La Audiencia Nacional condena al militar argentino Scilingo a 640 años de cárcel por crímenes durante la dictadura

El 27 de marzo de 1987, en el Centro de Derecho Internacional del Instituto de Sociología de la Universidad Libre de Bruselas, el profesor Eric David explicaba: «No. No estamos desvalidos ante las más graves violaciones del derecho internacional. El instrumento de una represión legal de esas violaciones existe y si bien no es más que una pura virtualidad, puede ser reactivado y aplicado a cualquiera que cometa actos que formen parte de sus disposiciones».

David prosiguió: «Hagamos un poco de derecho penal-ficción e imaginemos que Augusto Pinochet, líder del golpe militar que derrocó al Gobierno de Salvador Allende en Chile, en septiembre de 1973, viaja a un país como Bélgica, ¿podríamos perseguirle? En tanto que actos inhumanos cometidos por motivos políticos en nombre de un Estado, estos hechos son crímenes contra la humanidad. La inmunidad de jurisdicción [la presunta soberanía jurisdiccional de Chile] puede, de buena ley, serle rechazada».

El debate abordó la pregunta: ¿Qué queda del derecho de Núremberg? David se preguntó: «¿Espada de Damocles sobre los dictadores y torturadores o producto congelado que permanece sepultado en la nevera del aparato legislativo de los Estados?». Su respuesta: «El derecho de Núremberg es las dos cosas, aunque la realidad nos lleve más hacia el congelador que a la espada. No está tan mal porque el producto existe y no hay más que hacerle salir de su letargo e hibernación para insuflarle vida. El derecho de Núremberg es un fantasma. Todo juez y todo tribunal que tenga la posibilidad de arrestar al responsable de un crimen contra la humanidad debe perseguirle y enjuiciarle; es una exigencia del derecho y la moral».

Nueve años después, en junio de 1996, el juez Baltasar Garzón sacó la doctrina de Núremberg del congelador al proclamar la jurisdicción española para juzgar los crímenes de la dictadura argentina. Ladescongelación la había iniciado el fiscal Carlos Castresana, quien presentó una querella contra los miembros de la junta militar argentina en nombre de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Garzón abrió más tarde un capítulo en la causa argentina, la llamada Operación Cóndor, en la que el terrorismo de las dictaduras argentina y chilena, entre otras, hicieron frente común para aniquilar a decenas de miles de opositores.

En febrero de 1997, el juez Manuel García-Castellón, por su parte, admitía la querella presentada por el abogado Joan Garcés, unida a la de la UPF, elaborada también por iniciativa de Castresana.

Fue precisamente en octubre de ese año de 1997 cuando el capitán de corbeta retirado Adolfo Scilingo viajó a Madrid. Había confesado en Buenos Aires su participación en los vuelos de la muerte, en 1995, al periodista Horacio Verbitsky, quien reflejó los hechos en su libro El vuelo. En 1997, pues, viajó a Madrid para narrar los hechos al programaInforme Semanal.

En Buenos Aires, la historia ya era ampliamente conocida. En una de sus entrevistas con el periodista argentino Horacio Verbitsky, en 1995, Scilingo le extendió una carta.

-Léala pero no se preocupe por retener detalles porque le voy a dejar una copia. Usted va a ver que hicimos cosas peores que los nazis -dijo Scilingo.

La carta estaba fechada en los años noventa y su destinatario era el dictador Jorge Rafael Videla. En 1977, siendo teniente de navío, Scilingo estaba destinado en la despiadada Escuela Mecánica de la Armada.

«Siendo usted comandante en jefe del Ejército y en cumplimiento de órdenes impartidas por el Poder Ejecutivo, cuya titularidad usted ejercía, participé de dos traslados aéreos, el primero con 13 subversivos a bordo de un avión Skyvan de la prefectura, y el otro con 17 terroristas en un Electra de la Aviación Naval. Se les dijo que serían evacuados a un penal del sur del país y que por ello debían ser vacunados. Recibieron una primera dosis de anestesia, la que sería reforzada por otra mayor en vuelo. Finalmente, en ambos casos fueron arrojados desnudos a aguas del Atlántico Sur desde los aviones en vuelo».

El juez Garzón citó a declarar a Scilingo el 7 de octubre de 1997, y ordenó su detención mientras continuaba su declaración. El 10 de octubre, el juez decretó, tras finalizar la comparecencia, su prisión incondicional y comunicada.

La ficción del profesor David se cumplía con creces. El juez Garzón, informado de que Augusto Pinochet se encontraba de visita en Londres, ordenó, el 16 de octubre de 1998, su arresto. La policía británica procedió a ejecutar la orden. Dos semanas después, la Audiencia Nacional confirmaba la jurisdicción española para juzgar al ex dictador.

Tanto el juicio contra Scilingo como la anulación de las leyes de impunidad en Argentina, así como los procesos en curso actualmente en Chile contra Pinochet forman parte, pues, de la larga espada de Damocles.

El capitán de corbeta retirado Adolfo Scilingo, uno de los oficiales argentinos asignados a la Escuela de Mecánica de la Armada en los años en que se convirtió en principal centro de tortura de la dictadura militar (1976-1983), fue condenado ayer por un tribunal español a 640 años de prisión por los delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas. Se trata del primer caso de un represor condenado en presencia por un tribunal extranjero y también la primera vez en que la justicia española condena a un imputado por crímenes de este tipo cometidos en el extranjero. Es, por ello, una sentencia que marca un hito en la lucha de la justicia contra la impunidad y contra las fronteras nacionales en la persecución de los delitos de lesa humanidad. Tales delitos son definidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional como los «actos inhumanos que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental».

Scilingo ha sido considerado culpable de un delito de ese tipo por su participación en el asesinato de 30 personas que fueron arrojadas vivas al mar, tras ser drogadas, en los llamados vuelos de la muerte, en el verano de 1977. Una singularidad de este caso es que fue el propio Scilingo quien confesó o relató su participación en esos crímenes en una entrevista periodística realizada en su país en 1995. Nunca han estado claros los motivos de esa confesión, aunque en un escrito posterior, el prólogo a una especie de memorias, dijo que lo había hecho «presionado por mi propia conciencia». Sin embargo, es muy probable que esa conciencia estuviera aliviada por la sensación de impunidad que proporcionaron a los antiguos torturadores los límites impuestos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas por las autoridades democráticas argentinas bajo chantaje militar, a mediados de los ochenta, y sólo recientemente abolidas.

No lo estaban cuando Scilingo reiteró su confesión en un programa de TVE, tras cuya emisión fue llamado a declarar por el juez Garzón, quien ordenó su detención en el curso mismo del interrogatorio. Garzón invocó la competencia que la Ley del Poder Judicial atribuye a la Audiencia Nacional para perseguir determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional susceptibles de ser tipificados según la legislación española como delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Las resistencias de algunos fiscales de la Audiencia y la escasa colaboración de las autoridades argentinas no impidieron que el sumario progresara hasta culminar en el juicio. Las imágenes de Scilingo al llegar a la sala arrastrándose, como si estuviera drogado, representando lo que los médicos forenses consideraron ejercicio de simulación, retratan la indignidad en estado puro. Quien había simbolizado la omnipotencia más execrable del ser humano, la del torturador frente al torturado, apareció representando la suma impotencia.

Como dijo ayer el representante de Amnistía Internacional en España, se trata de una sentencia que «marca una nueva era en la defensa de los derechos humanos».