Jesús Polanco (Grupo PRISA) pacta crear la primera televisión por cable en España, CABLEVISION, a través del monopolio de Telefónica

El acuerdo suscrito ayer entre Telefónica y CANAL PLUS para la distribución de la televisión por cable ha sembrado la sorpresa y la indignación entre medios de comunicación, productores de televisión en España y empresas interesadas en operar en la futura televisión por cable.

La indignación ha alcanzado especialmente a los socios de Telefónica en distintas ciudades y comunidades autónomas, que acusan a la compañía presidida por Cándido Velázquez de deslealtad, dado que Telefónica firmó ayer (miércoles para el lector) con Jesús de Polanco un acuerdo que sustituye el objetivo de las sociedades ya constituidas con otros socios en Galicia, Sevilla y comprometidas con distintos ayuntamientos y empresas catalanes.

El acuerdo entre Telefónica y CANAL PLUS supone que, sin esperar que las Cortes aprueben la Ley del Cable, una empresa de gestión pública como es Telefónica entrega a una empresa privada, CANAL PLUS, la exclusiva de programación de una red que será construida con dinero de todos los españoles y en condiciones de competitividad favorecidas por el Gobierno frente a otros inversores.

Es un acuerdo sin garantías jurídicas porque no existe ley, lo que supone, en la práctica, que se ferfuerza el monopolio de facto que ya tenía CANAL PLUS en la televisión de pago en España por la obtención de un canal de televisión privada de pago para lo que el Gobierno presidid por Felipe González modificó en su día, su propio concurso público. Irregularidad que todavía se encuentra en los tribunales.

El alcance y la gravedad de la decisión tomada ayer (miércoles) por Cándido Velázquez, presidente de Telefónica a quien nombra el Consejo de Ministros, es la práctica marginación de la televisión por cable de la industria de producción audiovisual española en favor de una empresa con capital extranjero que, salvo su participación en algunas películas, se distingue por la importación de productos foráneos.

El daño que Telefónica causa con esta decisión a la industria audiovisual española es incalculable y por esa razón, a pesar de que el acuerdo se firmó en puertas de las vacaciones y en unos momentos especialmente críticos en la estabilidad política española, se preparan acciones jurídicas contra la decisión de Telefónica para invalidar el acuerdo.

Varios medios de comunicación españoles han reaccionado ya hoy (jueves) y distintos grupos parlamentarios, a pesar de que la atención política se ha centrado en la comparecencia del Presidente del Gobierno en las Cortes, anuncian la presentación de preguntas e interpelaciones para denunciar esta nueva concesión del Gobierno al grupo que preside Jesús de Polanco, en detrimento de la libre competencia y del propio desarrollo de la industria del cable y las autopistas de la información en España.

El acuerdo suscrito ayer representa la entrega sin compensación alguna, a CANAL PLUS de la exclusiva de la programación de la televisión por cable, la comercialización de todos los productos que circularán por las autopistas de la información de Telefónica y la utilización del descodificador de CANAL PLUS, considerado técnicamente como un producto obsoleto teconológicamente. De este modo Telefónica, que ha venido haciendo gala de estar en punta ecnológicamnete, condicionada a partir de ahora el desarrollo tecnológico de la televisión por cable en España a los intereses económicos del grupo que preside Jesús de Polanco.

El acuerdo entre Telefónica y CANAL PLUS para la explotación de un sistema de televisión por cable ha generado algunas reacciones y comentarios tendentes a confundir a la opinión pública.

Dada esta situación, CANAL PLUS quiere puntualizar:

1. 1– La sociedad de Cablevisión, participada por Telefónica y CANAL PLUS fue creada en julio de 1992. Su constitución fue pública y no resultó objetada por nadie. La notificación del Ministerio de Transportes, Obras Públicas y Medio Ambiente a Telefónica, en el sentido de que podía comenzar a operar televisión por cable, al amparo de una sentencia del Tribunal Constitucional, ha justificado el acuerdo estratégico para el desarrollo de esa actividad a través de Cablevisión.
3. 2- El documento es fruto exclusivo de complejas negociaciones empresariales, sin que haya habido mediación alguna de otras instancias.
5. 3 – CANAL PLUS y Telefónica de España son entidades jurídicas con absoluta capacidad y autonomía para establecer todo tipo de pactos comerciales y societarios, sin someterse a otra limitación que la legal y las decisiones de sus órganos de gestión.
7. 4 – El acuerdo entre Telefónica y CANAL PLUS no elimina para nada la existencia de otras redes de cable, el acceso a la propia red de Telefónica por parte de otros operadores, ni acuerdos ulteriores con socios terceros.
9. 5 – Gracias al esfuerzo y al potencial de las compañías signatarias del pacto, la industria audiovisual española encontrará un marco adecuado para su desarrollo y experimentará un considerable empuje en su actividad.
11. 6 – Tanto Telefónica como CANAL PLUS son empresas rentables, ajenas a los presupuestos públicos, con abundante generación de recursos y balances saneados. La argumentación, esgrimida por algunos, de que se utilizará dinero público en el desarrollo de este acuerdo es dolosa y no se tiene mínimamente en pie.
13. 7 – La alianza Telefónica/CANAL PLUS garantiza a los quince millones de usuarios de la primera y al más del millón de abonados a la segunda un servicio eficiente, plural y de calidad en la televisión por cable, en medio de un panorama audiovisual marcado por graves dificultades financieras.

El primer efecto del pacto entre Telefónica y Polanco para la televisión por cable ha sido poner de acuerdo a todo el mundo: partidos políticos (PP, IU y CiU), futuros operadores, asociaciones del sector y hasta una cadena – ANTENA 3 TV – expresaron ayer su indignación por esta alianza. IU y PP hablaron de la creación de ‘un monopolio’, ANTENA 3 calificó el pacto de ‘abuso de poder’, el presidente de la Asociación Nacional del Cable lo llamó ‘amedrentamiento a la competencia’. Todos cuestionan la legalidad del acuerdo, que supone poner en manos del Grupo PRISA la red de Telefónica, monopolio estatal que puede ofrecer servicio por cable a siete millones de españoles. ‘Estamos ante un fraude de ley y una monumental irregularidad’ argumenta García Castillejo, de IU, que denuncia el favoritismo del poder hacia Polanco.

Un favor que le puede reportar el control de un mercado con una cifra de negocio anual de decenas de miles de millones y en rápido crecimiento. Y ello sin apenas correr ningún riesgo, bajo el paraguas protector de Telefónica. Como ayer recordaron diversos operadores, la asociación entre Telefónica y PRISA sería ilegal en EEUU o en cualquier país europeo, donde las leyes impiden a las empresas estatales de telefonía entrar directamente en el negocio del cable. Salvo que los futuro operadores opten por construir su propia red, lo que requiere una inversión inabordable, tendrán que acudir a alquilar los circuitos de Telefónica para ofrecer sus servicios. ¿Qué interés va a tener Telefónica en facilitarles que compitan con ella misma? La compañía que preside Cándido Velázquez se ha decantado por PRISA, rompiendo una neutralidad exigible a una empresa de capital público, con traifas reguladas por el Gobierno y que administra un monopolio. Un bochornoso y arbitrario privilegio para Polanco, que tiene un motivo más para estar agradecido a González y a su servidor Cándido Velázquez, al que suponemos PRISA dará trabajo cuando abandone Telefónica.

La alianza entre Telefónica y CANAL PLUS para hacer televisión por cable ha desatado una virulenta reacción por parte de los competidores o aspirantes a entrar en ese mercado, y ha motivado, también, que José María Aznar solicitara mayores aclaraciones. Hay que decir que tanto Telefónica como CANAL PLUS han aportado bastante información, y por diferentes vías, en las últimas horas, pero quizá no venga mal recordarla, pues es obvio que no todo el mundo parece haberse enterado. Telefónica y CANAL PLUS constituyeron, hace tres años, una compañía de televisión por cable llamada Cablevisión. Desde julio de 1992 hasta ahora, dicha sociedad ha permanecido inactiva debido a la ausencia de un marco legal que permitiera la actividad para la que fue creada. Pero ese vacío en las leyes no ha impedido, durante ese tiempo, a un buen número de empresas, pequeñas y grandes, llevar a cabo operaciones comerciales de cable en muchos puntos de España. Municipios y comunidades autónomas se han lanzado también a esa carrera, y el Ayuntamiento de Barcelona llegó a firmar un acuerdo con US West, una de las operadoras telefónicas en Estados Unidos y primer accionista del grupo Time Warner, para cablear la capital catalana. Ante esa situación, los accionistas de Cablevisión decidieron reactivar la compañía, lo que ha sido posible una vez que el Gobierno comunicara a Telefónica que la doctrina del Tribunal Constitucional también la amparaba a ella si quería emprender una operación de cable.

No hay nada oscuro en todo esto, y son evidentes las ventajas que para los usuarios supone el acuerdo. Telefónica puede ofrecer un servicio casi universal, y CANAL PLUS es la primera empresa española en televisión de pago, con un volumen de operaciones Considerable y una experiencia en este sector muy superior a la de cualquier otra compañía en nuestro país. Telefónica ha insistido en que su red estará abierta a otros operadores -naturalmente, en las condiciones comerciales adecuadas-, y se ha dicho hasta la saciedad que Cablevisión incorporará a, socios terceros, lo mismo que las operadoras locales que se constituirán en cada demarcación.

Algunos, como los miembros de la Asociación de Empresas de Cable (Aesdica), han entendido bien la situación cuando expresan su deseo de incorporarse a esas operadoras. O como TELEVISIÓN ESPAÑOLA, cuando por boca de su director general anuncia negociaciones a fin de incorporarse al sistema. Un proyecto de cable demanda sin duda muchas colaboraciones, ayudas y alianzas, y no puede plantearse como algo excluyente.

Sin embargo, también habrá otras redes, y no sólo otros operadores compitiendo dentro de la misma red. De modo que es lógico que los aspirantes a crear sus propios sistemas no vean con agrado los éxitos ajenos. Ello no les autoriza, en cualquier caso, a recurrir a la desinformación y a la injuria como medio de combatir a sus competidores.

ANTENA 3 TELEVISIÓN, por ejemplo, ha empleado la fórmula inédita de emitir un editorial escrito sobre su pantalla, que luego reprodujeron, bajo consigna, los otros medios del grupo Asensio. Entre las cosas que ocultaba el artículo estaba el hecho significativo de que la propia ANTENA 3 había firmado acuerdos sectoriales y territoriales con Telefónica, y había ofertado incluso un pacto similar al obtenido por CANAL PLUS. Similar, salvo en importantes aspectos. ANTENA 3 Televisión es una buena cadena generalista, pero carece de experiencia en el sector de pago. Por otra parte, sus finanzas no son las mejores para garantizar la solidez de nuevas aventuras. Finalmente, acaba de introducir en su accionariado a una empresa pública como ENDESA, que ha declarado su vocación y deseo de entrar en el mundo de las telecomunicaciones, o sea, de competir con Telefónica. Razones bastantes para que ésta no haya entrado al trapo.

Pero no sólo los competidores han expresado su malestar. El coro periodístico formado por los comentaristas del diario EL MUNDO y la cadena de radio de los obispos [COPE] se ha sumado a las lamentaciones, reiterando machaconamente los infundios y ataques contra PRISA, su grupo de empresas, su presidente y sus profesionales. Entre los estereotipos que usan con singular perseverancia está el de que los éxitos empresariales de EL PAÍS y su sociedad editora se deben a los favores del poder. Sin duda es el Gobierno el que obliga a nuestros lectores a leemos, a los oyentes de la SER a escucharla o a los abonados a CANAL PLUS a pagar su suscripción. Ahora llegan a decir que las subidas futuras en las tarifas telefónicas servirán para construir las infraestructuras necesarias para CANAL PLUS. Y no se paran en barras a la hora de tratar de diseñar, con total desfachatez, un panorama según el cual la verdad y la honradez son de su exclusivo patrimonio, en un ejercicio de verdadero fascismo intelectual: el que desprecia las razones y utiliza los adjetivos como puños.

Demasiadas veces hemos dicho ya que los lectores y usuarios de los medios merecen estar al margen de estas batallas comerciales y periodísticas.

Demasiadas veces hemos insistido en que no recurriremos a los mismos métodos que nuestros sedicentes colegas en su carrera por vender más o tener mayor éxito. Pero la situación que comentamos pone de relieve que la ruptura del consenso social que toda convivencia exige es cada vez más evidente en nuestro país. Ha sido motivada por los errores del Gobierno, alimentada por los partidos de oposición y agitada por los medios a los que nos referimos. Restaurar ese consenso es, sin embargo, imprescindible: sin respeto a unas reglas de juego no es posible el ejercicio de la libertad.

Las unánimes críticas al impresentable acuerdo entre PRISA y Telefónica han hecho perder los nervios a EL PAÍS. Sólo así se explica el editorial de ayer del periódico de Polanco que, incapaz de aportar racionalidad alguna, reprocha a EL MUNDO utilizar «los adjetivos como puños» tras llamarnos «fascistas intelectuales» en la línea anterior.

No necesitamos descalificar a nuestros colegas para exponer las razones por las que consideramos que el pacto entre PRISA y Telefónica es un favor ilegal del poder, que vulnera las leyes de la libre competencia. He aquí algunos argumentos:

1) Telefónica es una empresa estatal que ejerce la concesión de un servicio público en régimen de monopolio. Sería legítimo e inobjetable un acuerdo con CANAL PLUS para transportar la señal, pero no una asociación empresarial con lazos de capital.

2) La red de Telefónica es la principal baza comercial de Cablevisión, la sociedad creada con PRISA, que explotará de forma privilegiada una infraestructura financiada por todos los españoles a través de las tarifas telefónicas. Es como si se concediese a PRISA el derecho a cobrar el peaje de todas las autopistas nacionales.

3) El acuerdo se produce aprovechándose de un vacío legal. El borrador de la futura ley de la TV por cable obliga a Telefónica -ahora juez y parte- a mantener la neutralidad, facilitando el acceso a su red en igualdad de condiciones.

4) El pacto vulnera las leyes de la libre competencia, ya que Cablevisión va a disponer de una red capaz de llegar a siete millones de personas sin prácticamente competidor alguno.

5) La combinación del peso tecnológico y comercial de Telefónica y la singular posición en el mercado de la TV de pago de CANAL PLUS permite suponer que Cablevisión se hará también a largo plazo con un porcentaje sustancial del mercado.

6) Ni en EEUU ni en Europa existen precedentes de un acuerdo similar. Hay leyes antimonopolio que impiden a las compañías telefónicas ejercer el doble e incompatible papel de transmisoras de la señal y explotadoras del servicio.

7) El País señala que Cablevisión está abierta a la incorporación de otros socios. Sí, en las condiciones que marque Prisa y tomando un 2% o un 3% del capital, como meros comparsas.

El periódico de Polanco asegura que las críticas a sus éxitos empresariales son arbitrarias. ¿Acaso CANAL PLUS no es una concesión administrativa y muy polémica, por cierto? ¿No fue el Gobierno el que autorizó la compra de la SER, luego vendió su participación a Prisa y, más tarde, permitió la absorción de ANTENA 3? ¿Es falso que las empresas de Polanco hayan tenido un trato privilegiado en Focoex? ¿No ha gozado EL PAÍS de publicidad institucional y filtraciones del poder como recompensa a su línea progubernamental? No hace falta recurrir al insulto para saber dónde está cada uno. EL MUNDO es simplemente un periódico, sin intereses en la TV, la radio, las telecomunicaciones o el cable. No tenemos nada que ganar al denunciar un acuerdo que supone un paso más en la concentración de medios y en el empobrecimiento del panorama informativo.