El CGPJ respalda al juez Enrique Bacigalupo de los ataques del diario EL MUNDO como represalia por su investigación al juez Gómez de Liaño

Afortunadamente, Enrique Bacigalupo no es negro. De haberlo sido, Javier Pradera podría haberme atribuido directamente el calificativo de «racista», mucho más rotundo e impactante que el de «xenófobo».

Según el articulista de EL PAÍS, ha sido esa característica de mi comportamiento la razón por la cual me he atrevido a informar de la relación entre el abogado Antonio González-Cuéllar y el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y a sugerir (lo que ya es el colmo del atrevimiento por mi parte) que existe causa de abstención en la querella contra Javier Gómez de Liaño.

Hasta ahora no había descubierto en mí (ni mi mujer ni mis amigos lo habían notado) ese odio hacia los extranjeros de procedencia suramericana que me atribuye el consejero de PRISA. Más bien, yo creía que simpatizaba con los sudacas y pensaba que me caían muy bien. ¡Cuán equivocado estaba! Me descubro, pues, ante las dotes psicoanalíticas del «intelectual» Pradera, que ha sabido detectar ese tic fascistoide en mis artículos referidos a un súbdito argentino.

Pradera hace que uno sienta vergüenza ajena de EL PAÍS. El diario que para muchos fue una escuela de democracia ha perdido en manos de gente como Pradera todo su valor como medio para reconocer la realidad. Los seudointelectuales como él, que han hecho de las ideas una mercancía de baratillo para uso a conveniencia de quienes les pagan, son los responsables de la pérdida de credibilidad del periódico. Resulta patético ver a este estómago agradecido arroparse en la bandera de la independencia y la objetividad para defender intereses de parte.

Hablaba Pradera en su artículo de ayer de las presiones a la Justicia. Una selección de sus artículos sobre el caso Sogecable en el último año y medio bastaría para comprobar hasta qué punto el respeto a la independencia de la Justicia ha sido pisoteado por él cuando ha tenido que salir en defensa de su patrón. La colección de insultos (modalidad literaria que domina a la perfección este progre de restaurantes de lujo) que le ha dedicado a Gómez de Liaño (como a cualquier juez que no haya seguido al pie de la letra los dictados de los editoriales de EL PAÍS), sería causa más que suficiente para que el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) hubiera dado su amparo de oficio al citado magistrado.

Pradera tiene tan poco respeto a la independencia de la Justicia que ha preferido aguantar una semana para derramar su bilis sobre EL MUNDO y sus columnistas con tal de que su vómito tuviera el efecto deseado en la decisión que hoy debe adoptar el CGPJ sobre el amparo a Bacigalupo solicitado por Jiménez Villarejo.

Si existe un TOP, su presidente es Pradera, que, por cierto, debería ser más cuidadoso a la hora de utilizar tópicos para adornar sus descalificaciones. ¿O ya se ha olvidado de que ha sido precisamente un antiguo magistrado de dicho tribunal quien ha sido asesor jurídico de su empresa durante muchos años?

El ideólogo de PRISA ha repetido tantas veces sus argumentos que aburren. Sin duda, necesita unas vacaciones o un merecido retiro. (Este artículo forma parte de una conspiración para que Polanco premie con otro consejo de administración a Pradera).

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne hoy para decidir si concede el amparo solicitado por Jiménez Villarejo, presidente de la Sala Segunda del Supremo, en favor de su colega Bacigalupo por lo publicado por EL MUNDO sobre su relación con el abogado de Polanco. Anteayer, Javier Gómez de Liaño, magistrado de la Audiencia Nacional, presentó la recusación del juez Martín Canivell, que le acaba de procesar por prevaricación en sus actuaciones en el caso Sogecable. Refiriéndose a ambos asuntos, el más conspicuo y representativo de los columnistas de El País, convertido en remunerado paladín de las causas económicas de su jefe, sostenía ayer que EL MUNDO intenta chantajear al CGPJ y a la Sala Segunda del Supremo. Justamente sucede lo contrario: es Prisa quien intenta mediatizar a la Justicia para seguir crucificando al juez Gómez de Liaño, que tuvo la osadía de investigar presuntas irregularidades de Sogecable.

Y como sobran argumentos para demostrarlo, no necesitamos insultar ni descalificar a nadie, como acostumbra el preclaro ideólogo de Polanco, sino simplemente exponer unos hechos que nos parecen elocuentes. En primer lugar, es cuando menos atípico que Gómez de Liaño, acusado de una conducta que se sanciona con mera inhabilitación, haya sido encausado en el Supremo por un procedimiento ordinario y no abreviado, reservado en el nuevo Código Penal a delitos sancionados con más de nueve años de cárcel (asesinato, secuestro, violación o tráfico de drogas).

Es evidente que se pretendía ponerle la etiqueta de inculpado desde el primer día y justificar así a partir de su irregular procesamiento la suspensión en sus funciones de juez con carácter cautelar -confirmada ayer por la Sala Tercera del Supremo-, una decisión que produce un daño moral y profesional irreparable.

Basta una lectura del reciente auto del juez Martín Canivell, rechazando el recurso de Gómez de Liaño contra su procesamiento, para percibir este ensañamiento. En una argumentación que recuerda la descripción de la Justicia que Franz Kafka hace en El proceso, el magistrado del Supremo asegura que no es preciso recabar los testimonios de descargo que solicita Liaño porque ya han quedado patentes los indicios de delito merced a las declaraciones del ¡propio acusado! Ni Kafka osó concebir tal crueldad: es el imputado el que se condena a sí mismo con independencia de las pruebas.

Pero Canivell va más lejos: sostiene que resultan «irrelevantes» para calificar la prevaricación «los propósitos, designios y motivaciones». Pero acto seguido dice que Liaño actuó «a sabiendas», «con fingida apariencia de moderación», «sin motivación pertinente» y «adobando sus fundamentos con aparente razonabilidad». Es decir, Canivell se lanza a formular toda una serie de inferencias psicológicas, basadas en una subjetividad que él mismo repudia y sin el mínimo fundamento jurídico.

Es comprensible, pues, que Gómez de Liaño no tenga a Martín Canivell por el juez imparcial a que cualquier ciudadano tiene derecho. Pero el magistrado de la Audiencia Nacional utiliza para recusarle un argumento objetivo difícilmente contestable: Canivell era el ponente que estaba estudiando el recurso sobre el archivo de las actuaciones en el caso Sogecable. Cuando llegó al Supremo la causa contra Liaño, Canivell se abstuvo de decidir sobre el recurso y asumió la instrucción sobre la prevaricación. Como alega el recurrente, lo lógico es que se hubiera abstenido en el segundo caso, ya que estaba implicado en el primero y no al revés. Pero optó por dejar lo que tenía entre manos para poder investigar a Liaño. ¿No es esto sospechoso?

Por añadidura, la causa que ahora se instruye estuvo a punto de ser archivada a propuesta del anterior ponente, el magistrado Martínez Pereda, que llegó incluso a redactar un borrador con esta tesis. Fue el juez Bacigalupo quien se opuso a ello.

Los medios de Prisa pretenden confundir a la opinión pública y al Poder Judicial al presentar los documentos publicados por EL MUNDO que prueban la relación profesional entre Bacigalupo y el abogado de Polanco, Antonio González-Cuéllar, como un intento de presión sobre la Sala Segunda en los casos Marey y Liaño. Nada más falso. La propia versión de González-Cuéllar no deja lugar a dudas: él mismo admite que intervino en dos asuntos remitidos por Bacigalupo a su despacho. En uno de ellos reconoce que tenía poderes a su nombre y que se interesó por su desarrollo si bien subraya que por causas humanitarias. Queda, pues, acreditada una relación personal y profesional que debería llevar a Bacigalupo a abstenerse para preservar la apariencia de imparcialidad en el proceso.

EL MUNDO nunca ha especulado sobre las motivaciones del juez Bacigalupo. Pero El País sí lo ha hecho reiteradamente sobre las de Gómez de Liaño, disfrazando de inquinas personales una actuación profesional. Los medios de Prisa no han escatimado ningún recurso para demoler a un juez que se había atrevido a indagar en las interioridades del imperio de Polanco.

Quien verdaderamente necesita el amparo de la Justicia es Gómez de Liaño. Sería un sarcasmo que el mismo CGPJ que se lo denegó a él cuando era víctima de una campaña de linchamiento sin precedentes, se lo conceda ahora a quien da la apariencia de estar entregado a la causa de culminar esa tarea desde el Tribunal Supremo.

AL CONCEDER su respaldo al magistrado del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha salido en defensa de la independencia del juez y ha criticado en su médula al diario El Mundo por informaciones que «parecen querer perturbar el normal desarrollo de determinadas actuaciones judiciales en curso». Léase el normal procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño por tres supuestos delitos de prevaricación en su instrucción del llamado caso Sogecable, sobreseído por falta de materia penal. El órgano de gobierno de la judicatura no sólo presta su apoyo moral a un juez (Bacigalupo), sino que, en cumplimiento de su primer deber, sale a salvaguardar el sistema de selección de los jueces, y, por tanto, la independencia de los magistrados. Una independencia que es pieza indispensable en el equilibrio de poderes en un Estado de derecho.La independencia de los jueces no significa que sus decisiones queden al margen de la información veraz, como recordó ayer el CGPJ, ni de la opinión de los medios o de cualquier ciudadano. Pero una cosa es la crítica y otra -de hecho, opuesta- utilizar el chantaje y manipular la información para forzar la recusación o abstención de algún juez sólo porque los autores del ataque consideran que el que toca, el juez natural, no conviene a los intereses de Liaño.

La campaña de El Mundo estaba dirigida en primer lugar contra el juez Bacigalupo, exiliado de Argentina a raíz del golpe de la Junta Militar en 1976, y, de rebote, contra los magistrados de la Sala Segunda que han de juzgar a Liaño, al que la Sala de lo Contencioso del Supremo acaba de rechazar -cabe recordar que con una esmerada justificación- su recurso contra la suspensión cautelar en sus funciones de juez.

En su propósito de apartar a Bacigalupo del tribunal encargado de juzgar a Liaño, el citado diario ha tratado de fabricar, en un ejemplo de reporterismo espurio, una «relación atípica» entre el juez Bacigalupo y un letrado de los querellantes. Para ello no ha vacilado en difundir datos no veraces que se ha encargado de corregir el Poder Judicial. Se suma a ello la manipulación de documentos, en los que la fecha quedaba borrada o se mutilaban datos que, una vez completos, restan todo valor a esas acusaciones. Todo un ejemplo de periodismo que la escuela anglosajona calificó hace tiempo de amarillo.

El presidente de la Sala Segunda del Supremo, José Jiménez Villarejo, a quien El Mundo distingue habitualmente con sus críticas, apeló al Poder Judicial en busca de amparo para el magistrado Bacigalupo frente a la campaña emprendida por ese diario sobre bases informativas falseadas.

La resolución del CGPJ corrige los datos falsos y respalda a este magistrado o a cualquier otro que pueda ser objeto de un acoso similar. Son varios los magistrados del Supremo que, de un tiempo a esta parte, se ven sometidos a todo tipo de presiones mediáticas -siempre en las mismas tribunas; siempre por los mismos personajes- para condicionar su independencia. Esto es, sus sentencias. Unas veces para condenar, otras para absolver.

En otro editorial panegírico sobre Liaño, El Mundo explicaba ayer las razones de su espuria manera de actuar, al afirmar que ese juez «tuvo la osadía de investigar presuntas irregularidades de Sogecable». Si el juez en cuestión está hoy suspendido cautelarmente en sus funciones no es por «investigar presuntas irregularidades», sino por la supuesta comisión de tres delitos de prevaricación por los que el Supremo ha decidido dictar auto de procesamiento. Hoy, las supuestas irregularidades están en el campo del juez, no en la empresa que éste trató de criminalizar.

El respaldo del órgano de los jueces deja la vía abierta a una posible acción penal por parte del propio juez Bacigalupo contra los intentos de socavar su independencia, aunque en ese caso sus acusadores obtendrían su objetivo, ya que entonces debería abstenerse del caso. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 14.2., insta, en este contexto, al ministerio fiscal «a promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial». ¿Pero quién cree, a estas alturas, que el fiscal general, Jesús Cardenal, vaya a investigar esta interesada campaña?.

En cualquier caso, el acuerdo de ayer del Consejo General del Poder Judicial desnuda a los ojos de cualquier lector objetivo el tipo de periodismo que practican El Mundo y algunos de sus reporteros, para oprobio de sus verdaderos profesionales.

Ya están todos. Dispersados tras la confesión de Anson de haber participado en una conspiración para derribar al anterior presidente del Gobierno, hacía meses que no actuaban en formación. Ahora han vuelto a alinearse, esta vez en defensa del juez Gómez de Liaño. En pura campaña de propaganda, acusan de prevaricación a los jueces del Tribunal Supremo que han confirmado el procesamiento de ese magistrado, que tanta fama adquirió como instructor del caso Sogecable. Puño de hierro, pero mandíbula de cristal, los defensores de Liaño se han rasgado las vestiduras, en nombre de la libertad de expresión, cuando el presidente de la Sala Segunda del Supremo, José Jiménez Villarejo, ha recurrido al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General, pidiendo una reacción contra lo que considera «torpes insinuaciones y graves calumnias» vertidas contra los jueces que han confirmado el procesamiento de Liaño.Un procesamiento no es una condena, aunque ciertos procedimientos de instrucción busquen a veces anticiparla ante el tribunal de la opinión pública. Varios jueces, en los pasos procesales pertinentes, han encontrado indicios de que eso es lo que hizo Gómez de Liaño durante 250 días de instrucción «errática», según el calificativo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que también considera «innecesarias, irrazonables y desproporcionadas» las siete resoluciones, siete, del instructor que fueron corregidas por el organismo jurisdiccional correspondiente. Pero Gómez de Liaño no está condenado. El procedimiento seguido hasta ahora ha contado con todas las garantías procesales y tendrá la oportunidad de defender que aquellas decisiones que tomó en su día y que ahora le van a llevar al banquillo se ajustaban a derecho. Claro que sería deseable que el caso se resuelva sin dilaciones indebidas y sin que el acusado se vea sometido a decisiones arbitrarias. Pero en cualquier caso serán los jueces quienes decidan si Gómez de Liaño dictó a sabiendas resoluciones injustas.

Los jueces, decimos, y no sus amigos periodistas. Como escribió Alain Minc en su ensayo sobre el poder de la opinión pública, «el juez de instrucción se convierte en un poder cuasi omnímodo cuando utiliza la prensa como caja de resonancia». Invocar la libertad de expresión para justificar los insultos y graves imputaciones contra los dos jueces que han confirmado el procesamiento de Gómez de Liaño no es otra cosa que envolver en celofán una pura operación de acoso. Si alguien cree que existe algún tipo de delito en la actuación de dos magistrados, la ley señala el camino a seguir. El resto son, seguramente, «torpes insinuaciones y graves calumnias».