Jiménez Losantos condenado por decir que a Gallardón ‘le daban igual los muertos del 11-M’ en medio de la crisis interna en el PP

El juicio que se sigue contra el locutor de la COPE, Federico Jiménez Losantos, por injurias graves contra el alcalde Ruiz-Gallardón, ha derivado en una lección magistral acerca de la libertad de expresión y la censura impartida por ese honoris causa en la materia llamado Pedro J. Ramírez. Da gusto escuchar al director de EL MUNDO hablar sobre estos asuntos tan principales porque se nota que sabe un rato y, además, se pone estupendo y cita al descuido a columnistas del New York Times tan liberales como él para apoyar sus siempre bien fundadas opiniones.

En su biografía lo oculta, posiblemente por modestia, pero Ramírez puede presumir de ser el único director de periódico al que el Tribunal Constitucional ha condenado por vulnerar la libertad de expresión de un periodista de su medio, lo que explica su hondo conocimiento acerca de este derecho fundamental, así como de sus límites y sus transgresiones. Cuando alguien como él nos habla de libertad de expresión lo hace con la misma pasión que un entomólogo usaría para referirse a las cucarachas y con similar erudición. Y eso merece un respeto.

A tenor de lo anterior, surge la primera conclusión: Losantos, por ejemplo, puede afirmar que el ABC da pelotazos inmobiliarios para desviar las plusvalías a paraísos fiscales, puede llamar “rata” a un colega o afirmar muy convencido que los dirigentes de Esquerra son “pistoleros no arrepentidos”, porque todo ello, incluido llamar “hijo de Satanás” a Gallardón constituyen simples escaramuzas o, en su defecto, ardides radiofónicos para mantener la tensión en seis horas de programa. Pero si un periodista de EL MUNDO opina en una tertulia de televisión que el responsable del periódico ha hecho todo lo posible para vulnerar el derecho de huelga de los trabajadores y afirma que ha utilizado furgones policiales para sacar los ejemplares del diario de la rotativa, se le debe impedir volver a esa tertulia para evitarle los madrugones.

Hay que proteger la libertad de expresión, pero sólo la de los periodistas que saben expresarse, esencialmente Ramírez y Losantos, una pareja de hecho deontológicamente pura. La Constitución no lo dice –se supone que por economía del espacio- pero cuando recoge este derecho ampara únicamente a los profesionales mejor informados y más ricos. Por lo general, una cosa lleva a la otra. Pongamos otro ejemplo de lo anterior: Ramírez conoce, porque es un periodista de una pieza, que los accionistas italianos de su medio van a comprar en un plazo de meses acciones del periódico con una prima del 500%. ¿Qué hace el avispado informador? Ofrece a algunos trabajadores de EL MUNDO, a través de una sociedad instrumental en la que figura él mismo, comprar esos mismos títulos al 200%. La libertad de mercado es uno de los pilares de la libertad de expresión.

Para los neófitos es preciso recordar que este derecho es unidireccional, de forma que a Losantos, que es muy ocurrente, le ampara la ley para decir que Moratinos es “la nada con sobrepeso”, que Gallardón es un “bandido” o que el instructor del 11-M “se ha tragado las pruebas falsas como los antiguos tragasables del circo Price”. Lo contrario es un ataque a la libertad de expresión, es decir a la suya. Así, quienes se encadenaron ante la sede de la COPE para exigir que se retirara la licencia a la emisora en Cataluña, además de ser unos maleantes secesionistas, no ejercían ningún derecho sino que atentaban contra el de Losantos, que es de Teruel y patriota.

Nos tiene que entrar en la cabeza que en este envite nos jugamos el sistema democrático y que su defensa ha de ser tan contundente como la que el director de EL MUNDO ha hecho de esa piscina de Mallorca construida en suelo público de la que es propietario, un símbolo hídrico de la unidad de España amenazada por el independentismo rampante. Nótese aquí cómo un tema personal sirve de acicate a la libertad de expresión, manifestada en decenas de páginas de periódico dedicadas a las supuestas corruptelas del ex diputado de Esquerra que osó entrar en la bañera de Ramírez con un meyba de indiscutible mal gusto. La defensa del derecho no quedó ahí: el periodista visitó ministros e hizo que su alberca fuera contemplada in situ por destacados políticos de la oposición para que certificaran la calidad de sus aguas y se libraran a un tiempo de su libertad de expresión. Como culminación, Ramírez llevó al malandrín de Esquerra a los tribunales como sólo él sabe hacerlo: haciendo que el periódico costee el pleito.

Pero no nos desviemos del caso que nos ocupa. Sostuvo Ramírez ante el Tribunal que si la querella contra Losantos saliera adelante “sería introducir un elemento de censura” y “todos los periodistas sufriríamos una restricción” Nuevamente, nos hablaba con datos palpables, con la experiencia de quien ha visto de cerca la censura y ha llegado a abrazarla para luego contar fielmente lo que se siente al bailar pegado con las tijeras.

Citemos un nuevo ejemplo. Un redactor de EL MUNDO entra a su despacho y pisa la moqueta de nubes diseñada por su esposa. Le manifiesta que obra en su poder un manual de los servicios secretos de tiempos de la UCD en el que aparecen párrafos textuales de lo que luego se denominó acta fundacional de los GAL. “El GAL se lo come el PSOE; no estoy dispuesto a manchar a la UCD con esto”, le dice enojado. ¿Alguien cree que no sufrió al evitar que la verdad resplandeciera y censurar su publicación? Sintió dolor, no hay duda.

De todos los males que aquejan hoy a la libertad de expresión, quizás el principal haya sido la irrupción de Internet. Antes las cosas funcionaban relativamente bien. Con unos miles de millones se montaba un medio de comunicación y la gente rica y de bien era libre para expresarse, porque es sabido que los menesterosos no tienen nada que decir. Ahora, el sistema se tambalea porque cualquier sujeto te monta una página web y te suelta sus tonterías. Y Losantos tiene que insultar para mantener su audiencia. Y Ramírez tiene que defenderle. Y los dos querrían que ganara el PP para que les montara un grupo multimedia, pero Gallardón es un traidor y Maricomplejines Rajoy otro. Y así nos va.

Juan Carlos Escudier

La condena judicial del periodista de la COPE Federico Jiménez Losantos por un delito continuado de injurias graves con publicidad contra el alcalde de Madrid incide sobre tres asuntos de interés público: los límites a la libertad de información y expresión, la teoría de la conspiración sobre el 11-M y el papel de la emisora propiedad de la Iglesia. La libertad de expresión y de información es muy amplia, pero tiene límites. El primero es el de la veracidad. El amparo que la Constitución ofrece a informaciones y opiniones requiere que no se basen en falsedades o al menos que haya habido un intento diligente de verificación. Losantos no respetó ese límite cuando acusó reiteradamente a Alberto Ruiz-Gallardón de propugnar que no se investigara el 11-M y que ese crimen que causó 191 víctimas quedara impune.

Realizó esa acusación de manera reiterada, incluso después de que el alcalde declarara públicamente que no había dicho eso, y también después de la presentación de su querella por injurias; y lo hizo utilizando todo tipo de expresiones ofensivas, que no añadían nada a la información ni contribuían a la formación de la opinión. La Constitución, dice la sentencia, no reconoce el derecho al insulto.

En esas condiciones, sin un fundamento veraz y con intención ofensiva, la apelación a la libertad de expresión no sólo es jurídicamente improcedente, sino que se convierte en un pretexto para otros fines. Por ejemplo, para castigar al alcalde de Madrid por no secundar, como habían hecho otros políticos y personajes públicos, la teoría conspiratoria sobre el 11-M que Losantos venía propagando. Por eso dice cosas como que a Gallardón no le importan los 191 muertos con tal de llegar al poder «como sea».

Esta actitud intimidatoria del periodista se proyecta sobre el presente, dada la voluntad expresada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, tras las últimas elecciones, de mantener su independencia frente a presiones mediáticas, en referencia transparente a Losantos y otros influyentes comunicadores. Resulta por ello un magno ejemplo de distorsión interesada de la realidad que algunos de esos comunicadores, como el director de EL MUNDO, consideren que la condena de su colega establece un precedente disuasorio para los periodistas que se atrevan a criticar al poder. Más bien al contrario, la sentencia está llamada a servir de freno a la utilización impune, con el pretexto de la libertad de expresión, del poder intimidatorio de ciertos medios para coaccionar a personas públicas.

Finalmente, no es irrelevante el hecho de que ese delito continuado de injurias apreciado por el Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid se haya cometido desde la emisora propiedad de la Conferencia Episcopal. Hay motivos para pensar que los obispos, o algunos obispos, temen más que su locutor estrella se revuelva contra ellos si no le apoyan suficientemente que al descrédito que su presencia en la COPE ocasiona a la Iglesia española.

La sentencia dictada ayer por el juzgado de lo Penal nº 6 de Madrid en la que condena por injurias graves a pagar 36.000 euros a Fedérico Jiménez Losantos vulnera principios constitucionales, supone un peligroso ataque a la libertad de expresión y establece un precedente disuasorio para los periodistas que se atrevan a criticar al poder político.

La falaz argumentación jurídica de la juez Inmaculada Iglesias convierte en injuriosas las expresiones de Jiménez Losantos -no muy distintas de las que forman parte del lenguaje habitual de las tertulias y de las polémicas entre periodistas y políticos- al despojarlas de la cobertura de la veracidad.

El fundamento de esta sentencia es que Jiménez Losantos realizó una serie de juicios de valor injuriosos en base a una interpretación no veraz de las declaraciones en las que el alcalde Ruiz-Gallardón dijo que «hablar de lo ocurrido del 11 al 14-M podría hacer pensar que no tenemos argumentos del 14 hacia aquí»

La misma juez subraya que la veracidad es el intento diligente de conocer la verdad. Pero considera que Jiménez Losantos no actuó de forma diligente al interpretar esas palabras de la misma forma que lo hizo el periódico donde aparecieron y que ese día tituló: «Gallardón invita a su partido a obviar el 11-M y huir de la radicalización».

Erigiéndose en una experta en semántica y en filosofía del lenguaje, la juez contradice la intepretación de Losantos, del propio diario ABC, que entonces estaba en perfecta sintonía con Gallardón, y de los testimonios de otras personas como el director de EL MUNDO o el presidente de la AVT, y entiende que no es posible deducir de esas palabras que el alcalde de Madrid estuviera traicionando la línea del PP y propugnando que no se investigara el 11-M. Y ello lo hace recurriendo como argumento de autoridad a las ambiguas declaraciones de Ignacio González, Esperanza Aguirre, Eduardo Zaplana y Ángel Acebes, que sostuvieron durante la vista, en contra de lo que afirmaban una y otra vez en privado, que lo que dijo Gallardón no contradecía la línea del partido.

La sentencia indica expresamente que estos cuatro testimonios «desvirtúan las alegaciones de la defensa» y, por tanto, establece que los reproches de Jiménez Losantos a Gallardón no eran veraces, lo cual resulta absolutamente subjetivo y discutible. Primero, porque la declaración de los dirigentes del PP fue un ejercicio de disimulo, fruto de la inercia que habitualmente les lleva a camuflar sus pensamientos. Segundo, porque esa disidencia de Gallardón hay que interpretarla dentro de la intrahistoria de su autoproclamada trayectoria como «verso suelto». Y tercero porque Gallardón jamás desmintió la interpretación del ABC y de Losantos, lo que podía haber hecho ejerciendo su derecho de rectificación.

La sentencia da un salto en el vacío al sin tan siquiera motivar por qué concede más credibilidad a unos testigos que a otros. También lo hace cuando considera que la reiteración de epítetos corrobora la injuria como si ésta fuera cuestión del número de veces. Y, por último, cuando señala que Losantos siguió criticando a Gallardón pese a que éste había presentado una querella, como si el inicio de una acción judicial comportara asumir la autocensura.

Nos parece evidente que estamos ante una sentencia basada en un derecho penal de autor y en una interpretación acomodaticia de la ley. Si las mismas palabras las hubiera pronunciado otro periodista de distinta etiqueta sobre otro político de distinta actitud no habría habido querella ni juicio ni condena.

Estamos convencidos de que la Audiencia de Madrid, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo invalidarán este fallo, que debería quedar como un simple nota a pie de página en la larga historia de los errores judiciales.

La multa de 36.000 euros impuesta por una jueza de Madrid al radiofonista Federico Jiménez Losantos, de la cadena COPE, por vejar y desacreditar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que se querelló contra él, deja a salvo los derechos al honor y a la libertad de expresión, consagrados por la Constitución, y, al mismo tiempo, sirve para recordar que la Carta Magna no ampara ningún «pretendido derecho al insulto», como algunos parecen creer. Contra lo que sostiene el condenado, la sentencia está bien fundamentada, llega a conclusiones impecables acerca del derecho a informar y descarta que Jiménez Losantos pueda acogerse a él para justificar la sarta de invectivas que dirigió a Ruiz Gallardón, a quien acusó de darle igual los 191 muertos y 1.500 heridos de los atentados del 11-M «con tal de llegar al poder».

INFORMAR NO ES INSULTAR La libertad de expresión no es un campo de Agramante en el que todo vale, sino justamente lo contrario, porque se trata de una de las señas de identidad de las democracias desarrolladas que, al garantizar la crítica, promueven el pluralismo y el control del poder. De ahí a sostener que puede decirse cualquier cosa en cualquier momento, sin cortapisa alguna, media la misma distancia que entre la responsabilidad pública, exigible a todos los comunicadores, y la gratuidad incendiaria. Como coinciden en subrayar los reconocidos expertos juristas consultados por este diario, cuanto mayor sea el espacio de las libertades mejor para todos los ciudadanos, pero ello no significa que estas sean ilimitadas. Una cosa es informar, otra opinar y otra muy distinta insultar. No existe el derecho a la injuria.

HECHOS PROBADOS En cuanto al derecho a la información, que los defensores de Jiménez Losantos invocan, conviene hacer reflexiones similares y añadir que su ejercicio no puede transgredir el principio de veracidad, sin el cual carece de sentido. Sostener, para defender la praxis del condenado, que en la radio es imposible separar información de opinión es soslayar la larga y fértil tradición de algunas de las emisoras más prestigiosas del mundo, incluidas varias españolas, por más que esta peregrina teoría fuese expuesta ante el tribunal. La información debe remitirse siempre a hechos probados y documentados en fuentes solventes. El resto es hacer trampa. La Conferencia Episcopal, propietaria de la COPE, debería reflexionar sobre su parte de responsabilidad en el comportamiento y condena de Jiménez Losantos.

Federico Jiménez Losantos, locutor-estrella de la Radio de los Obispos, fue condenado el pasado día 11 de junio a la pena de multa de 12 meses (el total suma 36.000 euros) por un delito continuado de injurias graves con publicidad al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El pago de la sanción queda asegurado por la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de 100 euros no satisfechas. La sentencia pondera el conflicto entre dos bienes constitucionalmente protegidos: la libertad de expresión, invocada por el agresor como burladero para sus insultos, y el derecho al honor del ofendido, que se siente herido en su dignidad.

La doctrina constitucional fundamenta la reducción del ámbito de protección judicial de los políticos -en comparación con los simples particulares- frente a la voracidad informativa y la dureza crítica de los medios de comunicación, con el razonamiento de que la libertad de expresión garantiza la existencia de una opinión pública informada y reflexiva, «sin la cual quedarían reducidas a formas hueras las instituciones representativas y abiertamente falseado el principio de legitimidad democrática». Ahora bien, el carácter genéricamente prevalente de la libertad de expresión en sus colisiones con otros derechos fundamentales opera sólo para los conflictos donde entran en juego la defensa del pluralismo, el control del poder y la información veraz. La sobrehumana capacidad de encaje exigida a los protagonistas de la vida pública democrática con el argumento de que su compromiso es voluntario -«quien no soporte el calor, que no se meta en la cocina», en palabras de un juez norteamericano- ignora que la política es una profesión, pero también una vocación.

Las fronteras entre políticos y periodistas no siempre son claras: ambos forman parte de la galería de personajes públicos. Cocelebrante junto a Jiménez Losantos de los oficios matutinos de tinieblas de la Radio de los Obispos, Pedro José Ramírez -director del diario EL MUNDO– ha resumido en una frase reveladora el paraíso que ofrece a esta pareja especializada en misas negras esa hibridación de la política y el periodismo: «poder sin responsabilidad».

Fracasados sus intentos -compartidos también por Ramírez- de acabar con Zapatero mediante la abracadabrante teoría de la conspiración del atentado de Atocha, Jiménez ha sido condenado por el carácter vejatorio de sus críticas y por atribuir a Ruiz-Gallardón contra toda evidencia hechos falsos relacionados -¡cómo no!- con el 11-M. La política de la infamia se vuelve contra sus promotores. Los predicadores de la Radio de los Obispos tratan ahora de saciar su megalomanía de omnipotencia destruyendo al PP: el apresurado abandono de la causa de Rajoy -adulado por la pareja hasta el día de su derrota- para saltar a la grupa de Esperanza Aguirre, a fin de apoderarse de las riendas del PP, ha sido un bochornoso -y fracasado- espectáculo de traición y oportunismo.