja, por unos motivos u otros, se les ha reembolsado siempre debidamente el depósito que habían entregado. Los balances de la compañía, aprobados por su consejo de administración y convenientemente auditados, son públicos y avalan la solvencia de la empresa. De acuerdo con la Ley de Televisión Privada, Sogecable como sociedad concesionaria remite además sus cuentas anuales auditadas al Ministerio de Fomento.

CANAL PLUS agradece a sus abonados la fidelidad que le vienen demostrando, pues es la calidad del servicio que les presta y su satisfacción por el mismo lo que más le preocupa mantener en medio de estos desconsiderados ataques. Lamenta, por lo demás, que desde instancias públicas pretenda confundirse la buena voluntad de los usuarios, sometidos en los últimos meses a toda clase de informaciones tendenciosas.

Sogecable considera que las mentiras del Sr. Cacho, tendentes a desacreditar el buen nombre de nuestra compañía y a difamar a sus administradores, han generado sin embargo un daño considerable a los intereses comerciales de la empresa, cuya reparación en todos los aspectos será instalada de inmediato ante los tribunales.

Don Jesús Polanco, por boca de uno de sus numerosos negocios amenaza con llevarme a los tribunales a cuenta de un par de informaciones mías aparecidas en el número 625 de la revista ÉPOCA, y en la edición de ayer de este diario, relativas a la utilización de los depósitos de los descodificadores de CANAL PLUS y a los dineros de la rebaja del IVA por los gestores del canal privado.

Como los textos aparecidos en ambas publicaciones están ahí a disposición de quien quiera consultarlos, huelga insistir en unos términos en los que me reafirmo en su integridad.

Por fortuna, todos los datos por mí recogidos en ambas informaciones están a disposición del público en el Registro Mercantil, por lo que la comprobación de las cifras manejadas en ambos trabajos resultará tarea fácil.

Por debajo del sacrosanto enfado que la nota de Sogecable destila, en la mejor tradición del Grupo PRISA, no deja de advertirse un fino sentido del humor. Por ejemplo, cuando dice el redactor de la misma que Sogecable ha reembolsado siempre las fianzas a aquellos abonados de CANAL PLUS que así lo han solicitado. Faltaría más. Cita también como argumento de autoridad al propio consejo de administración de Sogecable y a una firma auditora, en unos tiempos en que la credibilidad de estas empresas no atraviesa por su mejor momento.

Don Jesús Polanco, por mano del amanuense de turno, me obsequia varias veces con el calificativo de mentiroso, un desliz que hay que perdonar en un patrón y en un grupo que, como todos los  españoles inteligentes saben, han hecho de la mentira un arte. El redactor de la nota afirma que un servidor ‘miente cuando acusa a ésta (Sogecable) de apropiarse del dinero de IVA’. Debe ser cosa del subconsciente, porque en ninguno de los textos reseñados se contiene semejante afirmación.

Nada nuevo bajo el sol. El Sr. Polanco y el Grupo PRISA me distinguen desde el año 88 con su total animadversión, como a todos aquellos que no se pliegan a sus intereses.

Tal sentimiento llegó al extremo de publicar en EL PAÍS los textos de unas conversaciones mías obtenidas mediante el pinchazo telefónico de mi propio domicilio y a sabiendas de que eran ilegales, todo ello por motivo del escándalo Ibercorp, donde, por cierto, el Sr. Polanco actuó de ocasional jefe de Prensa de Mariano Rubio, en la memorable tarde del 12 de febrero de 1992.

Por fortuna para los amantes de la libertad de expresión, en este país todavía se puede discrepar de los ricos y los poderosos aunque esos poderosos se llamen Jesús Polanco.

Y por desgracia para Polanco cada vez son más los españoles dispuestos a hacer frente, porque no le tienen miedo, a su enorme poder e influencia.

El juez Gómez de Liaño inició ayer sus primeras diligencias para investigar la denuncia presentada por Jaime Campmany contra Sogecable, a la que acusa de presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad mercantil. Sogecable era una sociedad que prestaba servicios a Canal Plus y que luego fue absorbida por ésta. La nueva empresa, con los activos de ambas, pasó a llamarse Sogecable. Por ello, Gómez de Liaño pidió ayer a Sogecable la lista de abonados de Canal Plus, a la vez que solicitó del Registro Mercantil toda la información disponible de ambas. La nueva Sogecable asegura ahora que todas las cuentas están en orden. Y, efectivamente, lo están. Los depósitos de los abonados de Canal Plus figuran en su balance, como es preceptivo. Pero la imputación de apropiación indebida sobre la que tendrá que pronunciarse el juez se basa en el hecho de que dichos depósitos fueron entregados en 1991 por Canal Plus a la vieja Sogecable cuando ambas sociedades tenían diferentes personalidades jurídicas. Sogecable era la depositaria de miles de millones de pesetas que, contablemente, tenían que figurar en el balance de Canal Plus. No se hizo así y después Polanco regularizó la situación en enero de 1996, fusionando a las dos. Pero durante cinco años los depósitos de Canal Plus fueron gestionados por la vieja Sogecable, vulnerando posiblemente el artículo 252 del Código Penal y la legislación mercantil.

HACE POCO más de un mes este periódico publico una amplia información bajo el título Objetivo: acabar con Polanco. En ella se desvelaba la operación de acoso y derribo que el Gobierno había emprendido a propósito de la plataforma digital contra el Grupo PRISA, con EL PAÍS como objetivo final. Para evitar cualquier contaminación paranoica, contamos esa trama utilizando casi exclusivamente el material publicado por un periódico de Madrid que se ha sumado con tanta euforia a la operación que ya no se distingue bien si es el que traza la estrategia o el que la narra. Nuestro intento de objetivar el caso recibió no pocas críticas. Algunas, interesadas, de los propios conjurados, estaban descontadas. Otras, de lectores nuestros, acostumbrados a pensar por cuenta propia, nos han preocupado y han dado pie a intensos debates entres los periodistas que hacemos este diario con independencia profesional desde hace 20 años. Lamentablemente, los acontecimientos de esta semana han venido a refrendar lo que entonces dijimos

n los seis últimos días han ocurrido los siguientes hechos:

1. El director de la revista ÉPOCA presentó el lunes en la Audiencia Nacional una denuncia contra los responsables de Sogecable (antes CANAL PLUS) por apropiación indebida y estafa, entre otros delitos. Por lo que el propio denunciante ha hecho trascender, la acusación estaría apoyada en los artículos publicados en su revista sobre la base de un estudio jurídico-mercantil de las -cuentas públicas de Sogecable, todas ellas inscritas en el registro y depositadas año a año en el Ministerio de Fomento. La propia revista ha publicado que ese estudio obra en poder del Gobierno.

2. La denuncia se adjudica por reparto el mismo lunes al titular del Juzgado Central número 1, Javier Gómez de Liaño, que 24 horas después decide abrir un procedimiento penal sin solicitar al fiscal un informe previo de competencia, trámite no obligatorio, pero habitual en casos en los que es discutible la instancia judicial que debe entender de un caso.

3. Un abogado y profesor de Derecho Financiero, en ejercicio de la acción popular, presenta el jueves una querella contra los 20 consejeros de Sogecable y el auditor de sus cuentas con las mismas acusaciones y los mismos juicios de valor que figuraban en la denuncia anterior.

4. El juez instructor admite la querella a trámite el viernes porque «coincide en esencia» con el texto de la denuncia anterior. No podía ser de otra manera cuando los dos escritos beben de la misma fuente: varios artículos publicados en ÉPOCA y EL MUNDO.

5. El magistrado rechaza el procedimiento habitual de dar traslado a la querella a través de los abogados y decide notificarla personalmente, invocando el artículo 118.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello cita esa misma tarde en su juzgado a la mitad del consejo y a la otra mitad para ayer, sábado. Varios consejeros, entre ellos los cinco que representan a CANAL PLUS FRANCIA y que residen *en el país vecino, no pueden personarse. La noticia de la citación convoca, lógicamente, a todos los medios a las puertas de la Audiencia, sobre todo una vez conocido que el auto del juez prohíbe salir de España sin su autorización a Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián, José María Aranaz -presidente, consejero delegado y secretario general de Sogecable- y al auditor de las cuentas de la sociedad.

Hasta aquí la secuencia judicial. No está demás destacar que ningún escrito acusatorio invoca hechos des conocidos ni operaciones ocultas, por mucho que algunos -muy especialmente la televisión y la radio públicas- traten de enmarcar esta actuación judicial en el contexto de otros sumarios que se sustancian ante la Audiencia Nacional por delitos económicos, especialmente los que afectan a Javier de la Rosa y Marío Conde. No parece casual que este último tenga que sentarse en el banquillo de los acusados mañana mismo por el denominado caso Argentia. Basta una ojeada a la mancheta que encabeza este espacio editorial para comprobar que los tres consejeros de Sogecable a los que el juez prohíbe salir de España sin su visto bueno ocupan idénticas responsabilidades -presidente, consejero delegado y secretario generalen la sociedad editora Diario El País, SA. Estamos seguros de que esa coincidencia es la que buscan quienes han puesto en marcha esta operación. Pero estamos igualmente seguros de que se trata de una acusación falsa que se desmontará en el terreno de la justicia.

En 20 años de ejercicio de un periodismo independiente y libre nunca hemos flaqueado en nuestro compromiso con el Estado de derecho y en nuestra confianza básica en el sistema judicial. Por serias que hayan sido a veces nuestras discrepancias con decisiones concretas, también de los jueces, que hemos expresado de forma contundente cuando nos ha parecido oportuno, siempre hemos creído que nuestra arquitectura judicial tiene las debidas garantías para defender los derechos de todos. También, desde luego, los de aquellas personas que son falsamente acusadas.

Nuestra seguridad de que se trata de un caso falso no nos impide ver también que puede tratarse de un caso largo y que los instigadores últimos buscan, antes que la condena penal, el daño que causa el procedimiento mismo a los querellados. Entre ellos figuran quienes fundaron este periódico y aseguraron su independencia. No nos cabe la menor duda sobre su honorabilidad, cuya mejor prueba son sus 20 años de gestión en EL PAÍS. Estamos seguros de que este juicio es extensivo a todos los consejeros de Sogecable y que así se demostrará ante los tribunales.

Más allá de alguna discusión mercantil de carácter técnico que pretende trasladarse falazmente al ámbito penal, ¿cree alguien seriamente que peligra la solvencia financiera de Sogecable? Justamente: porque se trata de un buen negocio, que gana dinero y que ha decidido invertir 65.000 millones en la plataforma digital, ha desatado el Gobierno durante las últimas semanas lo que ya se conoce como la guerra digital Entre los accionistas de Sogecable están el primer grupo de comunicación de este país, el mayor banco y el líder europeo de la televisión de pago. Los cinco consejeros; que representan a CANAL PLUS FRANCIA, incluido su presidente, figuran en la lista de querellados. Esta empresa participa en media docena de canales de otros tantos países europeos, con más de ocho millones de abonados, sin que nadie le haya planteado hasta hoy un pleito de esta naturaleza. Puede que se deba a la clásica singularidad española, pero estamos seguros de que muestra justicia es plenamente homologable a la europea.

En medio de este paisaje suena a excusa no pedida la proclamación que hizo ayer el vicepresidente Álvarez Cascos de que el Gobierno nada tiene que ver con el tema. La simple duda debería ofenderle, aunque estaría bien que despejara una duda: ¿qué ha hecho con ese informe que, según ÉPOCA, tenía en su poder el Gobierno y que ha dado pie a este pleito?

Las diferencias entre las medidas cautelares dictadas esta semana por el juez Gómez de Liaño contra varios consejeros de Sogecable – severas con algunos (Carlos March y Leopoldo Rodés) y menos rigurosas con otros – enriquecen el muestrario de actuaciones arbitrarias del errático instructor. Se diría que esta nueva contribución del polémico magistrado a la inseguridad jurídica se propuso servir de ruidosa y aterradora preparación artillera a las citaciones de Cebrián para el 13 de mayo y de Polanco para el 19.

Los fundamentos del auto dictado el pasado jueves por la Sala de lo Penal de la Audiencia para revocar la resolución adoptada el 28 de febrero por Gómez de Liaño (que prohibía a Polanco y a Cebrián la salida de España sin conocimiento y autorización del juzgado) ponen de relieve los frágiles conocimientos jurídicos y los abusivos criterios preconstitucionales del juez instructor respecto a los derechos fundamentales. La sala admite el recurso de queja de los querellados ‘por la falta de fundamento legal y material y por ende la arbitrariedad’ de la limitación ahora revocada: el ardid de ‘devaluar artificialmente’ la restricción de un derecho fundamental (amparado en este caso por el artículo 19 de la Constitución): “maquillando el significado y el alcance de la medida”, tropieza con un obstáculo: “el lenguaje es manipulable, la realidad no”.

Queda por saber si la doctrina garantista expuesta por la Sala logrará romper las pautas de obediencia seguidas hasta ahora por Gómez de Liaño respecto a sus consejeros mediáticos; en caso contrario, Cebrián y Polanco podrían ir ya preparando el equipaje para pasar una temporada en prisión o para prestar una fianza multimillonaria. Porque las órdenes impartidas desde los diarios ABC y EL MUNDO, el semanario ÉPOCA y la tertulia calentada por el periodista y promotor inmobiliario Antonio Herrero en la radio de los obispos no dejan lugar a dudas: los mismos publicistas que adulan de forma obscena al magistrado Gómez de Liaño (así como a los llamados fiscales indomables de la Audiencia Nacional) han expresado ya sus más gozosos y negros pronósticos sobre la suerte procesal de Cebrián y Polanco.

Por ejemplo, un megalómano fantasmón descrito por Jesús Pardo en su ‘Autorretrato sin retoques’ (Anagrama, Barcelona, 1996, p.390) como “el mejor mal actor de nuestra época” exigía el pasado lunes la simbólica crucifixión preventiva de Polanco, es decir, su efectiva prisión incondicional. No cabe echar en saco roto tan ominoso deseo: Antonio García Trevijano, que se enriqueció primero como consejero áulico del sanguinario dictador Macías y que manipuló después a los redactores del Diario MADRID al servicio de sus ambiciosos honorarios, ha seguido muy de cerca – tal vez demasiado – el sumario Sogecable y es un sonrojante adulador de Gómez de Liaño. También un chocarrero ex director de ARRIBA y ex jefe del Sindicato Vertical del Espectáculo, especialista en desenterrar a la familia de sus críticos para agredirles o chantajearles a golpe de cadáver, mostró hace un mes una sombría vocación de oráculo: “Como haya que señalar fianza a Jesús Polanco y a su estado mayor en Sogecable es previsible que haya un desfile de ceros en traje de gala”. Tampoco se puede despreciar ese maligno pronóstico: Jaime Campmany no sólo puso en marcha el sumario Sogecable mediante una denuncia sino que suele utilizar su grasienta prosa para halagar la vanidad de Gómez de Liaño. Y si fuese lícito extender a los vivos la afición por los muertos de este necrófilo sepulturero, cabría recordar sus vínculos de parentesco con la familia Márquez de Prado, emparentada a su vez con la familia Gómez de Liaño.

Las motivaciones de la alegre muchachada periodística – compuesta por falangistas valerosos, periodistas corruptos, izquierdistas de boquilla y mercenarios de Conde – para linchar al Grupo PRISA a través de sus responsables resultan transparentes; el papel del Gobierno en esta bochornosa historia mediático-judicial, en cambio ofrece mayores dudas. Mientras es seguro que la Ley de Televisión Digital y la Ley del Fútbol promovidas por el Gobierno tratan sólo de perjudicar financieramente a la plataforma operativa de Sogecable en beneficio de la plataforma gubernamental de Televisión Española (TVE), TELEVISA y Telefónica, existen dudas respecto a sus eventuales connivencias con la instrucción de un sumario orientado en todo caso en idéntica dirección: hacer doblar la rodilla a un grupo independiente de comunicación a costa de saltar por encima de los principios constitucionales de libertad de información y de empresa.

Javier Pradera